Wednesday, August 29, 2007

Llamado urgente del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

¡Hooola!

Como conozco personalmente al defensor de derechos humanos para quien el Observatorio está lanzando este llamado, quisiera compartirlo contigo, con Usted(es). Me pesa mucho ver como las autoridades utilizan cualquier método para discreditar a quienes están dirigiendo la atención pública hacia irregularidades.

Gracias por escribir cartas, enviar faxes o correos electrónicos lo más rápido posible.

Paz, justicia.


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LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

COL 015 / 0807 / OBS 098
Hostigamiento / Proceso irregular /
Atentado a la libertad de expresión
COLOMBIA
23 de agosto de 2007


El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio acaba de recibir con seria preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre los procesos judiciales irregulares existentes en contra del Sr. Armando Pérez Araújo, abogado defensor de los derechos humanos de poblaciones afectadas por la gran minería, especialmente de los grupos indígenas y campesinos afrodescendientes en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con las informaciones, el Sr. Pérez Araújo es procesado judicialmente por la Sra. Carmen Frías, Fiscal Seccional en La Guajira, por “delitos de injuria y calumnia”. Este proceso fue iniciado después de que el Sr. Pérez Araújo expresó en un artículo publicado en La Guajira Grafica, un periódico local de Riochacha, que había sido condenado en el año 2001 a 37 días de cárcel por esta fiscal a quien calificó de “corrupta” y “mediocre”.

El Observatorio teme que ese nuevo proceso en contra del Sr. Pérez Araújo sea utilizado con el fin de sancionar sus actividades como defensor de derechos humanos.

En efecto, en el 2001, ya había sido condenado después de un proceso irregular, por haber denunciado el apremio de empresas mineras implantadas en La Guajira de finalizar la destrucción física y la ruina material del Corregimiento de Tabaco1 y de concretar negociaciones de la mina entre Exxon Mobil y el consorcio de actuales propietarios Anglo American, Glencore y BHP-Billiton. Además, durante el tiempo de su encarcelamiento, dos de sus hijos y dos sobrinos suyos fueron objeto de un atentado criminal, en el cual se murió uno de estos últimos.

Hace unas semanas, el nuevo proceso judicial iniciado por la fiscal en su contra, empezó de manera clandestina ante la jurisdicción territorial de La Guajira, antes de ser trasladado ante otra jurisdicción territorial a petición de la Sra. Frías, ocasionando que el Sr. Araújo no pudiera defenderse en la primera fase de ese procedimiento.

El Observatorio condena estos nuevos actos de hostigamiento en contra de este defensor de los derechos económicos, sociales y culturales y urge a las autoridades colombianas a que su derecho a un proceso justo e imparcial sea garantizado en todas circunstancias.

Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. tomar las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Armando Pérez Araújo, así como la de todos y cada uno de los miembros de su familia;

ii. garantizar el acceso del Sr. Armando Pérez Araujo a un proceso regular ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarle el respeto de todos sus derechos procesales en toda circunstancia;

iii. poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);

v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int

- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be

- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co

- Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co

- Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co

- Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co

- Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

- Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co

- Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co

- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

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Paris-Ginebra, 23 de agosto de 2007.

Favor de informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH: (+33 1) 4 355.20.11 / 4355.18.80
Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / 41 22 809.49.29
E-mail : Appeals@fidh-omct.org


Federación Internacional de Derechos Humanos
17, Passage de la Main d’Or
75 011 Paris, France


Organización Mundial contra la Tortura
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard
1211 Ginebra 8, Suiza

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Thursday, August 23, 2007

Colombia, Cesar, La Jagua: Fuerza pública arremete contra los trabajadores de la O.M.C.

¡Hoooola!
Con bastante retraso les comunico un seguimiento acerca de la situación alarmante en la mina de carbón en La Jagua de Ibirico, Cesar, Colombia, que me llegó antiér. Ya no queda comentario...
¡Fuerza, paz y justicia!


SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA Y ENERGÉTICA (SINTRAMIENERGÉTICA) - COLOMBIA
19/08/07

Fuerza pública arremete contra los trabajadores de la empresa Operadores Mineros del Cesar- (O.M.C.), en La Jagua De Ibirico - Cesar

Por la Junta Directiva Nacional

Rebanadas de Realidad - SINTRAMIENERGÉTICA, La Jagua de Ibirico, Departamento de El Cesar, 19/08/07.- En horas de la tarde del día de ayer, la Fuerza Pública del Estado (El Ejercito Nacional, El Esmad, La Policía Nacional), por orden del Presidente Álvaro Uribe Vélez, arremetió con tanquetas, gases lacrimógenos, contra los trabajadores de la empresa Operadores Mineros del Cesar O.M.C., en el complejo carbonífero de Glencore en la Jagua de Ibirico, quienes acompañados de sus familiares, esposas e hijos, mantienen un movimiento pacifico, en rechazo por el despido de 112 trabajadores, el pasado 1º de agosto del presente año. El mencionado desalojo de adelanto por que estaba previsto para el día 21 de agosto, violando de esta manera el debido proceso.
Las organizaciones Sindicales, Sintramienergética y Funtraenergética, venían gestionando ante el Gobierno Nacional, con el fin de buscarle una solución negociada a la problemática ocasionada por la empresa Operadores Mineros del Cesar (O.M.C.), Consorcio Minero Unido (C.M.U.) y Carbones de la Jagua de propiedad de la Transnacional Glencore, a quienes desde el mes de marzo de 2007 SINTRAMIENERGETICA, presento Pliego de Peticiones a la empresa O.M.C. la cual respondió negativamente, violando los términos establecidos en la ley para iniciar las conversaciones del petitorio, lo que dio lugar a que la organización sindical denunciara este hecho ante el Ministerio de la Protección Social en la Oficina de trabajo de Codazzi Cesar, la cual multo a O.M.C. con la suma de $112.762.000 pesos por la negativa a iniciar las conversaciones del mencionado pliego de peticiones, decisión que fue revocada por la Coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial del Trabajo del Cesar, mediante la resolución 0274 de Julio 25 de 2007.
Nuestra Organización Sindical, rechaza y denuncia a nivel Nacional e Internacional el tratamiento de guerra que el Gobierno Central, Regional y Municipal, le ha dado a la problemática de los trabajadores, quienes defienden sus puestos de trabajo y el Derecho Fundamental de Asociación y Contratación Colectiva, violados por la Transnacional Glencore, en completa impunidad por la complicidad del Gobierno, pues hasta la seguridad de Glencore ha disparado contra los trabajadores, como sucedió en el día de hoy, contra dos de ellos, afortunadamente sin heridas.
Responsabilizamos al Estado Colombiano y a la Transnacional Glencore de las consecuencias de la agresión Militar y Policial que sobrevengan a los trabajadores, sus familiares y a la comunidad, en los Municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril y demás localidades aledañas al Complejo Minero en esa zona del Cesar, que también rechaza el atropello y el tratamiento represivo que le está dando el Gobierno al conflicto laboral.
Exigimos al Presidente de la Republica, revoque la orden de agresión contra los trabajadores y la población, en beneficio de los patronos y entre a resolver éste conflicto netamente laboral, desde luego que el pueblo también reclama el cumplimiento de las promesas hechas en el pasado Paro del 9 al 11 de febrero de 2007, en la Jagua de Ibirico.
Solicitamos urgentemente a la Cruz Roja Internacional, hacer presencia en la zona.

Favor enviar notas de rechazo, exigiendo el reintegro de los trabajadores despedidos y la Solución al Pliego de Peticiones, presentado por el Sindicato a las
Empresas Operadores Mineros del Cesar OMC; Fax: 631 42 20 de Bucaramanga, Nelly Bohórquez, gerente.
Consorcio Minero Unido CMU; Fax: 3530643 Barranquilla
y GLENCORE AG info@glencore.com,
teléfono: 3582825 - Barranquilla.

Notas dirigidas a:
Presidencia de la República
Dr. ÁLVARO URIBE VELEZ
Carrera 8 No. 7 -26,
Palacio de Nariño
Bogotá D.C.
Fax: (+571) 566 20 71
auribe@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional
Avenida El Dorado con carrera 52 CAN
Bogotá D.C.

