Voces de mujeres: OFP - Organización Femenina Popular - acción urgente

Según un informe de VOCES DE MUJERES - ORGANIZACION FEMENINA POPULAR, asesinaron el día de 16 de diciembre de 2008, o sea ayer, a

"EDWIN LEGARDA, indígena del pueblo Nasa de Tierradentro, esposo de la mayora Aída Quilcué del Consejo Regional Indígena de Colombia - CRIC."

Sigue el informe del Movimiento Social De Mujeres Contra la Guerra y Por La Paz que
a eso de las 4 de la madrugada del 16 de diciembre de 2008, "miembros del ejército nacional dispararon a la camioneta del CRIC, resultando gravemente herido y muerto (a eso de las 8 de la mañana) el comunero Edwin Legarda, ... Aida Quilcué ... denunció ante la opinión pública por un medio de comunicación nacional 'que el atentado era para mi'.

Edwin Legarda fue el conductor de una camioneta trayendo a "personal médico que apoyó una brigada en el municipio de Inzá – Tierra dentro" de regreso a Popayán.

"Las mujeres una vez mas reafirmamos nuestro compromiso por la vida y manifestamos a la compañera de camino Aída Quilcué y su familia nuestra solidaridad y sororidad, ..."

"Solicitamos a las organizaciones de mujeres enviar comunicaciones de solidaridad al CRIC y a la ONIC.

"Enviar comunicaciones a las instituciones del estado colombiano rechazando el hecho y exigiendo justicia.

"A la comunidad internacional acompañar y apoyar al movimiento indígena en especial el proceso del CRIC y enviar comunicaciones al estado colombiano solicitando las investigaciones y sanciones correspondientes."

Favor enviar comunicados a
• Dr Alvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Bogotá:
auribe@presidencia.gov.co -- fax 0057 1 566 20 71
• Dr Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Bogotá:
fsantos@presidencia.gov.co -- fax 0057 1 566 20 71
• Dr Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación:
reygon@procuraduria.gov.co -- fax 0057 1342 97 23
• Dr Guillermo Alberto González Mosquera, Gobernador del Cauca, Popayán:
webmaster@cauca.gov.co -- tel/fax? 0057 2 822 05 70
• Dr Mario Iguarán, Fiscalía General de la Nación, Bogotá:
contacto@fiscalia.gov.co -- denuncie@fiscalia.gov.co -- fax 0057 1 570 20 00

¡Gracias!

Excesivo uso de la fuerza / Hostigamiento / Asesinato / Temor por integridad personal

Viernes, 17 de octubre de 2008 10:17 AM

Colombia: Excesivo uso de la fuerza contra los miembros de comunidades indígenas reunidos en el Resguardo La María de Piendamó – (COL 171008)

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones de varias fuentes entre ellas la Organización Femenina Popular (OFP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre el excesivo uso de la fuerza utilizado por fuerzas combinadas del ejército y de la policía contra los miembros de comunidades indígenas reunidos en el Resguardo La María de Piendamó, en Toribio y sobre la vía Panamericana que conduce a Popayán, manifestándose pacíficamente a través de una Minga Nacional de Resistencia Indígena[1], en hechos ocurridos en varios lugares del Departamento del Cauca.
De acuerdo con las informaciones, los primeros hechos de ataque armado ocurrieron el 14 de octubre de 2008, hacia el final de la tarde, la comunidad de cerca de nueve mil personas, pobladores de varios resguardo que se encontraban reunidos pacíficamente en Piendamó, comenzó a ser víctima de disparos directos de numerosos miembros del Ejército Nacional, del grupo antimotines de la policía - ESMAD, e incluso de personas armadas vestidas de civil, que rodeaban a los pobladores desde las montañas y desde la carretera.
Según las informaciones, durante los hechos murió el Sr. Mariano Morano Dizú, Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Palma, en Pitayó, quien fue herido con arma de fuego en el cráneo y quien falleció luego de ser trasladado a Popayán. Además, al menos veinte personas resultaron heridas por arma de fuego, de machetes, o por golpes.
La lista no exhaustiva de los heridos, con la descripción de algunas de las heridas es la siguiente:
1. John Freddy Piñacue, de 16 años de edad, herido con garrote en la frente;
2. Hermes Arbey Díaz, proveniente de Huellas, Caloto;
3. Mauricio Menza, proveniente de Jambaló, herido en la frente por roce de proyectil de arma de fuego (tiro recalzado2);
4. Benjamín Ramos, proveniente del Resguardo de Tálaga, Caldono, herido en el ojo izquierdo y con proyectil en el pecho;
5. Enyi Ulcué, proveniente de Pueblo Nuevo, Caldono, herido en la pierna izquierda con arma de fuego;
6. Mario Guetoto, proveniente de Delicias, herido en la naríz;
7. Diomedes Quinto, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
8. Joaquín Cotocué, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
9. Milciades Tumbo, proveniente de San Andrés de Pisimbilá;
10. José Ferney Pardo, proveniente de Inzá, Tierradentro;
11. Adolfo Quitumbo Yatacue, proveniente de Corinto;
12. Harold Cucuñame de Honduras, proveniente de la Zona Occidente;
13. Delio Quitumbo, proveniente de Toribío, tiro recalzado pierna izquierda;
14. Mario Huetoto, proveniente del resguardo de Delicias, Buenos Aires, herido en ojo izquierdo, tiro recalzado;
15. N.N. (persona cuya identificación no se ha informado), con un golpe grave en la cabeza;
Según las mismas informaciones, durante los hechos habrían sido detenidas al menos tres personas: los Sres. Leonardo Chocué, proveniente de Tierradentro; Eduardo Cotoina, proveniente de Tierradentro, y Pablo Dagua, proveniente de Corinto.
De acuerdo con las informaciones, como la Minga se extendió a varias zonas del país en cerca de 15 departamentos, los ataques contra las manifestaciones por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD, han continuado, arrojando cifras de más de cien heridos, numerosos de ellos graves y, según las denuncias, varios muertos y desaparecidos, cuyos nombres no han sido informados hasta el momento. Según las informaciones la mayoría de las personas heridas pertenecen a las comunidades indígenas reunidas en Toribio y al grupo de manifestantes que avanzan por la Carretera Panamericana con rumbo a la ciudad de Popayán.
La OMCT al condenar estos hechos violentos, manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena arriba mencionada y solicita vehementemente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas presentes en el Resguardo La María en Piendamó y en general de todos los indígenas a lo largo y ancho del país.

Antecedentes y contexto de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su muy seria preocupación frente a los graves hechos aquí denunciados y frente a la situación de inseguridad que enfrentan todos los miembros de comunidades indígenas en Colombia, ya que, según las denuncias, entre el 17 de septiembre de 2008 y el 12 de octubre de 2008 al menos 15 indígenas han sido asesinados.
Los indígenas asesinados cuyos casos se han denunciado son: César Hurtado Tróchez, asesinado en su casa del Resguardo de Guadualito, el 13 de octubre; Nicolás Valencia Lemus, baleado en zona rural de Toribío; Raúl Mendoza, asesinado por sicarios en Popayán; Segundo Oswaldo Tapie y Hugo Gildardo Alpala, dos guardias de la Comunidad de los Pastos muertos en Cumbal por el ejército; Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo, asesinados por el grupo paramilitar Aguilas Negras en Riosucio, Caldas[3]; Oscar Diogirama asesinado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, en Rosucio - Chocó; Leonar René Portilla, Luis Alberto Ortega y Carlos Alberto Charra, muertos por la policía en Santa Cruz (Nariño); Justiniano Tunubalá muerto en Jambaló por el ejército; Celestino Rivera asesinado por desconocidos también en Jambaló; Raúl Morales Hío, gobernador nasa del resguardo de El Peñón, asesinado en el suroccidente de Popayán.
También se ha denunciado que dos Indígenas Yanaconas del cabildo el Paraíso, La Vega, cuyos nombres no han sido informados, fueron desaparecidos la semana anterior en la zona sur del Macizo colombiano.

Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los heridos arriba mencionados y en general de todas las personas que hayan resultado heridas durante los hechos arriba mencionados, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera;
ii. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Minga que se realiza en el Resguardo La María en Piendamó y en el resto del país;
iii. llevar a cabo una investigación independiente, competente, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, en particular al excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros del ejército y de la policía, a la presunta ejecución extrajudicial del Sr. Mariano Morano Dizú y también al asesinato del Sr. Cesar Hurtado Tróchez, y de todas las demás personas arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. otorgar una adecuada reparación a los miembros de la familia de los Sres. Mariano Morano Dizú, Cesar Hurtado Tróchez y todas las demás personas asesinadas durante los hechos arriba mencionados;
v. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Direcciones
• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
• Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co
Tels.: +571334.45.07, +573.7720130; fsantos@presidencia.gov.co ;
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de dd.hh y de Derecho Internacional Humanitario (DIH); cefranco@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co;
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH.
Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, fibarra@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá.
Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
• Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
• Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
• Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
• Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 17 de octubre de 2008.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
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[1] Una Minga Nacional de Resistencia Indígena, es una jornada de unidad comunitaria, social y popular. En el presente caso la minga fue convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC con ocasión del aniversario, el 12 de octubre, del Descubrimiento de América, con el fin de, entre otros, recordar que los Pueblos Indígenas han sido, desde 1492, sistemáticamente exterminados y también, para defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las poblaciones indígenas. En esta ocasión además están desarrollando la Minga con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno respecto a la entrega de tierras y como rechazo a la represión de que vienen siendo víctimas, en particular desde los últimos meses.
[2] Se conoce como tiro recalzado a la manera y/o trayectoria del tiro que causa la herida, es decir que el tiro no penetra sino que roza, produciendo diferentes tipos de heridas como cortadas o quemaduras que pueden llegar a ser graves.
[3] Ver Llamado Urgente: OMCT COL 081008.

