¡Hooola!
Una amiga mía colombiano me envió esta entrevista imaginaria. No conocemos la fuente exacta y tardé un rato averiguar los hechos. A ver lo que piensas tu, lo que piensa Usted:
Lo que queda después de casi 8 años de Uribe en el poder.
A. Orden público.
¿Fueron derrotadas las FARC? No.
¿Se acabó el secuestro y los secuestrados regresaron a sus hogares? No. Incluso, muchos han muerto en cautiverio.
¿Se acabaron los paramilitares? No. Incluso tienen representantes en el congreso, en los ministerios, en el DAS y hasta en cargos diplomáticos (Noguera en Italia, Visbal en Canadá, Arana en Chile, DeRoux en R. Dominicana, Osorio en Méjico...).
¿Se redujo el narcotráfico? No. La cocaína se vende como pan caliente en los países consumidores. Ojo, no es lo mismo cocaína que coca.
¿Mejoró la seguridad en las ciudades? No. Metrallín es un campo de batalla entre traquetos, sicarios, gamberros, paracos y delincuentes comunes. Bogotá está asolada por atracadores, paras, apartamenteros. Los "reinsertados" operan en barrios enteros.
¿Mejoró la situación de los desplazados? No.Colombia tiene más de 4 millones de desplazados, y estos no han sido reconocidos como tales (ahora los llaman "migrantes voluntarios"). Para que se haga una idea, la peor catástrofe humanitaria de la década pasada fue el conflicto de Darfur, que dejó 4 millones de desplazados. Sudán es 2 veces más grande que Colombia y sin embargo en Colombia tenemos más compatriotas desterrados.
¿Están seguros nuestros jóvenes en las ciudades y campos? No. El ejército los mata para cobrar recompensas.
B. Economía.
¿Ha mejorado el empleo? No. El Dane cambió la metodología. Ahora los que venden dulces en los semáforos o los que hacen acrobacias "técnicamente no son desempleados". Pero si usted mide verdaderamente cuánta gente no tiene trabajo, se llega a la cifra de 40% de la población económicamente activa.
¿Hay más inversión? No. Las enormes cifras de inversión extranjera reportadas por el B de la R corresponden a grandes negocios (SAB Miller y Bavaria, Grupo Prisa y El Tiempo y cosas así). En esos negocios no hay creación de nuevas empresas, sólo movimientos financieros, cambio de dueños. El resto de la inversión extranjera corresponde a capitales financieros de especulación, que entran al país a obtener ganancias (principalmente aprovechando las tasas de los TES) y luego se van como llegaron: sin controles y sin pagar impuestos. Los impuestos son para los de ruana (igual que la justicia).
¿Tenemos un sistema financiero razonable? No! En una cuenta de ahorros pagan intereses al 2% anual (con suerte), pero por un crédito cobran 36%. Todos los servicios bancarios tienen costo aparte (es decir, el margen de 34 puntos es todito para Luis Carlos Sarmiento o para los españoles). No hay un sistema decente de financiación de vivienda.
C. El Agro
¿Mejoró la situación en el campo? No. Los campesinos siguen huyéndole a las balas del ejército, de los paras y de la guerrilla. La producción agrícola es de subsistencia, y los terratenientes ahora se dedican a cultivar palma en las tierras abandonadas por campesinos que le huyen a las balas que ya mencioné. Sobra decir quiénes cuidan esos cultivos, y quién los financia. Lo de AIS es lo más reciente, pero desde 2002 ya existía una cosa que se llama "Incentivo de Cobertura Cambiaria". Subsidios exclusivos para floricultores y productores de banano. Y ¿quienes son ellos? Terratenientes antioqueños, en su mayoría. Ningún pequeño cultivador puede acceder a esos incentivos por una simple razón: debe demostrar montos astronómicos de exportaciones.
Como decía un político por ahí: "por los campos de Colombia ahora sólo se ven vacas, caballos finos y reinas de belleza".
D. Situación social
¿Tenemos un mejor sistema de salud? No. De hecho el sistema pasa por su peor momento. Si usted ha ido a un médico por la EPS sabe a qué me refiero. Y si está sin trabajo y no lo consigue porque primero debe ponerse al día en sus propios aportes para que lo reciban en un trabajo, también sabe de qué le hablo. En resumen, hoy por hoy si usted se enferma es su problema. El estado no le va a dar la mano en esa situación.
¿La situación de los trabajadores mejoró? No. El salario mínimo cubre apenas el 50% del costo de la canasta familiar. Los recargos nocturnos aplican solo desde las 10pm. Se impuso la modalidad de contrato por servicios, sin cobertura en salud, sin aportes a pensión, sin beneficios sociales (prima de junio y diciembre, caja de compensación). Usted mismo debe pagar sus aportes a pensión y salud. No tiene cesantías.
¿Y las pensiones? Jajaja!
¿Hay respeto por las minorías? No. A los indígenas los mata cualquiera de los "actores armados". Los negros son esclavos en su propia tierra. Los homosexuales, lesbianas, prostitutas etc son perseguidos por los reinsertados. Descomposición social absoluta.
E. Educación y cultura
¿Tienen sus hijos garantizado el derecho a la educación? No. Si usted no tiene trabajo o no le alcanza la plata, de malas. La educacón pública es cada vez más costosa y de menor cobertura. Los presupuestos de las universidades públicas se han recortado para poder aumentar el presupuesto militar (para que tengan con qué pagar las recompensas mencionadas arriba).
¿Y la cultura? Mal, gracias. El primer acto de gobierno de Uribe en materia cultural por allá en 2002 fue acabar la orquesta sinfónica nacional. Ahora nos quieren convencer que cultura en Colombia son los carrieles y los sombreros vueltiaos. Y la TV ni se diga. Apología a los traquetos y sus extravagantes estilos de vida.
F. Relaciones internacionales
¿Qué hay de eso? Están en su peor momento. Peleados con todos, todos los vecinos y con los no tan vecinos. Sacando pecho porque Obama le firmó un autógrfo al presidente. Y eso es principalmente porque estamos en manos de un arriero, y las relaciones internacionales están en manos de gente que no ha estudiado para eso. ¿Usted cree que Salvador Arana ha estudiado algo en su vida? Al menos no parece. En todo caso ya está preso por asesino. Solo a semejante arriero se le ocurre nombrar asesinos en las embajadas.
Pero mientras tooooooodo eso y muchas cosas más pasan en Colombia, RCN y El Tiempo (principalmente) le lavan el cerebro a usted, su familia, sus vecinos y al que se atraviese. Le ponen a hervir la sangre hablando de Chavez y luego lo consuelan mostrándole novelas sobre traquetos y reinas de belleza.
Los problemas de Colombia están adentro, en sus líderes, en nuestra forma de pensar y actuar y quedarnos callados. Los problemas de Colombia NO están en Venezuela ni su causante es Chávez. Que ellos resuelvan sus asuntos como puedan y como quieran. Nosotros debemos concentrarnos en los nuestros.
Para comenzar pregúntese: ¿Qué significa ser ciudadano de la República de Colombia? ¿A qué tengo derecho por haber nacido acá y por pagar impuestos acá? ¿Cuáles son mis deberes como ciudadano de éste país? ¿Qué debo esperar del Estado? ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los gobernantes que manejan ese estado?
¿Le gusta el país así como está?
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Tuesday, March 30, 2010
Thursday, May 15, 2008
Colombia: Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares
¡Hooola!
Perdonen mi largo silencio. Es que acabo de mudar casa desde Suiza a Escocia y los trastornos han sido un tanto mayores de lo que había previsto :)
Ahora ya me estoy instalando en mi nueva ciudad de vida y trabajo, o sea Oban en la costa occidental de Escocia. Es un lugar muy bonito y ya me alegro recibir visitas de mis familiares y amig@s.
Pero hoy recibí un comunicado y me apresuro copiarlo aquí, sin más comentario, con la esperanza de que más seamos que sabemos, mejor:
*****
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares y su impacto en la lucha contra la impunidad
Bogotá D.C., 13 de mayo de 2008
En el día de hoy, el Gobierno de Colombia procedió a extraditar a Estados Unidos de América a 13 ex jefes paramilitares que se habían acogido a los beneficios establecidos en la “Ley de Justicia y Paz”, para que respondan en ese país por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros. Al mismo tiempo, las personas extraditadas seguirían comprendidas dentro del proceso de la “Ley de Justicia y Paz”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que estas personas han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. En muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado.
La normativa internacional cataloga estos delitos entre los más graves, y establece que son imprescriptibles y que no pueden ser objeto de amnistías o indultos. Los Estados tienen la obligación de buscar y castigar a todas las personas que hayan cometido estos delitos, independientemente de la nacionalidad del infractor o del lugar donde se cometieron.
La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.
El interés legítimo de perseguir en el extranjero los delitos de narcotráfico cometidos por ex paramilitares desmovilizados debe ser complementado con medidas de cooperación y facilitación específicas y transparentes que permitan que los procesos que se siguen en su contra en Colombia no se vean frustrados. De lo contrario, la validez de la extradición como un instrumento de lucha contra la impunidad se vería seriamente cuestionada.
La Oficina hace notar que según el ordenamiento legal vigente, las razones invocadas por el Presidente de la República para proceder a las extradiciones, previamente suspendidas, son también causal para el retiro de la postulación a la “Ley de Justicia y Paz” y de pérdida de los beneficios allí establecidos. Ante la comisión de nuevas conductas delictivas, la falta de cooperación debida con la justicia colombiana y el incumplimiento de las obligaciones de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas, el Estado no tiene poder discrecional para mantener a los ex jefes paramilitares en el proceso especial de la “Ley de Justicia y Paz”. Por lo tanto, su juzgamiento debería ahora necesariamente continuar conforme al proceso ordinario, con aplicación de las penas establecidas para los delitos en los que se defina su responsabilidad.
Así mismo, la Oficina subraya que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición se deben satisfacer, ya sea en el marco de la justicia transicional o en el de la justicia ordinaria, y aún cuando los victimarios hayan sido extraditados. Por consiguiente, el Estado colombiano no puede declinar su obligación de investigar, procesar y sancionar a los victimarios, y debe utilizar, entre otros, “todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados” para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
La Oficina recomienda al Gobierno colombiano que, a la mayor brevedad, establezca mecanismos y asigne los recursos necesarios que permitan a las autoridades judiciales continuar, con la participación de las víctimas, las diligencias pertinentes contra las personas extraditadas, con el fin de que los procesos judiciales contra los ex jefes paramilitares extraditados, o los que requieren de su testimonio, continúen en la vía ordinaria y no queden impunes.
****
Perdonen mi largo silencio. Es que acabo de mudar casa desde Suiza a Escocia y los trastornos han sido un tanto mayores de lo que había previsto :)
Ahora ya me estoy instalando en mi nueva ciudad de vida y trabajo, o sea Oban en la costa occidental de Escocia. Es un lugar muy bonito y ya me alegro recibir visitas de mis familiares y amig@s.
Pero hoy recibí un comunicado y me apresuro copiarlo aquí, sin más comentario, con la esperanza de que más seamos que sabemos, mejor:
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OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares y su impacto en la lucha contra la impunidad
Bogotá D.C., 13 de mayo de 2008
En el día de hoy, el Gobierno de Colombia procedió a extraditar a Estados Unidos de América a 13 ex jefes paramilitares que se habían acogido a los beneficios establecidos en la “Ley de Justicia y Paz”, para que respondan en ese país por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros. Al mismo tiempo, las personas extraditadas seguirían comprendidas dentro del proceso de la “Ley de Justicia y Paz”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que estas personas han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. En muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado.
La normativa internacional cataloga estos delitos entre los más graves, y establece que son imprescriptibles y que no pueden ser objeto de amnistías o indultos. Los Estados tienen la obligación de buscar y castigar a todas las personas que hayan cometido estos delitos, independientemente de la nacionalidad del infractor o del lugar donde se cometieron.
La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.
El interés legítimo de perseguir en el extranjero los delitos de narcotráfico cometidos por ex paramilitares desmovilizados debe ser complementado con medidas de cooperación y facilitación específicas y transparentes que permitan que los procesos que se siguen en su contra en Colombia no se vean frustrados. De lo contrario, la validez de la extradición como un instrumento de lucha contra la impunidad se vería seriamente cuestionada.
La Oficina hace notar que según el ordenamiento legal vigente, las razones invocadas por el Presidente de la República para proceder a las extradiciones, previamente suspendidas, son también causal para el retiro de la postulación a la “Ley de Justicia y Paz” y de pérdida de los beneficios allí establecidos. Ante la comisión de nuevas conductas delictivas, la falta de cooperación debida con la justicia colombiana y el incumplimiento de las obligaciones de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas, el Estado no tiene poder discrecional para mantener a los ex jefes paramilitares en el proceso especial de la “Ley de Justicia y Paz”. Por lo tanto, su juzgamiento debería ahora necesariamente continuar conforme al proceso ordinario, con aplicación de las penas establecidas para los delitos en los que se defina su responsabilidad.
Así mismo, la Oficina subraya que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición se deben satisfacer, ya sea en el marco de la justicia transicional o en el de la justicia ordinaria, y aún cuando los victimarios hayan sido extraditados. Por consiguiente, el Estado colombiano no puede declinar su obligación de investigar, procesar y sancionar a los victimarios, y debe utilizar, entre otros, “todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados” para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
La Oficina recomienda al Gobierno colombiano que, a la mayor brevedad, establezca mecanismos y asigne los recursos necesarios que permitan a las autoridades judiciales continuar, con la participación de las víctimas, las diligencias pertinentes contra las personas extraditadas, con el fin de que los procesos judiciales contra los ex jefes paramilitares extraditados, o los que requieren de su testimonio, continúen en la vía ordinaria y no queden impunes.
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Thursday, March 27, 2008
Colombia: Carta de protesta a Álvaro Uribe
Carta de protesta a Álvaro Uribe
22 organizaciones de derechos humanos internacionales le enviaron una carta al presidente Alvaro Uribe Vélez, pidiéndole que combata la nueva ola de violencia contra organizaciones sociales y líderes sindicales.
Fecha: 03/26/2008 -
22 organizaciones de derechos humanos internacionales, entre las que se encuentran Human Rights Watch, Human Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International Law y Amnistía Internacional, enviaron una carta al presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez para rechazar la ola de violencia y amenazas que han afectado a sindicalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, y líderes sociales.
En la carta acusan al asesor presidencial José Obdulio Gaviria de haber creado un clima de intolerancia política y de violencia, al afirmar que la marcha del pasado 6 de marzo, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y crímenes de estado, era convocada y apoyada por las Farc y sus colaboradores. Un día después de que Gaviria se pronunciara de esta manera, un grupo paramilitar en rearme comenzó a emitir una amenaza en contra de la marcha, sus organizadores e instituciones que apoyaron esta iniciativa. Unos días después, algunos de los líderes que estaban vinculados a la marcha fueron víctimas de atentados o asesinados.
En la carta, firmada por esta coalición de organizaciones internacionales, manifiestan que los comentarios de Gaviria son dañinos y han contribuido a estigmatizar el trabajo legítimo de miles de defensores de derechos humanos, sindicalistas, y víctimas.
Una copia de esta carta ha sido enviada también al gobierno de los Estados Unidos, que está presionando al Congreso de este país para que ratifiquen el Tratado de Libre Comercio [TLC] con Colombia. Justamente, una de las críticas que han hecho algunos senadores de oposición a la ratificación de este tratado ha sido el tema de las garantías y el respeto por los derechos de los trabajadores, en especial de los trabajadores sindicalistas.
A continuación Semana.com reproduce un fragmento de la carta traducida al español:
Marzo 25, 2008
S.E. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Bogotá, Colombia
Estimado Presidente Uribe:
Escribimos esta carta para expresar nuestra profunda preocupación por la ola reciente de amenazas, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas vinculados a la marcha del 6 de marzo en contra de los crímenes de estado y el paramilitarismo. Le pedimos que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar esta violencia.........
Esta serie de amenazas y actos de violencia dejan muchas dudas frente a la efectividad del proceso de desarme y desmovilización de las estructuras paramilitares. De hecho, la Organización de Estados Americanos ha reportado que 22 grupos armados vinculados al paramilitarismo siguen activos en distintas zonas del país .
Estamos especialmente preocupados por el hecho de que las amenazas y ataques a estas organizaciones y líderes, empezaron a presentarse justo después de que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hiciera una serie de acusaciones públicas en contra de los organizadores de la marcha del 6 de marzo. ..........................En su última declaración, el señor Gaviria sugiere que el señor Cepeda es prácticamente, un miembro de las Farc. Esta acusación es particularmente escandalosa, luego de los ataques y amenazas de los últimos días......
Le pedimos que combata esta ola de violencia a través de las siguientes acciones:
1. Descalificando, en público y ante los medios de comunicación, las acusaciones y declaraciones del señor Gaviria y otros, relacionando a los organizadores de la protesta del 6 de marzo con la guerrilla de las Farc, reafirmando el apoyo y protección de su gobierno al trabajo legítimo que hacen los defensores de derechos humanos y sindicalistas, y asegurándose que no volverán a hacerse declaraciones incendiarias por miembros del gobierno.
2. Empezar una pronta investigación, imparcial y comprensiva sobre los recientes asesinatos, amenazas y ataques. Es de vital importancia que si se comprueba que detrás de estos crímenes están involucrados excombatientes desmovilizados, que se les retiren sus beneficios y se tomen acciones decisivas para desmantelar a estos grupos y sus vínculos con agentes del estado, como lo ha recomendado Naciones Unidas.
3. Disponer de medidas de seguridad especiales para proteger a los individuos que han sido amenazados........
Gracias por su atención a este asunto urgente,
Sinceramente,
Andrew Hudson
Human Rights Defenders Program
Human Rights First
José Miguel Vivanco
Americas Director
Human Rights Watch
Renata Rendón
Advocacy Director for the Americas
Amnesty International USA
Kenneth H. Bacon
President
Refugees International
John Arthur Nunes
President and CEO
Lutheran World Relief
Joy Olson
Executive Director
Gimena Sánchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and Haiti
Washington Office on Latin America
James R. Stormes, S.J.
Secretary, Social and International Ministries
Jesuit Conference
Lisa Haugaard
Executive Director
Latin America Working Group
Adam Isacson
Director of Programs
Center for International Policy
Robert Guitteau Jr.
Interim Director
US Office on Colombia
Heather Hanson
Director of Public Affairs
Mercy Corps
Mark Harrison
Director, Peace with Justice
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Monika Kalra Varma
Director
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights
Viviana Krsticevic
Executive Director
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Joe Volk
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation
Melinda St. Louis
Executive Director
Witness for Peace
Bert Lobe
Executive Director
Mennonite Central Committee
Rick Ufford-Chase
Executive Director
Presbyterian Peace Fellowship
Charo Mina-Rojas
AFRODES USA
T. Michael McNulty, SJ
Justice and Peace Director
Conference of Major Superiors of Men
Cristina Espinel
Director
Colombia Human Rights Committee, Washington DC
Phil Jones
Director
Church of the Brethren Witness/Washington Office
22 organizaciones de derechos humanos internacionales le enviaron una carta al presidente Alvaro Uribe Vélez, pidiéndole que combata la nueva ola de violencia contra organizaciones sociales y líderes sindicales.
