¡Hooola otra vez!
Acaba de llegarme una noticia por vía de Madrid, España, de nuevos asesinatos en la zona de paz (¿qué paz, Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez?) de San José de Apartadó en Urabá, Colombia. Viene acompañada por estas palabras de mi amigo muy fidedigno. Para mi, lo que destaca de la carta del P. Javier Giraldo son estas dos frases:
"La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario."
A ver si, a lo largo pero muy pronto, el Presidente de nuestra querida Colombia vaya a prestar oído a tantas voces que reclaman verdadera justicia y paz. Ahora, las palabras de mi amigo madrileño (que conoce súmamente bien la zona de paz de San José de Apartadó):
"Os envío las últimas noticias sobre otro nuevo asesinato en la zona de San José de Apartado. También os mando una carta-respuesta del P. Javier Giraldo a la Policía de Urabá.
Esto está meridianamente claro. Sólamente es necesario no negarse a ver. Y también no negarse a que esta realidad nos implique.
Un abrazo gordo,
el miguelo"
Con igual abrazo gordo, y con la esperanza de que much@s de Ustedes utilicen la carta modelo de protesta para dar voz a su preocupación,
la Margaret
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CONTINUAN LOS ASESINATOS DE LOS PARAMILITARES EN LA ZONA
Tenemos la obligación nuevamente de dejar constancia de otro asesinato contra un campesinado de la zona, es demostración clara de la situación dramática que se esta viviendo en Urabá.
El día 18 deseptiembre hacia la 1 p.m. fue asesinado al frente de la salida del Terminal de Transportes de Apartadó, HECTOR JAIME OROZCO GRISALES, de 26 años de edad. Fue abordado por un hombre de civil y con arma corta; se le acercó y le hizo varios disparos. Este hombre se le ha visto continuamente en el Terminal con otros hombres y son paramilitares reconocidos. JAIME no hacía parte de nuestra comunidad, pero era un campesino conocido que se había dedicado a aserrar madera, a la agricultura y vivía actualmente en Playas Altas a treinta minutos de San Josesito. El asesinato ocurrió en medio de un lugar de gran presencia policial.
Es evidente el accionar paramilitar y la complicidad de la fuerza pública, pues los asesinos actúan libremente en una zona controlada por la fuerza pública como es el Terminal de transportes. Los paramilitares son públicos y a la vista de todo el mundo y no se hace absolutamente nada. Es preocupante y angustiante el asesinato continuo de que se esta siendo víctima el campesinado de la zona, con el silencio y la complacencia de las diversas instituciones del estado que dejan en la total impunidad el actuar paramilitar que sigue más activo que nunca.
Nuestra solidaridad para con su familia y sus cinco hijos pequeños. Creemos que estas acciones en contra de la vida del campesinado, de la población civil, nos reafirman en nuestra opción por construir y defender la vida desde nuestros principios de paz. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al estado que cese este exterminio que se sigue realizando contra la población civil.
Queremos aprovechar para compartir la respuesta del padre Javier al comandante de la policía de Urabá donde se ve con claridad la distorsión de la verdad por parte de los victimarios.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 19 de 2007
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Bogotá, 12 de septiembre de 2007
Sr. Teniente Coronel
HÉCTOR MIGUEL CRUZ ROCHA
Comandante (E) Departamento Policía Urabá
Carepa, Antioquia
Ref: Oficio No. 452/COMAN ASJUR DEURA
De toda consideración.
Agradezco su oficio de la referencia en el cual comenta los casos presentados ante el Señor Presidente de la República por el suscrito, en el Derecho de Petición No. 15 interpuesto el pasado 3 de julio.