3a Conferencia Internacional sobre Colombia: Declaración de Bogotá, Nov 30, 2007

¡Hoooola!
Por lo que pueda valer, sigue aquí la Declaración de Bogotá de la tercera conferencia internacional sobre Colombia:

A ver si estas lindas palabras y promesas y llamados pueden poner en marcha algunos cambios para mejorar la situación de los más pobres en Colombia (y en otros países -- ya que el narcotráfico, por ejemplo, daña tanto a las poblaciones en los países de cultivo como a miles de individuos en los países de consumo).

Lean, si quieren, la Declaración entera (desde *** hasta *****).

¡Paz!

***
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
Bogotá, 30 de noviembre de 2007

Los días 29 y 30 de noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. D.C., la III Conferencia Internacional sobre Colombia, con el propósito de consolidar el diálogo político y de cooperación entre los países del G-24, la Sociedad Civil y el Gobierno colombiano. La Conferencia fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y del Gobierno colombiano.
Por Colombia participaron, además, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Alto Comisionado para la Paz y el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, quienes presentaron las propuestas del Gobierno Nacional sobre el proceso de fortalecimiento institucional, construcción de la paz y promoción de la convivencia y derechos humanos, la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia para el presente cuatrienio y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 'Estado Comunitario: Desarrollo para todos'.

Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24:
1. Reafirmando las Declaraciones de las conferencias de Londres (2003) y de Cartagena (2005), expresaron su satisfacción por la continuidad y la profundidad alcanzada por el Proceso Londres - Cartagena, experiencia única en el mundo, que ha enmarcado el diálogo tripartito entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional y valoraron la realización de la III Conferencia de Bogotá. Subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron, incluyendo los mecanismos establecidos. Así mismo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación con la sociedad civil y seguir trabajando en esta vía y reconocieron el compromiso de las organizaciones de sociedad civil en el proceso, habiéndose acogido favorablemente los puntos de vista de esas organizaciones como contribución importante a la construcción de la paz.
2. Reafirmaron su respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado. Expresaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr una mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y, de esta manera, garantizar el estado social de derecho y el respeto a los derechos humanos.
3. Respaldaron la lucha contra el terrorismo y las demás actividades asociadas al problema mundial de las drogas que libra el gobierno de Colombia. Reconocieron los esfuerzos en contra de la corrupción asociada al narcotráfico y reiteraron su compromiso con el principio de responsabilidad compartida, que orienta las acciones de la lucha contra el problema mundial de las drogas y el apoyo internacional a Colombia en el combate a este flagelo, que además tiene graves consecuencias sobre el medioambiente y afecta la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades localizadas en las zonas de cultivos ilícitos.
4. Valoraron los esfuerzos y reconocieron los logros del Gobierno colombiano en relación con la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para todos' y en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, cuyas metas han permitido reducir los porcentajes de la población en niveles de extrema pobreza y las inequidades. En este sentido, destacaron el compromiso del Gobierno en el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluyendo el desarrollo sostenible.
5. Recogieron el clamor del pueblo colombiano para el cese definitivo de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales que afecta el disfrute de libertades y derechos de la población. Ratificaron su total apoyo para que se desarrollen diálogos que conduzcan a una solución humanitaria integral y a la paz. Reconocieron el importante aporte de las iniciativas regionales y locales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque diferencial y de reconciliación. En el marco de procesos de diálogo con grupos armados ilegales deben tener un rol fundamental los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.
6. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro, y pongan fin a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Reiteraron su exigencia a estos grupos para que cumplan las recomendaciones correspondientes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Condenaron todo asesinato de personas secuestradas, cuya más visible manifestación ha sido el asesinato de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que murieron estando en el poder de las FARC. Destacaron que los secuestradores son responsables por las vidas y la salud de los secuestrados en su poder y exigieron de manera categórica su liberación inmediata y sin condicionamientos.
7. Destacaron los importantes esfuerzos en la prevención de violaciones en derechos humanos. Reconocieron en particular los avances logrados en el proceso de elaboración concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con amplios sectores de la sociedad civil. Instaron al Gobierno colombiano a desarrollar esfuerzos para comenzar la plena implementación del dicho plan. Valoraron la prórroga del Acuerdo, con mandato pleno, entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y resaltaron los avances y el esfuerzo evidenciado en la aplicación de sus recomendaciones. Así mismo, alentaron a continuar los esfuerzos para obtener resultados a la mayor brevedad posible.
8. Subrayaron el compromiso del Gobierno colombiano en relación con el fortalecimiento de las medidas y programas de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Así mismo, manifestaron su preocupación frente a casos y situaciones de agresiones en perjuicio de estas personas e hicieron un enérgico llamado a los grupos armados ilegales para que respeten sus derechos. Al mismo tiempo, instaron a profundizar las investigaciones dentro de la órbita de la justicia penal civil sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
9. Reconocieron los avances existentes, en relación con la atención y protección de la población desplazada, valorando también las acciones del Estado para mejorar la atención a grupos vulnerables, como la población afrodescendiente e indígena del país, incluyendo las acciones que lleva adelante en forma conjunta y coordinada con los diferentes actores humanitarios tanto nacionales como internacionales. En este contexto destacaron también la contribución de la ONU. No obstante los importantes avances, expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria y el desplazamiento en Colombia, y manifestaron la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta a los desplazados y a los demás grupos vulnerables.
10. Resaltaron la importancia que el Gobierno colombiano ha otorgado a los derechos y la protección de los niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia y su compromiso con la educación formal e informal como un medio para prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11. Manifestaron su preocupación por el aumento de víctimas de minas antipersonales en Colombia y exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente su fabricación y uso. Resaltaron la necesidad de implementar un plan de acción integral que proteja la población civil y asegure el derecho de las víctimas a la rehabilitación integral.
12. Destacaron los esfuerzos y avances del Estado para aplicar la justicia y esclarecer la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y reconocieron la contribución de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad. En este sentido, valoraron los procesos que les han permitido a las víctimas comenzar a reclamar sus derechos, y las respuestas que las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a articular. Señalaron que las víctimas deben tener un rol fundamental en los procesos de verdad, justicia y reparación, como una condición para lograr la paz duradera.
13. Reconocieron el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de las organizaciones de víctimas, reiterando su apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Manifestaron su preocupación frente a las amenazas y agresiones contra líderes de organizaciones de víctimas y solicitaron a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección y asegurar la libre participación y acceso a la información de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
14. Celebraron la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y condenaron a su vez la desaparición forzada resultado de las acciones de grupos armados ilegales , evidenciada a través del descubrimiento de múltiples fosas comunes en varias regiones del país en desarrollo principalmente de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, instan a todas las instituciones involucradas a acelerar la plena implementación de dicho plan y alientan al Gobierno colombiano a brindar todos los recursos necesarios para lograr la identificación de las víctimas de este crimen, de manera sostenible y coordinada.
15. Destacaron la realización de las elecciones regionales y locales del 28 de octubre y los esfuerzos del gobierno colombiano y de la sociedad civil, que contribuyeron a que se evidenciara el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Esto se manifestó en el incremento del voto en las zonas rurales, a pesar de las amenazas y atentados de los grupos armados ilegales para impedir el normal desarrollo del proceso electoral en algunas zonas del país. El pueblo colombiano acudió decididamente a los centros de votación, pudiéndose expresar libremente por sus preferencias políticas, dando lugar a un aumento de la participación electoral. Así mismo expresaron su reconocimiento a la labor de las Misiones de Observación Electoral de la sociedad civil y de la OEA e instaron al Estado colombiano a continuar su accionar contra prácticas irregulares como la compra de votos y procedimientos clientelistas, entre otras, con el fin de afianzar la credibilidad existente en la democracia colombiana.
16. Reconocieron los alcances de los procesos de desarme y desmovilización de personas y grupos armados al margen de la ley, incluyendo el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC- y las desmovilizaciones individuales de miembros de otros grupos armados ilegales. Destacaron el importante papel de la MAPP OEA en el proceso y resaltaron los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para consolidar el proceso de reintegración, subrayando la importancia de incluir a las comunidades receptoras. Expresaron la necesidad de incrementar estos esfuerzos para lograr una reintegración social y económica sostenible. Destacaron el desafío que significa para los procesos de reintegración el surgimiento de bandas criminales emergentes y la permanencia en algunas regiones de otros grupos armados ilegales. Instaron al Gobierno enfrentar esta problemática enérgicamente, fortaleciendo la institucionalidad.
17. Destacaron los avances en el proceso de coordinación de la cooperación internacional y los consensos alcanzados dentro del proceso de consulta de la Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno 2007-2010, en el que participaron la Comunidad Internacional, el Sistema Nacional de Cooperación y representantes de la Sociedad Civil nacional e internacional. Las tres áreas prioritarias de la Estrategia: Objetivos de desarrollo del milenio, Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente, y Reconciliación y gobernabilidad, formarán la base para la alineación de la cooperación que reciba Colombia.
18. Saludaron la adhesión de Colombia a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, y se comprometieron con el establecimiento de procesos y mecanismos que permitan avanzar en sus principios y consoliden los avances en esa materia. Manifestaron su satisfacción con los resultados del Proceso Londres - Cartagena y se comprometieron a seguir cooperando en un espíritu positivo y constructivo, proporcionando los recursos necesarios para financiar los programas de cooperación conjuntamente identificados y adoptados.

MARTIN ANTONIO BALZA
Embajador de la República de Argentina en Colombia

GILLES RIVARD
Vicepresidente para las Américas de la Agencia Canadiense para el Desarrollo

LENA NORDSTROM
Embajadora de Suecia en Colombia

El Gobierno Colombiano firma la actual Declaración en la medida en que participó en su concertación y reconoce los retos y metas que allí se reflejan como objetivos de su gestión.

FRANCISCO SANTOS CALDERON
Vicepresidente de la República de Colombia
*****

3a Conferencia Internacional sobre Colombia con participación de todos los donantes

Desde Grupo Sur me llega el informe siguiente sobre la tercera Conferencia International sobre Colombia con participación de todos los donantes.

Merece tu/su atención.