Fecha: 03/26/2008 -
22 organizaciones de derechos humanos internacionales, entre las que se encuentran Human Rights Watch, Human Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International Law y Amnistía Internacional, enviaron una carta al presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez para rechazar la ola de violencia y amenazas que han afectado a sindicalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, y líderes sociales.
En la carta acusan al asesor presidencial José Obdulio Gaviria de haber creado un clima de intolerancia política y de violencia, al afirmar que la marcha del pasado 6 de marzo, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y crímenes de estado, era convocada y apoyada por las Farc y sus colaboradores. Un día después de que Gaviria se pronunciara de esta manera, un grupo paramilitar en rearme comenzó a emitir una amenaza en contra de la marcha, sus organizadores e instituciones que apoyaron esta iniciativa. Unos días después, algunos de los líderes que estaban vinculados a la marcha fueron víctimas de atentados o asesinados.
En la carta, firmada por esta coalición de organizaciones internacionales, manifiestan que los comentarios de Gaviria son dañinos y han contribuido a estigmatizar el trabajo legítimo de miles de defensores de derechos humanos, sindicalistas, y víctimas.
Una copia de esta carta ha sido enviada también al gobierno de los Estados Unidos, que está presionando al Congreso de este país para que ratifiquen el Tratado de Libre Comercio [TLC] con Colombia. Justamente, una de las críticas que han hecho algunos senadores de oposición a la ratificación de este tratado ha sido el tema de las garantías y el respeto por los derechos de los trabajadores, en especial de los trabajadores sindicalistas.
A continuación Semana.com reproduce un fragmento de la carta traducida al español:
Marzo 25, 2008
S.E. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Bogotá, Colombia
Estimado Presidente Uribe:
Escribimos esta carta para expresar nuestra profunda preocupación por la ola reciente de amenazas, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas vinculados a la marcha del 6 de marzo en contra de los crímenes de estado y el paramilitarismo. Le pedimos que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar esta violencia.........
Esta serie de amenazas y actos de violencia dejan muchas dudas frente a la efectividad del proceso de desarme y desmovilización de las estructuras paramilitares. De hecho, la Organización de Estados Americanos ha reportado que 22 grupos armados vinculados al paramilitarismo siguen activos en distintas zonas del país .
Estamos especialmente preocupados por el hecho de que las amenazas y ataques a estas organizaciones y líderes, empezaron a presentarse justo después de que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hiciera una serie de acusaciones públicas en contra de los organizadores de la marcha del 6 de marzo. ..........................En su última declaración, el señor Gaviria sugiere que el señor Cepeda es prácticamente, un miembro de las Farc. Esta acusación es particularmente escandalosa, luego de los ataques y amenazas de los últimos días......
Le pedimos que combata esta ola de violencia a través de las siguientes acciones:
1. Descalificando, en público y ante los medios de comunicación, las acusaciones y declaraciones del señor Gaviria y otros, relacionando a los organizadores de la protesta del 6 de marzo con la guerrilla de las Farc, reafirmando el apoyo y protección de su gobierno al trabajo legítimo que hacen los defensores de derechos humanos y sindicalistas, y asegurándose que no volverán a hacerse declaraciones incendiarias por miembros del gobierno.
2. Empezar una pronta investigación, imparcial y comprensiva sobre los recientes asesinatos, amenazas y ataques. Es de vital importancia que si se comprueba que detrás de estos crímenes están involucrados excombatientes desmovilizados, que se les retiren sus beneficios y se tomen acciones decisivas para desmantelar a estos grupos y sus vínculos con agentes del estado, como lo ha recomendado Naciones Unidas.
3. Disponer de medidas de seguridad especiales para proteger a los individuos que han sido amenazados........
Gracias por su atención a este asunto urgente,
Sinceramente,
Andrew Hudson
Human Rights Defenders Program
Human Rights First
José Miguel Vivanco
Americas Director
Human Rights Watch
Renata Rendón
Advocacy Director for the Americas
Amnesty International USA
Kenneth H. Bacon
President
Refugees International
John Arthur Nunes
President and CEO
Lutheran World Relief
Joy Olson
Executive Director
Gimena Sánchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and Haiti
Washington Office on Latin America
James R. Stormes, S.J.
Secretary, Social and International Ministries
Jesuit Conference
Lisa Haugaard
Executive Director
Latin America Working Group
Adam Isacson
Director of Programs
Center for International Policy
Robert Guitteau Jr.
Interim Director
US Office on Colombia
Heather Hanson
Director of Public Affairs
Mercy Corps
Mark Harrison
Director, Peace with Justice
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Monika Kalra Varma
Director
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights
Viviana Krsticevic
Executive Director
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Joe Volk
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation
Melinda St. Louis
Executive Director
Witness for Peace
Bert Lobe
Executive Director
Mennonite Central Committee
Rick Ufford-Chase
Executive Director
Presbyterian Peace Fellowship
Charo Mina-Rojas
AFRODES USA
T. Michael McNulty, SJ
Justice and Peace Director
Conference of Major Superiors of Men
Cristina Espinel
Director
Colombia Human Rights Committee, Washington DC
Phil Jones
Director
Church of the Brethren Witness/Washington Office
Monday, February 18, 2008
HE DECIDIDO VOLVERME URIBISTA
¡Hooola!
Acabo de recibir el mensaje siguiente que quiero compartir contigo, con Usted(es) porque expresa perfectamente mis pensamientos.
Paso a paso seguimos obrando por un mundo mejor -- a pesar de todos los que nos llamen idealistas, tontas, ingénuos...
****
HE DECIDIDO VOLVERME URIBISTA (Daniel Samper)
Como no aguanto tanta presión de grupo, he decidido volverme uribista.
De modo que de ahora en adelante botaré mis libros de filosofía y mi filósofo de cabecera será José Obdulio Gaviria.
Creeré que la meritocracia para ser nombrado en una embajada consiste en ser hijo de un político uribista, ojalá costeño y ojalá corrupto.
Creeré que los paras eran un mal menor, necesario para acabar con la guerrilla.
Me parecerá que los crímenes de los paras no eran tan graves.
Estigmatizaré a la izquierda y pensaré que cuanta persona oiga a Silvio Rodríguez, tome vino caliente o use mochila, en realidad es un terrorista en potencia.
Creeré que vamos ganando la guerra y lo que nos hacía falta era mano dura.
No aceptaré las derrotas y saludaré a mis rivales con asco y sólo cuando sea inevitable.
Recortaré las columnas de Fernando Londoño, y lo que tiene aun más mérito trataré de leerlas hasta el final sin quedarme dormido.
Creeré que deberíamos hacer una constitución a la que uno pudiera cambiar un articulito cada vez que se le dé la gana, para que Uribe no se vaya nunca de la presidencia.
Creeré que no hay nadie fuera de Uribe, ni hubo nadie antes, ni habrá nadie después.
Me compraré un caballo y un sombrero y los cabalgaré y no me sentiré como un Ochoa sino como un Uribe al hacerlo.
Creeré que Uribe es entretenido incluso hablando de fútbol.
Me cortaré el pelo al ras, me apuntaré el botón del bobo.
Tendré sexo con las medias puestas y solamente para procrear.
Ingresaré al Opus Dei.
Admiraré a Franco en secreto.
En adelante soy uribista, les pido a mis vecinos y a las personas que me rodean, que por favor ahora si me acepten.
Daniel Samper Ospina
****
Acabo de recibir el mensaje siguiente que quiero compartir contigo, con Usted(es) porque expresa perfectamente mis pensamientos.
Paso a paso seguimos obrando por un mundo mejor -- a pesar de todos los que nos llamen idealistas, tontas, ingénuos...
****
HE DECIDIDO VOLVERME URIBISTA (Daniel Samper)
Como no aguanto tanta presión de grupo, he decidido volverme uribista.
De modo que de ahora en adelante botaré mis libros de filosofía y mi filósofo de cabecera será José Obdulio Gaviria.
Creeré que la meritocracia para ser nombrado en una embajada consiste en ser hijo de un político uribista, ojalá costeño y ojalá corrupto.
Creeré que los paras eran un mal menor, necesario para acabar con la guerrilla.
Me parecerá que los crímenes de los paras no eran tan graves.
Estigmatizaré a la izquierda y pensaré que cuanta persona oiga a Silvio Rodríguez, tome vino caliente o use mochila, en realidad es un terrorista en potencia.
Creeré que vamos ganando la guerra y lo que nos hacía falta era mano dura.
No aceptaré las derrotas y saludaré a mis rivales con asco y sólo cuando sea inevitable.
Recortaré las columnas de Fernando Londoño, y lo que tiene aun más mérito trataré de leerlas hasta el final sin quedarme dormido.
Creeré que deberíamos hacer una constitución a la que uno pudiera cambiar un articulito cada vez que se le dé la gana, para que Uribe no se vaya nunca de la presidencia.
Creeré que no hay nadie fuera de Uribe, ni hubo nadie antes, ni habrá nadie después.
Me compraré un caballo y un sombrero y los cabalgaré y no me sentiré como un Ochoa sino como un Uribe al hacerlo.
Creeré que Uribe es entretenido incluso hablando de fútbol.
Me cortaré el pelo al ras, me apuntaré el botón del bobo.
Tendré sexo con las medias puestas y solamente para procrear.
Ingresaré al Opus Dei.
Admiraré a Franco en secreto.
En adelante soy uribista, les pido a mis vecinos y a las personas que me rodean, que por favor ahora si me acepten.
Daniel Samper Ospina
****
Tuesday, January 29, 2008
2a ronda de Noticias sobre la Protesta del 4 de febrero 08 contra las FARC
¡Hoola!
acabo de recibir copia de la "carta abierta" siguiente, que lo dice todo -- hay que rechazar la violencia en todas sus formas. La violencia no hace más que engendrar más violencia. Mañana, 30 de enero de 2008, se cumple el triste 60° aniversario del asesinato de un gran hombre pacífista, Mohandas Karamchand Gandhi. En su memoria, y en la de tod@s que han luchado de manera pacífica, no-violenta, se trata de resolver nuestros conflictos con respeto, con justicia y pacíficamente. No hay otra manera. Otra cosita más: Todos los estados tienen el deber de vigilar a que se respetan los derechos humanos universales, cuando sea, donde sea.
¡Paz!
*****
LA PROTESTA DEL 4 DE FEBRERO CONTRA LAS FARC
Dirigido a los marchantes de Facebook
María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.
Enero 27 de 2008
Imposible negar la impresionante respuesta que ha tenido la convocatoria hecha por unos cuantos colombianos desde Facebook para realizar una marcha contra las Farc el próximo 4 de febrero en todo el mundo. Para un país acostumbrado a no protestar por nada, este despertar que se presiente no puede ser desconocido ni por las organizaciones sociales, ni por los partidos políticos.
Dicho lo anterior, también es evidente que para muchos colombianos que no pertenecemos a la comunidad de Facebook, esta marcha suscita más de una inquietud. La primera es que hay un importante sector de la sociedad colombiana -del cual formo parte- que no se siente representado en el postulado principal, sobre el cual está concebida la marcha, "¡no más Farc!". A primera vista, el lema no plantearía mayores desacuerdos -nadie en este país quiere a las Farc-. Sin embargo, las cosas se complican cuando uno va a sus páginas de Facebook y advierte que los organizadores de la marcha no están interesados en entrar en detalles sobre cuál podría ser el camino para conseguir este propósito. Uno sale con la impresión de que para ellos cualquier vía es válida si cumple con su objetivo. Respeto su posición, pero no la comparto. No me gustan los atajos. Como tampoco creo que estemos cerca del "fin del fin de las Farc", que tanto preconiza el general Padilla. Después de cinco años de lucha contra las Farc, tenemos a una guerrilla golpeada pero no derrotada, que mantiene intacta su retaguardia. Creo que la única vía para deshacernos de ese flagelo es a través de la negociación política. Lo cual, bueno es aclararlo, no me ha impedido salir a protestar contra las Farc, al que considero un grupo terrorista que hay que repudiar.
Otro aspecto que me inquieta de la convocatoria de la marcha es la insistencia de sus organizadores en no incluir el rechazo a otras formas de violencia debido a que "hace daño porque dispersa el mensaje". Con ese argumento virtual, de un tajo excluyen las cinco millones de víctimas del holocausto paramilitar que siguen esperando que llegue la verdad, la justicia y la reparación que el Gobierno les prometió. Es probable que las víctimas del paramilitarismo no pertenezcan al selecto club de Facebook, pero ello no significa que no existan en la realidad.
Preocupa, de todas maneras, que los jóvenes colombianos sean proclives a reducir tan alegremente la complejidad del conflicto colombiano y a considerar a las Farc como el mal mayor, mientras que convierten al paramilitarismo y al narcotráfico en males menores (Ver Colombiasoyyo.org). Según Michael Ignatieff, tan de moda ahora, una sociedad que permite los males menores por tanto tiempo corre el peligro de convertirlos en males mayores y, de paso, sienta las bases para un gobierno sin ninguna ética política.
La otra gran mentira virtual es decir que se trata de una marcha sin color político. Pudo haber comenzado así, no lo dudo. Pero hoy ha sido cooptada por el presidente Uribe, que ve en los postulados de la marcha una identidad con sus discursos presidenciales. No por nada está siendo patrocinada por Colombia es Pasión. Mi ultima inquietud es la de que esta protesta tiene un tufillo de marcha patriotera que me disgusta, porque exacerba un falso nacionalismo: ese que a veces se siente en la W cuando llaman los colombianos desde Bal Harbour a condenar a la hoguera a Consuelo de Perdomo por haberse despedido de beso de sus captores. No hay duda de que el intervencionismo de Chávez en nuestros asuntos causa repulsión, pero apelar al patrioterismo cuando no hay un operativo militar contra las Farc en el que no esté involucrada la embajada norteamericana es un mal chiste.
Por último, me asalta el temor de que esta marcha pueda ser utilizada por el Gobierno no para encaminar al país hacia la paz, sino para impulsar su segunda reelección y consolidar así su imagen de gran caudillo y de salvador de esta nación. Dicho todo lo anterior, yo saldré a marchar aunque me sienta como un perro a cuadros entre tanto uribista.
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acabo de recibir copia de la "carta abierta" siguiente, que lo dice todo -- hay que rechazar la violencia en todas sus formas. La violencia no hace más que engendrar más violencia. Mañana, 30 de enero de 2008, se cumple el triste 60° aniversario del asesinato de un gran hombre pacífista, Mohandas Karamchand Gandhi. En su memoria, y en la de tod@s que han luchado de manera pacífica, no-violenta, se trata de resolver nuestros conflictos con respeto, con justicia y pacíficamente. No hay otra manera. Otra cosita más: Todos los estados tienen el deber de vigilar a que se respetan los derechos humanos universales, cuando sea, donde sea.
¡Paz!
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LA PROTESTA DEL 4 DE FEBRERO CONTRA LAS FARC
Dirigido a los marchantes de Facebook
María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.
Enero 27 de 2008
Imposible negar la impresionante respuesta que ha tenido la convocatoria hecha por unos cuantos colombianos desde Facebook para realizar una marcha contra las Farc el próximo 4 de febrero en todo el mundo. Para un país acostumbrado a no protestar por nada, este despertar que se presiente no puede ser desconocido ni por las organizaciones sociales, ni por los partidos políticos.
Dicho lo anterior, también es evidente que para muchos colombianos que no pertenecemos a la comunidad de Facebook, esta marcha suscita más de una inquietud. La primera es que hay un importante sector de la sociedad colombiana -del cual formo parte- que no se siente representado en el postulado principal, sobre el cual está concebida la marcha, "¡no más Farc!". A primera vista, el lema no plantearía mayores desacuerdos -nadie en este país quiere a las Farc-. Sin embargo, las cosas se complican cuando uno va a sus páginas de Facebook y advierte que los organizadores de la marcha no están interesados en entrar en detalles sobre cuál podría ser el camino para conseguir este propósito. Uno sale con la impresión de que para ellos cualquier vía es válida si cumple con su objetivo. Respeto su posición, pero no la comparto. No me gustan los atajos. Como tampoco creo que estemos cerca del "fin del fin de las Farc", que tanto preconiza el general Padilla. Después de cinco años de lucha contra las Farc, tenemos a una guerrilla golpeada pero no derrotada, que mantiene intacta su retaguardia. Creo que la única vía para deshacernos de ese flagelo es a través de la negociación política. Lo cual, bueno es aclararlo, no me ha impedido salir a protestar contra las Farc, al que considero un grupo terrorista que hay que repudiar.
Otro aspecto que me inquieta de la convocatoria de la marcha es la insistencia de sus organizadores en no incluir el rechazo a otras formas de violencia debido a que "hace daño porque dispersa el mensaje". Con ese argumento virtual, de un tajo excluyen las cinco millones de víctimas del holocausto paramilitar que siguen esperando que llegue la verdad, la justicia y la reparación que el Gobierno les prometió. Es probable que las víctimas del paramilitarismo no pertenezcan al selecto club de Facebook, pero ello no significa que no existan en la realidad.
Preocupa, de todas maneras, que los jóvenes colombianos sean proclives a reducir tan alegremente la complejidad del conflicto colombiano y a considerar a las Farc como el mal mayor, mientras que convierten al paramilitarismo y al narcotráfico en males menores (Ver Colombiasoyyo.org). Según Michael Ignatieff, tan de moda ahora, una sociedad que permite los males menores por tanto tiempo corre el peligro de convertirlos en males mayores y, de paso, sienta las bases para un gobierno sin ninguna ética política.
La otra gran mentira virtual es decir que se trata de una marcha sin color político. Pudo haber comenzado así, no lo dudo. Pero hoy ha sido cooptada por el presidente Uribe, que ve en los postulados de la marcha una identidad con sus discursos presidenciales. No por nada está siendo patrocinada por Colombia es Pasión. Mi ultima inquietud es la de que esta protesta tiene un tufillo de marcha patriotera que me disgusta, porque exacerba un falso nacionalismo: ese que a veces se siente en la W cuando llaman los colombianos desde Bal Harbour a condenar a la hoguera a Consuelo de Perdomo por haberse despedido de beso de sus captores. No hay duda de que el intervencionismo de Chávez en nuestros asuntos causa repulsión, pero apelar al patrioterismo cuando no hay un operativo militar contra las Farc en el que no esté involucrada la embajada norteamericana es un mal chiste.
Por último, me asalta el temor de que esta marcha pueda ser utilizada por el Gobierno no para encaminar al país hacia la paz, sino para impulsar su segunda reelección y consolidar así su imagen de gran caudillo y de salvador de esta nación. Dicho todo lo anterior, yo saldré a marchar aunque me sienta como un perro a cuadros entre tanto uribista.
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Sunday, January 27, 2008
Apuntes sobre convocatoria anti-FARC, 4 feb 2008
¡Hoola!
En estos días del Foro Económico Mundial (WEF), la reunión de los poderosos económicos en Davos, Suiza, estoy llena de vergüenza saber que el presidente y el ministro de asuntos exteriores de Colombia están charlando tranquilamente en la ciudad montañosa, un centro turístico de los más costosos del mundo. Mientras tanto, en Colombia, millones de hombres, mujeres y niñ@s al margen de la sociedad siguen a penas sobreviviendo la persecución y el desplazamiento, mucho de ello causado por la codicia que impulsa la gran mayoría de las empresas multinacionales. Algunas de ellas son suizas, una de las peores es Glencore - le otorgamos el "premio" Public Eye Award (enlace: http://www.evb.ch/p25013634.html - inglés).