Ante todo debo manifestarle que los Derechos de Petición presentados ante el Señor Presidente no tienen por objeto solicitar investigaciones internas de los órganos del Estado ni procesos penales o disciplinarios, sino que se sustentan en una obligación que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado de "garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos" (Art. 188), para lo cual pone en manos del Presidente las atribuciones y facultades suficientes (Art. 189, 3; Art. 189,13), definiendo su responsabibilidad al respecto, tanto por acción como por omisión (Art. 6 y Art. 198). La impunidad que se ha afirmado como única respuesta, durante 30 años, ante los crímenes horrendos que la fuerza pública ha perpetrado contra la popblación campesina de San José de Apartadó, lleva a acudir al Garante Constitucional de los derechos elementales de los colombianos, dotado por la misma Constitución de los instrumentos necesarios y suficientes para depurar las instituciones; para retirar del cargo a los criminales; para redireccionar las prácticas delictivas de los órganos estatales y para reparar a las víctimas, al menos provisionalmente, por vía administrativa.
En el oficio de la referencia, usted trata de dar explicaciones a los numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes internas, al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la ética universal, perpetrados por miembros de la Policía Nacional. Dado que sus respuestas se enmarcan en pocos modelos repetitivos, prefiero hacerle comentarios a esos modelos, aludiendo solamente, de manera particular, a unos pocos casos que exigen comentarios específicos.
Muchas de sus respuestas se apoyan en la afirmación de que "la Policía no fue informada" sobre los hechos ni se le solicitó actuar para impedirlos o para perseguir a los victimarios.
Es muy claro que el comportamiento de la Policía frente a la población civil no inspira ninguna confianza para acudir a sus agentes y suministrarles informaciones o pedirles protección. Son muy numerosos los casos, desde hace muchos años, en que a los agentes se les ve actuando en coordinación con los criminales e incluso muchas veces se han reído a carcajadas de las víctimas cuando éstas acuden a ellos en búsqueda de protección, mostrando no pocas veces abierta simpatía por los agresores.
Desde la Comisión Interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996, en cuyo Informe quedó claro que la información recaudada por la fuerza pública era suministrada inmediatamente a los paramilitares, quienes se valían de ella para programar los crímenes más horrendos, la situación no ha cambiado. Muchos detalles de crímenes recientes al menos sugieren que ha habido coordinación con la Policía, así sea para que en el momento del crimen no estén presentes en el retén y dejen actuar a sus anchas a los paramilitares. En general, la Policía no es percibida como un órgano de protección (como debería serlo según la Constitución), sino como un órgano de agresión y esto se sustenta en una experiencia dolorosa de larga trayectoria, al menos de una década. Todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2004, en numerosas sesiones de interlocución con el Gobierno, en las cuales la Comunidad hizo propuestas muy bien sustentadas y concretas sobre el tipo de presencia que debería tener la Policía en San José de Apartadó, contemplaban estrategias que hubieran ayudado a cambiar la imagen de la Policía, pero no con mecanismos publicitarios sino con prácticas de reparación sincera de todo lo destruido. Lamentablemente, el Presidente Uribe prefirió ignorar toda esa interlocución y romperla unilateralmente, ordenando la entrada violenta de la Policía en San José para pisotear todos los principios elementales de una Comunidad de Paz, que no puede convivir, en sus espacios de vida y trabajo, con ningún actor armado. Las agresiones que se han seguido desde entonces han afianzado más la imagen de un órgano de destrucción que no de protección.
En otras muchas de sus respuestas se afirma que la Policía trató de investigar las agresiones pero que los integrantes de la Comunidad no colaboraron con informaciones o declaraciones.
Nuevamente hay que señalar aquí el nivel profundo de desconfianza que tiene la población campesina de la zona frente a una fuerza pública a la que ha visto por varias décadas involucrada en los crímenes más horrendos. Pero también hay que subrayar en este punto la conciencia cada vez más clara que tienen los pobladores de la zona de que las investigaciones no pueden ser hechas por la misma institución a la cual pertenecen los victimarios, pues eso vulnera los principios más fundamentales y universales de toda investigación, que son la imparcialidad y la independencia.
