¡Hooola! Hoy día quiero compartir un artículo/comentario muy fuerte, bien investigado, que explica en pocos párrafos la situación en el Chocó antioqueño de Colombia y los enlaces entre el gobierno, los paramilitares y las multinacionales. Me importa conservar la memoria de aquellas masacres -- y de las valientes personas que siguen luchar para la paz, la verdadera justicia y para una economía distinta.TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A LOS PARAMILITARES EN COLOMBIA – Chiquita Brands
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indycol – Martes, Mar. 20, 2007
“Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores, a las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre habían nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes.”
Ese día, 5 de noviembre de 2001, las personas que circulaban rutinariamente por el puerto de Zungo ubicado en el municipio de Carepa, Urabá Antioqueño, nunca imaginaron que lo que se desembarcaba del gran barco de bandera panameña Otterloo, en una bodega de la filial BANADEX S.A., filial en Colombia de la Transnacional Chiquita Brands, era, no como se decía 23 contenedores cargados de pelotas plásticas, sino 14 contenedores que transportaban tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, destinados a armar los grupos paramilitares, comandados por Vicente y Carlos Castaño, que actuaban en la zona bajo sus ordenes.
El barco procedente de Nicaragua, con supuesto destino a Panamá, desviado a Colombia, cambió en dicha ciudad, 14 de los 23 contenedores inicialmente cargados con pelotas plásticas, por armamento, cuidándose de justificar su transporte mediante documentos de una supuesta compra de armas de la Policía de Panamá a Nicaragua, con el fin de prevenir interceptaciones en aguas internacionales.
Fue así como, con la permisividad de los agentes aduaneros, servidores públicos de la DIAN y representantes legales de BANADEX, entraron aquel día, sin que nadie supuestamente sospechara, las armas con las que se asesinaron a cientos de colombianos, sindicalistas, campesinos, líderes sociales en aquella época.
Seguramente éste no fue el único desembarco, pero quizá sí el más grande, como años después reconoció Carlos Castaño Gil, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconoció públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC [grupo paramilitar más importante de Colombia], fue precisamente la introducción al país del arsenal proveniente de Nicaragua.
Pero fue sólo tres años después, el 15 de mayo de 2004, que la empresa CHIQUITA BRANDS, confesó en su país que había entregado dinero a un grupo terrorista en Colombia, aduciendo que había sido para “(…) proteger a sus empleados en caso de que los pagos no fuesen hechos (…)”, confesión hecha un año luego que Estados Unidos, en cabeza de George [W.] Bush, declarara a las AUC como grupo terrorista, lo que convertía en un crimen respaldar esa clase de organizaciones, y a un mes (14 de abril de 2004) que Cesar Gaviria Trujillo, entonces secretario General de la Organización de Estados Américanos [OEA], presidiera el evento del premio a CHIQUITA BRANDS por “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”, a sabiendas que éste organismo había iniciado su investigación contra CHIQUITA BRANDS, luego que Carlos Castaño admitiera públicamente en el 2002, que su mejor gol había sido introducir el mencionado armamento en Colombia.
Vale la pena recordar en este punto que precisamente Sergio Caramagna, actual delegado de la OEA para el proceso de paz con las AUC, fue una de las personas designadas por Gaviria para adelantar dicha investigación.
Y es precisamente por aquella época, 10 de junio de 2004, y a sabiendas de los cientos de crímenes cometidos por el paramilitarismo en la zona apoyados financieramente por transnacionales como CHIQUITA BRANDS, y la respuesta del entonces Fiscal Luis Camilo Osorio a los medios de comunicación que anunciaba una apertura de investigación, que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” radica un derecho de petición ante el Fiscal General de la Nación, solicitándole informara, si se había abierto una investigación penal en Colombia por el caso.
Para nadie es de extrañar proviniendo de donde proviene, la dilación de la respuesta, que hizo que fuera necesario interponer un año después (Mayo 2 de 2005), una acción de tutela para que se diera respuesta a los interrogantes planteados.