Aquí un artículo contundente que quería compartir contigo, con Usted(es). El original se puede encontrar, por ejemplo, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62106:
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Silencio frente al terrorismo de Estado en Colombia, estridencia contra las acciones de las insurgencias
Por: Hugo Paternina Espinosa.
Madrid. Enero 19 de 2008.
Apuntes referenciales.
Veo la convocatoria que me hacen llegar vía email para que me sume el día cuatro de febrero a una movilización contra la FARC. No pongo en cuestión que la insurgencia en Colombia comete y ha cometido innumerables y despreciables actos que laceran la dignidad humana. No voy a enunciarlos aquí porque no es preciso seguir ahondando en el horror. Hay cosas que no son defendibles ni ideológica ni política ni éticamente hablando. Dicho lo anterior, lo que si quiero es expresar mi opinión en relación con el texto y el propósito de la convocatoria. Me resulta repugnante que las personas que se auto-consideran "de bien" en Colombia lancen soflamas y cualquier cantidad de epítetos contra las FARC, y, sin embargo, esa misma gente calla y ha callado de modo alevoso y cómplice ante los miles de crímenes cometidos por el paramilitarismo, con la anuencia, y eso podemos decirlo hoy con gran propiedad, del Estado colombiano.
Hoy conocemos por los mismos paramilitares la manera cómo importantes funcionarios del Estado contribuyeron a forjar su industria criminal y a que expandiera dicho fenómeno su corrosivo poder por todo el país, hasta el punto de llegar a permear todos los niveles del Estado y el gobierno. Hemos conocido entre otras muchas cosas, dónde están las fosas comunes, las que se conocen, por supuesto, y a cuantas miles de personas asesinaron y desaparecieron en todo el país, las que han reconocido, pues muchas victimas hoy por hoy no saben qué pasó con su o sus familiares, y tal y como va la cosa no lo sabrán puesto que las audiencias en donde han comparecido los jefes paramilitares y en donde se tenía previsto que contaran toda la verdad, sin ningún genero de duda, dejan la sensación que es más lo que siguen ocultando que lo que aclaran. Y ello para no referirnos que algunos de los familiares de las víctimas que asistieron a las audiencias demandando justicia y verdad terminaron siendo asesinadas [1] .
Por estas víctimas, hay que decirlo, nunca hubo una movilización y la ley de justicia y paz que hoy desarrolla el Gobierno de Uribe para conocer todo lo sucedido parece inexorablemente ahondar más en el ocultamiento que en el esclarecer lo acontecido. Y si alguien se movilizó en alguna ocasión por todas aquellas sonadas masacres y victimas, sin duda, no fueron precisamente las personas que hoy convocan con gran brío esta movilización, a la que se suma y con mucho entusiasmo, no podía ser de otra manera, el Diario el Tiempo.
El Uribismo calla frente a sus propios crímenes.
Para más INRI, hace poco Hernán Veloza [2], más conocido como H.H y quien fuera Jefe Paramilitar del Bloque Bananero y el Bloque Calima (2001) reconoció que en el sólo Urabá mandó a matar entre 1995 y 1996 a más de 1500 personas [3], es decir que, frente a esto las 336 muertes que Salvatore Mancuso reconoció en una de las audiencias en la ciudad de Medellín terminan siendo para muchos de sus acólitos nimias, insignificantes. Cabe decir que, entre los acólitos de Mancuso se encontraban miembros en el ramo de la justicia, en el gremio de ganadero, en la Policía y el ejército, y, por supuesto, en el Congreso de la República. En este organismo llegó a reconocer que al menos el 35% de los Congresistas que lo integran estaban a su disposición. Los hechos han terminado demostrando que las reiteradas denuncias de la oposición y de otros sectores sociales en relación con los vínculos existentes entre políticos y paramilitares eran una monumental realidad y no una invención como al principio se dijo desde el alto gobierno.
El último gran acólito y ello ha trascendido a los medios de comunicación, es Benito Osorio [4], Expresidente de la Fondo de Ganaderos de Córdoba, sobre todo en el periodo de afianzamiento del paramilitarismo en esa región y en Urabá, y quien fuera nombrado por Uribe a finales de diciembre en calidad de gobernador Encargado del paramilitarizado Departamento de Córdoba. Dos semana después de su nombramiento éste personaje y de quien se dice en Córdoba que era uno de los aupantes del paramilitarismo, --- no lo sabía acaso Uribe siendo ganadero y terrateniente en esa zona durante más de tres décadas---, el gobierno ha tenido que pedirle la renuncia, pues se comprobó, pese a haberlo negado, que en los momentos previos a su nombramiento fue a visitar a Salvatore Mancuso en su sitio de reclusión ¿de qué hablaron? ¿ por qué este nombramiento?
Y el tropel no para aquí, pues recientemente el gobierno de Colombia ha reconocido por fin, que, paramilitares y funcionarios del gobierno son los responsables del asesinato de 47 sindicalistas, lo que eleva a 267 los asesinados durante los últimos cincos años, es decir, en pleno mandato de Uribe y de la Seguridad Democrática , lo que convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical como así lo ha reconocido la OIT [5]. Hay que decir que, este reconocimiento es el resultado de la presión [6] que ha realizado el Congreso de los EEUU, de mayoría demócrata, por cierto, y quien le estaba exigiendo a Uribe que esclareciera dichos crímenes si quiere que le sea aprobado el Tratado de Libre Comercio. Es decir que, tuvo que esperarse que el amo del norte y la Unión Europea pidieran responsabilidades para que una parte de la verdad se supiera. Esto llega tarde: todos sabíamos que el Estado y el paramilitarismo en una simbiosis criminal eran y son los responsables de tales crímenes, sólo que poco se había hecho para asumirlo.
Y ello para no hablar de las campañas de limpieza, e incluso, las matanzas que siguen cometiendo los paramilitares después de la desmovilización en importantes ciudades del país. Salvo las centrales obreras, sectores del Polo Democrático y las ONGs de derechos humanos, a propósito consideradas por el Presidente Uribe en distintas ocasiones como áulicas del "terrorismo" y de la guerrilla, ¿quién se le ha movilizado contra estos crímenes?, desde luego no muchos/as de los que saldrán el día cuatro de febrero en una colorida comparsa y en donde se escuchará a la fija: no más secuestros de las FARC --no se mencionarán los que acomete el Estado-- fuera Hugo Chávez de Colombia, Piedad Córdoba vende Patria y, por supuesto, No al Despeje.
Gradiantes diferente frente a la vida y la muerte.
Frente a esto me pregunto, ¿por qué la "gente de bien" que hoy llama a movilizarse contra las FARC no se ha inmutado siquiera a suscribir una comunicación que denuncie todos los desafueros cometidos por el paramilitarismo y el Estado? En Colombia, sin duda, el gobierno y eso que llaman sociedad civil parece que les horroriza sólo un tipo de crímenes cometidos por un tipo de victimario y no los cometidos por todos los victimarios. El día que quienes convocan este tipo de manifestaciones me muestren una convocatoria que ponga en igualdad de condiciones a todas las víctimas y a todos los victimarios, ese día saldré a marchar, pues consideraré que se está atacando a todos los victimarios por igual y dignificando a todas las victima de forma simétrica.
¿Cuántas veces la Corte Interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica ha condenado al Estado colombiano por violación a los derechos humanos y cuántas manifestaciones por tales hechos han convocado "esta gente de bien" que ahora se expresan contra las FARC? No nos equivoquemos, hay que repudiar por principio ético los desafueros de la insurgencia, pero hay que huir de aquellas posturas que desde el Estado y el gobierno usan el dolor de las víctimas de la insurgencia para sacar réditos políticos y limpiar el sucio nombre de un gobierno que cada vez más le cuesta huir del descrédito; también hay que huir y a toda prisa de aquellos sectores de la sociedad civil que denuncian con toda bravura las tropelías de la guerrilla, pero, curiosa y contradictoriamente se quedan calladitos y hasta dan por bueno los horrendos crímenes del paramilitarismo y del Estado mismo.
A contracorriente.
Frente al contenido de la convocatoria, digo, efectivamente: estoy cansado de ver cómo la gran mayoría de los jóvenes en Colombia huyen de la falta de oportunidades; estoy cansado de ver como El Presidente Uribe nombra a amigos y personajes en el alto gobierno, los cuales luego deben renunciar porque se les demuestra relaciones y nexos con el narcoparamilitarismo, sin que asuma ninguna responsabilidad política por ello; estoy cansado de ver cómo las élites que mal gobiernan el país utilizan el patrimonialismo como herramienta para profundizar las diferencias sociales, económicas y políticas ya existentes; estoy cansado de ver cómo las elites en Colombia perdieron cuando han querido hacer la paz y también cuando han querido hacer la guerra; estoy cansado de ver cómo tres millones de desplazados/as, ---la mayoría de ellos/ellas responsabilidad del Estado y los paramilitares-- deambulan por las frías calles de Bogotá o de otras ciudades sin ninguna ayuda por parte del Estado;
Estoy cansado de ver como Ardila Lule, Julio Mario Santo-Domingo y demás representantes de los principales gremios económicos y financieros se llenan, mientras el 68% de la población vive en la miseria; estoy cansado de ver y oír cómo se cierran hospitales y clínicas y de saber que el ejercito se lleva una gran parte del presupuesto general de la nación, sin que la derrota de la insurgencia que una vez se prometió --con tanto candor-- se vea a la vuelta de la esquina como de modo ingenuo pensó y piensa Uribe y la élite que le respalda; estoy cansado que el Presidente Uribe le siga mintiendo al país sobre sus verdaderos nexos y los de sus familiares con el narcoparamilitarismo; estoy cansado de ver cómo Colombia es el corral del gobierno americano; estoy cansado de que me digan de que sin Uribe el país se cae; estoy cansado de que me digan de manera estúpida que la "insurgencia es terrorista" y el Estado y los paramilitares no lo son;
Estoy cansado de que la gente de manera torpe y en coro con el gobierno niegue y sin distancia crítica que en Colombia no hay un conflicto social y político y de que éste urge una solución política, si no que lo que existe es una amenaza terrorista; estoy cansado de la frágil memoria del país que da por buena las masacres de los paramilitares mientras repudia las de la guerrilla; estoy cansado de ver cómo los congresistas --y funcionarios nombrados por Uribe-- empiezan a ser condenados por paramilitarismo y se les condena sólo a ocho años de prisión, o menos, como en el caso del representante a la Cámara por el Departamento de Sucre, Carlos García, o como el del Senador por el Departamento del Atlántico, Dieb Maloof, mientras al señor de ruana le ponen penas inconcebibles por delitos menores.
De igual modo, estoy cansado de ver como los hijos de los políticos y gente con pocos meritos vienen a hacer alarde de haberse ganado becas para venir a estudiar a Europa, justo cuando sus padres podrían financiarles sus estudios y con ello dejar esa oportunidad a quien bien la necesita; estoy cansado de ver y oír que quien critica al gobierno está con él; estoy cansado de ver como Uribe desinstitucionaliza al Estado y acaba con lo poco de democracia que había; estoy cansado de ver como se militariza y narco-paramilitariza la sociedad sin que esa gente de bien se pronuncie con el mismo vigor como ahora pretende hacerlo; por último, estoy cansado de esta elite que mal gobierna a Colombia y por ello deseo que un día la gente se dé cuenta que hay la necesidad de proscribir a aquellos sectores comprometidos con la corrupción, la violencia oficial y todo tipo de desmanes contra los bienes del Estado y la gente más indefensa.
Uribe y Francisco Santos han dicho que Las FARC y las guerrillas son la peor amenaza de la democracia en América Latina y en el hemisferio occidental, me resisto a creer semejante estupidez funcional; la verdadera amenaza para el continente es la pobreza creciente y compleja que crece de la mano del neoliberalismo y de la globalización asimétrica que imponen los países del norte a los del sur y ello lo reconoce hasta el mismo George Soro, de profesión especulador.
Insisto, que por principio ético hay que condenar aquellos actos de la insurgencia que la niegan en los principios y fines que ella dice perseguir. No secundar la marcha que con rabioso sentimiento antifariano y antiinsurgente nos proponen sectores de la sociedad civil y los estamentos del Estado y el Gobierno, no significa que estemos admitiendo actos repudiables como los de Bojayá, Machuca, o la situación, por ejemplo, en la que Claras Rojas tuvo que hacer la gestación de su hijo Emmanuel y la manera como después éste fue separado de la misma.
Ello tampoco quiere decir que no se sienta uno conmovido por lo que tuvo que vivir Consuelo González de Perdomo y lo que viven el resto de las personas secuestradas, no, lo que quiero dejar claro es que no hay que ser instrumento político ni ideológico de nadie y menos de un sector de la sociedad civil que no ha tenido el valor de cuestionar ni denunciar los desafueros del paramilitarismo; y muchos menos, por cierto, del gobierno y del Estado, que solventes muestras ha dado y desde hace mucho tiempo atrás de ser el principal perpetrador de toda suerte de desafueros contra la población civil; unas veces teniendo como victimarios a la Policía y al Ejército de forma directa, u otras apoyando las sañas y el sadismo del narcoparamilitarismo.
Cuando la convocatoria tenga por fin denunciarlos a todos, entonces ese día yo encabezaré la marcha. Por lo pronto marchen contra las FARC, pero les recuerdo, otras familias en Colombia se siente agraviada por el Estado y los paramilitares y seguro que muchos de ustedes no lanzarán una consignas por ellas.
NOTAS:
[1] El caso de Yolanda Izquierdo es sólo uno entre varios casos. Esta líder terminó asesinada en Montería una vez denunció la manera como la Funpazcor, la ONG que Fidel y Carlos Castaño crearon para otorgar Tierras a los campesinos en Córdoba, llegó a denunciar el modo como Sor Teresa, suegra de Mono Leche – quien confesó haber matado a Carlos Castaño--- estaba presionando a los campesinos para que le devolvieran los título de propiedad de dichas tierras. Como dato curioso, Funpazcor siempre estuvo ubicada al Frente del Departamento de Policía en Córdoba y hace unos años (2001) cuando el CTI allanó esta entidad en unas acciones contra los activos del paramilitarismo y contra quienes le apoyaban, encontró que muchos miembros de la Policía Nacional aparecían en la nómina de dicha entidad.
[2] Hernán Veloza después de haber firmado en apariencia la desmovilización en 2001 se volvió a rearmar. Fue detenido en abril de 2007 y en teoría perdería todos los beneficios que le ofrece la ley de Justicia y Paz. Sobre el particular ver la siguiente web. http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/31/internacional/1193806973.html
[3] El paramilitar, sin embargo, que más personas ha confesado haber matado es Jorge Iván Laverde, Alias "el Iguano" o Pedro Frontera, y quien ha reconocido que por los menos 2000 personas murieron por orden suya, 200 de las cuales fueron ejecutada por él. Sobre el particular puede verse el artículo del Diario El Tiempo del 12 de septiembre de 2007. Ver versión digital. http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/home/articulo-web-nota_interior-3720375.html
[4] Sobre el particular puede verse un par en las siguientes paginas un par de artículo que es muy diciente y reafirma mi posición. La Revista Cambio fue el primer medio de comunicación que puso en evidencia lo que estaba pasando con el nombramiento realizado por Uribe. Preciso es anotar que, las primeras denuncias sobre los vínculo entre Benito Osorio y los paramilitares las hizo en el Congreso de la República el hoy senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, en particular, cuando se hizo el debate sobre el paramilitarismo en la Costa (agosto 2003). Ver. Cambio. http://www.cambio.com.co/paiscambio/759/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3922782.html . Ver Revista Semana. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108874
[5] Sobre el particular ver el esclarecedor informe de la Revista Cambio. Viernes 18 de enero de 2008.file:///C:/Documents%20and%20Settings/claudia/Escritorio/SINDICALISTAS1.htm
[6] Colombia está en el centro del interés del Congreso americano de mayoría Demócrata y ello como parte de la puja entre los Republicanos y los Demócratas por el ascenso al poder en las próximas elecciones para la Presidencia. En sectores importantes del Partido Demócrata se está exigiendo al Gobierno de George Bush que Uribe aclare sus vínculos con el narcoparamilitarismo y hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Está investigando las relaciones entre las multinacionales de EEUU y la financiación que las mismas hicieron en su día al paramilitarismo.
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En estos días del Foro Económico Mundial (WEF), la reunión de los poderosos económicos en Davos, Suiza, estoy llena de vergüenza saber que el presidente y el ministro de asuntos exteriores de Colombia están charlando tranquilamente en la ciudad montañosa, un centro turístico de los más costosos del mundo. Mientras tanto, en Colombia, millones de hombres, mujeres y niñ@s al margen de la sociedad siguen a penas sobreviviendo la persecución y el desplazamiento, mucho de ello causado por la codicia que impulsa la gran mayoría de las empresas multinacionales. Algunas de ellas son suizas, una de las peores es Glencore - le otorgamos el "premio" Public Eye Award (enlace: http://www.evb.ch/p25013634.html - inglés).
Aquí un artículo contundente que quería compartir contigo, con Usted(es). El original se puede encontrar, por ejemplo, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62106:
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Silencio frente al terrorismo de Estado en Colombia, estridencia contra las acciones de las insurgencias
Por: Hugo Paternina Espinosa.
Madrid. Enero 19 de 2008.
Apuntes referenciales.
Veo la convocatoria que me hacen llegar vía email para que me sume el día cuatro de febrero a una movilización contra la FARC. No pongo en cuestión que la insurgencia en Colombia comete y ha cometido innumerables y despreciables actos que laceran la dignidad humana. No voy a enunciarlos aquí porque no es preciso seguir ahondando en el horror. Hay cosas que no son defendibles ni ideológica ni política ni éticamente hablando. Dicho lo anterior, lo que si quiero es expresar mi opinión en relación con el texto y el propósito de la convocatoria. Me resulta repugnante que las personas que se auto-consideran "de bien" en Colombia lancen soflamas y cualquier cantidad de epítetos contra las FARC, y, sin embargo, esa misma gente calla y ha callado de modo alevoso y cómplice ante los miles de crímenes cometidos por el paramilitarismo, con la anuencia, y eso podemos decirlo hoy con gran propiedad, del Estado colombiano.
Hoy conocemos por los mismos paramilitares la manera cómo importantes funcionarios del Estado contribuyeron a forjar su industria criminal y a que expandiera dicho fenómeno su corrosivo poder por todo el país, hasta el punto de llegar a permear todos los niveles del Estado y el gobierno. Hemos conocido entre otras muchas cosas, dónde están las fosas comunes, las que se conocen, por supuesto, y a cuantas miles de personas asesinaron y desaparecieron en todo el país, las que han reconocido, pues muchas victimas hoy por hoy no saben qué pasó con su o sus familiares, y tal y como va la cosa no lo sabrán puesto que las audiencias en donde han comparecido los jefes paramilitares y en donde se tenía previsto que contaran toda la verdad, sin ningún genero de duda, dejan la sensación que es más lo que siguen ocultando que lo que aclaran. Y ello para no referirnos que algunos de los familiares de las víctimas que asistieron a las audiencias demandando justicia y verdad terminaron siendo asesinadas [1] .
Por estas víctimas, hay que decirlo, nunca hubo una movilización y la ley de justicia y paz que hoy desarrolla el Gobierno de Uribe para conocer todo lo sucedido parece inexorablemente ahondar más en el ocultamiento que en el esclarecer lo acontecido. Y si alguien se movilizó en alguna ocasión por todas aquellas sonadas masacres y victimas, sin duda, no fueron precisamente las personas que hoy convocan con gran brío esta movilización, a la que se suma y con mucho entusiasmo, no podía ser de otra manera, el Diario el Tiempo.
