Acción urgente: Colombia: 2000 indígenas de Bojayá en peligro de desplazamiento

Acción Urgente

2000 Indígenas de Bojayá a punto de desplazarse

11 de febrero de 2008.

La Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule del Departamento del Chocó - ASOOREWA y la Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, alertan sobre la grave situación de hambre y desnutrición infantil que se está presentando en las comunidades indígenas de la cuenca del Alto Bojayá y el inminente peligro de un desplazamiento masivo.

El día 17 de enero del presente año, a las 11:00 a.m. arribaron simultáneamente cuatro helicópteros de las Fuerzas Armadas de Colombia en las comunidades indígenas de Salinas y Chanó. Los soldados han invadido las comunidades, ocupando los espacios comunitarios como las escuelas y los tambos, todos los días aterrizan helicópteros en la cancha de fútbol; intimidan a las comunidades irrespetando sus reglamentos internos y los principios de la organización “Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía”. Intentan utilizar a los niños y jóvenes como informantes. Impiden la libre movilización en su territorio. Acaban con los recursos de pesca, usando dinamita. Además entraron a una de las casas y tiraron los utensilios de la cocina al patio.

A raíz de la presencia de la Fuerza Pública, los miembros de las comunidades indígenas actualmente se encuentran confinados por el temor de ser involucrados en el conflicto. En vista de esta situación a los Embera se les impide la realización de sus actividades de pancoger, pesca y cacería. De igual manera, se dificulta el buen funcionamiento de las actividades escolares, la recolección de las yerbas para la medicina tradicional y el desarrollo de su cultura.

Las comunidades que están más afectadas por la caótica situación de confinamiento en el territorio tradicional son:

CHANÓ	110 familias	604 habitantes
MOJAUDO	39 familias	205 habitantes
NUEVO OLIVO	32 familias	165 habitantes
SANTALUCÍA POGUE	40 familias	220 habitantes
SALINAS	42 familias	249 habitantes
CHARCO GALLO	53 familias	272 habitantes
NAMBUA	12 familias	71 habitantes

DECLARAMOS

Queremos seguir en nuestros territorios construyendo futuro sin dejarnos desplazar por ninguna fuerza armada, sea la guerrillera o la fuerza pública legalmente constituida en Colombia. Por ello, nos declaramos en resistencia cultural permanente para salvaguardar nuestra Unidad, Territorio, Cultura, Autonomía y Gobierno Propio.

No delegamos en nadie, ni en el gobierno, ni en ninguna organización diferente a nuestras autoridades propias y cabildos nuestra voceria y el liderazgo de nuestras reivindicaciones, pues nos oponemos a todo tipo de paternalismo que se quiere hacer a nosotros

EXIGIMOS:

AL GOBIERNO COLOMBIANO CON SUS FUERZAS ARMADAS Y A LA INSURGENCIA.

· Dar cumplimiento a los deberes y derechos de las normas vigentes de la legislación indígena.

· No propiciar la violación de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los pueblos indígenas que somos población civil.

· Respetar nuestro sistema tradicional de producción.

· No impedir que la población resistente ejerza su propia autonomía en su territorio.

· No aceptamos que su presencia en los territorios indígenas involucre a miembros de las comunidades indígenas, provocando violencia en nuestro territorio.

· No aceptamos que se entrometan en nuestros procesos organizativos.

POR LO ANTERIOR LES DECIMOS A TODOS

LOS ACTORES ARMADOS DEL CONFLICTO COLOMBIANO

“¡FUERA DE NUESTRO TERRITORIO!”

Colombia, Chocó: San José de Apartadó – Detrás de los medios

¡Hoola!
Con muy buen grado obedesco al llamado de difundir información sobre videos en YouTube sobre la situación en la comunidad de paz de San José de Apartadó en el Chocó colombiano.

¡Paz!