Ministerio de la Protección Social
Carrera 13 No. 32 – 76
Bogotá D.C.
PBX: (57-1) 3305000 Fax: (57-1) 3305050

Ministerio de Minas
Transversal 45 No. 26 - 86 – CAN
PBX: (57-1) 3 2 4 5 2 6 2,
Apartado Aéreo: 8 0 3 1 9 Bogotá
mltorres@minminas.gov.co

Defensoría del Pueblo
Dr. VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ,
Calle 55 No. 10 - 32
Bogotá D.C.
Fax: (57-1) 6400491
secretaria_privada@hotmail.com

Ministerio del Interior
Carrera 9a. No. 14-10
Bogotá D.C.
PBX (+571) 444 31 00
VICEMINISTRO DEL INTERIOR 59 99 201

VICEMINISTRO DE JUSTICIA 59 99 501
SECRETARIA GENERAL 560 30 47
admin_web@mij.gov.co, reclamos@mij.gov.co

Favor enviar copias de las comunicaciones a:
Funtraenergetica: funtraenergetica@colombia.com
Sintramienergética Nacional:
sintramienergeticanacional@gmail.com ó
sintramienergeticanacional@hotmail.com

Friday, August 03, 2007

Multinacionales en Colombia

Amigas y amigos, aquí, antes de apagar mi computadora, les comunico un informe que acabo de recibir de parte de unos compañeros colombianos acerca de amenazas, allanamientos y persecuciones de representantes de sindicatos.
¡Por favor protestar!
Paz y justicia -- y feliz fin de semana.

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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON “SINTRACARBON”

Personería Jurídica No. 000109 del 18 de enero de 1996

BOLETIN DE PRENSA DPP061-020807


DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

HOSTIGAMIENTOS, PERSECUCION, AMENAZAS, ALLANAMIENTOS Y DESPEDIDOS EN LAS EMPRESAS GLENCORE Y UNION FENOSA

El sindicato Nacional de la Indústria del Carbón "SINTRACARBON" rechaza enérgicamente los despedidos injustos de 120 trabajadores de la mina de Hierbabuena, concesionada a GLENCORE y operada por el Consorcio Minero Unido CMU y la subcontratista Operadores Mineros del Cesar OMC. Estos despidos se dan en el marco de la arbitrariedad por el hecho de organizarse sindicalmente estos trabajadores en Sintraminergética-Becerril, y haber presentado un pliego de peticiones desde hace varios meses, petición que no fue atendida por la compañía y como respuesta en el día de ayer militarizó la mina y en la puerta de entrada les fue entregada la carta de despido a los 120 compañeros y negado el ingreso a los demás trabajadores, apoyamos de forma incondicional el paro y la lucha que libran estos compañeros por la defensa de un derecho fundamental como lo es el derecho al trabajo.

Una vez mas asistimos a una conducta que se está haciendo reiterativa por parte de la Multinacional GLENCORE, de desconocer algunas libertades y derechos fundamentales como lo son la Libertad de Asociación y el derecho a la Negociación Colectiva, libertades y derechos que en este momento también se le desconocen a los compañeros del Puerto de embarque en Ciénaga por parte de esta Multinacional.

Condenamos los dos atentados de los que ha sido victima el compañero Alberto Bautista, Vicepresidente de esta seccional, y hacemos responsable a la multinacional GLENCORE por el derecho a la vida de este compañero.

SINTRACARBON también rechaza y condena la persecución, el hostigamiento, y la violación a la propiedad privada de la cual fue objeto el compañero RUBEN CASTRO, miembro de la Junta Directiva Nacional de SINTRAELECOL, y trabajador de ELECTROCOSTA, ésta propiedad de la multinacional española UNION FENOSA. El compañero al momento de ingresar en su apartamento se percató que la puerta no tenía seguro, y encontró sus pertenencias tiradas en el piso, no llevándose ningún objeto de valor las personas que ingresaron, pero sí algunas informaciones y material sindical que el compañero tenía en su apartamento. La multinacional Española UNION FENOSA, también viene desconociendo el libre ejercicio de la actividad sindical, hasta el hecho que ha conformado un Comité de Base para desconocer a SINTRAELECOL como el verdadero representante de los trabajadores del sector eléctrico.