El Uribismo calla frente a sus propios crímenes.
Para más INRI, hace poco Hernán Veloza [2], más conocido como H.H y quien fuera Jefe Paramilitar del Bloque Bananero y el Bloque Calima (2001) reconoció que en el sólo Urabá mandó a matar entre 1995 y 1996 a más de 1500 personas [3], es decir que, frente a esto las 336 muertes que Salvatore Mancuso reconoció en una de las audiencias en la ciudad de Medellín terminan siendo para muchos de sus acólitos nimias, insignificantes. Cabe decir que, entre los acólitos de Mancuso se encontraban miembros en el ramo de la justicia, en el gremio de ganadero, en la Policía y el ejército, y, por supuesto, en el Congreso de la República. En este organismo llegó a reconocer que al menos el 35% de los Congresistas que lo integran estaban a su disposición. Los hechos han terminado demostrando que las reiteradas denuncias de la oposición y de otros sectores sociales en relación con los vínculos existentes entre políticos y paramilitares eran una monumental realidad y no una invención como al principio se dijo desde el alto gobierno.
El último gran acólito y ello ha trascendido a los medios de comunicación, es Benito Osorio [4], Expresidente de la Fondo de Ganaderos de Córdoba, sobre todo en el periodo de afianzamiento del paramilitarismo en esa región y en Urabá, y quien fuera nombrado por Uribe a finales de diciembre en calidad de gobernador Encargado del paramilitarizado Departamento de Córdoba. Dos semana después de su nombramiento éste personaje y de quien se dice en Córdoba que era uno de los aupantes del paramilitarismo, --- no lo sabía acaso Uribe siendo ganadero y terrateniente en esa zona durante más de tres décadas---, el gobierno ha tenido que pedirle la renuncia, pues se comprobó, pese a haberlo negado, que en los momentos previos a su nombramiento fue a visitar a Salvatore Mancuso en su sitio de reclusión ¿de qué hablaron? ¿ por qué este nombramiento?
Y el tropel no para aquí, pues recientemente el gobierno de Colombia ha reconocido por fin, que, paramilitares y funcionarios del gobierno son los responsables del asesinato de 47 sindicalistas, lo que eleva a 267 los asesinados durante los últimos cincos años, es decir, en pleno mandato de Uribe y de la Seguridad Democrática , lo que convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical como así lo ha reconocido la OIT [5]. Hay que decir que, este reconocimiento es el resultado de la presión [6] que ha realizado el Congreso de los EEUU, de mayoría demócrata, por cierto, y quien le estaba exigiendo a Uribe que esclareciera dichos crímenes si quiere que le sea aprobado el Tratado de Libre Comercio. Es decir que, tuvo que esperarse que el amo del norte y la Unión Europea pidieran responsabilidades para que una parte de la verdad se supiera. Esto llega tarde: todos sabíamos que el Estado y el paramilitarismo en una simbiosis criminal eran y son los responsables de tales crímenes, sólo que poco se había hecho para asumirlo.
Y ello para no hablar de las campañas de limpieza, e incluso, las matanzas que siguen cometiendo los paramilitares después de la desmovilización en importantes ciudades del país. Salvo las centrales obreras, sectores del Polo Democrático y las ONGs de derechos humanos, a propósito consideradas por el Presidente Uribe en distintas ocasiones como áulicas del "terrorismo" y de la guerrilla, ¿quién se le ha movilizado contra estos crímenes?, desde luego no muchos/as de los que saldrán el día cuatro de febrero en una colorida comparsa y en donde se escuchará a la fija: no más secuestros de las FARC --no se mencionarán los que acomete el Estado-- fuera Hugo Chávez de Colombia, Piedad Córdoba vende Patria y, por supuesto, No al Despeje.
Gradiantes diferente frente a la vida y la muerte.
Frente a esto me pregunto, ¿por qué la "gente de bien" que hoy llama a movilizarse contra las FARC no se ha inmutado siquiera a suscribir una comunicación que denuncie todos los desafueros cometidos por el paramilitarismo y el Estado? En Colombia, sin duda, el gobierno y eso que llaman sociedad civil parece que les horroriza sólo un tipo de crímenes cometidos por un tipo de victimario y no los cometidos por todos los victimarios. El día que quienes convocan este tipo de manifestaciones me muestren una convocatoria que ponga en igualdad de condiciones a todas las víctimas y a todos los victimarios, ese día saldré a marchar, pues consideraré que se está atacando a todos los victimarios por igual y dignificando a todas las victima de forma simétrica.
¿Cuántas veces la Corte Interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica ha condenado al Estado colombiano por violación a los derechos humanos y cuántas manifestaciones por tales hechos han convocado "esta gente de bien" que ahora se expresan contra las FARC? No nos equivoquemos, hay que repudiar por principio ético los desafueros de la insurgencia, pero hay que huir de aquellas posturas que desde el Estado y el gobierno usan el dolor de las víctimas de la insurgencia para sacar réditos políticos y limpiar el sucio nombre de un gobierno que cada vez más le cuesta huir del descrédito; también hay que huir y a toda prisa de aquellos sectores de la sociedad civil que denuncian con toda bravura las tropelías de la guerrilla, pero, curiosa y contradictoriamente se quedan calladitos y hasta dan por bueno los horrendos crímenes del paramilitarismo y del Estado mismo.
A contracorriente.
Frente al contenido de la convocatoria, digo, efectivamente: estoy cansado de ver cómo la gran mayoría de los jóvenes en Colombia huyen de la falta de oportunidades; estoy cansado de ver como El Presidente Uribe nombra a amigos y personajes en el alto gobierno, los cuales luego deben renunciar porque se les demuestra relaciones y nexos con el narcoparamilitarismo, sin que asuma ninguna responsabilidad política por ello; estoy cansado de ver cómo las élites que mal gobiernan el país utilizan el patrimonialismo como herramienta para profundizar las diferencias sociales, económicas y políticas ya existentes; estoy cansado de ver cómo las elites en Colombia perdieron cuando han querido hacer la paz y también cuando han querido hacer la guerra; estoy cansado de ver cómo tres millones de desplazados/as, ---la mayoría de ellos/ellas responsabilidad del Estado y los paramilitares-- deambulan por las frías calles de Bogotá o de otras ciudades sin ninguna ayuda por parte del Estado;
Estoy cansado de ver como Ardila Lule, Julio Mario Santo-Domingo y demás representantes de los principales gremios económicos y financieros se llenan, mientras el 68% de la población vive en la miseria; estoy cansado de ver y oír cómo se cierran hospitales y clínicas y de saber que el ejercito se lleva una gran parte del presupuesto general de la nación, sin que la derrota de la insurgencia que una vez se prometió --con tanto candor-- se vea a la vuelta de la esquina como de modo ingenuo pensó y piensa Uribe y la élite que le respalda; estoy cansado que el Presidente Uribe le siga mintiendo al país sobre sus verdaderos nexos y los de sus familiares con el narcoparamilitarismo; estoy cansado de ver cómo Colombia es el corral del gobierno americano; estoy cansado de que me digan de que sin Uribe el país se cae; estoy cansado de que me digan de manera estúpida que la "insurgencia es terrorista" y el Estado y los paramilitares no lo son;
Estoy cansado de que la gente de manera torpe y en coro con el gobierno niegue y sin distancia crítica que en Colombia no hay un conflicto social y político y de que éste urge una solución política, si no que lo que existe es una amenaza terrorista; estoy cansado de la frágil memoria del país que da por buena las masacres de los paramilitares mientras repudia las de la guerrilla; estoy cansado de ver cómo los congresistas --y funcionarios nombrados por Uribe-- empiezan a ser condenados por paramilitarismo y se les condena sólo a ocho años de prisión, o menos, como en el caso del representante a la Cámara por el Departamento de Sucre, Carlos García, o como el del Senador por el Departamento del Atlántico, Dieb Maloof, mientras al señor de ruana le ponen penas inconcebibles por delitos menores.
De igual modo, estoy cansado de ver como los hijos de los políticos y gente con pocos meritos vienen a hacer alarde de haberse ganado becas para venir a estudiar a Europa, justo cuando sus padres podrían financiarles sus estudios y con ello dejar esa oportunidad a quien bien la necesita; estoy cansado de ver y oír que quien critica al gobierno está con él; estoy cansado de ver como Uribe desinstitucionaliza al Estado y acaba con lo poco de democracia que había; estoy cansado de ver como se militariza y narco-paramilitariza la sociedad sin que esa gente de bien se pronuncie con el mismo vigor como ahora pretende hacerlo; por último, estoy cansado de esta elite que mal gobierna a Colombia y por ello deseo que un día la gente se dé cuenta que hay la necesidad de proscribir a aquellos sectores comprometidos con la corrupción, la violencia oficial y todo tipo de desmanes contra los bienes del Estado y la gente más indefensa.
Uribe y Francisco Santos han dicho que Las FARC y las guerrillas son la peor amenaza de la democracia en América Latina y en el hemisferio occidental, me resisto a creer semejante estupidez funcional; la verdadera amenaza para el continente es la pobreza creciente y compleja que crece de la mano del neoliberalismo y de la globalización asimétrica que imponen los países del norte a los del sur y ello lo reconoce hasta el mismo George Soro, de profesión especulador.
Insisto, que por principio ético hay que condenar aquellos actos de la insurgencia que la niegan en los principios y fines que ella dice perseguir. No secundar la marcha que con rabioso sentimiento antifariano y antiinsurgente nos proponen sectores de la sociedad civil y los estamentos del Estado y el Gobierno, no significa que estemos admitiendo actos repudiables como los de Bojayá, Machuca, o la situación, por ejemplo, en la que Claras Rojas tuvo que hacer la gestación de su hijo Emmanuel y la manera como después éste fue separado de la misma.
Ello tampoco quiere decir que no se sienta uno conmovido por lo que tuvo que vivir Consuelo González de Perdomo y lo que viven el resto de las personas secuestradas, no, lo que quiero dejar claro es que no hay que ser instrumento político ni ideológico de nadie y menos de un sector de la sociedad civil que no ha tenido el valor de cuestionar ni denunciar los desafueros del paramilitarismo; y muchos menos, por cierto, del gobierno y del Estado, que solventes muestras ha dado y desde hace mucho tiempo atrás de ser el principal perpetrador de toda suerte de desafueros contra la población civil; unas veces teniendo como victimarios a la Policía y al Ejército de forma directa, u otras apoyando las sañas y el sadismo del narcoparamilitarismo.
Cuando la convocatoria tenga por fin denunciarlos a todos, entonces ese día yo encabezaré la marcha. Por lo pronto marchen contra las FARC, pero les recuerdo, otras familias en Colombia se siente agraviada por el Estado y los paramilitares y seguro que muchos de ustedes no lanzarán una consignas por ellas.
NOTAS:
[1] El caso de Yolanda Izquierdo es sólo uno entre varios casos. Esta líder terminó asesinada en Montería una vez denunció la manera como la Funpazcor, la ONG que Fidel y Carlos Castaño crearon para otorgar Tierras a los campesinos en Córdoba, llegó a denunciar el modo como Sor Teresa, suegra de Mono Leche – quien confesó haber matado a Carlos Castaño--- estaba presionando a los campesinos para que le devolvieran los título de propiedad de dichas tierras. Como dato curioso, Funpazcor siempre estuvo ubicada al Frente del Departamento de Policía en Córdoba y hace unos años (2001) cuando el CTI allanó esta entidad en unas acciones contra los activos del paramilitarismo y contra quienes le apoyaban, encontró que muchos miembros de la Policía Nacional aparecían en la nómina de dicha entidad.
[2] Hernán Veloza después de haber firmado en apariencia la desmovilización en 2001 se volvió a rearmar. Fue detenido en abril de 2007 y en teoría perdería todos los beneficios que le ofrece la ley de Justicia y Paz. Sobre el particular ver la siguiente web. http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/31/internacional/1193806973.html
[3] El paramilitar, sin embargo, que más personas ha confesado haber matado es Jorge Iván Laverde, Alias "el Iguano" o Pedro Frontera, y quien ha reconocido que por los menos 2000 personas murieron por orden suya, 200 de las cuales fueron ejecutada por él. Sobre el particular puede verse el artículo del Diario El Tiempo del 12 de septiembre de 2007. Ver versión digital. http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/home/articulo-web-nota_interior-3720375.html
[4] Sobre el particular puede verse un par en las siguientes paginas un par de artículo que es muy diciente y reafirma mi posición. La Revista Cambio fue el primer medio de comunicación que puso en evidencia lo que estaba pasando con el nombramiento realizado por Uribe. Preciso es anotar que, las primeras denuncias sobre los vínculo entre Benito Osorio y los paramilitares las hizo en el Congreso de la República el hoy senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, en particular, cuando se hizo el debate sobre el paramilitarismo en la Costa (agosto 2003). Ver. Cambio. http://www.cambio.com.co/paiscambio/759/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3922782.html . Ver Revista Semana. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108874
[5] Sobre el particular ver el esclarecedor informe de la Revista Cambio. Viernes 18 de enero de 2008.file:///C:/Documents%20and%20Settings/claudia/Escritorio/SINDICALISTAS1.htm
[6] Colombia está en el centro del interés del Congreso americano de mayoría Demócrata y ello como parte de la puja entre los Republicanos y los Demócratas por el ascenso al poder en las próximas elecciones para la Presidencia. En sectores importantes del Partido Demócrata se está exigiendo al Gobierno de George Bush que Uribe aclare sus vínculos con el narcoparamilitarismo y hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Está investigando las relaciones entre las multinacionales de EEUU y la financiación que las mismas hicieron en su día al paramilitarismo.
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Wednesday, January 23, 2008
Colombia: Carta al Presidente de la República
¡Hoooola!
Acabo de recibir esta carta abierta publicada en El Espectador (http://www.elespectador.com/elespectador) el sábado pasado, 19 de enero de 2008. Hay que verla en el contexto de la liberación de dos secuestradas ilustres muy recientemente liberadas por las FARC bajo la atención mundial de los medios masivos. ¿Qué hay de casi 300 personas secuestradas más? ¿Quién se esfuerza a liberarlas? Pero también: ¿Qué hay de miles y miles de víctimas del paramilitarismo colombiano? A este problema se dirige la carta de Iván Cepeda Castro, que les transmito con todo mi respeto al valiente autor:
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LA FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, REENVÍA:
Carta al Presidente de la República
Iván Cepeda Castro
(http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20615)
Esta semana dirigí la siguiente carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez:
Sábado, 19 de enero de 2008
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio 'Once de noviembre' de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo 'Águilas Negras'. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
El Espectador, sábado, 19 de enero de 2008
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http://www.elespectador.com/elespectador
Acabo de recibir esta carta abierta publicada en El Espectador (http://www.elespectador.com/elespectador) el sábado pasado, 19 de enero de 2008. Hay que verla en el contexto de la liberación de dos secuestradas ilustres muy recientemente liberadas por las FARC bajo la atención mundial de los medios masivos. ¿Qué hay de casi 300 personas secuestradas más? ¿Quién se esfuerza a liberarlas? Pero también: ¿Qué hay de miles y miles de víctimas del paramilitarismo colombiano? A este problema se dirige la carta de Iván Cepeda Castro, que les transmito con todo mi respeto al valiente autor:
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LA FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, REENVÍA:
Carta al Presidente de la República
Iván Cepeda Castro
(http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20615)
Esta semana dirigí la siguiente carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez:
Sábado, 19 de enero de 2008
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio 'Once de noviembre' de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo 'Águilas Negras'. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
El Espectador, sábado, 19 de enero de 2008
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http://www.elespectador.com/elespectador
Thursday, November 08, 2007
Colombia: Amenazas contra directiv@s de OFP, Sinaltrainal
¡Hooola!
Gracias por su/tu paciencia, he estado fuera de mi despacho, luego súmamente atareada de modo que no me queda mucho tiempo para "bloguear" -- que es una actividad estrictamente "extra-curricular" y sin ninguna remuneración -- lo que me deja libre, dentro del marco de la decencia, de decir lo que yo quiera... :)
Bueno, en serio, aquí les/te comunico unas noticias extremadamente preocupantes desde Barrancabermeja, Colombia, donde unas personas directivas de movimientos sociales y defensoras de los derechos humanos fundamentales se ven otra vez mas asediadas, perseguidas, amenazadas. Leer, compartir con más gente, pero también ENVIARles cartas corteses al gobierno Colombiano, a la embajada colombiana en su país, para que se den cuenta de que hay que poner fin a las actividades irregulares, para no decir criminales, de los directivos de "Aguilas Negras" y otras organizaciones paramilitares. Favor enfocar en los tres puntos de solicitud más abajo.
¡Gracias!
*****
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA [en lo que sigue, resaltado fuera del comunicado original]
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los hechos violatorios del derecho a la vida y a la integridad personal de Yolanda Becerra Vega, integrante del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos y directora de la Organización Femenina Popular; así como la intimidación a Jackeline Rojas, miembro del equipo de dirección de la OFP, y a Juan Carlos Galvis, vicepresidente nacional del Sindicato de la Industria de Alimentos -SINALTRAINAL.
Este hecho se da en el marco de un contexto regional y local donde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se la han tenido que jugar en respuesta a su compromiso misional y por la plena vigencia de los derechos humanos.
Es claro que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Fedeagromisbol, en su lucha por la defensa y de sus procesos organizativos y autogestionarios, se convierten en piedra en el zapato frente a los intereses de multinacionales y empresarios nacionales, que propenden por la implementación de una cultura agraria extensiva, especialmente de la palma, pasto para la crianza del ganado y otros productos que funcionaran como base para la producción de biodiesel.
En lo urbano la defensa de lo público y el respeto de las libertades individuales y colectivas ha puesto a los líderes y liderezas, y a sus organizaciones como objetivo de agresiones que pretenden "limpiar el camino" para empotrar en las cabeceras municipales un régimen autoritario fundamentado en la intimidación y el terror, para la consolidación de economías ilegales y el lavado de activos producto del narcotráfico y la extorsión.
Todo esto en el marco de la implementación de la "Ley de Justicia y Paz" aplicada a los grupos paramilitares de la región, desmovilizados desde diciembre de 2005, y que a la fecha siguen actuando como "Aguilas negras" para el caso del Magdalena medio.
En Barrancabermeja es preocupante la manera como los hoy desmovilizados, otrora paramilitares del Bloque Central Bolívar, continúan ejerciendo el control social a través de las empresas de vigilancia privada; continúan con el negocio de las economías ilícitas, y avanzan en la creación de espacios organizativos como es el caso de la ONG "Reparar Colombia", organización que tiene el propósito de organizar y asesorar a las víctimas de la violencia declarada por ellos.
Descripción del hecho y antecedentes:
El día 4 de Noviembre de 2007, a las 7:30 A.M., dos hombres armados, encapuchados y vestidos de civil irrumpieron a la fuerza en el apartamento de Yolanda Becerra, en la ciudad de Barrancabermeja. Cuando Yolanda se percató de la extraña visita quiso oponer resistencia pero éstos penetraron en la vivienda, la empujaron, le pusieron un arma de fuego en su cabeza y le dijeron: "Hijueputa el cuento se le acabó, tiene 48 horas para que se vaya, si no, vamos a acabar con su familia. Usted no se nos escapa". Mientras era vigilada por uno de ellos el otro se encargó de revolcar todo el apartamento y habiendo terminado trajo consigo la C.P.U del computador. Cuando se disponían a abandonar el apartamento miraron hacia el pasillo que comunica el piso del edificio y decidieron dejar la C.P.U sobre el arrume de libros tirados dentro de la vivienda.