San José de Apartadó / Detrás de los medios

Por el prisma de los medios se filtra la manera cómo vemos y enfrentamos el conflicto social y político que padecemos como sociedad. "Detrás de los Medios" es un reporte del seguimiento al cubrimiento realizado por los medios masivos de comunicación a realidades que atañen, de manera directa, la vida de los procesos comunitarios y de resistencia civil de las comunidades campesinas en Colombia. El primer capítulo de esta serie analiza la manera como fue presentada por los medios audiovisuales la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Difunde y discute este material audiovisual:
- EN YOUTUBE:
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 1de3 10'54" http://youtube.com/watch?v=0T0bi9JCGK0
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 2de3 10'15" http://youtube.com/watch?v=AaPHM66cG94
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 3de3 7'57" http://youtube.com/watch?v=-5aAmrJs2Vo

- EN GOOGLEVIDEO:
Detras de los Medios / San José de Apartadó 29' http://video.google.com/videoplay?docid=-5587464689878279829&q=detras+de+los+medios+site%3Avideo.google.com&total=8&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

VISITA: http://comunicaciones.acantioquia.org

Puedes ver el video completo y leer artículos relacionados:
• La muerte sigue caminando en Urabá
• Los medios y el lenguaje embozado del poder


Una realización del:
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia.

ÁREA DE COMUNICACIONES - ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA

Colombia, Curvaradó: Amenazas a Enrique Petro y pobladores de Caño Manso

¡Hooola!
Hoy me llega esta noticia preocupante desde el Chocó, donde la lucha paramilitar por el territorio, para sembrar la palma africana, sigue causando estragos entre la población rural Afrocolombiana e indígena:


****
De: Justicia y Paz Internacional
Enviado: Miércoles, 21 noviembre de 2007, 9:50 PM


INFORME 83 -- CURVARADO -- AMENAZAS A ENRIQUE PETRO Y POBLADORES DE CAÑO MANSO

"los criminales actúan sin parar, pero nosotros estamos en el territorio por la dignidad" Salmo 118,49

Hoy en horas de la madrugada, en una llamada telefónica se anunció la muerte de
ENRIQUE PETRO y el exterminio de toda su familia. Esta amenaza se suma a las versiones de atentados contra el líder de El Guamo, EUSTAQUIO POLO, la incineración de casas de los legítimos dueños del territorio en Caño Manso.

Mientras esto ocurre, las tierras apropiadas ilegalmente y por la fuerza continúan sin ser devueltas a sus legítimos dueños, mientras los beneficiarios del paramilitarismo, cuando no los mismos paramilitares, continúan ocupando la propiedad, beneficiándose de la extracción del fruto de la palma y de la extensión ganadera.

[...]

Bogotá, D.C Noviembre 21 de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
*****

¿Restitución de tierra colectiva? ¿Ya no hay paramilitarismo?

¡Hooola!
Hoy quiero compartir contigo, con Usted(es) un informe que me llega desde Justicia y Paz en Colombia. Trata de las mentiras y cuentos del gobierno acerca del paramilitarismo.
A ver lo que interpretas tu, lo que interpretan Usted(es)...


justiciaypaz[arroba]coldecon[punto]net[punto]co

DeVer 380

MENTIR, MENTIR Y MENTIR
Es trabajar, trabajar y trabajar

El Ministro Andrés Felipe Arias en el debate de la Revista Semana ante el público afirmó, el pasado miércoles, que en el Curvaradó se ha ido restituyendo la tierra colectiva a sus legítimos dueños. Y dos días después, su presidente, Álvaro Uribe, en la instalación del período de sesiones del Congreso expresó que ya no existía el paramilitarismo.