El próximo 29, 30 de Noviembre y 1° de Diciembre [de 2007] tendrá lugar en Colombia la tercera edición de la Conferencia Internacional sobre Colombia con participación de todos los donantes. En este marco el gobierno va a presentar su nueva de estrategia de cooperación. Aunque el gobierno ante las reacciones de algunos donantes niega que la estrategia que va presentar es el conocido [...] Plan COLOMBIA II: Estrategia de cooperación Internacional para el Fortalalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social existen preocupaciones serias y fundadas sobre cómo lo sustancial y/ o al menos algunos de sus componentes serán presentados en el marco de la Conferencia para buscar su apoyo financiero y respaldo político.

Frente a esa situación es URGENTE que el mayor número de organizaciones en AL y Europa se posicionen en contra de la estrategia, para ello les estamos proponiendo su ADHESION al Documento 12 Razones para rechazar la Estategia... [ver enlace al final de este párrafo] hasta el próximo 28 de noviembre con miras a poderlo dar a conocer en el marco de la Conferencia como un posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales. Sus adhesiones pueden remitirlas a: gruposur[arroba]agora eu.org.

Encuentran igualmente el documento con las Adhesiones hasta el momento:

http://www.gruposur.eu.org/DOCE-RAZONES-PARA-RECHAZAR-LA.html

Igualmente les [comunicamos, abajo] para una mayor información y claridad sobre el particular el articulo de Bettina Rais "Cooperacción para el Control Social y poblacional" el cual presenta una sólida base argumental sobre el tema y puede ser ampliamente difundido citando su autora.

Atentamente

LOURDES CASTRO

Grupo SUR

www.gruposur.eu.org

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Cooperación para el control social y poblacional

El concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano
Versión preliminar

Por: Bettina Reis

A finales de noviembre de 2007, se celebrará en Colombia la III Conferencia de Cooperación Internacional en la cual el Gobierno colombiano presentará a la comunidad internacional, su estrategia de cooperación para los próximos años.

Por este motivo, es oportuno estudiar algunos documentos en el contexto de esta Conferencia, y en base de ello, impulsar la reflexión y discusión.

1. La Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013).
La Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento de Planeación Nacional (DNP), publicó con fecha de febrero de 2007, el documento titulado: Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013).

El Resumen Ejecutivo de este documento, resalta:
“En 1999 el Gobierno colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos de América, puso en marcha el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado. Luego de seis años de implementación de esta estrategia, el balance es muy positivo en varios frentes. Las condiciones de seguridad democrática han mejorado significativamente, la economía está fuerte y se sustenta en una macroeconomía sana. Así, se ha promovido el desarrollo y se ha impulsado la reducción de la pobreza y la desigualdad, cuyos resultados, en efecto, ya comienzan a observarse. La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera.”

En base de este balance positivo del desarrollo de sus gestiones, el gobierno plantea:
“[H]oy Colombia se encuentra en un momento definitivo para robustecer esos logros y promover nuevos avances. Por ello, el Gobierno colombiano presenta a consideración de la Comunidad Internacional la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, cuyo objetivo fundamental es consolidar los logros y avanzar aún más en los objetivos fundamentales de fortalecimiento de la democracia, la superación de las amenazas contra la estabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y la lucha contra la pobreza.”

El “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” mencionado arriba y desarrollado desde 1999, es más conocido como “Plan Colombia”. Tendrá una segunda fase titulada “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”.

En documentos presentados a la comunidad internacional en los últimos meses, se describen algunos aspectos de esta estrategia para los próximos años. Un papel clave en su ejecución, tendrá un denominado Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia.

Según definición propia, el Centro de Coordinación de Acción Integral, se entiende como:
- “Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur.
- Garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía.
- Desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio.” 1)

Los integrantes permanentes de este centro de carácter interagencial, son un alto número de ministerios y demás instituciones colombianas, civiles y militares: la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (“Acción Social”); el Ministerio de Defensa; el Comando General de las Fuerzas Militares; la Policía Nacional; el Ministerio del Interior y de Justicia; los Ministerios de Protección Social; de Educación y de Agricultura; el INCODER (encargado de asuntos territoriales); el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Coldeportes; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Como enlaces, son nombrados los demás ministerios, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco Agrario, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, DANSOCIAL y Fedecajas. Igualmente el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, órgano de seguridad dependiente de la Presidencia), la USAID (ente estatal de cooperación de los EE.UU., ejecutora de los proyectos enmarcados en el Plan Colombia) y la sucursal colombiana de la empresa petrolera norteamericana Occidental, la “Oxy Colombia”.

2. La Doctrina de Acción Integral, del Ministerio de Defensa
El fundamento teórico y operacional del denominado: Centro de Coordinación de Acción Integral, lo encontramos en el último informe del Ministerio de Defensa de Colombia, titulado: “365 días de trabajo que hacen la diferencia. Informe anual Ministerio de Defensa. Julio 2006 – Julio 2007” 2)

En la presentación de este informe, el actual Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos Calderón, anuncia aplicar, para el segundo período de gobierno del presidente Uribe (2006-2010) “una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), a través de la cual se afiancen los importantes logros alcanzados en el primer cuatrienio y se avance en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes.” 3)

Según el informe ministerial, esta “política de consolidación”, implica un “viraje en el Plan de Guerra” [sic].4)
- “El nuevo plan de guerra potencializa la experiencia adquirida en la combinacion entre el componente militar y la accion integral para la recuperacion social y militar del territorio."
- En el marco de la consolidación territorial se están alineando los esfuerzos militares con la lucha contra el narcotráfico y la política social. Putumayo es el departamento con más municipios beneficiados por el centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI).
- (...) La estrategia de consolidación de control territorial se implementará en tres fases dependiendo de las características de seguridad de cada una de las zonas del país donde la FP [Fuerza Pública] haga presencia. Aunque en cada zona se requerirán esfuerzos intensivos de diferente tipo, en todas ellas debe ser una constante el trabajo y la coordinación interagencial civil-militar.
- Existe una presencia más contundente de la FP en las zonas que controlaban los grupos ilegales de autodefensa y donde han surgido bandas criminales.”

El cambio de la estrategia militar, se fundamenta en una "Doctrina de Accion Integral" (DAI), la cual, según el Ministerio de Defensa, se entiende como:
“un conjunto de principios que deben orientar la accion coordinada de la fuerza legítima con la accion social del Estado y la sociedad civil. El objetivo es ejecutar, en los proximos 3 anos, recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario en zonas donde aun no ha llegado el resto del Estado y ya se encuentra la FP [Fuerza Publica]. Esta no reemplaza la accion social del Estado pero le permite al esfuerzo social ganar tiempo." Con estos cambios, el ministerio pretende, según el documento:5)

El Anexo 2 del documento presentado a la cooperación internacional, “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013)”, resume “Elementos de la Doctrina de Acción Integral (DAI)”. Sin embargo, no explica que la DAI es parte esencial del “nuevo plan de guerra” del Ministerio de Defensa.

3. Las directrices del Comando Sur de los EE.UU.
Vimos arriba que el llamado Centro de Coordinación de Acción Integral, es liderado por la Presidencia de la República y cuenta además, con el apoyo de la Embajada estadounidense en Colombia y del Comando Sur (USSOUTHCOM, por su sigla en inglés).

¿Qué es el Comando Sur?
La misión actual del Comando Sur, según su propia definición, es “llevar a cabo operaciones militares y fomentar la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los EE.UU.”
Es una organización militar integrada por:
- El Ejército Sur de los Estados Unidos (USARSO), ubicado en el Fuerte Sam Houston, Texas.
- La 12ª Brigada Aérea (AFSOUTH), ubicada en la Base de la Fuerza Aérea Davis Monthan, Arizona.
- El Comando de las Fuerzas Navales Sur de EE.UU. (USNAVSO), ubicado en la Base Naval Mayport, Florida.
- Las Fuerzas Sur de Infantería de Marina de EE.UU. (USMARFORSOUTH), ubicado en Miami, Florida.
- El Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU. (USSOCSOUTH), ubicado en la Base de la Reserva Aérea de Homestead cerca de Miami, Florida.
- Además tiene tres Fuerzas de Tarea Conjunta (JTF) con misiones exclusivas dentro del hemisferio, ubicadas en la Base Aérea Soto Cano, Honduras, la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y en Key West, Florida. 8)

Según explica en el documento: USSOUTHCOM: Amistad y Cooperación para las Américas: Estrategia del comando 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos, el Comando Sur está en camino de transformarse “de una organización militar tradicional en un Comando Conjunto Interagencial de Seguridad para el año 2016”. 9)

Ante la falta de una amenaza de guerra entre los países latinos y caribeños –pues no hay peligro que estalle una guerra entre naciones-, el Comando Sur –o más precisamente, el Departamento de Defensa de los EE.UU.-, identifica otros desafíos que supuestamente “amenazan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad” hemisférica, y legitiman su intervención. Estas son: “pobreza e igualdad, corrupción, terrorismo y delitos”. 10) El Comando Sur afirma que estos desafíos de seguridad, no son amenazas militares tradicionales sino, “a menudo, interrelacionados e involucren a actores del estado y fuera de él.” Por lo tanto, sería necesario “un enfoque de sociedad y colaboración interagencial.” 11)

Constatamos que la Doctrina de Acción Integral (DAI) y el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), del Ministerio de Defensa colombiano, corresponden al enfoque interagencial planteado por el Comando Sur estadounidense. No es una “receta” especial de o para Colombia: En otros países, por ejemplo en Afghanistan, este enfoque de cooperación civil-militar, de “acción integral”, se conoce en inglés como “comprehensive approach”.