Ante esta arremetida y con el visto bueno del régimen paramilitar que impera en Colombia, la cual obedece a unos acuerdos establecidos en la conformación de un aparato de guerra por parte de las trasnacionales, paramilitares, narcos y la oligarquía de Colombia, aparato que utiliza la intimidación, la amenaza, el hostigamiento, y el asesinato para arrebatar los derechos de los Colombianos, y asegurar la rentabilidad del capital trasnacional, no nos queda una alternativa diferente a los trabajadores energéticos y a las organizaciones sociales que trabajar en la integración energética en Colombia, Latinoamérica y el Caribe, por la defensa de la soberanía de nuestros recursos energéticos.


JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
"SINTRACARBON"
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[recibido el día 3 de agosto de 2007]

Monday, July 30, 2007

Multinacionales y paramilitarismo

¡Hooola!

Para Usted(es) que leen el inglés, hay unos artículos super interesantes sobre los nexos entre varias multinacionales y el paramilitarismo / los dirigentes de tráfico de drogas ilegales en LA Times
y en International Herald Tribune
http://www.iht.com/articles/ap/2007/07/23/america/NA-GEN-US-Colombia-Coal-Killings.php

Parece que otra vez más vemos la doble cara de la política de Estados Unidos...


Wednesday, July 25, 2007

¿Restitución de tierra colectiva? ¿Ya no hay paramilitarismo?

¡Hooola!
Hoy quiero compartir contigo, con Usted(es) un informe que me llega desde Justicia y Paz en Colombia. Trata de las mentiras y cuentos del gobierno acerca del paramilitarismo.
A ver lo que interpretas tu, lo que interpretan Usted(es)...


justiciaypaz[arroba]coldecon[punto]net[punto]co

DeVer 380

MENTIR, MENTIR Y MENTIR
Es trabajar, trabajar y trabajar

El Ministro Andrés Felipe Arias en el debate de la Revista Semana ante el público afirmó, el pasado miércoles, que en el Curvaradó se ha ido restituyendo la tierra colectiva a sus legítimos dueños. Y dos días después, su presidente, Álvaro Uribe, en la instalación del período de sesiones del Congreso expresó que ya no existía el paramilitarismo.

Tal vez ni siquiera los más fanáticos, los más fervientes seguidores del pensamiento uribista pueden creer ni sostener lo que a diario en público se dice. La práctica circense de malabarista es parte de la intrepidez institucional que considera tontos a la mayoría. La estrategia discursiva y propagandística del “trabajar, trabajar y trabajar” debería traducirse en el infinitivo “mentir, mentir, mentir”. Por eso, mentir es la verdad. Como lo hacen los mandos paramilitares en el show de las versiones libres. Así es como subsiste las formas de ejercicio del poder autoritario, llamado democrático, versiones para hacer creer a los crédulos o los de la fe ciega, hay que creer porque es necesario creer y hacer creer a los incautos.

En su discurso al Congreso de la República, el pasado 20 de julio, Uribe insistió en que ha combatido con fuerza el paramilitarismo, 30 mil desmovilizados, 14 mil capturados. Con cara ganó yo, con sello pierde usted. El descubrimiento de los “nexos” de paras con políticos es gracias a la política de seguridad, que brinda garantías para los denunciantes. Las 13 capturas de los congresistas de su bancada son una muestra. Insistió e insistió en afirmar ante los congresistas: “el paramilitarismo ya se acabó en el país (…) “no existe ni como grupo para combatir a la guerrilla, ni como mezcla ilegal con la Fuerza Pública

Y en relación con los más de 3.000 desmovilizados que reincidieron, según el Noveno informe de la MAPP OEA, expresó que estos están aliados con los narcos o la guerrilla y que serán perseguidos por la justicia. Aunque la cifra es poco representativa del fenómeno, pues según un reciente informe de Indepaz se trata de 9000 combatientes, en 70 grupos. Las aproximaciones cuantitativas pueden ser mayores, si se tiene en cuenta los mismos aspectos que plantea el Informe de la MAPP OEA, en el sentido de que las estructuras paramilitares mantienen su poder económico, lo cual significa sostener una red amplia de combatientes, auxiliares, auspiciadores y de complacencia institucional. A la OEAle preocupa la información relacionada con una presunta intención por parte de algunos ex comandantes, de seguir manteniendo el control sobre las economías ilícitas en las zonas donde operaban. Esta presunción surge de un importante número de entrevistas y testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo desde miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta el momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura”. No se trata por supuesto de intenciones ni de simple presunciones y no se trata de solamente economía ilícitas ligadas al tráfico de drogas.

9. Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”.

Contra toda realidad y evidencia, que no provienen de las víctimas ni de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, excluidas de la interlocución de la misma MAPP OEA, se pretende ocultar que las “bandas emergentes”, como el gobierno nombra a las “Aguilas Negras” y las estructuras de tipo paramilitar que surgen con nuevas denominaciones, son las mismas viejas con nuevos rostros y nuevas denominaciones, acompasadas con la reingeniería militar de la seguridad, llamada, falsamente democrática.

17. En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos mandos medios de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas continúan dirigiendo las estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación ha sido difícil ya que algunos de ellos no figuraron en las desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos.

Uribe pretende negar que en muchas regiones del país como en el Chocó, la Brigada 15 se presenta en ocasiones como “Aguilas Negras” o que en ella se encuentran vinculados, no mandos medios si no de primer plano de la antiguas estructuras paramilitares, como “MARIO” pertenecientes a las nombradas antes como bloques. De modo similar ocurre entre las Brigadas y la Policía en Puerto Asís, Buenaventura, el Bajo Naya, Chigorodó, Villavicencio, el Ariari, Tumaco, Ocaña, Bucaramanga con las estructuras supuestamente desmovilizadas.

Uribe olvida de la interceptación de comunicaciones en que se escucha a algunos de los mandos desmovilizados, ordenando la planificación de actividades delictivas desde la cárcel de Itagui, entre ellas las del control político. Esta reingeniería paramilitar y la persistencia del conflicto armado, que todos sabemos, Uribe se niega en aceptar es la verdad. Sus frases mediáticas ocultan y hacen creer que la mentira es la verdad.

Si bien se han desmovilizado 30 mil paramilitares, en las cuentas oficiales, esto no ha significado el desmonte de la estructura paramilitar, de sus lógicas de operación criminal ni el enquistamiento en las lógicas y la política de operación militar institucional. El tímido informe de la MAPP OEA indica en su punto 43.” ha manifestado, ante las más altas autoridades del Estado, su preocupación por la inclusión de desmovilizados de las AUC en la red de cooperantes. La participación de ex combatientes en este mecanismo ha generado ciertas confusiones y creado una imagen, en algunas comunidades, de una posible connivencia con la Fuerza Pública. Especialmente en los casos en que la población es capaz de identificar antiguos paramilitares y actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al proceso de desmovilización y desarme”.

Según, la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento crucial. “La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones, permitiendo la reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puede conducir a una profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras armadas ilegales”. Cinco años de política institucional muestran que está no se han transformado, las lógicas paramilitares continúan arraigadas en el pensamiento y la práctica militar, política, social, judicial de amplios sectores del Estado.

De ahí, que la ausencia de garantías no solamente sea para participar en la ley 975, sino en las elecciones. Recientemente la Misión de Observación Electoral, MOE, iniciativa de la sociedad civil de transparencia del actual proceso electoral muestra en un primer mapa de riesgo que 328 de los 1.098 municipios del país pueden sufrir fraude en las próximas elecciones, como ocurrió en las que Uribe y varios congresistas fueron elegidos en el 2002.

El paramilitarismo no es solo una estrategia militar, como lo definieron desde el 2000 con las pretensiones de “refundación de la patria” en el Acuerdo Político de Santafé de Ralito, entre los mandos de la estrategia paramilitar y partidos políticos en la costa Norte. No es la estrategia criminal de las Fuerzas Militares, es más que eso. No se trata solamente de “civiles armados” que apoyan o realizan acciones de guerra sucia que el ejército no debería realizar, pero que realiza bajo estrategias paramilitares o por tácticas bajo sus efectivos regulares, como han sido las ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de la asunción en el poder estatal y en la configuración de un modelo de sociedad viviendo en Estado de excepción o de legalización de la fuerza y de las acciones de Hecho. En realidad, por eso, muy a pesar de la MAPP OEA no se trata de un posdesmovilización. Se trata es una transacción de poder o lo que algunos llaman “transición sin transición”. Es la culminación con honores de un accionar militar nacido de la institucionalidad clandestina, que se ha nutrido del tráfico de drogas y que hoy saltan al escenario económico, político y de control territorial – social-. Es un proceso de transacción de poderes de los sectores hegemónicos tradicionales con nuevos actores que quieren compartir la hegemonía. Y eso, hoy es solo posible, con el mantenimiento de estructuras armadas, y la concesión institucional con disposiciones legales laxas. Una de ellas, simuladas como de verdad y de justicia, como la ley 975 para lograr el beneficio de lo público y el Estatuto de Desarrollo Rural para la legalización de sus bienes inmuebles.