Tal vez ni siquiera los más fanáticos, los más fervientes seguidores del pensamiento uribista pueden creer ni sostener lo que a diario en público se dice. La práctica circense de malabarista es parte de la intrepidez institucional que considera tontos a la mayoría. La estrategia discursiva y propagandística del “trabajar, trabajar y trabajar” debería traducirse en el infinitivo “mentir, mentir, mentir”. Por eso, mentir es la verdad. Como lo hacen los mandos paramilitares en el show de las versiones libres. Así es como subsiste las formas de ejercicio del poder autoritario, llamado democrático, versiones para hacer creer a los crédulos o los de la fe ciega, hay que creer porque es necesario creer y hacer creer a los incautos.

En su discurso al Congreso de la República, el pasado 20 de julio, Uribe insistió en que ha combatido con fuerza el paramilitarismo, 30 mil desmovilizados, 14 mil capturados. Con cara ganó yo, con sello pierde usted. El descubrimiento de los “nexos” de paras con políticos es gracias a la política de seguridad, que brinda garantías para los denunciantes. Las 13 capturas de los congresistas de su bancada son una muestra. Insistió e insistió en afirmar ante los congresistas: “el paramilitarismo ya se acabó en el país (…) “no existe ni como grupo para combatir a la guerrilla, ni como mezcla ilegal con la Fuerza Pública”

Y en relación con los más de 3.000 desmovilizados que reincidieron, según el Noveno informe de la MAPP OEA, expresó que estos están aliados con los narcos o la guerrilla y que serán perseguidos por la justicia. Aunque la cifra es poco representativa del fenómeno, pues según un reciente informe de Indepaz se trata de 9000 combatientes, en 70 grupos. Las aproximaciones cuantitativas pueden ser mayores, si se tiene en cuenta los mismos aspectos que plantea el Informe de la MAPP OEA, en el sentido de que las estructuras paramilitares mantienen su poder económico, lo cual significa sostener una red amplia de combatientes, auxiliares, auspiciadores y de complacencia institucional. A la OEA “le preocupa la información relacionada con una presunta intención por parte de algunos ex comandantes, de seguir manteniendo el control sobre las economías ilícitas en las zonas donde operaban. Esta presunción surge de un importante número de entrevistas y testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo desde miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta el momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura”. No se trata por supuesto de intenciones ni de simple presunciones y no se trata de solamente economía ilícitas ligadas al tráfico de drogas.

“9. Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”.

Contra toda realidad y evidencia, que no provienen de las víctimas ni de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, excluidas de la interlocución de la misma MAPP OEA, se pretende ocultar que las “bandas emergentes”, como el gobierno nombra a las “Aguilas Negras” y las estructuras de tipo paramilitar que surgen con nuevas denominaciones, son las mismas viejas con nuevos rostros y nuevas denominaciones, acompasadas con la reingeniería militar de la seguridad, llamada, falsamente democrática.

17. En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos mandos medios de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas continúan dirigiendo las estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación ha sido difícil ya que algunos de ellos no figuraron en las desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos.

Uribe pretende negar que en muchas regiones del país como en el Chocó, la Brigada 15 se presenta en ocasiones como “Aguilas Negras” o que en ella se encuentran vinculados, no mandos medios si no de primer plano de la antiguas estructuras paramilitares, como “MARIO” pertenecientes a las nombradas antes como bloques. De modo similar ocurre entre las Brigadas y la Policía en Puerto Asís, Buenaventura, el Bajo Naya, Chigorodó, Villavicencio, el Ariari, Tumaco, Ocaña, Bucaramanga con las estructuras supuestamente desmovilizadas.

Uribe olvida de la interceptación de comunicaciones en que se escucha a algunos de los mandos desmovilizados, ordenando la planificación de actividades delictivas desde la cárcel de Itagui, entre ellas las del control político. Esta reingeniería paramilitar y la persistencia del conflicto armado, que todos sabemos, Uribe se niega en aceptar es la verdad. Sus frases mediáticas ocultan y hacen creer que la mentira es la verdad.