Simultáneamente, en otro barrio de la ciudad, la chapa de la puerta del apartamento que comparten Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis había sido bloqueada mediante la introducción de un elemento extraño que impedía a sus moradores(as) salir de la vivienda. Adicionalmente, la reja que permite el acceso, ubicada en el segundo piso del edificio, se encontraba abierta.
El Espacio ve con preocupación estos hechos toda vez que se postulan como corolario de una serie de acontecimientos de los que se ha sido objeto en el transcurso del año y donde se señalan las organizaciones y sus dirigentes como afectas a los grupos armados de izquierda.
Veamos:
- El día 7 de julio de 2007, en la sede de la Organización Femenina Popular- OFP fue recibida una amenaza para la OFP, donde también se amenaza a organizaciones sindicales y de Derechos Humanos de la región, así como a varias personas, siendo declarados(as) objetivo militar por parte de la estructura paramilitar que actúa bajo la etiqueta de "Águilas Negras".
En dicha amenaza se expresa: "por tal motivo advertimos a organizaciones como: uso, ofp, asodemuba, andas, PDA, acvc, entre otras, que daremos a conocer pronto y personas como, socorro, david ravelo, gamboa, mario, claudia lines, kike, imat adala, lilia, william, johan, entre muchas más personas que en nuestro próximo comunicado daremos a conocer por ahora estas son las primeras personas y organizaciones que declaramos como objetivo en cualquiera de nuestras regiones de nuestra influencia, y por lo cual les advertimos dejar o retirarse de inmediato de sus actividades izquierdistas o bien llamada proselitismo guerrillero, de lo contrario entraremos a actuar de inmediato".
- El 16 de Septiembre de 2007, en la ciudad de Medellín, durante el desarrollo de la diligencia de versión libre el jefe paramilitar Julián Bolívar ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, éste manifestó: "Incluso la señora Yolanda Becerra, montada sobre una de las tanquetas de la Policía Nacional, barrio por barrio denunciaba a los guardias de las autodefensas que ella había conocido plenamente como guerrilleros".
- En medio de la búsqueda de fosas en zona rural de Barrancabermeja por parte de la Fiscalía, un ex-comandante paramilitar manifestó, delante de varios funcionarios y medios de comunicación, que los enemigos del proceso de Justicia y Paz eran "los H.P. de Yolanda Becerra y David Ravelo".
- El día 18 de Octubre de 2007 fue conocido un texto impreso sin autor, en el cual se hacen señalamientos en contra del sacerdote Francisco de Roux, Director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y Yolanda Becerra Vega, en donde se les asocia con organizaciones guerrilleras.
Es preocupante que el escenario de las versiones de la llamada "Ley de Justicia y Paz", donde el deber ordenado por la Corte Constitucional a quienes se han acogido a la misma es relatar la verdad, resulte constituyéndose en un nuevo mecanismo para perseguir, estigmatizar y lanzar amenazas veladas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, llama la atención lo expresado en el escrito del 18 de octubre: "Recordemos que el curita de Roux, y la guerrillera Yolanda Becerra mantuvieron influencias en Bogota para llamar a calificar servicios al Mayor del Ejército y segundo comandante del Batallón Nueva Granada, por haber hecho públicas las órdenes de captura por rebelión que dictó la Fiscalía contra la junta directiva de la ACVC, bandidos y narcoguerrilleros que fueron capturados en el mes pasado en Barranca".
Estas afirmaciones hacen referencia a las gestiones adelantadas por Yolanda Becerra Vega, como defensora de derechos humanos, frente a la detención de varios directivos de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, las cuales se limitaron a una llamada al Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos para solicitarle que indagara por el paradero de las personas privadas de la libertad, dado que las mismas eran ocultadas por sus captores.
Este conjunto de hechos plantea grave riesgo para la vida e integridad personal de Yolanda Becerra Vega y su familia, así como para quienes hacen parte del equipo de trabajo de la Organización Femenina Popular -OFP-, razón por la cual demandamos de las autoridades acciones inmediatas y oportunas que pongan fin a esta cadena de amenazas que se vierten en la actualidad y garanticen la vigencia de sus derechos.
Responsabilizamos al Estado colombiano de lo que pueda suceder contra la vida e integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA y todos/as los miembros de su familia, así como de cualquier integrante de la Organización Femenina Popular -OFP- y la de otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja.
Solicitamos:
- Sean adoptadas medidas inmediatas, oportunas y adecuadas, de común acuerdo con los afectados, tendientes a proteger la vida, libertad e integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA, así como de los miembros de su familia y demás integrantes de la Organización Femenina Popular, entre ellas Jackeline Rojas Castañeda.
- Sean investigados los hechos y adoptadas las sanciones correspondientes en contra de los responsables de estas amenazas y actos de intimidación y hostigamiento.
- Realizar en Barrancabermeja una reunión con el gobierno nacional y local, los estamentos del Estado a que haya lugar, organizaciones defensoras de derechos humanos y de mujeres de carácter nacional y la Comunidad Internacional para hacerle seguimiento a los hechos que ponen en riesgo la integridad de las organizaciones y sus dirigentes.
PROPUESTA:
El Espacio de trabajadores y trabajadoras de Derechos Humanos, respondiendo a su misión de velar por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, convoca al Gobierno Nacional y a los entes del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y su Unidad Especializada de Derechos Humanos; a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del ámbito nacional, a las organizaciones de mujeres, al Cuerpo Diplomático y a las Agencias de Cooperación Internacional a la realización de un encuentro que permita hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, así como a la situación de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el marco del contexto político actual. Para este encuentro proponemos la siguiente agenda:
DICIEMBRE 4 DE 2007
9:00 AM. A 1:00 PM.: Análisis de la situación de derechos humanos en la ciudad-región.
1:00 PM. A 2:00 PM.: Almuerzo.
2:00 PM. A 6:00 PM.: Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, homenaje a Credhos en su vigésimo aniversario.
Invitamos a los entes de Estado, Gobierno, entes No Gubernamentales, al Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y a los entes de Cooperación Internacional a que incluyan en sus agendas esta fecha y nos honren con su presencia.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos Barrancabermeja -Magdalena Medio- Colombia
Noviembre 7 de 2007
Firman organizaciones que hacen parte del Espacio:
- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC
- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS
- Organización Femenina Popular –OFP
- Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –PDPMM
- Unión Sindical Obrera –USO
- Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz. Pastoral de Trabajadores
- Diócesis de Barrancabermeja. Central Unitaria de Trabajadores
- CUT
- Afrolibertarios
- Sinaltrainal
- Corporación Nación
- Asodesamuba
- Sintraelecol
- Asorvim
- Pax Christi
- Movimiento Humanista
- Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
Comunidad Internacional:
- Brigadas Internacionales de Paz
- Equipos Cristianos por la Paz
******** [resaltado fuera del comunicado original]
Gracias por su/tu paciencia, he estado fuera de mi despacho, luego súmamente atareada de modo que no me queda mucho tiempo para "bloguear" -- que es una actividad estrictamente "extra-curricular" y sin ninguna remuneración -- lo que me deja libre, dentro del marco de la decencia, de decir lo que yo quiera... :)
Bueno, en serio, aquí les/te comunico unas noticias extremadamente preocupantes desde Barrancabermeja, Colombia, donde unas personas directivas de movimientos sociales y defensoras de los derechos humanos fundamentales se ven otra vez mas asediadas, perseguidas, amenazadas. Leer, compartir con más gente, pero también ENVIARles cartas corteses al gobierno Colombiano, a la embajada colombiana en su país, para que se den cuenta de que hay que poner fin a las actividades irregulares, para no decir criminales, de los directivos de "Aguilas Negras" y otras organizaciones paramilitares. Favor enfocar en los tres puntos de solicitud más abajo.
¡Gracias!
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA [en lo que sigue, resaltado fuera del comunicado original]
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los hechos violatorios del derecho a la vida y a la integridad personal de Yolanda Becerra Vega, integrante del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos y directora de la Organización Femenina Popular; así como la intimidación a Jackeline Rojas, miembro del equipo de dirección de la OFP, y a Juan Carlos Galvis, vicepresidente nacional del Sindicato de la Industria de Alimentos -SINALTRAINAL.
Este hecho se da en el marco de un contexto regional y local donde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se la han tenido que jugar en respuesta a su compromiso misional y por la plena vigencia de los derechos humanos.
Es claro que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Fedeagromisbol, en su lucha por la defensa y de sus procesos organizativos y autogestionarios, se convierten en piedra en el zapato frente a los intereses de multinacionales y empresarios nacionales, que propenden por la implementación de una cultura agraria extensiva, especialmente de la palma, pasto para la crianza del ganado y otros productos que funcionaran como base para la producción de biodiesel.
En lo urbano la defensa de lo público y el respeto de las libertades individuales y colectivas ha puesto a los líderes y liderezas, y a sus organizaciones como objetivo de agresiones que pretenden "limpiar el camino" para empotrar en las cabeceras municipales un régimen autoritario fundamentado en la intimidación y el terror, para la consolidación de economías ilegales y el lavado de activos producto del narcotráfico y la extorsión.
Todo esto en el marco de la implementación de la "Ley de Justicia y Paz" aplicada a los grupos paramilitares de la región, desmovilizados desde diciembre de 2005, y que a la fecha siguen actuando como "Aguilas negras" para el caso del Magdalena medio.
En Barrancabermeja es preocupante la manera como los hoy desmovilizados, otrora paramilitares del Bloque Central Bolívar, continúan ejerciendo el control social a través de las empresas de vigilancia privada; continúan con el negocio de las economías ilícitas, y avanzan en la creación de espacios organizativos como es el caso de la ONG "Reparar Colombia", organización que tiene el propósito de organizar y asesorar a las víctimas de la violencia declarada por ellos.
Descripción del hecho y antecedentes:
El día 4 de Noviembre de 2007, a las 7:30 A.M., dos hombres armados, encapuchados y vestidos de civil irrumpieron a la fuerza en el apartamento de Yolanda Becerra, en la ciudad de Barrancabermeja. Cuando Yolanda se percató de la extraña visita quiso oponer resistencia pero éstos penetraron en la vivienda, la empujaron, le pusieron un arma de fuego en su cabeza y le dijeron: "Hijueputa el cuento se le acabó, tiene 48 horas para que se vaya, si no, vamos a acabar con su familia. Usted no se nos escapa". Mientras era vigilada por uno de ellos el otro se encargó de revolcar todo el apartamento y habiendo terminado trajo consigo la C.P.U del computador. Cuando se disponían a abandonar el apartamento miraron hacia el pasillo que comunica el piso del edificio y decidieron dejar la C.P.U sobre el arrume de libros tirados dentro de la vivienda.
Simultáneamente, en otro barrio de la ciudad, la chapa de la puerta del apartamento que comparten Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis había sido bloqueada mediante la introducción de un elemento extraño que impedía a sus moradores(as) salir de la vivienda. Adicionalmente, la reja que permite el acceso, ubicada en el segundo piso del edificio, se encontraba abierta.
El Espacio ve con preocupación estos hechos toda vez que se postulan como corolario de una serie de acontecimientos de los que se ha sido objeto en el transcurso del año y donde se señalan las organizaciones y sus dirigentes como afectas a los grupos armados de izquierda.
Veamos:
- El día 7 de julio de 2007, en la sede de la Organización Femenina Popular- OFP fue recibida una amenaza para la OFP, donde también se amenaza a organizaciones sindicales y de Derechos Humanos de la región, así como a varias personas, siendo declarados(as) objetivo militar por parte de la estructura paramilitar que actúa bajo la etiqueta de "Águilas Negras".
En dicha amenaza se expresa: "por tal motivo advertimos a organizaciones como: uso, ofp, asodemuba, andas, PDA, acvc, entre otras, que daremos a conocer pronto y personas como, socorro, david ravelo, gamboa, mario, claudia lines, kike, imat adala, lilia, william, johan, entre muchas más personas que en nuestro próximo comunicado daremos a conocer por ahora estas son las primeras personas y organizaciones que declaramos como objetivo en cualquiera de nuestras regiones de nuestra influencia, y por lo cual les advertimos dejar o retirarse de inmediato de sus actividades izquierdistas o bien llamada proselitismo guerrillero, de lo contrario entraremos a actuar de inmediato".
- El 16 de Septiembre de 2007, en la ciudad de Medellín, durante el desarrollo de la diligencia de versión libre el jefe paramilitar Julián Bolívar ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, éste manifestó: "Incluso la señora Yolanda Becerra, montada sobre una de las tanquetas de la Policía Nacional, barrio por barrio denunciaba a los guardias de las autodefensas que ella había conocido plenamente como guerrilleros".
- En medio de la búsqueda de fosas en zona rural de Barrancabermeja por parte de la Fiscalía, un ex-comandante paramilitar manifestó, delante de varios funcionarios y medios de comunicación, que los enemigos del proceso de Justicia y Paz eran "los H.P. de Yolanda Becerra y David Ravelo".
- El día 18 de Octubre de 2007 fue conocido un texto impreso sin autor, en el cual se hacen señalamientos en contra del sacerdote Francisco de Roux, Director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y Yolanda Becerra Vega, en donde se les asocia con organizaciones guerrilleras.
Es preocupante que el escenario de las versiones de la llamada "Ley de Justicia y Paz", donde el deber ordenado por la Corte Constitucional a quienes se han acogido a la misma es relatar la verdad, resulte constituyéndose en un nuevo mecanismo para perseguir, estigmatizar y lanzar amenazas veladas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, llama la atención lo expresado en el escrito del 18 de octubre: "Recordemos que el curita de Roux, y la guerrillera Yolanda Becerra mantuvieron influencias en Bogota para llamar a calificar servicios al Mayor del Ejército y segundo comandante del Batallón Nueva Granada, por haber hecho públicas las órdenes de captura por rebelión que dictó la Fiscalía contra la junta directiva de la ACVC, bandidos y narcoguerrilleros que fueron capturados en el mes pasado en Barranca".
Estas afirmaciones hacen referencia a las gestiones adelantadas por Yolanda Becerra Vega, como defensora de derechos humanos, frente a la detención de varios directivos de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, las cuales se limitaron a una llamada al Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos para solicitarle que indagara por el paradero de las personas privadas de la libertad, dado que las mismas eran ocultadas por sus captores.
Este conjunto de hechos plantea grave riesgo para la vida e integridad personal de Yolanda Becerra Vega y su familia, así como para quienes hacen parte del equipo de trabajo de la Organización Femenina Popular -OFP-, razón por la cual demandamos de las autoridades acciones inmediatas y oportunas que pongan fin a esta cadena de amenazas que se vierten en la actualidad y garanticen la vigencia de sus derechos.
Responsabilizamos al Estado colombiano de lo que pueda suceder contra la vida e integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA y todos/as los miembros de su familia, así como de cualquier integrante de la Organización Femenina Popular -OFP- y la de otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja.
Solicitamos:
- Sean adoptadas medidas inmediatas, oportunas y adecuadas, de común acuerdo con los afectados, tendientes a proteger la vida, libertad e integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA, así como de los miembros de su familia y demás integrantes de la Organización Femenina Popular, entre ellas Jackeline Rojas Castañeda.
- Sean investigados los hechos y adoptadas las sanciones correspondientes en contra de los responsables de estas amenazas y actos de intimidación y hostigamiento.
- Realizar en Barrancabermeja una reunión con el gobierno nacional y local, los estamentos del Estado a que haya lugar, organizaciones defensoras de derechos humanos y de mujeres de carácter nacional y la Comunidad Internacional para hacerle seguimiento a los hechos que ponen en riesgo la integridad de las organizaciones y sus dirigentes.
PROPUESTA:
El Espacio de trabajadores y trabajadoras de Derechos Humanos, respondiendo a su misión de velar por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, convoca al Gobierno Nacional y a los entes del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y su Unidad Especializada de Derechos Humanos; a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del ámbito nacional, a las organizaciones de mujeres, al Cuerpo Diplomático y a las Agencias de Cooperación Internacional a la realización de un encuentro que permita hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, así como a la situación de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el marco del contexto político actual. Para este encuentro proponemos la siguiente agenda:
DICIEMBRE 4 DE 2007
9:00 AM. A 1:00 PM.: Análisis de la situación de derechos humanos en la ciudad-región.
1:00 PM. A 2:00 PM.: Almuerzo.
2:00 PM. A 6:00 PM.: Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, homenaje a Credhos en su vigésimo aniversario.
Invitamos a los entes de Estado, Gobierno, entes No Gubernamentales, al Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y a los entes de Cooperación Internacional a que incluyan en sus agendas esta fecha y nos honren con su presencia.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos Barrancabermeja -Magdalena Medio- Colombia
Noviembre 7 de 2007
Firman organizaciones que hacen parte del Espacio:
- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC
- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS
- Organización Femenina Popular –OFP
- Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –PDPMM
- Unión Sindical Obrera –USO
- Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz. Pastoral de Trabajadores
- Diócesis de Barrancabermeja. Central Unitaria de Trabajadores
- CUT
- Afrolibertarios
- Sinaltrainal
- Corporación Nación
- Asodesamuba
- Sintraelecol
- Asorvim
- Pax Christi
- Movimiento Humanista
- Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
Comunidad Internacional:
- Brigadas Internacionales de Paz
- Equipos Cristianos por la Paz
******** [resaltado fuera del comunicado original]
Friday, September 21, 2007
Colombia, San José de Apartadó: ¡Siguen los asesinatos por paramilitares!
¡Hooola otra vez!
Acaba de llegarme una noticia por vía de Madrid, España, de nuevos asesinatos en la zona de paz (¿qué paz, Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez?) de San José de Apartadó en Urabá, Colombia. Viene acompañada por estas palabras de mi amigo muy fidedigno. Para mi, lo que destaca de la carta del P. Javier Giraldo son estas dos frases:
"La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario."
A ver si, a lo largo pero muy pronto, el Presidente de nuestra querida Colombia vaya a prestar oído a tantas voces que reclaman verdadera justicia y paz. Ahora, las palabras de mi amigo madrileño (que conoce súmamente bien la zona de paz de San José de Apartadó):
"Os envío las últimas noticias sobre otro nuevo asesinato en la zona de San José de Apartado. También os mando una carta-respuesta del P. Javier Giraldo a la Policía de Urabá.
Esto está meridianamente claro. Sólamente es necesario no negarse a ver. Y también no negarse a que esta realidad nos implique.
Un abrazo gordo,
el miguelo"
Con igual abrazo gordo, y con la esperanza de que much@s de Ustedes utilicen la carta modelo de protesta para dar voz a su preocupación,
la Margaret
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CONTINUAN LOS ASESINATOS DE LOS PARAMILITARES EN LA ZONA
Tenemos la obligación nuevamente de dejar constancia de otro asesinato contra un campesinado de la zona, es demostración clara de la situación dramática que se esta viviendo en Urabá.
El día 18 deseptiembre hacia la 1 p.m. fue asesinado al frente de la salida del Terminal de Transportes de Apartadó, HECTOR JAIME OROZCO GRISALES, de 26 años de edad. Fue abordado por un hombre de civil y con arma corta; se le acercó y le hizo varios disparos. Este hombre se le ha visto continuamente en el Terminal con otros hombres y son paramilitares reconocidos. JAIME no hacía parte de nuestra comunidad, pero era un campesino conocido que se había dedicado a aserrar madera, a la agricultura y vivía actualmente en Playas Altas a treinta minutos de San Josesito. El asesinato ocurrió en medio de un lugar de gran presencia policial.