Que Uribe pretenda seguir sorprendiendo a los colombianos, gracias a los áulicos que lo rodean no es extraño; que pretenda imponer bajo los mismos clichés o bajo las mismas formulas del juego del lenguaje mediático a muchos otros colombianos y la comunidad internacional es un desatino. Debería cambiar sus tácticas discursivas, para ver si es posible que los demás podamos creer en ese país de las PARAVILLAS, y encantarnos con el agua putrefacta y envenenada que carcome y alimenta este Estado “democrático”.

Contra toda evidencia el Presidente oculta la nueva fase de desarrollo de la estrategia de control institucional desatado por el paramilitarismo, justo en aplicación de su política de gobierno, que ya va por cinco años.

Por eso causa vergüenza ajena, que en contravía de toda sana lógica, el Ministro de Agricultura, exprese a viva voz, en un escenario público que ya se han restituido propiedades a los afrodescendientes del Curvaradó. Hasta el día de hoy, los pobladores que habitan en las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, y todas y todos los legítimos dueños del Territorio Colectivo o de los predios individuales se han visto, por el contrario, sometidos a las amenazas de paramilitares, al cinismo para empresarial que protege la extracción del corozo de la palma con las unidades de la Brigada 15 y 17, la extensión de la siembra de palma, la deforestación y la ampliación de la frontera para la extensión ganadera.

Así es mejor dejar de trabajar, trabajar y trabajar. Es más sencillo, más simple y menos circense, “mentir, mentir y mentir”. Solo hay que hacer una actuación libreteada como en los reality, donde seguimos viviendo el mundo irreal e imaginario, como el de las Paravillas.


Escuchar al Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS en 73:42 minutos Foro Semana
sobre el tema: "La tierra de los paras: ¿Qué tienen y qué va para las víctimas? -- La tierra de los paras"

http://www.unradio.unal.edu.co/UNIMEDIOS_Radio/Programas/129/001.html

“Hoy no hay paramilitarismo” Uribe. El Tiempo. Sábado 21 de julio de 2007

Bogotá, D.C 22 de julio de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


Tuesday, July 24, 2007

Nueva publicación: Los desplazados internos

¡Hoola!
Hoy quiero compartir con Ustedes/contigo la noticia sobre una nueva publicación del CETIM, Centro Europa-Tercer Mundo --> http://www.cetim.ch


Los desplazados internos

Una colección del Programa Derechos humanos del CETIM.

Editions du CETIM, 48 páginas.
2007

ISBN 2-88053-054-7

Prix: - CHF | - €

Imprimir o pdf de esta publicación...

Aunque están prohibidos por el derecho internacional humanitario y calificados por el Estatuto de Roma (Tribunal Penal Internacional) de “crimen con­tra la humanidad” (art. 7.2.d.), los desplazamientos forzados aún tienen lugar en nuestros días en el marco de conflictos armados y dentro de otras circunstancias diversas (megaproyectos, catástrofes, etc.).

La amplitud de este fenómeno ha llevado a la ONU a reaccionar, creando un mandato de Representante del Secretario General sobre esta cuestión a principios de los años 90 mientras que algunos pensaban en crear un órgano comparable a Alto Comisionado por los Refugiados (ACNUR).

Hoy en día hay cerca de 25 millones de desplazados internos repartidos en­tre 40 a 50 países, mientras que el número de refugiaos ha disminuido, pasando de 17 millones en 1992 a 8,4 millones en 20054.

El contexto especial que había tras la guerra fría favoreció ciertamente “la explosión del número de desplazados internos y la evolución de la respuesta internacional.”

Los principales responsables y/o cómplices de los desplazamientos de población a gran escala son a menudo los Estados o grupos paraestatales y en ciertos casos, actores no estatales como por ejemplo las sociedades transnacionales o los grupos de oposición armada.