Si bien se han desmovilizado 30 mil paramilitares, en las cuentas oficiales, esto no ha significado el desmonte de la estructura paramilitar, de sus lógicas de operación criminal ni el enquistamiento en las lógicas y la política de operación militar institucional. El tímido informe de la MAPP OEA indica en su punto 43.” ha manifestado, ante las más altas autoridades del Estado, su preocupación por la inclusión de desmovilizados de las AUC en la red de cooperantes. La participación de ex combatientes en este mecanismo ha generado ciertas confusiones y creado una imagen, en algunas comunidades, de una posible connivencia con la Fuerza Pública. Especialmente en los casos en que la población es capaz de identificar antiguos paramilitares y actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al proceso de desmovilización y desarme”.

Según, la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento crucial. “La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones, permitiendo la reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puede conducir a una profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras armadas ilegales”. Cinco años de política institucional muestran que está no se han transformado, las lógicas paramilitares continúan arraigadas en el pensamiento y la práctica militar, política, social, judicial de amplios sectores del Estado.

De ahí, que la ausencia de garantías no solamente sea para participar en la ley 975, sino en las elecciones. Recientemente la Misión de Observación Electoral, MOE, iniciativa de la sociedad civil de transparencia del actual proceso electoral muestra en un primer mapa de riesgo que 328 de los 1.098 municipios del país pueden sufrir fraude en las próximas elecciones, como ocurrió en las que Uribe y varios congresistas fueron elegidos en el 2002.

El paramilitarismo no es solo una estrategia militar, como lo definieron desde el 2000 con las pretensiones de “refundación de la patria” en el Acuerdo Político de Santafé de Ralito, entre los mandos de la estrategia paramilitar y partidos políticos en la costa Norte. No es la estrategia criminal de las Fuerzas Militares, es más que eso. No se trata solamente de “civiles armados” que apoyan o realizan acciones de guerra sucia que el ejército no debería realizar, pero que realiza bajo estrategias paramilitares o por tácticas bajo sus efectivos regulares, como han sido las ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de la asunción en el poder estatal y en la configuración de un modelo de sociedad viviendo en Estado de excepción o de legalización de la fuerza y de las acciones de Hecho. En realidad, por eso, muy a pesar de la MAPP OEA no se trata de un posdesmovilización. Se trata es una transacción de poder o lo que algunos llaman “transición sin transición”. Es la culminación con honores de un accionar militar nacido de la institucionalidad clandestina, que se ha nutrido del tráfico de drogas y que hoy saltan al escenario económico, político y de control territorial – social-. Es un proceso de transacción de poderes de los sectores hegemónicos tradicionales con nuevos actores que quieren compartir la hegemonía. Y eso, hoy es solo posible, con el mantenimiento de estructuras armadas, y la concesión institucional con disposiciones legales laxas. Una de ellas, simuladas como de verdad y de justicia, como la ley 975 para lograr el beneficio de lo público y el Estatuto de Desarrollo Rural para la legalización de sus bienes inmuebles.

Que Uribe pretenda seguir sorprendiendo a los colombianos, gracias a los áulicos que lo rodean no es extraño; que pretenda imponer bajo los mismos clichés o bajo las mismas formulas del juego del lenguaje mediático a muchos otros colombianos y la comunidad internacional es un desatino. Debería cambiar sus tácticas discursivas, para ver si es posible que los demás podamos creer en ese país de las PARAVILLAS, y encantarnos con el agua putrefacta y envenenada que carcome y alimenta este Estado “democrático”.

Contra toda evidencia el Presidente oculta la nueva fase de desarrollo de la estrategia de control institucional desatado por el paramilitarismo, justo en aplicación de su política de gobierno, que ya va por cinco años.