El texto citado del Comando Sur generalmente no precisa actores concretos, por lo tanto llama la atención que en el capítulo sobre “delitos”, son nombradas especialmente organizaciones colombianas, “narcoterroristas”:
“El tráfico de drogas seguirá siendo un desafío hemisférico. [...] Los narcotraficantes del pasado se han vuelto mucho más letales en la actualidad y se prevé que esta tendencia sigue creciendo. Los narcoterroristas obtienen el financiamiento y el poder de la venta de drogas ilegales y han evolucionado en tres grupos principales en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC; el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC. Estas organizaciones han incrementado los índices de homicidios y secuestros en toda la región. Estos grupos y una cantidad de pandillas sumamente violentas no operan dentro de los límites tradicionales de nación-estado. Viven entre la población y la aterrorizan, y se aprovechan de los espacios no gobernados en todo el hemisferio.” 12)

Mientras que según esta fuente, el Comando Sur sustenta su intervención aduciendo un supuesto incremento de actividades delictivas de grupos colombianos “narcoterroristas” en todo el hemisferio, el gobierno colombiano busca apoyo con una argumentación opuesta: Solicita fondos de cooperación, civil y militar, refiriéndose a una lucha exitosa contra el crimen y el terrorismo. Según sus informes, no aumentaron los delitos, sino hubo una drástica reducción. Por ejemplo: En el documento citado del Centro de Coordinación de Acción Integral, el gobierno colombiano presenta, como resultado de la política de Seguridad Democrática, las siguientes cifras:
“El número de actos terroristas se redujo 62,9% entre 2002 y 2005 y 59,8% entre el primer semestre de 2002 y el mismo período de 2006.”
“La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo 40,3% entre 2002 y 2005” [Para 2005, registra 18.111 homicidios.]
“El número de hogares desplazados se redujo 24% promedio anual durante el cuatrienio [2001-2005], lo que evitó el desplazamiento de 207 mil familias.” 13)

Vale la pregunta: el Comando Sur y el gobierno colombiano, no manejarán las mismas cifras? De todos modos sorprende que para la misma intervención, parten de una argumentación opuesta. O sea, las estadísticas se manejan según conviene a los intereses de quien las presenta? 14)

Al lado de los ya mencionados argumentos relacionados con la “seguridad hemisférica”, es oportuno señalar que la intervención del Comando Sur, está igualmente sustentada por el interés de asegurar las fuentes energéticas en la región, por parte de los Estados Unidos:
“La energía es otro factor que contribuye a los vínculos económicos dentro del hemisferio. Según el Departamento de Energía, tres (Canadá, México y Venezuela) de los cuatro proveedores principales de energía de los Estados Unidos se encuentran dentro del hemisferio occidental. Según la Coalition for Affordable and Reliable Energy (Coalición en Pro de Energia Accesible y Confiable), los Estados Unidos necesitarán un 31% más de petroleo y un 62% más de gas natural en las próximas dos décadas. A medida que los Estados Unidos siguen necesitando más petroleo y gas, América Latina se convierte en un líder mundial de energía con sus enormes reservas de petróleo y producción y suministros de gas y petróleo. Debemos trabajar juntos para garantizar que estos recursos energéticos y la infraestructura que los respaldan permitan la prosperidad regional.” 15)

Aunque el Ministerio de Defensa implementará la estrategia civil-militar en todo el país, el Centro de Coordinación de Acción Integral ha priorizado algunas regiones para su desarrollo. Entre ellas, regiones como Arauca y Catatumbo (Norte de Santander), especialmente ricas en recursos energéticos. No queda lejos de sospechar que este trato preferencial, esté relacionado con el “hambre” energético de los EE.UU. al cual hace referencia la citada fuente del Comando Sur.

4. La recuperación social del territorio, en medio de la agudización de la guerra
El 10 de julio de 2007, el Washington Post publica un artículo titulado: “A new weapon against Colombias rebels. Government Bringing Social Programs to Long-Neglected Regions in Bid to Establish a State Presence” 16) en el cual el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presenta la ya descrita Doctrina de Acción Integral como una estrategia nueva de su ministerio para los próximos años:
“’Tenemos que ir a las zonas más apartadas donde hay narcotráfico, grupos ilegales y pobreza.’ [...] Ahora alinearemos nuestros esfuerzos de modo que lo permita al Estado de ir y limpiar y después mantener estas zonas –lo que los militares llaman ‘limpiar y mantener’ [...] Y el aspecto de ‘mantener’ tiene que ver con la presencia del Estado, de instituciones diferentes a los militares. Vamos con brigadas de médicos, profesores, el sistema de justicia.’” 17)

El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entrevistada por la periodista Jineth Bedoya Lima, afirma sobre el mismo tema:
“En esta política de consolidación el tema central es cuánto territorio se controla y sobre todo, de qué manera se controla. Obviamente hay zonas donde aún el Estado tiene que llegar con fuerza para imponerse sobre los grupos al margen de la ley. En la medida en que esto se haga, se abrirán espacios para que el resto del Estado desempeñe su papel.” 18)

Para entender estas afirmaciones del ministro y viceministro de defensa de Colombia, es necesario saber que justamente este año, fue aprobado el presupuesto de guerra más alto de los últimos 30 años o “en toda la historia” de Colombia. 19) Al respecto, el director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel Suarez, comenta en la Revista Cambio, el 13 de agosto:
“El Ministerio de Defensa se apresta a ejecutar el más voluminoso presupuesto que para la seguridad y la defensa nacionales ha tenido el país en toda su historia. Y lo hace justo cuando esta comenzando el fin del conflicto armado que, aunque puede sonar paradójico, nolo es. En efecto, el país necesita hacer el máximo esfuerzo para consolidar los importantes logros alcanzados en los últimos cinco años en materia de seguridad. [...] En términos de presupuesto, el país está haciendo el esfuerzo necesario, pues a su presupuesto ordinario incrementado se van a sumar los importantes recursos extraordinarios del impuesto al patrimonio que pagarán los sectores más pudientes de la sociedad [...] A estos recursos hay que agregarles los del Plan Colombia que [...] van a seguir contribuyendo de manera importante para lograr los objetivos buscados. 20) [...] [L]a Fuerza Pública será fortalecida en tres aspectos críticos principales: el pie de fuerza, la movilidad y la inteligencia. [...] En los próximos cuatro años, las Fuerzas Militares tendrán 17.000 efectivos adicionales y la Policía 20.000 más. La movilidad –que multiplica la fuerza-, aumentará con la adquisición de aviones medianos y pesados, y con helicópteros para transporte de tropa y asalto aéreo. La inteligencia se fortalecerá con la compra de más y mejores equipos de inteligencia y contra-inteligencia –clave para neutralizar las infiltraciones y la corrupción–, así como con el mejoramiento de la inteligencia humana, tan rezagada en nuestro medio en relación con la inteligencia técnica.”

Las fuentes citadas no dejan duda que en los próximos años, el gobierno colombiano se prepara para una agudización de la guerra, o lo que el analista Alfredo Rangel considera “el comienzo del fin del conflicto armado”.

Uno de los conceptos básicos del estado de derecho, es contemplar la distinción entre seguridad externa o defensa, encargada a las fuerzas militares, y seguridad interna, encargada a la policía. En países como p.e. Alemania, la policía está asignada al Ministerio del Interior, mientras que el ejército, está asignado al Ministerio de Defensa. En Colombia, las Fuerzas Militares y asimismo, la policía, están ambas asignadas al Ministerio de Defensa. Es preocupante observar tendencias que señalan que en vez de distinguir entre tareas militares y de policía, hay cada vez más fusión. Esto indica, entre otros, la no separación de los respectivos presupuestos. El Ministerio de Defensa lo sustenta de la siguiente manera:
“No hay una definición precisa de Gasto Militar. [...] En sentido estricto, el Gasto Militar sería el gasto público destinado por cada país a sus FFMM [Fuerzas Militares], como instituciones encargadas de la protección de los Estados frente a las amenazas externas. Sin embargo, en Colombia, el artículo 217 de la Constitución Política establece que las “Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.” Al fijar como obligación de las FFMM (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) la defensa del orden constitucional y dada la compleja situación interna colombiana, la definición de Gasto Militar en nuestro país se ha ampliado para incluir también los costos propios de la seguridad interna.” 21)

5. La Cooperación Europea, en el marco de la estrategia civil-militar
La combinación de acciones militares y civiles dentro de una estrategia predominantemente bélica, ha sido un tema álgido de discusión con respecto al “Plan Colombia”. Hoy, esta estrategia civil-militar está presentada por las autoridades con más transparencia. Para la cooperación internacional, es clave hacerse la pregunta: Quiere o no ser parte de esta estrategia bélica que se fundamenta en la combinación de acciones militares y civiles?

El énfasis de la cooperación oficial europea, es decir, la cooperación contratada y consensuada entre la Comisión Europea y el gobierno colombiano, son los llamados “Laboratorios de Paz”. Se inscriben en el Plan Nacional de Desarrollo y son implementados bajo la figura de alianzas público-privadas. Actualmente, hay tres Laboratorios de Paz. El primero, en el Magdalena Medio; el segundo, en el Alto Patía y Macizo colombiano (departamentos Cauca y Nariño), el Oriente Antioqueño, y el departamento de Norte de Santander; el tercero, en los Montes de María (departamentos Sucre y Bolívar) y el departamento de Meta; además, este Tercer Laboratorio de Paz tiene un eje temático por medio del cual se pretende apoyar a determinados sectores de la sociedad civil comprometidos con la construcción de la paz.

Según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), la misión de los denominados “Programas Paz y Desarrollo” y los “Laboratorios de Paz”, es la siguiente:
“Apoyar y promover estratégicamente, condiciones de convivencia pacífica, facilitando la interacción de los diversos actores en las regiones y canalizando recursos hacia las comunidades vulnerables, con el fin de procurar avanzar en la construcción colectiva de desarrollo y paz en los territorios de Colombia.”