Además de los conflictos armados internos, las intervenciones armadas internacionales pueden también provocar desplazamientos de población a nivel interno (Afganistán, Iraq,…).

Esta publicación tiene como finalidad dar a conocer la evolución del debate y las medidas tomadas a nivel internacional, en particular en el seno de la ONU sobre esta cuestión de las personas desplazadas. Se presentan el mandato y las actividades del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos país y los principios que rigen este tema.

Monday, July 16, 2007

Denuncia: Asesinado líder de Comunidad de Paz, Dairo Torres, 13 julio 07

¡Hooola!

Aquí, con dolor y rabia, les reenvio la denuncia -Constancia Histórica- emitada por la comunidad de Paz de San José de Apartadó, Chocó, en la que se informa de la ejecución extrajudicial de DAIRO TORRES, líder de esta comunidad. ¿Cuántos mas tienen que morir antes de que el gobierno de Colombia implemente medidas para proteger eficazmente a estas comunidades cogidas entre todas las fronteras? Las veredas comunitarias de paz no hacen más que defender --¡sin armas!-- su territorio ancestral. ¿Cuándo se acabará con la complicidad entre policía y paramilitares?


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PARAMILITARES ASESINAN A DAIRO TORRES, LÍDER DE LA COMUNIDA DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ

- Julio 14 de 2007, Comunidad de Paz de San José de Apartadó-

Con dolor, rabia e impotencia hacemos esta constancia del asesinato de nuestro compañero, amigo y líder DAIRO TORRES.

Ayer 13 de julio a las 12:15 p.m., a cinco minutos de la salida de Apartadó en la carretera hacia San José, fue interceptado el vehículo de servicio público por dos paramilitares, los mismos que habían salido el jueves 12 de julio haciendo amenazas contra la comunidad. Pararon el vehículo los paramilitares y con armas cortas en las manos le dijeron a DAIRO que se bajará. DAIRO se bajó, luego los paramilitares le dijeron al chofer del carro que siguiera, y allí mismo asesinaron a DAIRO.

El asesinato ocurrió a menos de dos minutos del retén de la policía, pero el descaro no para allí, hacia las 9:10 a.m. se le habían visto a los dos paramilitares conversando y sentados con la policía en el retén que tienen en el Mangolo a la salida de Apartadó hacia San José. La complicidad es total, aquí sobran las palabras, los hechos son mas dicientes.

DAIRO era coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito (ubicada a cuatro horas de San Josesito), un líder que venía trabajando con la comunidad desde el 2004, un hombre íntegro, serio, responsable, un líder total que trabajaba incansablemente por las veredas. Participaba activamente en las asambleas de la comunidad, en sus reuniones, un artífice en el proceso de la comunidad.

Sabemos ya del cinismo y descaro del estado que dirán mentiras como lo hicieron con el asesinato de Francisco Puertas el 14 de mayo: fue delincuencia común, aquí no existen paramilitares, era un guerrillero, no era líder, no trabajaba con la comunidad, lo expulsaron de la comunidad, lo mataron en otro lado, etc, etc.

Es un crimen de los paramilitares en total complicidad con la policía, ya veníamos dejando constancia de estos hechos sin que ninguna institución del Estado actuara en absoluto, las amenazas de la policía no se dejaron esperar y sus mensajeros los paramilitares cumplieron órdenes bastante rápido.

Es un golpe brutal para la comunidad, para la zona, ya que DAIRO era un hombre claro en la resistencia civil y en su liderazgo en las veredas. Pedimos con urgencia la solidaridad nacional e internacional para exigirle al estado que pare el exterminio contra la comunidad, contra la población civil de la zona.

Esta es una acción atroz y por ello mismo sabemos que el dolor nos debe llevar a seguir resistiendo civilmente como lo hemos hecho, como nos lo enseñó DAIRO, que sigue y seguirá entre nosotros, dándonos luces y ayudándonos a seguir de pie, mas firmes que nunca en los principios que defendió, como es el derecho a ser respetada la población civil en medio del conflicto armado. A su familia, su compañera, sus tres hijos pequeños, nuestro más sentido pésame, estamos con ustedes para seguir en esta causa justa por la vida, la paz y la dignidad.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Julio 14 de 2007
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
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