Por eso causa vergüenza ajena, que en contravía de toda sana lógica, el Ministro de Agricultura, exprese a viva voz, en un escenario público que ya se han restituido propiedades a los afrodescendientes del Curvaradó. Hasta el día de hoy, los pobladores que habitan en las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, y todas y todos los legítimos dueños del Territorio Colectivo o de los predios individuales se han visto, por el contrario, sometidos a las amenazas de paramilitares, al cinismo para empresarial que protege la extracción del corozo de la palma con las unidades de la Brigada 15 y 17, la extensión de la siembra de palma, la deforestación y la ampliación de la frontera para la extensión ganadera.

Así es mejor dejar de trabajar, trabajar y trabajar. Es más sencillo, más simple y menos circense, “mentir, mentir y mentir”. Solo hay que hacer una actuación libreteada como en los reality, donde seguimos viviendo el mundo irreal e imaginario, como el de las Paravillas.

Escuchar al Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS en 73:42 minutos Foro Semana sobre el tema: "La tierra de los paras: ¿Qué tienen y qué va para las víctimas? -- La tierra de los paras"

http://www.unradio.unal.edu.co/UNIMEDIOS_Radio/Programas/129/001.html

“Hoy no hay paramilitarismo” Uribe. El Tiempo. Sábado 21 de julio de 2007

Bogotá, D.C 22 de julio de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Un poco de historia -- El Chocó

¡Hooola de nuevo!

Ahorita recibí a través de mis amig@s colombian@s un artículo interesantísimo que tengo que compartir contigo, con Ustedes. Pereira es una de las ciudades que visité hace un par de años. Desgraciadamente no tenía tiempo ni oportunidad de pasar mas de unas pocas horas en lo que me parecía una ciudad interesantísima.

Les agradezco al autor y al periódico su generoso permiso de reproducir este artículo.

Me interesa, como siempre, recibir tus/sus comentarios. ¡Hasta pronto!


*****
CHOCÓ: ¿EL PASADO O EL FUTURO?

Aurelio Suárez Montoya, [Periodista colombiano; columnista del Diario] La Tarde, Pereira, abril 10 de 2007

En 1727 había ya 3.500 esclavos negros en las minas del Chocó, durante el segundo ciclo de oro de la Colonia. La minería esclavista de Chocó y Pacífico representaba al final de ese periodo el 60% de la producción de oro, género motivo de la dominación de España. Con la Independencia, la actividad se redujo a formas artesanales hasta que, como se lee en el texto “Chocó Diversidad Cultural y Medio Ambiente”, “después de varias disputas legales… se formó la compañía South American Gold and Platinum Company, como compañía holding...

En 1916 hizo su aparición la Chocó Pacífico. Más tarde la International Mining Corporation controló la Compañía Chocó Pacífico S.A., la Compañía Minera de Nariño S.A., la Frontino Gold Mines Ltd. y la Consolidated Gold Dredging Ltd. Entre 1948 y 1972, la Chocó Pacífico extrajo metales por valor superior a 196 millones de dólares. Durante 1964, una sola draga remitió a New York 90.000 onzas de platino, mientras las regalías para los municipios…, escasamente sobrepasaron los ciento cuarenta mil pesos…Se dice que la Compañía con la explotación de los recursos naturales del Chocó aportó la construcción del Yankee Stadium a Nueva York”. En 1974, Mineros Colombianos S.A., en negociación dudosa, adquirió la Chocó Pacífico, creando Mineros del Chocó S.A. que entró en crisis y, en 1986, el gobierno constituyó Metales Preciosos del Chocó S.A. y liquidó la anterior; estafando a obreros y pensionados, entregándoles acciones. “La historia de la Chocó Pacífico es la historia de la debilidad nacional en las negociaciones con empresas extractivas y de la explotación sin beneficios para el desarrollo regional”.