Como visión, señala:
“Para el 2010 ser el mejor puente entre el gobierno nacional y los actores regionales para la gestión de iniciativas de desarrollo territorial y paz, fortaleciendo a su vez la presencia del estado en las zonas más vulnerables del país.” 22)

Con respecto a las organizaciones ejecutoras de los Laboratorios de Paz, Alianza Social, ente destacado del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), define:

“Son representantes de la sociedad civil organizadas en diversas regiones de Colombia, conocen profundamente la realidad territorial, poseen una amplia experiencia en desarrollo participativo, cuentan con el reconocimiento manifiesto de los actores locales, han cimentado un proceso de empoderamiento social con impacto sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos vulnerables y su misión es profundizar los Programas Regionales de Desarrollo y Paz labor que ejecutan hace varios años.” 23)

El eje temático del Tercer Laboratorio de Paz, Acción Social presenta en los siguientes términos:

“Fortalecer iniciativas de desarrollo y paz, lideradas por organizaciones de mujeres, jóvenes, afrocolombianos e indígenas del nivel local y regional, buscando la identificación de lecciones aprendidas y metodologías innovadoras que sirvan como insumo para la construcción de una política pública favorable a la paz. (...) Se han construido sobre principios y criterios éticos, políticos, socioculturales y socioeconómicos, que constituyen el tejido de las “lógicas de vida” que integran las iniciativas. [...] Son una opción de vida, una propuesta asertiva de construcción de civilidad, de ampliación de la democracia, de ejercicio legítimo y pleno de los derechos a la paz, a la soberanía y a la libertad de conciencia, consagrados constitucionalmente. Garantizar que estos derechos puedan seguir siendo ejercidos por las iniciativas constituye en un gran reto, no sólo para ellas mismas, sino para toda la sociedad en su conjunto.” 24)

Si comparamos las fuentes oficiales, constatamos que con respecto a la misma realidad, las mismas regiones o el mismo periodo, se aplican lenguajes muy diferentes que conlleva la construcción de ideas o “realidades” hasta opuestas. Mientras que el Ministro de Defensa se refiere a una región y población hablando del desarrollo de un “plan de guerra”, o que el ejército entre para “limpiar zonas” 25), Acción Social, ente destacado del CCAI, emplea un lenguaje que recuerda la forma de expresarse las ONG de derechos humanos y de paz. No aparece la palabra “guerra” sino se citan “opciones de vida para construir la paz”, o se habla “del ejercicio legítimo y pleno de los derechos a la paz y la soberanía, la libertad de conciencia.”

Si no se trataría de experiencias existenciales tan opuestas como vivir en paz o vivir en medio de la guerra, o de ser involucrados en estrategias de guerra o de construcción de la paz, no sería tan importante reivindicar una mayor precisión en cuanto a los objetivos de los proyectos de la cooperación internacional.

De las regiones prioritarias determinadas por el Centro de Coordinación de Acción Integral para el desarrollo de la cooperación civil-militar -Córdoba; Medio y Bajo Atrato (Apartadó); Norte del Cauca; Tumaco; Sierra Nevada; Catatumbo; Arauca; Zona Sur (Caquetá, Guaviare y Meta); Putumayo 26)-, las zonas de Meta y Catatumbo (Norte de Santander), coinciden con los espacios geográficos en los cuales se desarrollan los programas del Segundo y Tercero Laboratorio de Paz.

6. La cooperación civil-militar o “comprehensive approach”: Información de contexto

La cooperación civil-militar, no es un enfoque desconocido. Es el concepto que se aplica también en otras regiones de conflicto en el marco de la llamada lucha antiterrorista. En Europa, ha sido motivo de controvertidos debates en los parlamentos y conllevó tensiones entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Ejemplo Afghanistán: A comienzos de octubre, la Federación alemana de ONG de Desarrollo, VENRO, publicó un “paper de posicionamiento” en el cual elabora el impacto negativo de este concepto en Afghanistan, y lo que implica para actores de la cooperación internacional:

“Uno de los problemas graves para el trabajo de las ONG es consecuencia del concepto de cooperación civil-militar implementado activamente por el gobierno federal alemán y otros gobiernos comprometidos en el marco de la ISAF27) y la Operation Enduring Freedom, OEF. (...) Desde la perspectiva de las ONG, no solamente es problemático que la cooperación bilateral esté estrechamente enlazada con el ejército federal alemán (...) y en peligro de perder su autonomía; sino también que el ejército desarrolle cada vez más actividades en el campo de la reconstrucción y la ayuda humanitaria, con el fin de ganar ‘los corazones y mentes’ de la gente. Esta “mixtura” cívico-militar aumenta los riesgos de las ONG que buscan conservar su neutralidad. Algunas ONG salieron en los últimos años de Afghanistan argumentando, entre otros, que la instrumentalización del mandato humanitario por el ejército, imposibilite la prestación de una ayuda, independiente. Después de las guerras en los Balcanes, en el caso de Afghanistan, se trata nuevamente de una discusión de principios: qué beneficios o que daños conlleva la mezcla de la ayuda civil y militar?”28)

Una crítica principal en el caso de Afghanistan, es el altísimo número de muertes violentas de civiles registradas como “daños colaterales”.29) Aunque aquí no podemos profundizar el análisis sobre la aplicación de este concepto en Afghanistan, vale como ejemplo que demuestra la necesidad para los actores de la cooperación internacional en Colombia, de promover una discusión y un posicionamiento sobre este enfoque.

Christoph Marischka, analista de conflictos alemán, señala que el concepto de la “seguridad enlazada” (término utilizado en alemán para “comprehensive approach”) 30) conlleva la disolución –o disgregación- de categorías tradicionales como: guerra y paz, combatante y civil, seguridad interna y externa, peacekeeping y ayuda de emergencia. 31) En otras palabras, este concepto erosiona principios básicos de un estado de derecho, y debilita instrumentos jurídicos, como el derecho internacional humanitario. Eso podemos constatar también en el caso colombiano.

El hecho que los textos de proyectos de la cooperación internacional contratada con el gobierno colombiano, evitan reconocer la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, y presentan al estado y gobierno colombiano, no como parte de este conflicto, sino como víctima de los grupos armados ilegales, puede facilitar la intromisión de estos proyectos en estrategias que combinan la acción militar con la social. 32) La invisibilización del estado colombiano y la Fuerza Pública como parte del conflicto armado, posibilita invisibilizar también realidades incómodas, asociadas, como p.e., las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas Militares. Mientras que –ejemplo- la GTZ, ente de la cooperación bilateral alemana, describe la región del Norte de Santander, escenario de su programa de paz, CERCAPAZ, como una zona “en la cual hay una disputa por la guerrilla, los paramilitares y bandas de narcotraficantes por el control de vastas partes del territorio” 33), en la misma zona, ONG de derechos humanos acuden al llamado de las comunidades campesinas para llevar a cabo misiones humanitarias e investigar el impacto de la militarización por el ejército nacional acompañado de infracciones del derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos humanos. 34) Recientemente, una Misión Internacional de Observación llegó al país para investigar los múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la responsabilidad de la Fuerza Pública. Según dice el informe preliminar, “[e]ntre julio 2002 y junio 2007, aparecen registradas en Colombia e imputadas a la Fuerza Pública al menos 955 casos de Ejecuciones Extrajudiciales, además de 235 casos de desaparición forzada de personas, según el informe de las organizaciones de la CCEEU. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación se encuentra investigando disciplinariamente 670 casos, habiéndose emitido a fecha de hoy 11 fallos disciplinarios.” 35)

Sorprende también que en estos proyectos oficiales de cooperación, la figura de Estado-víctima, se mantiene, a pesar de las revelaciones en el contexto de la llamada “para-política”, y que investigaciones judiciales oficales y otros estudios, han demostrado el alto nivel de involucramiento de funcionarios estatales, políticos y miembros de la Fuerza Pública, en los crímenes de los grupos paramilitares.

Como una gran parte de los proyectos de la cooperación internacional, se inscriben en las categorías de prevención y/o transformación de conflicto, o se denominan “cooperación para la paz”, es oportuno hacer referencia a lo que opina Kevin Clements, experto en conflictos. En su artículo “Towards Conflict Transformation and a Just Peace” (Hacia la transformación de conflicto y una paz justa), hace hincapié en la necesidad de analizar más detenidamente las formas en las cuales los estados generan y muchas veces, escalan los conflictos armados. Si ésto no sucede, se descarta el desarrollo de políticas sensitivas al conflicto, opina el experto. Y hace ver que, en las zonas de conflicto de mayor gravedad en el mundo, “los sistemas estatales son seriamente deficientes y muy probablemente más asociados a la iniciación y la prolongación de la violencia que a su resolución.” 36)

La III Conferencia de la Cooperación Internacional en Colombia, es un motivo importante para reflexionar sobre los distintos modelos de la cooperación internacional: de un lado, evaluar su aporte desde el concepto de una construcción de la paz que integra el principio de una solución negociada del conflicto social y armado y el cumplimiento integral de los derechos humanos; y del otro, analizar el concepto de la cooperación civil-militar o “acción integral”, concebida para la “recuperación social de los territorios”.

Este artículo no pretende más que aportar algunos insumos informativos al respecto.

Noviembre 2007.

NOTAS:

1) Presidencia – República de Colombia: CCAI – Centro de Coordinación de Acción Integral. Documento formato powerpoint. (sin fecha)

2) Ministerio de Defensa, República de Colombia: 365 días de trabajo que hacen la diferencia. Informe anual Ministerio de Defensa. Julio 2006 – Julio 2007. Disponible en: www.mindefensa.gov.co

3) Ibid., resaltado nuestro.

4) Op.cit., p.02. – Al tiempo que Alvaro Uribe, el presidente colombiano, niega la existencia de un conflicto armado en el país, su ministro de defensa, define un “viraje en el Plan de Guerra”.

5) Op.cit., p.02-03. Resaltado nuestro.

6) Op.cit., p.02

7) Estrategia del comando 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos: Amistad y Cooperación para las Américas. Marzo de 2007, p.4; en: http://www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1180709758.pdf

8) Op.cit., p.18-19

9) Op.cit., p.4

10) Op.cit., p.4

11) Op.cit., p.10

12) USSOUTHCOM, op.cit., p.9, resaltado nuestro.

13) En este caso, la fuente gubernamental omite mencionar las altas cifras de desplazamiento forzado en los últimos dos años.