Es evidente el accionar paramilitar y la complicidad de la fuerza pública, pues los asesinos actúan libremente en una zona controlada por la fuerza pública como es el Terminal de transportes. Los paramilitares son públicos y a la vista de todo el mundo y no se hace absolutamente nada. Es preocupante y angustiante el asesinato continuo de que se esta siendo víctima el campesinado de la zona, con el silencio y la complacencia de las diversas instituciones del estado que dejan en la total impunidad el actuar paramilitar que sigue más activo que nunca.
Nuestra solidaridad para con su familia y sus cinco hijos pequeños. Creemos que estas acciones en contra de la vida del campesinado, de la población civil, nos reafirman en nuestra opción por construir y defender la vida desde nuestros principios de paz. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al estado que cese este exterminio que se sigue realizando contra la población civil.
Queremos aprovechar para compartir la respuesta del padre Javier al comandante de la policía de Urabá donde se ve con claridad la distorsión de la verdad por parte de los victimarios.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 19 de 2007
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Bogotá, 12 de septiembre de 2007
Sr. Teniente Coronel
HÉCTOR MIGUEL CRUZ ROCHA
Comandante (E) Departamento Policía Urabá
Carepa, Antioquia
Ref: Oficio No. 452/COMAN ASJUR DEURA
De toda consideración.
Agradezco su oficio de la referencia en el cual comenta los casos presentados ante el Señor Presidente de la República por el suscrito, en el Derecho de Petición No. 15 interpuesto el pasado 3 de julio.
Ante todo debo manifestarle que los Derechos de Petición presentados ante el Señor Presidente no tienen por objeto solicitar investigaciones internas de los órganos del Estado ni procesos penales o disciplinarios, sino que se sustentan en una obligación que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado de "garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos" (Art. 188), para lo cual pone en manos del Presidente las atribuciones y facultades suficientes (Art. 189, 3; Art. 189,13), definiendo su responsabibilidad al respecto, tanto por acción como por omisión (Art. 6 y Art. 198). La impunidad que se ha afirmado como única respuesta, durante 30 años, ante los crímenes horrendos que la fuerza pública ha perpetrado contra la popblación campesina de San José de Apartadó, lleva a acudir al Garante Constitucional de los derechos elementales de los colombianos, dotado por la misma Constitución de los instrumentos necesarios y suficientes para depurar las instituciones; para retirar del cargo a los criminales; para redireccionar las prácticas delictivas de los órganos estatales y para reparar a las víctimas, al menos provisionalmente, por vía administrativa.
En el oficio de la referencia, usted trata de dar explicaciones a los numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes internas, al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la ética universal, perpetrados por miembros de la Policía Nacional. Dado que sus respuestas se enmarcan en pocos modelos repetitivos, prefiero hacerle comentarios a esos modelos, aludiendo solamente, de manera particular, a unos pocos casos que exigen comentarios específicos.
Muchas de sus respuestas se apoyan en la afirmación de que "la Policía no fue informada" sobre los hechos ni se le solicitó actuar para impedirlos o para perseguir a los victimarios.
Es muy claro que el comportamiento de la Policía frente a la población civil no inspira ninguna confianza para acudir a sus agentes y suministrarles informaciones o pedirles protección. Son muy numerosos los casos, desde hace muchos años, en que a los agentes se les ve actuando en coordinación con los criminales e incluso muchas veces se han reído a carcajadas de las víctimas cuando éstas acuden a ellos en búsqueda de protección, mostrando no pocas veces abierta simpatía por los agresores.
Desde la Comisión Interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996, en cuyo Informe quedó claro que la información recaudada por la fuerza pública era suministrada inmediatamente a los paramilitares, quienes se valían de ella para programar los crímenes más horrendos, la situación no ha cambiado. Muchos detalles de crímenes recientes al menos sugieren que ha habido coordinación con la Policía, así sea para que en el momento del crimen no estén presentes en el retén y dejen actuar a sus anchas a los paramilitares. En general, la Policía no es percibida como un órgano de protección (como debería serlo según la Constitución), sino como un órgano de agresión y esto se sustenta en una experiencia dolorosa de larga trayectoria, al menos de una década. Todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2004, en numerosas sesiones de interlocución con el Gobierno, en las cuales la Comunidad hizo propuestas muy bien sustentadas y concretas sobre el tipo de presencia que debería tener la Policía en San José de Apartadó, contemplaban estrategias que hubieran ayudado a cambiar la imagen de la Policía, pero no con mecanismos publicitarios sino con prácticas de reparación sincera de todo lo destruido. Lamentablemente, el Presidente Uribe prefirió ignorar toda esa interlocución y romperla unilateralmente, ordenando la entrada violenta de la Policía en San José para pisotear todos los principios elementales de una Comunidad de Paz, que no puede convivir, en sus espacios de vida y trabajo, con ningún actor armado. Las agresiones que se han seguido desde entonces han afianzado más la imagen de un órgano de destrucción que no de protección.
En otras muchas de sus respuestas se afirma que la Policía trató de investigar las agresiones pero que los integrantes de la Comunidad no colaboraron con informaciones o declaraciones.
Nuevamente hay que señalar aquí el nivel profundo de desconfianza que tiene la población campesina de la zona frente a una fuerza pública a la que ha visto por varias décadas involucrada en los crímenes más horrendos. Pero también hay que subrayar en este punto la conciencia cada vez más clara que tienen los pobladores de la zona de que las investigaciones no pueden ser hechas por la misma institución a la cual pertenecen los victimarios, pues eso vulnera los principios más fundamentales y universales de toda investigación, que son la imparcialidad y la independencia.
Tampoco tienen ya credibilidad entre la población de la zona las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, pues nunca han dado resultado alguno. Más de 600 crímenes de lesa humanidad que han sido registrados y presentados ante todas las instancias del Estado y de la Comunidad Internacional en la última década, permanecen aún en absoluta impuniad. La Comunidad de Paz ha solicitado en diversos momentos (en 1997, en 2000, en 2003, en 2004) que se configuren comisiones especiales que investiguen por qué la justicia no funciona para las víctimas de San José de Apartadó, pero sólo ha obtenido respuestas de absoluta irresponsabilidad por parte del Estado. Aún más, el seguimiento de los métodos "investigativos" de los pocos y paupérrimos procesos que se han abierto, nos revelan muy claramente que la impunidad es algo buscado intencionalmente.
Los pobladores de la zona rindieron centenares de declaraciones hasta que se dieron cuenta de que esos testimonios sólo servían para que algunos declarantes fueran asesinados y otros perseguidos, desplazados, amenazados o víctimas de montajes judiciales, como ocurrió en el más reciente caso de los que en febrero de este año fueron falsamente acusados de atentar contra Nubar (Elidio) Tuberquia, los cuales han sido víctimas de un burdo montaje judicial que a todas luces involucra a diversos órganos del Estado y que aún los tiene en injusta prisión. Mucho menor credibilidad pueden tener indagaciones que se hacen en el interior de las mismas instituciones implicadas en los crímenes, pues ya hemos comprobado en multitud de casos que tales "investigaciones" consisten en preguntarles a los mismos criminales, a sus compañeros de unidad y a sus líneas de mando, si realmente perpetraron los crímenes, o si los hechos sucedieron como fueron denunciados. Siempre se da una comprensible inhibición para autoinculparse y ella se convierte entonces en la respuesta definitiva de la institución, la cual niega que los hechos hayan ocurrido de esa forma, archivando en consecuencia los casos y acusando a las víctimas de "querer desprestigiar a la institución". Todo esto explica que la Comunidad ya no quiera colaborar con mecanismos tan corruptos, inútiles y de fatales consecuencias. Ya es muy claro que la única esperanza de justicia está en órganos internacionales
Otras muchas de sus respuestas niegan incluso la ocurrencia de las agresiones.
Es muy revelador que el Comandante regional de una institución como la Policía niegue rotundamente que hechos, que las víctimas han sufrido en carne propia, hayan ocurrido. Las respuestas suyas que niegan hechos, aduciendo que las normas los prohíben, acusan por lo menos una ingenuidad imperdonable, pues pretenden que las normas pueden hacer desaparecer los hechos, cuando todo ocurre justamente a la inversa: los hechos hacen desaparecer las normas. Las respuestas que niegan los hechos, alegando que no se han presentado denuncias ante los órganos competentes y con pruebas y testimonios contundentes, revelan un "desconocimiento" de todo lo explicado anteriormente respecto a los órganos investigativos, o sea, de la absoluta inutilidad de las denuncias, ya que durante varias décadas han sido inútiles, o peor aún, contraproducentes y riesgosas, dada la estrecha unidad de las instituciones con el paramilitarismo. ¿Cómo puede un Comandante de Policía "desconocer" los reales efectos de las denuncias durante tanto tiempo: asesinatos de declarantes; retaliaciones violentas; amenazas; desplazamientos; montajes judiciales? Pero la negación de los hechos por parte de las instituciones desgraciadamente no suprime el sufrimiento de las víctimas sino que lo agrava.
En muchas respuestas usted niega, en particular, que la Policía maltrate a las víctimas; que irrespete su dignidad; que utilice lenguajes soeces; que haga afirmaciones que colocan a los agentes en los antípodas de la ley, tales como: " nosotros hacemos lo que nos dé la gana"; "no son ustedes los que nos van a enseñar de leyes"; "este gobierno es nuestro y por eso nosotros hacemos lo que queramos", etc., etc.
Aquí su ingenuidad, Señor Coronel, llega a extremos inconcebibles. Desde el escritorio del Comandante de la Policía no se perciben los tratos degradantes y tampoco desde formalismos internos pretendidamente "investigativos". Los tratos degradantes se sufren es en las entrañas conmocionadas y en los nervios crispados de las víctimas, en los retenes y estaciones donde la dignidad humana es conculcada. Lo que esta respuesta revela no es solo ingenuidad sino que el Comandante no tiene mecanismos para controlar a sus subalternos. Si niega comportamientos tan rutinarios es porque no implementa mecanismo alguno de control de sus súbditos, lo que no lo exime de responsabilidad sino que, por el contrario, su responsabilidad de garante lo convierte en co-autor de los delitos.
Algunas de sus respuestas exigen comentarios más específicos:
- El caso de la detención de Amanda Úsuga en el mes de febrero de este año, constituye no solo una arbitrariedad sino una agresión que sobreabunda en infamia sobre una víctima que ya ha sufrido enormes agresiónes del Estado: su esposo fue asesinado por agentes del Estado, teniendo ella que asumir la carga del sustento de sus hijos. En febrero de 2003 fue detenida injustamente como efecto de un infame montaje que ya está suficientemente esclarecido, obligándola a permanecer cerca de un año en prisión injusta, sin que el Estado haya reparado hasta el momento semejante crimen. En la nueva detención del pasado mes de febrero se atribuyeron mutuamente la responsabilidad la Fiscalía y la Policía, pero hasta ahora no resulta claro cuál institución tuvo la mayor responsabilidad.
- En el caso del asesinato de Francisco Puerta, el 14 de mayo de 2007, nos encontramos con una versión oficial y con otra versión de una persona de la Comunidad. Si hemos privilegiado la versión del miembro de la Comunidad, a pesar de sus debilidades y falta de detalles, es porque una enorme cadena de casos nos ha demostrado que las versiones oficiales son las que resultan más falsas. En efecto, las versiones oficiales de la masacre del 21 de febrero de 2005 contaron incluso con declaraciones del Ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la Comandancia de la Brigada, del Jefe de Fiscalías de Antioquia, que resultaron absolutamente falsas. En los mismos días, los más de cien testigos que recorrieron a pié la zona del crimen pudieron constatar en vivo y en directo que todas las autoridades estaban mintiendo y que incluso los mapas que le estaban suministrando a los medios internacionales de información, eran falsos.
Lo mismo ocurrió con las más recientes ejecuciones de [2005/]2006: las de Arlén Rodrígo Salas (17 noviembre/05), de Edilberto Vásquez (12 enero/06) y de Nelly Johana Durango (3 marzo/06), casos en los cuales la fuerza pública adulteró los escenarios de los crímenes y manipuló los mismos cadáveres para confeccionar versiones falsas de sus muertes; las versiones oficiales fueron desmentidas posteriormente por la misma Fiscalía.
En la actual cadena de revelaciones que acompaña las versiones libres de grandes criminales, como Salvatore Mancuso, se va comprobando que lo que la Comunidad había denunciado desde hace muchos años y que había sido rotundamente negado por todos los órganos del Estado, es afirmado por estos mismos criminales que participaron en los crímenes al lado de los agentes oficiales. Es probable que dentro de unos años, los paramilitares que han acompañado a la fuerza pública en la perpetración de estos centenares de crímenes contra la Comunidad de Paz de San José, revelen ante tribunales nacionales o internacionales los detalles de todos estos horrores.
- En el caso de Don Roberto Monroy, nos queda muy difícil comprobar si lo que allí se afirma en su oficio acerca de la confusión con sus documentos de identidad, es cierto o falso, pero la manera cómo la fuerza pública de la zona ha tratado a Don Roberto es inicua y criminal, desde la vez que intentaron asesinarlo en Las Nieves, la víspera de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (febrero de 2005), hasta las diversas privaciones de su libertad en meses posteriores, en las cuales se revela un tratamiento degradante por su condición de indígena, muestra un racismo abominable en la Policía y el Ejército. Nunca será suficiente nuestra condena moral contra las instituciones del Estado por el ensañamiento contra este humilde trabajador indígena, víctima de tantas y tan degradantes infamias por parte de la fuerza pública, llegando el hostigamiento a obligarlo a un desplazamiento forzado que constituye un nuevo crimen de lesa humanidad.
- Respecto a los saqueos de los bienes de los desplazados y la utilización de sus viviendas para prácticas de prostitución de la fuerza pública, se han puesto en conocimiento del Señor Presidente casos concretos con sus fechas y lugares. Es una lástima que no haya una instancia confiable que ejerza verdadera justicia.
- La destrucción del monumento a las víctimas no puede legitimarse en la construcción de un parque para los niños. La Policía no es dueña del territorio de San José y no puede hacer de él lo que quiera bajo pretexto de estar haciendo "obras sociales". La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario. Es, pues, una presencia que desconoce derechos legítimos y, por lo tanto, violatoria de los mismos. No puede ignorar a la población desplazada y destruir o abusar de lo que ellos construyeron y que algún día, cuando llegue un régimen respetuoso de los derechos humanos, podrá volver a ser utilizado por quienes invirtieron en ello muchos años de su dura existencia. Ninguna excusa, por otra parte, puede ser aceptable, para legitimar agresiones contra la memoria de las víctimas que es sagrada.
- La explicación que usted da allí sobre la presencia del paramilitar alias "Lalo" en el caserío de San José desde el ingreso de la Policía, aduciendo que su hoja de vida en los archivos de la justicia está limpia, parece ignorar que esa es la situación de cerca de 30.000 paramilitares que se beneficiaron de la Ley 782/02. Para nadie es un secreto que los paramilitares no utilizaban su nombre propio ni su documento de identidad mientras perpetraban sus crímenes, claramente apoyados o tolerados por las diversas autoridades del Estado. Ni el Gobierno ni el Congreso podían ignorar que quienes inundaron el país de sangre durante varias décadas tenían un blindaje judicial; por eso la política de desmovilización es comprendida a gran escala como una política de impunidad y de legalización de criminales. Pero eso no borra el hecho de bulto de que alias "Lalo" fue visto durante muchos años por la población de la zona actuando en los grupos más criminales que causaron los más agudos sufrimientos a la población de la región y por eso su sola presencia en el caserío constituye una agresión de grandes proporciones, mucho más cuando su establecimiento comercial es el sitio donde departen Policía y Ejército de manera habitual.
Negar, como allí hace, la ilegalidad de las detenciones de Gildardo Tuberquia y de Braider Úsuga, es algo que va contra toda evidencia. En el caso de Gildardo, privarlo de su libre movilidad y conducirlo al Comando de Policía en Apartadó es un procedimiento que no puede sino llamarse detención, y si se hace por el solo hecho de que le hacía ver a los policías del retén que estaban violando la ley y actuando en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, no hay cómo justificar esa detención de manera legal. En el caso de Braider, cuando se aduce como pretexto de su detención que preguntó si había mucho ejército en la zona, ello pasa de lo ridículo a lo trágico, pues implica ignorar que la presencia del Ejército, sobre todo para los pobladores de San José, ha sido siempre una presencia agresiva y destructiva y no protectiva como debería ser si se respetara la Constitución. Además, la detención ilegal de Braider reveló a las claras que Policía y Ejército actúan todavía en estrecha unidad de acción con los paramilitares, pues la finca a donde lo llevaron ilegalmente en medio de amenazas e intentando desaparecerlo, estaba ocupada por paramilitares y ellos lo sometieron a prolijos interrogatorios.
- La forma como se narra allí el casode Elidio (Nubar) Tuberquia no coincide en nada con lo que muchos integrantes de la Comunidad que eran sus amigos y vecinos percibieron en directo en sus conversaciones con él. En efecto, él acudió muchas veces a la Comunidad para que le ayudara a denunciar la usurpación de su casa por la Policía y a defender sus derechos. En las últimas semanas antes del atentado insistió en que le ayudaran a denunciar los engaños de la Policía, pues sentía nuevamente que no le iban a cumplir. Su intervención enérgica en la reunión que hubo en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, seguida, sólo dos días después, por el atentado (noviembre 13/06), sobre todo teniendo en cuenta su intención manifiesta de denunciar los engaños ante una comisión internacional que iba a visitar la zona en esos días, es lo que lleva a interpretar el atentado como un intento de silenciarlo, ya que es muy difícil aceptar que cuatro hombres armados a escasos metros del caserío de San José, pasaran desapercibidos para Policía y Ejército que en gran número controlan un espacio tan pequeño. Atribuirle las frases que allí se le atribuyen contra la Comunidad de Paz es algo que va en contravía de su discurso habitual sobre la Comunidad. Además, afirmar que él temía que la Comunidad atentara contra su vída es algo inconcebible, toda vez que él conoció muy de cerca las dinámicas de la Comunidad, donde siempre se ha estado impulsando la defensa de la vida, incluso de la vida de aquellos que podrían ser sospechosos de estar colaborando con los agresores de la Comunidad, pues la Comunidad ha estado conformada por víctimas de agresiones contra la vida y por ello aprecia más profundamente el valor de la vida. Hacer ese tipo de afirmaciones y ponerlas en boca de una persona que hoy ya no tiene conciencia, es otra infamia de grandes proporciones contra la Comunidad de Paz.
- Interpretar nuestros derechos de petición como un intento de "desprestigiar a la Policía" es un mecanismo al que nos ha acostumbrado el Estado durante muchas décadas. Los grandes crímenes que han conmovido al país durante todos estos años de la estrategia paramilitar han pretendido blindarse frente a la justicia mediante este recurso, acogido en la mayoría de las veces por las mismas instancias judiciales y disciplinarias del Estado: las denuncias sobre el genocidio de la Unión Patriótica; sobre las desapariciones del Palacio de Justicia y los demás millares de desapariciones forzadas; sobre las grandes masacres y horrrores perpetrados por agentes del Estado, fueron siempre atribuidas a intentos de desprestigio del Estado por parte de sus opositores. Sin embargo, la historia ha ido demostrando que las denuncias eran correctas, a pesar de que los denunciantes fueron estigmatizados durante décadas por los mismos medios masivos de información que hoy se arrepienten de ello.