En 1990 llegó el neoliberalismo con “bienvenidos al futuro”, “descentralización” y ley 100, entre otras. La situación del Chocó empeoró. La población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 1985 era del 74,2% en las cabeceras municipales y en el resto de zonas del 86%, para un resultado total de 82,8% (Censo 1985). Para el Censo 2005, Chocó es el lugar con el índice NBI más alto del país, con 75,5%; siete de cada 10 chocoanos residen en viviendas inadecuadas, y en los cascos urbanos el NBI fue del 81%. El acueducto de Quibdó, construido en 1942, sólo cubre al 26% de la población de la capital, los hospitales carecen de mínimos servicios, los roedores pasan por encima de los enfermos, y el 90% carece de alcantarillado que es reemplazado por las patillas de las canoas donde defeca la mayoría de la población que usa sus manos para la limpieza y la arena en lugar de jabón. Lo más insólito es que el registro de las mayores inversiones allí para 2005 fue el de empresas de salud por más de 1.000 millones de pesos. El resultado era previsible, los mecanismos de “transferencias por habitante” o “eficiencia”, golpean a las regiones más vulnerables y las llevan a estados de postración como el del Chocó. Vendrán otros casos más y peores, de esto es que se están muriendo centenares de personas, la mayoría niños, en el Chocó, de mucho más que “de diarrea”, como trató de minimizarlo el ministro, Diego Palacio, “con el indolente teflón de la inmediatez, al enviar a la región el avión-hospital de la Fuerza Aérea, como si el problema de la salud en Colombia no fuera estructural”. Ante esto, se retuerce en su tumba Héctor Abad, cuyo “comunismo” no fue otro que la lucha por la salud pública, que parte del entorno socio-económico y político de los seres humanos, y por la cual lo mataron (véase “El olvido que seremos”).

La agricultura chocoana no brinda los alimentos a sus pobladores. Los principales renglones son plátano, yuca, madera, de la cual una multinacional extrae más de 250.000 metros cúbicos al año de maderas preciosas, y de palma de aceite, uno de los principales productores nacionales. El Chocó es campo experimental del proyecto de agricultura tropical-colonial-extractiva, que proponen el uribismo y el TLC, coincide con su Visión 2019. En el colmo del descaro, el ministro Arias corre a posar llevando alimentos, donados por altruistas, que él no ha promovido.

A esta historia de iniquidad se le quiere tapar con el “manto de la corrupción”; que existe en cabeza de los socios uribistas de Cambio Radical y el Partido de la U; ¿Para develar esto se instituyó una gerencia especial? Amanecerá y veremos… El Chocó es espejo para el futuro, modelo de las economías regionales en el marco del TLC; no es infortunada excepción, es regla. Su infausto destino sólo cambiará con masiva Resistencia Civil así como se alcanzó la conexión de energía eléctrica con Risaralda, uno de sus pocos logros de los últimos veinte años.

[http://www.latarde.com]
*****

Tráfico de armas con destino a los paramilitares en Colombia -- ya no compraré productos de Chiquita Brands

¡Hooola!
Hoy día quiero compartir un artículo/comentario muy fuerte, bien investigado, que explica en pocos párrafos la situación en el Chocó antioqueño de Colombia y los enlaces entre el gobierno, los paramilitares y las multinacionales.
Me importa conservar la memoria de aquellas masacres -- y de las valientes personas que siguen luchar para la paz, la verdadera justicia y para una economía distinta.



TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A LOS PARAMILITARES EN COLOMBIA – Chiquita Brands

por indycol – Martes, Mar. 20, 2007


“Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores, a las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre habían nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes.”


Ese día, 5 de noviembre de 2001, las personas que circulaban rutinariamente por el puerto de Zungo ubicado en el municipio de Carepa, Urabá Antioqueño, nunca imaginaron que lo que se desembarcaba del gran barco de bandera panameña Otterloo, en una bodega de la filial BANADEX S.A., filial en Colombia de la Transnacional Chiquita Brands, era, no como se decía 23 contenedores cargados de pelotas plásticas, sino 14 contenedores que transportaban tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, destinados a armar los grupos paramilitares, comandados por Vicente y Carlos Castaño, que actuaban en la zona bajo sus ordenes.