14) El manejo manipulador y parcializado de las estadísticas es una crítica repetida que se hace a la administración del presidente Uribe. En el artículo “El poder de las cifras y las Cifras del poder”, César Caballero, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios de metodología sin justificación clara han generado dudas de si las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos.” En particular, esto se refiere a las estadísticas sobre los –supuestos- logros de la política de Seguridad Democrática. Al respecto, Caballero cita datos de un artículo de la revista Semana del 10 de marzo de 2007: “’Según el Ministerio de Defensa, los efectivos de las FARC y el ELN han disminuido substancialmente, al pasar de 20.600 en 2002 a cerca de 16.000 en 2007.’ Según el mismo Ministerio, cita el autor, en ese periodo la fuerza pública capturó 24.464 guerrilleros, abatió en combate a 8.799 y debido a la política de desmovilización han desertado otros 7.899 guerrilleros. Es decir, de los 20.600 guerrilleros de 2002, la fuerza pública ha puesto fuera de combate a 41.252.” –Cp. Artículo en Revista CEPA (Bogotá), Abril 2007, No. 3, pp. 22-23.

15) USSOUTHCOM, op.cit., p.7.

16) Trad.: “Una nueva arma contra los rebeldes de Colombia. Gobierno lleva programas sociales a regiones descuidadas para establecer presencia del estado”

17) The Washington Post, July 10, 2007. Traducido del inglés.

18) El Tiempo, agosto 6, 2007

19) Cp. “$8,2 billones recogidos por impuesto de guerra. Uno de cada tres pesos pagados por los contribuyentes del impuesto al patrimonio se destinará a la compra de aviones, helicópteros, botes y vehículos en tierra.” El Tiempo, agosto 6, 2007; Se triplica gasto de guerra, El Tiempo, Julio 28, 2007

20) En promedio, Colombia ha recibido unos US$700 millones anuales de Estados Unidos como aporte al Plan Colombia (1999-2006). En su segunda fase, se preve destinar una parte mayor a proyectos sociales: 45 % resp. 55 % de ayuda militar.

21) Ministerio de Defensa, República de Colombia, Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia. Agosto de 2007. Disponible en: www.mindefensa.gov.co; Ver también sobre este tema: Fondo para la Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF), Centro para la Política Internacional (CIP), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Diluyendo las divisiones. Tendencias de los Programas Militares de EEUU para América Latina. Septiembre de 2004.

22) http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=1217

23) http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=1217&pagID=1774

Las llamadas Entidades Coordinadoras Regionales para la ejecución del programa “Paz y Desarrollo” y el “Laboratorio de Paz” son: Magdalena Medio: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Oriente Antioqueño: Corporación Desarrollo para la Paz, PRODEPAZ. Alto Patía y Macizo Colombiano: Unión Temporal constituida entre el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la Asociación Supradepartamental de Municipios de la Región Alto Patía, ASOPATÍA; Norte de Santander: Corporación Nueva Sociedad región Nororiental de Colombia, CONSORNOC; Montes de María: Fundación para el Desarrollo de los Montes de María. Meta: La Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental, CORDEPAZ. –Una gran parte de estas entidades coordinadoras están compuestas por organizaciones de la iglesia católica.

24) Tomado de: Presidencia de la República, Acción Social, Comité Directivo Componente Temático, Tercer Laboratorio de Paz, 20 de septiembre 2007. Presentación formato powerpoint.

25) Hay que recordar que en Colombia, el término “limpiar zonas” tiene la conotación de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, puesto que frecuentemente, los grupos paramilitares han llamado así su accionar sangriento.

26) Cp. Presidencia – República de Colombia: CCAI – Centro de Coordinación de Acción Integral. Documento formato powerpoint.

27) Soldados alemanes hacen parte de la ISAF (International Security Assistance Force), fuerza internacional dirigida por la OTAN, encargada de apoyar al gobierno afghano en cuestiones de seguridad y para garantizar los DDHH.

28) VENRO – Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V., Perspektiven für Frieden, Wiederaufbau und Entwicklung in Afghanistan. VENRO-Positionspapier, Bonn, 02.10.2007, p. 3-4. Traducido del alemán. Título del documento citado: Perspectivas para la paz, la reconstrucción y el desarrollo en Afghanistan.

29) Según estadísticas de la ONU, hay cerca de 1.400 muertes de personas civiles en el primer semestre de 2007. –Cp. VENRO, op.cit.

30) “Vernetzte Sicherheit”

31) Marischka, Christoph, Rüsten für den globalen Bürgerkrieg, en: FriedensForum 4/2007, p. 23.

32) Por ejemplo, en un documento reciente de los Laboratorios de Paz, se lee: “(...) continuar con apoyo a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz – PDP, que han demostrado aportes en la búsqueda de una solución pacífica y negociada por la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales.”

33) Fuente: GTZ-Netnews, Sept./Okt. 2007; traducido del alemán; http://www.gtz.de/de/aktuell/21181.htm

34) Informe Misión Humanitaria Región del Catatumbo (N.Santander), Corregimientos Honduras (Convención) y San Juancito (Teorama), Agosto 24-27, 2007. Informe de: Fundación Progresar (Seccional Cúcuta), Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Seccional Bucaramanga), Asociación MINGA. Bogotá, octubre de 2007.

35) Cp. Informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Bogotá, 10 de Octubre de 2007.

36) Clements, Kevin, Towards Conflict Transformation and a Just Peace, p. 5, en:
http://www.berghof-handbook.net – Traducido del inglés.

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Colombia, San José de Apartadó: ¡Siguen los asesinatos por paramilitares!

¡Hooola otra vez!

Acaba de llegarme una noticia por vía de Madrid, España, de nuevos asesinatos en la zona de paz (¿qué paz, Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez?) de San José de Apartadó en Urabá, Colombia. Viene acompañada por estas palabras de mi amigo muy fidedigno. Para mi, lo que destaca de la carta del P. Javier Giraldo son estas dos frases:
"La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario."
A ver si, a lo largo pero muy pronto, el Presidente de nuestra querida Colombia vaya a prestar oído a tantas voces que reclaman verdadera justicia y paz. Ahora, las palabras de mi amigo madrileño (que conoce súmamente bien la zona de paz de San José de Apartadó):

"Os envío las últimas noticias sobre otro nuevo asesinato en la zona de San José de Apartado. También os mando una carta-respuesta del P. Javier Giraldo a la Policía de Urabá.
Esto está meridianamente claro. Sólamente es necesario no negarse a ver. Y también no negarse a que esta realidad nos implique.
Un abrazo gordo,
el miguelo"

Con igual abrazo gordo, y con la esperanza de que much@s de Ustedes utilicen la carta modelo de protesta para dar voz a su preocupación,
la Margaret

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CONTINUAN LOS ASESINATOS DE LOS PARAMILITARES EN LA ZONA

Tenemos la obligación nuevamente de dejar constancia de otro asesinato contra un campesinado de la zona, es demostración clara de la situación dramática que se esta viviendo en Urabá.
El día 18 deseptiembre hacia la 1 p.m. fue asesinado al frente de la salida del Terminal de Transportes de Apartadó, HECTOR JAIME OROZCO GRISALES, de 26 años de edad. Fue abordado por un hombre de civil y con arma corta; se le acercó y le hizo varios disparos. Este hombre se le ha visto continuamente en el Terminal con otros hombres y son paramilitares reconocidos. JAIME no hacía parte de nuestra comunidad, pero era un campesino conocido que se había dedicado a aserrar madera, a la agricultura y vivía actualmente en Playas Altas a treinta minutos de San Josesito. El asesinato ocurrió en medio de un lugar de gran presencia policial.

Es evidente el accionar paramilitar y la complicidad de la fuerza pública, pues los asesinos actúan libremente en una zona controlada por la fuerza pública como es el Terminal de transportes. Los paramilitares son públicos y a la vista de todo el mundo y no se hace absolutamente nada. Es preocupante y angustiante el asesinato continuo de que se esta siendo víctima el campesinado de la zona, con el silencio y la complacencia de las diversas instituciones del estado que dejan en la total impunidad el actuar paramilitar que sigue más activo que nunca.

Nuestra solidaridad para con su familia y sus cinco hijos pequeños. Creemos que estas acciones en contra de la vida del campesinado, de la población civil, nos reafirman en nuestra opción por construir y defender la vida desde nuestros principios de paz. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al estado que cese este exterminio que se sigue realizando contra la población civil.

Queremos aprovechar para compartir la respuesta del padre Javier al comandante de la policía de Urabá donde se ve con claridad la distorsión de la verdad por parte de los victimarios.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 19 de 2007

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Bogotá, 12 de septiembre de 2007

Sr. Teniente Coronel
HÉCTOR MIGUEL CRUZ ROCHA
Comandante (E) Departamento Policía Urabá
Carepa, Antioquia

Ref: Oficio No. 452/COMAN ASJUR DEURA

De toda consideración.

Agradezco su oficio de la referencia en el cual comenta los casos presentados ante el Señor Presidente de la República por el suscrito, en el Derecho de Petición No. 15 interpuesto el pasado 3 de julio.

Ante todo debo manifestarle que los Derechos de Petición presentados ante el Señor Presidente no tienen por objeto solicitar investigaciones internas de los órganos del Estado ni procesos penales o disciplinarios, sino que se sustentan en una obligación que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado de "garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos" (Art. 188), para lo cual pone en manos del Presidente las atribuciones y facultades suficientes (Art. 189, 3; Art. 189,13), definiendo su responsabibilidad al respecto, tanto por acción como por omisión (Art. 6 y Art. 198). La impunidad que se ha afirmado como única respuesta, durante 30 años, ante los crímenes horrendos que la fuerza pública ha perpetrado contra la popblación campesina de San José de Apartadó, lleva a acudir al Garante Constitucional de los derechos elementales de los colombianos, dotado por la misma Constitución de los instrumentos necesarios y suficientes para depurar las instituciones; para retirar del cargo a los criminales; para redireccionar las prácticas delictivas de los órganos estatales y para reparar a las víctimas, al menos provisionalmente, por vía administrativa.