Finalmente y dada la insistencia de los requerimientos, la Fiscalía manifestó en abril de 2006, que en relación con la confesión de CHIQUITA BRANDS de financiamiento a grupos paramilitares, se adelantaba investigación previa 2432, en oficio No 1840 del Gaula Rural de Antioquia, en la cual al parecer la víctima es CHIQUITA BRANDS por el presunto injusto de extorsión.
Ahora bien, CHIQUITA BRANDS no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también los financiaban económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati, y los cuales lo hacían desde 1997, luego de un encuentro entre el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño y el gerente de BANADEX.
Claro es, ya que la presencia paramilitar se consolidó en esta zona a partir de 1994 cuando irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño, fortalecidos con la legalización que les otorgó Alvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, al institucionalizar las famosas Convivir [otro grupo paramilitar] el mismo año a las cuales éste calificaba como entes de beneficio comunitario y de seguridad de la población y que se convertirían en el espacio perfecto para materializar la alianza empresarios, Estado, narcotráfico.
Según investigaciones realizadas por organismos defensores de derechos humanos, en la década de los noventa los municipios con las más altas tasas de homicidios de la región fueron Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa. Es así como en 1993 se registraron 14 masacres para un total de 79 víctimas, en 1994 se presentaron 3 masacres, 46 víctimas, en 1995 se alcanzan mayores cifras, con 15 masacres y 116 víctimas. En 1996 disminuyen a 11 los casos y a 71 víctimas, en 1997 se presentan 7 masacres con 36 y en 1998, dos casos con 15 víctimas. A pesar de que en 1999 y 2000 se registran 5 masacres, las víctimas en el primer año fueron 27 y en el 2000 ascienden a 30. En 2001 se presenta una masacre con 11 víctimas y en 2002, dos con 18.
El municipio más afectado desde 1993 ha sido Apartadó con 20 masacres que dejaron un total de 170 víctimas, seguido por Turbo donde también se han presentado 20 masacres con 120 víctimas. En Carepa se han registrado 6 masacres con 36 víctimas, en Chigorodó 4 con 35, en San Pedro de Urabá 5 masacres con 30 víctimas, en Mutatá 5 con 27 víctimas, en Necoclí 4 con 22 y en Vigía del Fuerte una masacre con 9 víctimas.
Todos estos hechos se desarrollaban entre tanto con la aquiescencia, no sólo del Gobernador en ese entonces del departamento, el actual presidente Uribe Vélez, sino con la del general Rito Alejo del Río, mas conocido como “El Pacificador” quien fue el comandante de la Brigada XVII, con sede en Carepa entre 1995 y 1997 y a quien posteriormente se le abriría una investigación por conformación de grupos paramilitares y otros delitos, la cual fuera precluída por el entonces fiscal Luis Camilo Osorio el 9 de marzo de 2004.
¿Cómo olvidar las aproximadamente 49 víctimas que dejó el paso de paramilitares durante 5 largos días en Mapiripán – Meta – luego que el general Rito Alejo del Río permitiera su paso desde Urabá?
¿Cómo olvidar los cientos de víctimas que dejó a su paso la tan llamada “Operación Génesis” comandada por el general Rito Alejo del Río, so pretexto de combatir un grupo armado fuera de la ley?
Y es que nada de esto es coincidencial. Obedece a que la región de Urabá o “la mejor esquina de América” es un lugar geoestratégico, para que transnacionales se apoderen de una de las mejores tierras del país, para hacer que esa gran masa de nuevos habitantes se conviertan en potenciales compradores de sus productos, para que aquellos a quienes han desplazado de sus tierras se conviertan en obra barata para el capital y así lograr una mayor tasa de ganancia, para que según los planes acordados se convierta esta región en un modelo de intervención militar que se consolide con el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional Andina.