El barco procedente de Nicaragua, con supuesto destino a Panamá, desviado a Colombia, cambió en dicha ciudad, 14 de los 23 contenedores inicialmente cargados con pelotas plásticas, por armamento, cuidándose de justificar su transporte mediante documentos de una supuesta compra de armas de la Policía de Panamá a Nicaragua, con el fin de prevenir interceptaciones en aguas internacionales.

Fue así como, con la permisividad de los agentes aduaneros, servidores públicos de la DIAN y representantes legales de BANADEX, entraron aquel día, sin que nadie supuestamente sospechara, las armas con las que se asesinaron a cientos de colombianos, sindicalistas, campesinos, líderes sociales en aquella época.

Seguramente éste no fue el único desembarco, pero quizá sí el más grande, como años después reconoció Carlos Castaño Gil, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconoció públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC [grupo paramilitar más importante de Colombia], fue precisamente la introducción al país del arsenal proveniente de Nicaragua.

Pero fue sólo tres años después, el 15 de mayo de 2004, que la empresa CHIQUITA BRANDS, confesó en su país que había entregado dinero a un grupo terrorista en Colombia, aduciendo que había sido para “(…) proteger a sus empleados en caso de que los pagos no fuesen hechos (…)”, confesión hecha un año luego que Estados Unidos, en cabeza de George [W.] Bush, declarara a las AUC como grupo terrorista, lo que convertía en un crimen respaldar esa clase de organizaciones, y a un mes (14 de abril de 2004) que Cesar Gaviria Trujillo, entonces secretario General de la Organización de Estados Américanos [OEA], presidiera el evento del premio a CHIQUITA BRANDS por “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”, a sabiendas que éste organismo había iniciado su investigación contra CHIQUITA BRANDS, luego que Carlos Castaño admitiera públicamente en el 2002, que su mejor gol había sido introducir el mencionado armamento en Colombia.

Vale la pena recordar en este punto que precisamente Sergio Caramagna, actual delegado de la OEA para el proceso de paz con las AUC, fue una de las personas designadas por Gaviria para adelantar dicha investigación.

Y es precisamente por aquella época, 10 de junio de 2004, y a sabiendas de los cientos de crímenes cometidos por el paramilitarismo en la zona apoyados financieramente por transnacionales como CHIQUITA BRANDS, y la respuesta del entonces Fiscal Luis Camilo Osorio a los medios de comunicación que anunciaba una apertura de investigación, que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” radica un derecho de petición ante el Fiscal General de la Nación, solicitándole informara, si se había abierto una investigación penal en Colombia por el caso.

Para nadie es de extrañar proviniendo de donde proviene, la dilación de la respuesta, que hizo que fuera necesario interponer un año después (Mayo 2 de 2005), una acción de tutela para que se diera respuesta a los interrogantes planteados.

Finalmente y dada la insistencia de los requerimientos, la Fiscalía manifestó en abril de 2006, que en relación con la confesión de CHIQUITA BRANDS de financiamiento a grupos paramilitares, se adelantaba investigación previa 2432, en oficio No 1840 del Gaula Rural de Antioquia, en la cual al parecer la víctima es CHIQUITA BRANDS por el presunto injusto de extorsión.

Ahora bien, CHIQUITA BRANDS no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también los financiaban económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati, y los cuales lo hacían desde 1997, luego de un encuentro entre el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño y el gerente de BANADEX.

Claro es, ya que la presencia paramilitar se consolidó en esta zona a partir de 1994 cuando irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño, fortalecidos con la legalización que les otorgó Alvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, al institucionalizar las famosas Convivir [otro grupo paramilitar] el mismo año a las cuales éste calificaba como entes de beneficio comunitario y de seguridad de la población y que se convertirían en el espacio perfecto para materializar la alianza empresarios, Estado, narcotráfico.