En el oficio de la referencia, usted trata de dar explicaciones a los numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes internas, al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la ética universal, perpetrados por miembros de la Policía Nacional. Dado que sus respuestas se enmarcan en pocos modelos repetitivos, prefiero hacerle comentarios a esos modelos, aludiendo solamente, de manera particular, a unos pocos casos que exigen comentarios específicos.
Muchas de sus respuestas se apoyan en la afirmación de que "la Policía no fue informada" sobre los hechos ni se le solicitó actuar para impedirlos o para perseguir a los victimarios.

Es muy claro que el comportamiento de la Policía frente a la población civil no inspira ninguna confianza para acudir a sus agentes y suministrarles informaciones o pedirles protección. Son muy numerosos los casos, desde hace muchos años, en que a los agentes se les ve actuando en coordinación con los criminales e incluso muchas veces se han reído a carcajadas de las víctimas cuando éstas acuden a ellos en búsqueda de protección, mostrando no pocas veces abierta simpatía por los agresores.

Desde la Comisión Interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996, en cuyo Informe quedó claro que la información recaudada por la fuerza pública era suministrada inmediatamente a los paramilitares, quienes se valían de ella para programar los crímenes más horrendos, la situación no ha cambiado. Muchos detalles de crímenes recientes al menos sugieren que ha habido coordinación con la Policía, así sea para que en el momento del crimen no estén presentes en el retén y dejen actuar a sus anchas a los paramilitares. En general, la Policía no es percibida como un órgano de protección (como debería serlo según la Constitución), sino como un órgano de agresión y esto se sustenta en una experiencia dolorosa de larga trayectoria, al menos de una década. Todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2004, en numerosas sesiones de interlocución con el Gobierno, en las cuales la Comunidad hizo propuestas muy bien sustentadas y concretas sobre el tipo de presencia que debería tener la Policía en San José de Apartadó, contemplaban estrategias que hubieran ayudado a cambiar la imagen de la Policía, pero no con mecanismos publicitarios sino con prácticas de reparación sincera de todo lo destruido. Lamentablemente, el Presidente Uribe prefirió ignorar toda esa interlocución y romperla unilateralmente, ordenando la entrada violenta de la Policía en San José para pisotear todos los principios elementales de una Comunidad de Paz, que no puede convivir, en sus espacios de vida y trabajo, con ningún actor armado. Las agresiones que se han seguido desde entonces han afianzado más la imagen de un órgano de destrucción que no de protección.

En otras muchas de sus respuestas se afirma que la Policía trató de investigar las agresiones pero que los integrantes de la Comunidad no colaboraron con informaciones o declaraciones.

Nuevamente hay que señalar aquí el nivel profundo de desconfianza que tiene la población campesina de la zona frente a una fuerza pública a la que ha visto por varias décadas involucrada en los crímenes más horrendos. Pero también hay que subrayar en este punto la conciencia cada vez más clara que tienen los pobladores de la zona de que las investigaciones no pueden ser hechas por la misma institución a la cual pertenecen los victimarios, pues eso vulnera los principios más fundamentales y universales de toda investigación, que son la imparcialidad y la independencia.

Tampoco tienen ya credibilidad entre la población de la zona las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, pues nunca han dado resultado alguno. Más de 600 crímenes de lesa humanidad que han sido registrados y presentados ante todas las instancias del Estado y de la Comunidad Internacional en la última década, permanecen aún en absoluta impuniad. La Comunidad de Paz ha solicitado en diversos momentos (en 1997, en 2000, en 2003, en 2004) que se configuren comisiones especiales que investiguen por qué la justicia no funciona para las víctimas de San José de Apartadó, pero sólo ha obtenido respuestas de absoluta irresponsabilidad por parte del Estado. Aún más, el seguimiento de los métodos "investigativos" de los pocos y paupérrimos procesos que se han abierto, nos revelan muy claramente que la impunidad es algo buscado intencionalmente.

Los pobladores de la zona rindieron centenares de declaraciones hasta que se dieron cuenta de que esos testimonios sólo servían para que algunos declarantes fueran asesinados y otros perseguidos, desplazados, amenazados o víctimas de montajes judiciales, como ocurrió en el más reciente caso de los que en febrero de este año fueron falsamente acusados de atentar contra Nubar (Elidio) Tuberquia, los cuales han sido víctimas de un burdo montaje judicial que a todas luces involucra a diversos órganos del Estado y que aún los tiene en injusta prisión. Mucho menor credibilidad pueden tener indagaciones que se hacen en el interior de las mismas instituciones implicadas en los crímenes, pues ya hemos comprobado en multitud de casos que tales "investigaciones" consisten en preguntarles a los mismos criminales, a sus compañeros de unidad y a sus líneas de mando, si realmente perpetraron los crímenes, o si los hechos sucedieron como fueron denunciados. Siempre se da una comprensible inhibición para autoinculparse y ella se convierte entonces en la respuesta definitiva de la institución, la cual niega que los hechos hayan ocurrido de esa forma, archivando en consecuencia los casos y acusando a las víctimas de "querer desprestigiar a la institución". Todo esto explica que la Comunidad ya no quiera colaborar con mecanismos tan corruptos, inútiles y de fatales consecuencias. Ya es muy claro que la única esperanza de justicia está en órganos internacionales

Otras muchas de sus respuestas niegan incluso la ocurrencia de las agresiones.

Es muy revelador que el Comandante regional de una institución como la Policía niegue rotundamente que hechos, que las víctimas han sufrido en carne propia, hayan ocurrido. Las respuestas suyas que niegan hechos, aduciendo que las normas los prohíben, acusan por lo menos una ingenuidad imperdonable, pues pretenden que las normas pueden hacer desaparecer los hechos, cuando todo ocurre justamente a la inversa: los hechos hacen desaparecer las normas. Las respuestas que niegan los hechos, alegando que no se han presentado denuncias ante los órganos competentes y con pruebas y testimonios contundentes, revelan un "desconocimiento" de todo lo explicado anteriormente respecto a los órganos investigativos, o sea, de la absoluta inutilidad de las denuncias, ya que durante varias décadas han sido inútiles, o peor aún, contraproducentes y riesgosas, dada la estrecha unidad de las instituciones con el paramilitarismo. ¿Cómo puede un Comandante de Policía "desconocer" los reales efectos de las denuncias durante tanto tiempo: asesinatos de declarantes; retaliaciones violentas; amenazas; desplazamientos; montajes judiciales? Pero la negación de los hechos por parte de las instituciones desgraciadamente no suprime el sufrimiento de las víctimas sino que lo agrava.

En muchas respuestas usted niega, en particular, que la Policía maltrate a las víctimas; que irrespete su dignidad; que utilice lenguajes soeces; que haga afirmaciones que colocan a los agentes en los antípodas de la ley, tales como: " nosotros hacemos lo que nos dé la gana"; "no son ustedes los que nos van a enseñar de leyes"; "este gobierno es nuestro y por eso nosotros hacemos lo que queramos", etc., etc.

Aquí su ingenuidad, Señor Coronel, llega a extremos inconcebibles. Desde el escritorio del Comandante de la Policía no se perciben los tratos degradantes y tampoco desde formalismos internos pretendidamente "investigativos". Los tratos degradantes se sufren es en las entrañas conmocionadas y en los nervios crispados de las víctimas, en los retenes y estaciones donde la dignidad humana es conculcada. Lo que esta respuesta revela no es solo ingenuidad sino que el Comandante no tiene mecanismos para controlar a sus subalternos. Si niega comportamientos tan rutinarios es porque no implementa mecanismo alguno de control de sus súbditos, lo que no lo exime de responsabilidad sino que, por el contrario, su responsabilidad de garante lo convierte en co-autor de los delitos.

Algunas de sus respuestas exigen comentarios más específicos:

- El caso de la detención de Amanda Úsuga en el mes de febrero de este año, constituye no solo una arbitrariedad sino una agresión que sobreabunda en infamia sobre una víctima que ya ha sufrido enormes agresiónes del Estado: su esposo fue asesinado por agentes del Estado, teniendo ella que asumir la carga del sustento de sus hijos. En febrero de 2003 fue detenida injustamente como efecto de un infame montaje que ya está suficientemente esclarecido, obligándola a permanecer cerca de un año en prisión injusta, sin que el Estado haya reparado hasta el momento semejante crimen. En la nueva detención del pasado mes de febrero se atribuyeron mutuamente la responsabilidad la Fiscalía y la Policía, pero hasta ahora no resulta claro cuál institución tuvo la mayor responsabilidad.

- En el caso del asesinato de Francisco Puerta, el 14 de mayo de 2007, nos encontramos con una versión oficial y con otra versión de una persona de la Comunidad. Si hemos privilegiado la versión del miembro de la Comunidad, a pesar de sus debilidades y falta de detalles, es porque una enorme cadena de casos nos ha demostrado que las versiones oficiales son las que resultan más falsas. En efecto, las versiones oficiales de la masacre del 21 de febrero de 2005 contaron incluso con declaraciones del Ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la Comandancia de la Brigada, del Jefe de Fiscalías de Antioquia, que resultaron absolutamente falsas. En los mismos días, los más de cien testigos que recorrieron a pié la zona del crimen pudieron constatar en vivo y en directo que todas las autoridades estaban mintiendo y que incluso los mapas que le estaban suministrando a los medios internacionales de información, eran falsos.
Lo mismo ocurrió con las más recientes ejecuciones de [2005/]2006: las de Arlén Rodrígo Salas (17 noviembre/05), de Edilberto Vásquez (12 enero/06) y de Nelly Johana Durango (3 marzo/06), casos en los cuales la fuerza pública adulteró los escenarios de los crímenes y manipuló los mismos cadáveres para confeccionar versiones falsas de sus muertes; las versiones oficiales fueron desmentidas posteriormente por la misma Fiscalía.
En la actual cadena de revelaciones que acompaña las versiones libres de grandes criminales, como Salvatore Mancuso, se va comprobando que lo que la Comunidad había denunciado desde hace muchos años y que había sido rotundamente negado por todos los órganos del Estado, es afirmado por estos mismos criminales que participaron en los crímenes al lado de los agentes oficiales. Es probable que dentro de unos años, los paramilitares que han acompañado a la fuerza pública en la perpetración de estos centenares de crímenes contra la Comunidad de Paz de San José, revelen ante tribunales nacionales o internacionales los detalles de todos estos horrores.