Finalmente, la negativa a suministrar los nombres de los oficiales, suboficiales y agentes que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es algo incompatible con la Constitución y con el Derecho Internacional. La más elemental filosofía jurídica establece que el servidor público es PÚBLICO y no tiene derecho a clandestinizarse y que su conducta tiene que estar abierta al escrutinio de los ciudadanos, mucho más cuando son sus víctimas. Ocultar la identidad de funcionarios que se supone PÚBLICOS no tiene ningún asidero en la ley y va en contravía también del Derecho Internacional. Encapuchar a los agentes, al más puro estilo paramilitar, es adicionar nuevos mecanismos de impunidad, pero además es impedir que los procedimientos judiciales, tanto los contemplados en el Código de Procedimiento Penal, como en el Estatuto de Roma, puedan tener efecto, ya que, en el primero caso, se utiliza el anonimato de los victimarios para archivar los casos en el término de seis meses, y en el segundo caso, se impide que los casos puedan llenar los requisitos de la denuncia, la cual debe señalar al presunto culpable con su plena identidad. Es lógico que implementar mecanismos de impunidad sea considerado por la Comunidad Internacional como un nuevo Crimen de Lesa Humanidad.
Como cristiano y como sacerdote no puedo dejar de exhortarlo, Señor Coronel Cruz, a que detenga tan cruel persecución contra la Comunidad de Paz de San José; a que piense siquiera un momento en los inmensos sufrimientos que está causando en tanta gente que ya ha sufrido horrores por los crímenes del Estado; a que tenga en consideración que también las poblaciones pobres y desprotegidas tienen una dignidad humana que debemos respetar y no pisotearla tan cruelmente como lo hace la Policía de Urabá. Si usted no cree en Dios, pues la fe en Dios es incompatible con afrentas sistemáticas a nuestros semejantes, le ruego que crea al menos en la Ley y en el Estado de Derecho que dice defender, el cual es absolutamente incompatible con los comportamientos que ha tenido el Estado como tal para con estas poblaciones tan victimizadas.
Le ruego, pues, y le suplico encarecidamente, que cesen la persecución y los atropellos contra la población de San José; que cesen los anuncios continuos de que la Comunidad va a ser exterminada; que cesen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los retenes y empadronamientos ilegales, irrespetuosos y degradantes; el irrespeto por los bienes de los desplazados y por la memoria de las víctimas; la estrecha alianza y unidad de acción con los grupos paramilitares; la compra y envilecimiento de testimonios para servir a la mentira y al terror que continuamente infunden en la población. Se lo suplico en nombre de la Humanidad que se siente moralmente lesionada por tales horrores.
Atentamente,
Javier Giraldo M., S. J.
CC: Presidencia de la República; Ministerio de Defensa; Corte Constitucional; Corte Penal Internacional; Corte Interamericana de Derechos Humanos; comunidades solidarias con la Comunidad de paz de San José de Apartadó.
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
Acaba de llegarme una noticia por vía de Madrid, España, de nuevos asesinatos en la zona de paz (¿qué paz, Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez?) de San José de Apartadó en Urabá, Colombia. Viene acompañada por estas palabras de mi amigo muy fidedigno. Para mi, lo que destaca de la carta del P. Javier Giraldo son estas dos frases:
"La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario."
A ver si, a lo largo pero muy pronto, el Presidente de nuestra querida Colombia vaya a prestar oído a tantas voces que reclaman verdadera justicia y paz. Ahora, las palabras de mi amigo madrileño (que conoce súmamente bien la zona de paz de San José de Apartadó):
"Os envío las últimas noticias sobre otro nuevo asesinato en la zona de San José de Apartado. También os mando una carta-respuesta del P. Javier Giraldo a la Policía de Urabá.
Esto está meridianamente claro. Sólamente es necesario no negarse a ver. Y también no negarse a que esta realidad nos implique.
Un abrazo gordo,
el miguelo"
Con igual abrazo gordo, y con la esperanza de que much@s de Ustedes utilicen la carta modelo de protesta para dar voz a su preocupación,
la Margaret
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CONTINUAN LOS ASESINATOS DE LOS PARAMILITARES EN LA ZONA
Tenemos la obligación nuevamente de dejar constancia de otro asesinato contra un campesinado de la zona, es demostración clara de la situación dramática que se esta viviendo en Urabá.
El día 18 deseptiembre hacia la 1 p.m. fue asesinado al frente de la salida del Terminal de Transportes de Apartadó, HECTOR JAIME OROZCO GRISALES, de 26 años de edad. Fue abordado por un hombre de civil y con arma corta; se le acercó y le hizo varios disparos. Este hombre se le ha visto continuamente en el Terminal con otros hombres y son paramilitares reconocidos. JAIME no hacía parte de nuestra comunidad, pero era un campesino conocido que se había dedicado a aserrar madera, a la agricultura y vivía actualmente en Playas Altas a treinta minutos de San Josesito. El asesinato ocurrió en medio de un lugar de gran presencia policial.
Es evidente el accionar paramilitar y la complicidad de la fuerza pública, pues los asesinos actúan libremente en una zona controlada por la fuerza pública como es el Terminal de transportes. Los paramilitares son públicos y a la vista de todo el mundo y no se hace absolutamente nada. Es preocupante y angustiante el asesinato continuo de que se esta siendo víctima el campesinado de la zona, con el silencio y la complacencia de las diversas instituciones del estado que dejan en la total impunidad el actuar paramilitar que sigue más activo que nunca.
Nuestra solidaridad para con su familia y sus cinco hijos pequeños. Creemos que estas acciones en contra de la vida del campesinado, de la población civil, nos reafirman en nuestra opción por construir y defender la vida desde nuestros principios de paz. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al estado que cese este exterminio que se sigue realizando contra la población civil.
Queremos aprovechar para compartir la respuesta del padre Javier al comandante de la policía de Urabá donde se ve con claridad la distorsión de la verdad por parte de los victimarios.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 19 de 2007
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Bogotá, 12 de septiembre de 2007
Sr. Teniente Coronel
HÉCTOR MIGUEL CRUZ ROCHA
Comandante (E) Departamento Policía Urabá
Carepa, Antioquia
Ref: Oficio No. 452/COMAN ASJUR DEURA
De toda consideración.
Agradezco su oficio de la referencia en el cual comenta los casos presentados ante el Señor Presidente de la República por el suscrito, en el Derecho de Petición No. 15 interpuesto el pasado 3 de julio.
Ante todo debo manifestarle que los Derechos de Petición presentados ante el Señor Presidente no tienen por objeto solicitar investigaciones internas de los órganos del Estado ni procesos penales o disciplinarios, sino que se sustentan en una obligación que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado de "garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos" (Art. 188), para lo cual pone en manos del Presidente las atribuciones y facultades suficientes (Art. 189, 3; Art. 189,13), definiendo su responsabibilidad al respecto, tanto por acción como por omisión (Art. 6 y Art. 198). La impunidad que se ha afirmado como única respuesta, durante 30 años, ante los crímenes horrendos que la fuerza pública ha perpetrado contra la popblación campesina de San José de Apartadó, lleva a acudir al Garante Constitucional de los derechos elementales de los colombianos, dotado por la misma Constitución de los instrumentos necesarios y suficientes para depurar las instituciones; para retirar del cargo a los criminales; para redireccionar las prácticas delictivas de los órganos estatales y para reparar a las víctimas, al menos provisionalmente, por vía administrativa.
En el oficio de la referencia, usted trata de dar explicaciones a los numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes internas, al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la ética universal, perpetrados por miembros de la Policía Nacional. Dado que sus respuestas se enmarcan en pocos modelos repetitivos, prefiero hacerle comentarios a esos modelos, aludiendo solamente, de manera particular, a unos pocos casos que exigen comentarios específicos.
Muchas de sus respuestas se apoyan en la afirmación de que "la Policía no fue informada" sobre los hechos ni se le solicitó actuar para impedirlos o para perseguir a los victimarios.
Es muy claro que el comportamiento de la Policía frente a la población civil no inspira ninguna confianza para acudir a sus agentes y suministrarles informaciones o pedirles protección. Son muy numerosos los casos, desde hace muchos años, en que a los agentes se les ve actuando en coordinación con los criminales e incluso muchas veces se han reído a carcajadas de las víctimas cuando éstas acuden a ellos en búsqueda de protección, mostrando no pocas veces abierta simpatía por los agresores.
Desde la Comisión Interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996, en cuyo Informe quedó claro que la información recaudada por la fuerza pública era suministrada inmediatamente a los paramilitares, quienes se valían de ella para programar los crímenes más horrendos, la situación no ha cambiado. Muchos detalles de crímenes recientes al menos sugieren que ha habido coordinación con la Policía, así sea para que en el momento del crimen no estén presentes en el retén y dejen actuar a sus anchas a los paramilitares. En general, la Policía no es percibida como un órgano de protección (como debería serlo según la Constitución), sino como un órgano de agresión y esto se sustenta en una experiencia dolorosa de larga trayectoria, al menos de una década. Todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2004, en numerosas sesiones de interlocución con el Gobierno, en las cuales la Comunidad hizo propuestas muy bien sustentadas y concretas sobre el tipo de presencia que debería tener la Policía en San José de Apartadó, contemplaban estrategias que hubieran ayudado a cambiar la imagen de la Policía, pero no con mecanismos publicitarios sino con prácticas de reparación sincera de todo lo destruido. Lamentablemente, el Presidente Uribe prefirió ignorar toda esa interlocución y romperla unilateralmente, ordenando la entrada violenta de la Policía en San José para pisotear todos los principios elementales de una Comunidad de Paz, que no puede convivir, en sus espacios de vida y trabajo, con ningún actor armado. Las agresiones que se han seguido desde entonces han afianzado más la imagen de un órgano de destrucción que no de protección.
En otras muchas de sus respuestas se afirma que la Policía trató de investigar las agresiones pero que los integrantes de la Comunidad no colaboraron con informaciones o declaraciones.
Nuevamente hay que señalar aquí el nivel profundo de desconfianza que tiene la población campesina de la zona frente a una fuerza pública a la que ha visto por varias décadas involucrada en los crímenes más horrendos. Pero también hay que subrayar en este punto la conciencia cada vez más clara que tienen los pobladores de la zona de que las investigaciones no pueden ser hechas por la misma institución a la cual pertenecen los victimarios, pues eso vulnera los principios más fundamentales y universales de toda investigación, que son la imparcialidad y la independencia.
Tampoco tienen ya credibilidad entre la población de la zona las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, pues nunca han dado resultado alguno. Más de 600 crímenes de lesa humanidad que han sido registrados y presentados ante todas las instancias del Estado y de la Comunidad Internacional en la última década, permanecen aún en absoluta impuniad. La Comunidad de Paz ha solicitado en diversos momentos (en 1997, en 2000, en 2003, en 2004) que se configuren comisiones especiales que investiguen por qué la justicia no funciona para las víctimas de San José de Apartadó, pero sólo ha obtenido respuestas de absoluta irresponsabilidad por parte del Estado. Aún más, el seguimiento de los métodos "investigativos" de los pocos y paupérrimos procesos que se han abierto, nos revelan muy claramente que la impunidad es algo buscado intencionalmente.
Los pobladores de la zona rindieron centenares de declaraciones hasta que se dieron cuenta de que esos testimonios sólo servían para que algunos declarantes fueran asesinados y otros perseguidos, desplazados, amenazados o víctimas de montajes judiciales, como ocurrió en el más reciente caso de los que en febrero de este año fueron falsamente acusados de atentar contra Nubar (Elidio) Tuberquia, los cuales han sido víctimas de un burdo montaje judicial que a todas luces involucra a diversos órganos del Estado y que aún los tiene en injusta prisión. Mucho menor credibilidad pueden tener indagaciones que se hacen en el interior de las mismas instituciones implicadas en los crímenes, pues ya hemos comprobado en multitud de casos que tales "investigaciones" consisten en preguntarles a los mismos criminales, a sus compañeros de unidad y a sus líneas de mando, si realmente perpetraron los crímenes, o si los hechos sucedieron como fueron denunciados. Siempre se da una comprensible inhibición para autoinculparse y ella se convierte entonces en la respuesta definitiva de la institución, la cual niega que los hechos hayan ocurrido de esa forma, archivando en consecuencia los casos y acusando a las víctimas de "querer desprestigiar a la institución". Todo esto explica que la Comunidad ya no quiera colaborar con mecanismos tan corruptos, inútiles y de fatales consecuencias. Ya es muy claro que la única esperanza de justicia está en órganos internacionales
Otras muchas de sus respuestas niegan incluso la ocurrencia de las agresiones.
Es muy revelador que el Comandante regional de una institución como la Policía niegue rotundamente que hechos, que las víctimas han sufrido en carne propia, hayan ocurrido. Las respuestas suyas que niegan hechos, aduciendo que las normas los prohíben, acusan por lo menos una ingenuidad imperdonable, pues pretenden que las normas pueden hacer desaparecer los hechos, cuando todo ocurre justamente a la inversa: los hechos hacen desaparecer las normas. Las respuestas que niegan los hechos, alegando que no se han presentado denuncias ante los órganos competentes y con pruebas y testimonios contundentes, revelan un "desconocimiento" de todo lo explicado anteriormente respecto a los órganos investigativos, o sea, de la absoluta inutilidad de las denuncias, ya que durante varias décadas han sido inútiles, o peor aún, contraproducentes y riesgosas, dada la estrecha unidad de las instituciones con el paramilitarismo. ¿Cómo puede un Comandante de Policía "desconocer" los reales efectos de las denuncias durante tanto tiempo: asesinatos de declarantes; retaliaciones violentas; amenazas; desplazamientos; montajes judiciales? Pero la negación de los hechos por parte de las instituciones desgraciadamente no suprime el sufrimiento de las víctimas sino que lo agrava.
En muchas respuestas usted niega, en particular, que la Policía maltrate a las víctimas; que irrespete su dignidad; que utilice lenguajes soeces; que haga afirmaciones que colocan a los agentes en los antípodas de la ley, tales como: " nosotros hacemos lo que nos dé la gana"; "no son ustedes los que nos van a enseñar de leyes"; "este gobierno es nuestro y por eso nosotros hacemos lo que queramos", etc., etc.
Aquí su ingenuidad, Señor Coronel, llega a extremos inconcebibles. Desde el escritorio del Comandante de la Policía no se perciben los tratos degradantes y tampoco desde formalismos internos pretendidamente "investigativos". Los tratos degradantes se sufren es en las entrañas conmocionadas y en los nervios crispados de las víctimas, en los retenes y estaciones donde la dignidad humana es conculcada. Lo que esta respuesta revela no es solo ingenuidad sino que el Comandante no tiene mecanismos para controlar a sus subalternos. Si niega comportamientos tan rutinarios es porque no implementa mecanismo alguno de control de sus súbditos, lo que no lo exime de responsabilidad sino que, por el contrario, su responsabilidad de garante lo convierte en co-autor de los delitos.
Algunas de sus respuestas exigen comentarios más específicos:
- El caso de la detención de Amanda Úsuga en el mes de febrero de este año, constituye no solo una arbitrariedad sino una agresión que sobreabunda en infamia sobre una víctima que ya ha sufrido enormes agresiónes del Estado: su esposo fue asesinado por agentes del Estado, teniendo ella que asumir la carga del sustento de sus hijos. En febrero de 2003 fue detenida injustamente como efecto de un infame montaje que ya está suficientemente esclarecido, obligándola a permanecer cerca de un año en prisión injusta, sin que el Estado haya reparado hasta el momento semejante crimen. En la nueva detención del pasado mes de febrero se atribuyeron mutuamente la responsabilidad la Fiscalía y la Policía, pero hasta ahora no resulta claro cuál institución tuvo la mayor responsabilidad.
- En el caso del asesinato de Francisco Puerta, el 14 de mayo de 2007, nos encontramos con una versión oficial y con otra versión de una persona de la Comunidad. Si hemos privilegiado la versión del miembro de la Comunidad, a pesar de sus debilidades y falta de detalles, es porque una enorme cadena de casos nos ha demostrado que las versiones oficiales son las que resultan más falsas. En efecto, las versiones oficiales de la masacre del 21 de febrero de 2005 contaron incluso con declaraciones del Ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la Comandancia de la Brigada, del Jefe de Fiscalías de Antioquia, que resultaron absolutamente falsas. En los mismos días, los más de cien testigos que recorrieron a pié la zona del crimen pudieron constatar en vivo y en directo que todas las autoridades estaban mintiendo y que incluso los mapas que le estaban suministrando a los medios internacionales de información, eran falsos.
Lo mismo ocurrió con las más recientes ejecuciones de [2005/]2006: las de Arlén Rodrígo Salas (17 noviembre/05), de Edilberto Vásquez (12 enero/06) y de Nelly Johana Durango (3 marzo/06), casos en los cuales la fuerza pública adulteró los escenarios de los crímenes y manipuló los mismos cadáveres para confeccionar versiones falsas de sus muertes; las versiones oficiales fueron desmentidas posteriormente por la misma Fiscalía.
En la actual cadena de revelaciones que acompaña las versiones libres de grandes criminales, como Salvatore Mancuso, se va comprobando que lo que la Comunidad había denunciado desde hace muchos años y que había sido rotundamente negado por todos los órganos del Estado, es afirmado por estos mismos criminales que participaron en los crímenes al lado de los agentes oficiales. Es probable que dentro de unos años, los paramilitares que han acompañado a la fuerza pública en la perpetración de estos centenares de crímenes contra la Comunidad de Paz de San José, revelen ante tribunales nacionales o internacionales los detalles de todos estos horrores.
- En el caso de Don Roberto Monroy, nos queda muy difícil comprobar si lo que allí se afirma en su oficio acerca de la confusión con sus documentos de identidad, es cierto o falso, pero la manera cómo la fuerza pública de la zona ha tratado a Don Roberto es inicua y criminal, desde la vez que intentaron asesinarlo en Las Nieves, la víspera de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (febrero de 2005), hasta las diversas privaciones de su libertad en meses posteriores, en las cuales se revela un tratamiento degradante por su condición de indígena, muestra un racismo abominable en la Policía y el Ejército. Nunca será suficiente nuestra condena moral contra las instituciones del Estado por el ensañamiento contra este humilde trabajador indígena, víctima de tantas y tan degradantes infamias por parte de la fuerza pública, llegando el hostigamiento a obligarlo a un desplazamiento forzado que constituye un nuevo crimen de lesa humanidad.
- Respecto a los saqueos de los bienes de los desplazados y la utilización de sus viviendas para prácticas de prostitución de la fuerza pública, se han puesto en conocimiento del Señor Presidente casos concretos con sus fechas y lugares. Es una lástima que no haya una instancia confiable que ejerza verdadera justicia.
- La destrucción del monumento a las víctimas no puede legitimarse en la construcción de un parque para los niños. La Policía no es dueña del territorio de San José y no puede hacer de él lo que quiera bajo pretexto de estar haciendo "obras sociales". La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario. Es, pues, una presencia que desconoce derechos legítimos y, por lo tanto, violatoria de los mismos. No puede ignorar a la población desplazada y destruir o abusar de lo que ellos construyeron y que algún día, cuando llegue un régimen respetuoso de los derechos humanos, podrá volver a ser utilizado por quienes invirtieron en ello muchos años de su dura existencia. Ninguna excusa, por otra parte, puede ser aceptable, para legitimar agresiones contra la memoria de las víctimas que es sagrada.