Según investigaciones realizadas por organismos defensores de derechos humanos, en la década de los noventa los municipios con las más altas tasas de homicidios de la región fueron Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa. Es así como en 1993 se registraron 14 masacres para un total de 79 víctimas, en 1994 se presentaron 3 masacres, 46 víctimas, en 1995 se alcanzan mayores cifras, con 15 masacres y 116 víctimas. En 1996 disminuyen a 11 los casos y a 71 víctimas, en 1997 se presentan 7 masacres con 36 y en 1998, dos casos con 15 víctimas. A pesar de que en 1999 y 2000 se registran 5 masacres, las víctimas en el primer año fueron 27 y en el 2000 ascienden a 30. En 2001 se presenta una masacre con 11 víctimas y en 2002, dos con 18.

El municipio más afectado desde 1993 ha sido Apartadó con 20 masacres que dejaron un total de 170 víctimas, seguido por Turbo donde también se han presentado 20 masacres con 120 víctimas. En Carepa se han registrado 6 masacres con 36 víctimas, en Chigorodó 4 con 35, en San Pedro de Urabá 5 masacres con 30 víctimas, en Mutatá 5 con 27 víctimas, en Necoclí 4 con 22 y en Vigía del Fuerte una masacre con 9 víctimas.

Todos estos hechos se desarrollaban entre tanto con la aquiescencia, no sólo del Gobernador en ese entonces del departamento, el actual presidente Uribe Vélez, sino con la del general Rito Alejo del Río, mas conocido como “El Pacificador” quien fue el comandante de la Brigada XVII, con sede en Carepa entre 1995 y 1997 y a quien posteriormente se le abriría una investigación por conformación de grupos paramilitares y otros delitos, la cual fuera precluída por el entonces fiscal Luis Camilo Osorio el 9 de marzo de 2004.

¿Cómo olvidar las aproximadamente 49 víctimas que dejó el paso de paramilitares durante 5 largos días en Mapiripán – Meta – luego que el general Rito Alejo del Río permitiera su paso desde Urabá?

¿Cómo olvidar los cientos de víctimas que dejó a su paso la tan llamada “Operación Génesis” comandada por el general Rito Alejo del Río, so pretexto de combatir un grupo armado fuera de la ley?

Y es que nada de esto es coincidencial. Obedece a que la región de Urabá o “la mejor esquina de América” es un lugar geoestratégico, para que transnacionales se apoderen de una de las mejores tierras del país, para hacer que esa gran masa de nuevos habitantes se conviertan en potenciales compradores de sus productos, para que aquellos a quienes han desplazado de sus tierras se conviertan en obra barata para el capital y así lograr una mayor tasa de ganancia, para que según los planes acordados se convierta esta región en un modelo de intervención militar que se consolide con el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional Andina.

Flaco Flow, raperos de paz de Colombia

Sin mas comentario, vayan a este sitio y escuchen unas voces feroces ;) por la paz:

http://www.youtube.com/watch?v=b7h8PewiisY

Confrontación armada en el Medio Atrato

SE RECRUDECE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN EL MEDIO ATRATO Y
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS

El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.

El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".

El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.

El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.

Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:

a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.

Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.

Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:

DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.


DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria

-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.

-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.

Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.

Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA

Comunidado sobre la situación que viven las comunidades del río Arquía. Oct. 2006

COMUNICADO PUBLICO

El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.

Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.

Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.

De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.

El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.

En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.

Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.


POR LO ANTERIOR EXIGIMOS

A LA FUERZA PÚBLICA

* El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
* No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
* Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.


A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN

* Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
* Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
* Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
* Que les respeten su autonomía.


AL MINISTERIO PÚBLICO

* Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
* Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
* Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.


SOLICITAMOS:

La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las víctimas de esta guerra.

Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una víctima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.


Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006 -- Equipo Misionero Vida, Justicia y Paz