- En el caso de Don Roberto Monroy, nos queda muy difícil comprobar si lo que allí se afirma en su oficio acerca de la confusión con sus documentos de identidad, es cierto o falso, pero la manera cómo la fuerza pública de la zona ha tratado a Don Roberto es inicua y criminal, desde la vez que intentaron asesinarlo en Las Nieves, la víspera de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (febrero de 2005), hasta las diversas privaciones de su libertad en meses posteriores, en las cuales se revela un tratamiento degradante por su condición de indígena, muestra un racismo abominable en la Policía y el Ejército. Nunca será suficiente nuestra condena moral contra las instituciones del Estado por el ensañamiento contra este humilde trabajador indígena, víctima de tantas y tan degradantes infamias por parte de la fuerza pública, llegando el hostigamiento a obligarlo a un desplazamiento forzado que constituye un nuevo crimen de lesa humanidad.

- Respecto a los saqueos de los bienes de los desplazados y la utilización de sus viviendas para prácticas de prostitución de la fuerza pública, se han puesto en conocimiento del Señor Presidente casos concretos con sus fechas y lugares. Es una lástima que no haya una instancia confiable que ejerza verdadera justicia.

- La destrucción del monumento a las víctimas no puede legitimarse en la construcción de un parque para los niños. La Policía no es dueña del territorio de San José y no puede hacer de él lo que quiera bajo pretexto de estar haciendo "obras sociales". La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario. Es, pues, una presencia que desconoce derechos legítimos y, por lo tanto, violatoria de los mismos. No puede ignorar a la población desplazada y destruir o abusar de lo que ellos construyeron y que algún día, cuando llegue un régimen respetuoso de los derechos humanos, podrá volver a ser utilizado por quienes invirtieron en ello muchos años de su dura existencia. Ninguna excusa, por otra parte, puede ser aceptable, para legitimar agresiones contra la memoria de las víctimas que es sagrada.

- La explicación que usted da allí sobre la presencia del paramilitar alias "Lalo" en el caserío de San José desde el ingreso de la Policía, aduciendo que su hoja de vida en los archivos de la justicia está limpia, parece ignorar que esa es la situación de cerca de 30.000 paramilitares que se beneficiaron de la Ley 782/02. Para nadie es un secreto que los paramilitares no utilizaban su nombre propio ni su documento de identidad mientras perpetraban sus crímenes, claramente apoyados o tolerados por las diversas autoridades del Estado. Ni el Gobierno ni el Congreso podían ignorar que quienes inundaron el país de sangre durante varias décadas tenían un blindaje judicial; por eso la política de desmovilización es comprendida a gran escala como una política de impunidad y de legalización de criminales. Pero eso no borra el hecho de bulto de que alias "Lalo" fue visto durante muchos años por la población de la zona actuando en los grupos más criminales que causaron los más agudos sufrimientos a la población de la región y por eso su sola presencia en el caserío constituye una agresión de grandes proporciones, mucho más cuando su establecimiento comercial es el sitio donde departen Policía y Ejército de manera habitual.

Negar, como allí hace, la ilegalidad de las detenciones de Gildardo Tuberquia y de Braider Úsuga, es algo que va contra toda evidencia. En el caso de Gildardo, privarlo de su libre movilidad y conducirlo al Comando de Policía en Apartadó es un procedimiento que no puede sino llamarse detención, y si se hace por el solo hecho de que le hacía ver a los policías del retén que estaban violando la ley y actuando en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, no hay cómo justificar esa detención de manera legal. En el caso de Braider, cuando se aduce como pretexto de su detención que preguntó si había mucho ejército en la zona, ello pasa de lo ridículo a lo trágico, pues implica ignorar que la presencia del Ejército, sobre todo para los pobladores de San José, ha sido siempre una presencia agresiva y destructiva y no protectiva como debería ser si se respetara la Constitución. Además, la detención ilegal de Braider reveló a las claras que Policía y Ejército actúan todavía en estrecha unidad de acción con los paramilitares, pues la finca a donde lo llevaron ilegalmente en medio de amenazas e intentando desaparecerlo, estaba ocupada por paramilitares y ellos lo sometieron a prolijos interrogatorios.

- La forma como se narra allí el casode Elidio (Nubar) Tuberquia no coincide en nada con lo que muchos integrantes de la Comunidad que eran sus amigos y vecinos percibieron en directo en sus conversaciones con él. En efecto, él acudió muchas veces a la Comunidad para que le ayudara a denunciar la usurpación de su casa por la Policía y a defender sus derechos. En las últimas semanas antes del atentado insistió en que le ayudaran a denunciar los engaños de la Policía, pues sentía nuevamente que no le iban a cumplir. Su intervención enérgica en la reunión que hubo en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, seguida, sólo dos días después, por el atentado (noviembre 13/06), sobre todo teniendo en cuenta su intención manifiesta de denunciar los engaños ante una comisión internacional que iba a visitar la zona en esos días, es lo que lleva a interpretar el atentado como un intento de silenciarlo, ya que es muy difícil aceptar que cuatro hombres armados a escasos metros del caserío de San José, pasaran desapercibidos para Policía y Ejército que en gran número controlan un espacio tan pequeño. Atribuirle las frases que allí se le atribuyen contra la Comunidad de Paz es algo que va en contravía de su discurso habitual sobre la Comunidad. Además, afirmar que él temía que la Comunidad atentara contra su vída es algo inconcebible, toda vez que él conoció muy de cerca las dinámicas de la Comunidad, donde siempre se ha estado impulsando la defensa de la vida, incluso de la vida de aquellos que podrían ser sospechosos de estar colaborando con los agresores de la Comunidad, pues la Comunidad ha estado conformada por víctimas de agresiones contra la vida y por ello aprecia más profundamente el valor de la vida. Hacer ese tipo de afirmaciones y ponerlas en boca de una persona que hoy ya no tiene conciencia, es otra infamia de grandes proporciones contra la Comunidad de Paz.

- Interpretar nuestros derechos de petición como un intento de "desprestigiar a la Policía" es un mecanismo al que nos ha acostumbrado el Estado durante muchas décadas. Los grandes crímenes que han conmovido al país durante todos estos años de la estrategia paramilitar han pretendido blindarse frente a la justicia mediante este recurso, acogido en la mayoría de las veces por las mismas instancias judiciales y disciplinarias del Estado: las denuncias sobre el genocidio de la Unión Patriótica; sobre las desapariciones del Palacio de Justicia y los demás millares de desapariciones forzadas; sobre las grandes masacres y horrrores perpetrados por agentes del Estado, fueron siempre atribuidas a intentos de desprestigio del Estado por parte de sus opositores. Sin embargo, la historia ha ido demostrando que las denuncias eran correctas, a pesar de que los denunciantes fueron estigmatizados durante décadas por los mismos medios masivos de información que hoy se arrepienten de ello.

Finalmente, la negativa a suministrar los nombres de los oficiales, suboficiales y agentes que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es algo incompatible con la Constitución y con el Derecho Internacional. La más elemental filosofía jurídica establece que el servidor público es PÚBLICO y no tiene derecho a clandestinizarse y que su conducta tiene que estar abierta al escrutinio de los ciudadanos, mucho más cuando son sus víctimas. Ocultar la identidad de funcionarios que se supone PÚBLICOS no tiene ningún asidero en la ley y va en contravía también del Derecho Internacional. Encapuchar a los agentes, al más puro estilo paramilitar, es adicionar nuevos mecanismos de impunidad, pero además es impedir que los procedimientos judiciales, tanto los contemplados en el Código de Procedimiento Penal, como en el Estatuto de Roma, puedan tener efecto, ya que, en el primero caso, se utiliza el anonimato de los victimarios para archivar los casos en el término de seis meses, y en el segundo caso, se impide que los casos puedan llenar los requisitos de la denuncia, la cual debe señalar al presunto culpable con su plena identidad. Es lógico que implementar mecanismos de impunidad sea considerado por la Comunidad Internacional como un nuevo Crimen de Lesa Humanidad.

Como cristiano y como sacerdote no puedo dejar de exhortarlo, Señor Coronel Cruz, a que detenga tan cruel persecución contra la Comunidad de Paz de San José; a que piense siquiera un momento en los inmensos sufrimientos que está causando en tanta gente que ya ha sufrido horrores por los crímenes del Estado; a que tenga en consideración que también las poblaciones pobres y desprotegidas tienen una dignidad humana que debemos respetar y no pisotearla tan cruelmente como lo hace la Policía de Urabá. Si usted no cree en Dios, pues la fe en Dios es incompatible con afrentas sistemáticas a nuestros semejantes, le ruego que crea al menos en la Ley y en el Estado de Derecho que dice defender, el cual es absolutamente incompatible con los comportamientos que ha tenido el Estado como tal para con estas poblaciones tan victimizadas.

Le ruego, pues, y le suplico encarecidamente, que cesen la persecución y los atropellos contra la población de San José; que cesen los anuncios continuos de que la Comunidad va a ser exterminada; que cesen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los retenes y empadronamientos ilegales, irrespetuosos y degradantes; el irrespeto por los bienes de los desplazados y por la memoria de las víctimas; la estrecha alianza y unidad de acción con los grupos paramilitares; la compra y envilecimiento de testimonios para servir a la mentira y al terror que continuamente infunden en la población. Se lo suplico en nombre de la Humanidad que se siente moralmente lesionada por tales horrores.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J.

CC: Presidencia de la República; Ministerio de Defensa; Corte Constitucional; Corte Penal Internacional; Corte Interamericana de Derechos Humanos; comunidades solidarias con la Comunidad de paz de San José de Apartadó.
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org