- La explicación que usted da allí sobre la presencia del paramilitar alias "Lalo" en el caserío de San José desde el ingreso de la Policía, aduciendo que su hoja de vida en los archivos de la justicia está limpia, parece ignorar que esa es la situación de cerca de 30.000 paramilitares que se beneficiaron de la Ley 782/02. Para nadie es un secreto que los paramilitares no utilizaban su nombre propio ni su documento de identidad mientras perpetraban sus crímenes, claramente apoyados o tolerados por las diversas autoridades del Estado. Ni el Gobierno ni el Congreso podían ignorar que quienes inundaron el país de sangre durante varias décadas tenían un blindaje judicial; por eso la política de desmovilización es comprendida a gran escala como una política de impunidad y de legalización de criminales. Pero eso no borra el hecho de bulto de que alias "Lalo" fue visto durante muchos años por la población de la zona actuando en los grupos más criminales que causaron los más agudos sufrimientos a la población de la región y por eso su sola presencia en el caserío constituye una agresión de grandes proporciones, mucho más cuando su establecimiento comercial es el sitio donde departen Policía y Ejército de manera habitual.
Negar, como allí hace, la ilegalidad de las detenciones de Gildardo Tuberquia y de Braider Úsuga, es algo que va contra toda evidencia. En el caso de Gildardo, privarlo de su libre movilidad y conducirlo al Comando de Policía en Apartadó es un procedimiento que no puede sino llamarse detención, y si se hace por el solo hecho de que le hacía ver a los policías del retén que estaban violando la ley y actuando en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, no hay cómo justificar esa detención de manera legal. En el caso de Braider, cuando se aduce como pretexto de su detención que preguntó si había mucho ejército en la zona, ello pasa de lo ridículo a lo trágico, pues implica ignorar que la presencia del Ejército, sobre todo para los pobladores de San José, ha sido siempre una presencia agresiva y destructiva y no protectiva como debería ser si se respetara la Constitución. Además, la detención ilegal de Braider reveló a las claras que Policía y Ejército actúan todavía en estrecha unidad de acción con los paramilitares, pues la finca a donde lo llevaron ilegalmente en medio de amenazas e intentando desaparecerlo, estaba ocupada por paramilitares y ellos lo sometieron a prolijos interrogatorios.
- La forma como se narra allí el casode Elidio (Nubar) Tuberquia no coincide en nada con lo que muchos integrantes de la Comunidad que eran sus amigos y vecinos percibieron en directo en sus conversaciones con él. En efecto, él acudió muchas veces a la Comunidad para que le ayudara a denunciar la usurpación de su casa por la Policía y a defender sus derechos. En las últimas semanas antes del atentado insistió en que le ayudaran a denunciar los engaños de la Policía, pues sentía nuevamente que no le iban a cumplir. Su intervención enérgica en la reunión que hubo en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, seguida, sólo dos días después, por el atentado (noviembre 13/06), sobre todo teniendo en cuenta su intención manifiesta de denunciar los engaños ante una comisión internacional que iba a visitar la zona en esos días, es lo que lleva a interpretar el atentado como un intento de silenciarlo, ya que es muy difícil aceptar que cuatro hombres armados a escasos metros del caserío de San José, pasaran desapercibidos para Policía y Ejército que en gran número controlan un espacio tan pequeño. Atribuirle las frases que allí se le atribuyen contra la Comunidad de Paz es algo que va en contravía de su discurso habitual sobre la Comunidad. Además, afirmar que él temía que la Comunidad atentara contra su vída es algo inconcebible, toda vez que él conoció muy de cerca las dinámicas de la Comunidad, donde siempre se ha estado impulsando la defensa de la vida, incluso de la vida de aquellos que podrían ser sospechosos de estar colaborando con los agresores de la Comunidad, pues la Comunidad ha estado conformada por víctimas de agresiones contra la vida y por ello aprecia más profundamente el valor de la vida. Hacer ese tipo de afirmaciones y ponerlas en boca de una persona que hoy ya no tiene conciencia, es otra infamia de grandes proporciones contra la Comunidad de Paz.
- Interpretar nuestros derechos de petición como un intento de "desprestigiar a la Policía" es un mecanismo al que nos ha acostumbrado el Estado durante muchas décadas. Los grandes crímenes que han conmovido al país durante todos estos años de la estrategia paramilitar han pretendido blindarse frente a la justicia mediante este recurso, acogido en la mayoría de las veces por las mismas instancias judiciales y disciplinarias del Estado: las denuncias sobre el genocidio de la Unión Patriótica; sobre las desapariciones del Palacio de Justicia y los demás millares de desapariciones forzadas; sobre las grandes masacres y horrrores perpetrados por agentes del Estado, fueron siempre atribuidas a intentos de desprestigio del Estado por parte de sus opositores. Sin embargo, la historia ha ido demostrando que las denuncias eran correctas, a pesar de que los denunciantes fueron estigmatizados durante décadas por los mismos medios masivos de información que hoy se arrepienten de ello.
Finalmente, la negativa a suministrar los nombres de los oficiales, suboficiales y agentes que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es algo incompatible con la Constitución y con el Derecho Internacional. La más elemental filosofía jurídica establece que el servidor público es PÚBLICO y no tiene derecho a clandestinizarse y que su conducta tiene que estar abierta al escrutinio de los ciudadanos, mucho más cuando son sus víctimas. Ocultar la identidad de funcionarios que se supone PÚBLICOS no tiene ningún asidero en la ley y va en contravía también del Derecho Internacional. Encapuchar a los agentes, al más puro estilo paramilitar, es adicionar nuevos mecanismos de impunidad, pero además es impedir que los procedimientos judiciales, tanto los contemplados en el Código de Procedimiento Penal, como en el Estatuto de Roma, puedan tener efecto, ya que, en el primero caso, se utiliza el anonimato de los victimarios para archivar los casos en el término de seis meses, y en el segundo caso, se impide que los casos puedan llenar los requisitos de la denuncia, la cual debe señalar al presunto culpable con su plena identidad. Es lógico que implementar mecanismos de impunidad sea considerado por la Comunidad Internacional como un nuevo Crimen de Lesa Humanidad.
Como cristiano y como sacerdote no puedo dejar de exhortarlo, Señor Coronel Cruz, a que detenga tan cruel persecución contra la Comunidad de Paz de San José; a que piense siquiera un momento en los inmensos sufrimientos que está causando en tanta gente que ya ha sufrido horrores por los crímenes del Estado; a que tenga en consideración que también las poblaciones pobres y desprotegidas tienen una dignidad humana que debemos respetar y no pisotearla tan cruelmente como lo hace la Policía de Urabá. Si usted no cree en Dios, pues la fe en Dios es incompatible con afrentas sistemáticas a nuestros semejantes, le ruego que crea al menos en la Ley y en el Estado de Derecho que dice defender, el cual es absolutamente incompatible con los comportamientos que ha tenido el Estado como tal para con estas poblaciones tan victimizadas.
Le ruego, pues, y le suplico encarecidamente, que cesen la persecución y los atropellos contra la población de San José; que cesen los anuncios continuos de que la Comunidad va a ser exterminada; que cesen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los retenes y empadronamientos ilegales, irrespetuosos y degradantes; el irrespeto por los bienes de los desplazados y por la memoria de las víctimas; la estrecha alianza y unidad de acción con los grupos paramilitares; la compra y envilecimiento de testimonios para servir a la mentira y al terror que continuamente infunden en la población. Se lo suplico en nombre de la Humanidad que se siente moralmente lesionada por tales horrores.
Atentamente,
Javier Giraldo M., S. J.
CC: Presidencia de la República; Ministerio de Defensa; Corte Constitucional; Corte Penal Internacional; Corte Interamericana de Derechos Humanos; comunidades solidarias con la Comunidad de paz de San José de Apartadó.
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Saturday, September 15, 2007
Colombia: llamado urgente de la OFP-Organización Femenina Popular
¡Hooola! Sigue un llamado urgente de la OFP y de muchas otras organizaciones colombianas e internacionales de la sociedad civil para que quedemos vigilantes ante los intentos del gobierno colombiano de crear la ilusión de que ya se desarmaron y se desmovilizaron los paramilitares.
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ACCIÓN URGENTE
Septiembre 13 de 2007
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja denuncia y rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, los señalamientos de que fueron objeto organizaciones pertenecientes a esta Coordinación por parte del jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, Comandante del Bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, quien en su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz acusó a la USO, Credhos, La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la OFP y la ACVC de "actuaciones criminales al servicio del marxismo armado".
Dada la gravedad de estas afirmaciones, las organizaciones y entidades que firmamos este documento, nos permitimos hacer saber ante la opinión pública, lo siguiente:
1. Reafirmamos que el objetivo de nuestro trabajo es crear las condiciones para construir una región en paz, donde se garantice el derecho a la vida digna de todas y todos los pobladores que habitan en nuestro territorio. En consecuencia, todo comportamiento y acción que se oriente hacia el fortalecimiento de la civilidad, la resolución pacífica de los conflictos y el debate político respetuoso es y será apoyado en todo momento. En tal sentido, respetamos el proceso de desmovilización de las AUC y deseamos que sea una contribución seria hacia el logro de la paz regional, a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de acciones violentas.
2. No obstante, rechazamos y criticamos este proceso, cuando se orienta hacia otros propósitos. Tal parece ser lo que está pasando, cuando en las versiones libres de los comandantes de las AUC, se dicen verdades a medias: cuando se trata de justificar los crímenes de lesa humanidad; cuando se ocultan hechos y se ocultan responsables; cuando se ocultan riquezas mal habidas, y con todo ello se pretende mostrar a las AUC como víctimas, y a las víctimas de las atrocidades que ellos cometieron como victimarios. Rechazamos el proceso de desmovilización de las AUC cuando encontramos que en nuestra región se sigue amenazando, extorsionando, robando gasolina, traficando con armas y estupefacientes, y que estos hechos son cometidos por desmovilizados de las AUC. También rechazamos este proceso de desmovilización cuando vemos enormes cantidades de dinero que son utilizadas en algunas campañas políticas, y cuando conocemos de partidos políticos cuyos miembros o cúpulas son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, y siguen ahí, haciendo campaña, y siguen ahí, vendiendo avales. Cuando esto pasa, vemos que el objetivo del proceso de desmovilización de las AUC deja de ser noble para la sociedad y cambia de rumbo, orientándose hacia fines perversos, como buscar que la sociedad del Magdalena Medio premie a los paramilitares en las próximas elecciones de octubre, justifique sus acciones y con ello se abra paso una nueva estructura criminal contra toda persona que no comparta sus fines.
3. Este parece ser el objetivo del señor ‘Julián Bolívar’ en su declaración. Pretende hacer creer a la justicia y a la opinión pública, que nuestras organizaciones que han trabajado por la construcción de un Estado de Derecho, a través de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida digna, son organizaciones que apoyan lo que él llama “el marxismo armado”. Esta afirmación solo pretende desviar a la opinión pública sobre los hechos atroces por ellos cometidos y pasar de agache frente a los crímenes de lesa humanidad que ellos realizaron y que gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas y de nuestras organizaciones no han caído en el olvido. Ellos pretenden perseguirnos políticamente utilizando el poder del Estado, para judicializarnos y evitar de esta manera que haya alguien que defienda los derechos humanos y la vida con dignidad.
Queremos un país en paz, queremos que finalice esta guerra irregular interna, que ha dejado más muertos civiles que muertos combatientes. Queremos que haya garantías para la inversión en nuestra región y garantías para quien trabaja en ella y por ella. Queremos una reconstrucción de nuestra región que ha sido asolada por la guerra irregular, dejando a su paso miles de viudas, de huérfanos(as), de liciados(as), de desplazados(as), de secuestrados(as), de campesinos(as) sin tierra y de falta de empleo. Queremos que el fin de la guerra sea también el fin de las venganzas y las retaliaciones. Queremos que haya adversarios políticos de derecha de centro y de izquierda y que la vida de todos ellos sea respetada, sin importar su ideología, credo, sexo o raza. No queremos que haya venganzas o retaliaciones entre ningún bando. Pero si queremos saber la verdad de lo ocurrido en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, si queremos saber cual fue el rol del Estado, de los funcionarios públicos, de la rama judicial, de la Fuerza Pública y de los dirigentes políticos y económicos, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC y su vínculo con los hechos criminales que aún hoy seguimos registrando en nuestra región. También queremos la justicia y por eso apoyamos como organizaciones sociales el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los funcionarios que con su comportamiento construyen el Estado de Derecho. También queremos la reparación, queremos reconstruir la región, hacer nuestro suelo productivo, frenar la voracidad de las empresas multinacionales, aumentar el empleo, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y consolidar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Por último, queremos construir nuevas relaciones sociales, una nueva sociedad regional, donde no se repitan los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido. Que el poder del dinero, la astucia para los negocios y la búsqueda de la fama, no valgan más que los seres humanos. La vida y la dignidad son los bienes más sagrados que tenemos y no son negociables.
INVITAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO local, regional y nacional y a la COMUNIDAD INTERNACIONAL a considerar con mirada crítica la actual situación del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz; a demandar que la verdad y las garantías de no repetición estén presentes en él y a acompañar a las organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos y la defensa del Magdalena Medio.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra –ACVC-
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-
Organización Femenina Popular –OFP-
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM-
Unión Sindical Obrera –USO-
Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz.
Pastoral de Trabajadores - Diócesis de Barrancabermeja.
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Afrolibertarios
Sinaltrainal
Corporación Nación
Asodesamuba
Sintraelecol
Asorvim
Pax Christi
Movimiento Humanista
Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
Comunidad Internacional:
- Brigadas Internacional de Paz [pbi]
- Equipos Cristianos por la Paz
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ACCIÓN URGENTE
Septiembre 13 de 2007
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja denuncia y rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, los señalamientos de que fueron objeto organizaciones pertenecientes a esta Coordinación por parte del jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, Comandante del Bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, quien en su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz acusó a la USO, Credhos, La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la OFP y la ACVC de "actuaciones criminales al servicio del marxismo armado".
Dada la gravedad de estas afirmaciones, las organizaciones y entidades que firmamos este documento, nos permitimos hacer saber ante la opinión pública, lo siguiente:
1. Reafirmamos que el objetivo de nuestro trabajo es crear las condiciones para construir una región en paz, donde se garantice el derecho a la vida digna de todas y todos los pobladores que habitan en nuestro territorio. En consecuencia, todo comportamiento y acción que se oriente hacia el fortalecimiento de la civilidad, la resolución pacífica de los conflictos y el debate político respetuoso es y será apoyado en todo momento. En tal sentido, respetamos el proceso de desmovilización de las AUC y deseamos que sea una contribución seria hacia el logro de la paz regional, a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de acciones violentas.
2. No obstante, rechazamos y criticamos este proceso, cuando se orienta hacia otros propósitos. Tal parece ser lo que está pasando, cuando en las versiones libres de los comandantes de las AUC, se dicen verdades a medias: cuando se trata de justificar los crímenes de lesa humanidad; cuando se ocultan hechos y se ocultan responsables; cuando se ocultan riquezas mal habidas, y con todo ello se pretende mostrar a las AUC como víctimas, y a las víctimas de las atrocidades que ellos cometieron como victimarios. Rechazamos el proceso de desmovilización de las AUC cuando encontramos que en nuestra región se sigue amenazando, extorsionando, robando gasolina, traficando con armas y estupefacientes, y que estos hechos son cometidos por desmovilizados de las AUC. También rechazamos este proceso de desmovilización cuando vemos enormes cantidades de dinero que son utilizadas en algunas campañas políticas, y cuando conocemos de partidos políticos cuyos miembros o cúpulas son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, y siguen ahí, haciendo campaña, y siguen ahí, vendiendo avales. Cuando esto pasa, vemos que el objetivo del proceso de desmovilización de las AUC deja de ser noble para la sociedad y cambia de rumbo, orientándose hacia fines perversos, como buscar que la sociedad del Magdalena Medio premie a los paramilitares en las próximas elecciones de octubre, justifique sus acciones y con ello se abra paso una nueva estructura criminal contra toda persona que no comparta sus fines.
3. Este parece ser el objetivo del señor ‘Julián Bolívar’ en su declaración. Pretende hacer creer a la justicia y a la opinión pública, que nuestras organizaciones que han trabajado por la construcción de un Estado de Derecho, a través de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida digna, son organizaciones que apoyan lo que él llama “el marxismo armado”. Esta afirmación solo pretende desviar a la opinión pública sobre los hechos atroces por ellos cometidos y pasar de agache frente a los crímenes de lesa humanidad que ellos realizaron y que gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas y de nuestras organizaciones no han caído en el olvido. Ellos pretenden perseguirnos políticamente utilizando el poder del Estado, para judicializarnos y evitar de esta manera que haya alguien que defienda los derechos humanos y la vida con dignidad.
Queremos un país en paz, queremos que finalice esta guerra irregular interna, que ha dejado más muertos civiles que muertos combatientes. Queremos que haya garantías para la inversión en nuestra región y garantías para quien trabaja en ella y por ella. Queremos una reconstrucción de nuestra región que ha sido asolada por la guerra irregular, dejando a su paso miles de viudas, de huérfanos(as), de liciados(as), de desplazados(as), de secuestrados(as), de campesinos(as) sin tierra y de falta de empleo. Queremos que el fin de la guerra sea también el fin de las venganzas y las retaliaciones. Queremos que haya adversarios políticos de derecha de centro y de izquierda y que la vida de todos ellos sea respetada, sin importar su ideología, credo, sexo o raza. No queremos que haya venganzas o retaliaciones entre ningún bando. Pero si queremos saber la verdad de lo ocurrido en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, si queremos saber cual fue el rol del Estado, de los funcionarios públicos, de la rama judicial, de la Fuerza Pública y de los dirigentes políticos y económicos, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC y su vínculo con los hechos criminales que aún hoy seguimos registrando en nuestra región. También queremos la justicia y por eso apoyamos como organizaciones sociales el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los funcionarios que con su comportamiento construyen el Estado de Derecho. También queremos la reparación, queremos reconstruir la región, hacer nuestro suelo productivo, frenar la voracidad de las empresas multinacionales, aumentar el empleo, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y consolidar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Por último, queremos construir nuevas relaciones sociales, una nueva sociedad regional, donde no se repitan los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido. Que el poder del dinero, la astucia para los negocios y la búsqueda de la fama, no valgan más que los seres humanos. La vida y la dignidad son los bienes más sagrados que tenemos y no son negociables.
INVITAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO local, regional y nacional y a la COMUNIDAD INTERNACIONAL a considerar con mirada crítica la actual situación del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz; a demandar que la verdad y las garantías de no repetición estén presentes en él y a acompañar a las organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos y la defensa del Magdalena Medio.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra –ACVC-
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-
Organización Femenina Popular –OFP-
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM-
Unión Sindical Obrera –USO-
Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz.
Pastoral de Trabajadores - Diócesis de Barrancabermeja.
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Afrolibertarios
Sinaltrainal
Corporación Nación
Asodesamuba
Sintraelecol
Asorvim
Pax Christi
Movimiento Humanista
Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
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- Brigadas Internacional de Paz [pbi]
- Equipos Cristianos por la Paz
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