Tampoco tienen ya credibilidad entre la población de la zona las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, pues nunca han dado resultado alguno. Más de 600 crímenes de lesa humanidad que han sido registrados y presentados ante todas las instancias del Estado y de la Comunidad Internacional en la última década, permanecen aún en absoluta impuniad. La Comunidad de Paz ha solicitado en diversos momentos (en 1997, en 2000, en 2003, en 2004) que se configuren comisiones especiales que investiguen por qué la justicia no funciona para las víctimas de San José de Apartadó, pero sólo ha obtenido respuestas de absoluta irresponsabilidad por parte del Estado. Aún más, el seguimiento de los métodos "investigativos" de los pocos y paupérrimos procesos que se han abierto, nos revelan muy claramente que la impunidad es algo buscado intencionalmente.
Los pobladores de la zona rindieron centenares de declaraciones hasta que se dieron cuenta de que esos testimonios sólo servían para que algunos declarantes fueran asesinados y otros perseguidos, desplazados, amenazados o víctimas de montajes judiciales, como ocurrió en el más reciente caso de los que en febrero de este año fueron falsamente acusados de atentar contra Nubar (Elidio) Tuberquia, los cuales han sido víctimas de un burdo montaje judicial que a todas luces involucra a diversos órganos del Estado y que aún los tiene en injusta prisión. Mucho menor credibilidad pueden tener indagaciones que se hacen en el interior de las mismas instituciones implicadas en los crímenes, pues ya hemos comprobado en multitud de casos que tales "investigaciones" consisten en preguntarles a los mismos criminales, a sus compañeros de unidad y a sus líneas de mando, si realmente perpetraron los crímenes, o si los hechos sucedieron como fueron denunciados. Siempre se da una comprensible inhibición para autoinculparse y ella se convierte entonces en la respuesta definitiva de la institución, la cual niega que los hechos hayan ocurrido de esa forma, archivando en consecuencia los casos y acusando a las víctimas de "querer desprestigiar a la institución". Todo esto explica que la Comunidad ya no quiera colaborar con mecanismos tan corruptos, inútiles y de fatales consecuencias. Ya es muy claro que la única esperanza de justicia está en órganos internacionales
Otras muchas de sus respuestas niegan incluso la ocurrencia de las agresiones.
Es muy revelador que el Comandante regional de una institución como la Policía niegue rotundamente que hechos, que las víctimas han sufrido en carne propia, hayan ocurrido. Las respuestas suyas que niegan hechos, aduciendo que las normas los prohíben, acusan por lo menos una ingenuidad imperdonable, pues pretenden que las normas pueden hacer desaparecer los hechos, cuando todo ocurre justamente a la inversa: los hechos hacen desaparecer las normas. Las respuestas que niegan los hechos, alegando que no se han presentado denuncias ante los órganos competentes y con pruebas y testimonios contundentes, revelan un "desconocimiento" de todo lo explicado anteriormente respecto a los órganos investigativos, o sea, de la absoluta inutilidad de las denuncias, ya que durante varias décadas han sido inútiles, o peor aún, contraproducentes y riesgosas, dada la estrecha unidad de las instituciones con el paramilitarismo. ¿Cómo puede un Comandante de Policía "desconocer" los reales efectos de las denuncias durante tanto tiempo: asesinatos de declarantes; retaliaciones violentas; amenazas; desplazamientos; montajes judiciales? Pero la negación de los hechos por parte de las instituciones desgraciadamente no suprime el sufrimiento de las víctimas sino que lo agrava.
En muchas respuestas usted niega, en particular, que la Policía maltrate a las víctimas; que irrespete su dignidad; que utilice lenguajes soeces; que haga afirmaciones que colocan a los agentes en los antípodas de la ley, tales como: " nosotros hacemos lo que nos dé la gana"; "no son ustedes los que nos van a enseñar de leyes"; "este gobierno es nuestro y por eso nosotros hacemos lo que queramos", etc., etc.
Aquí su ingenuidad, Señor Coronel, llega a extremos inconcebibles. Desde el escritorio del Comandante de la Policía no se perciben los tratos degradantes y tampoco desde formalismos internos pretendidamente "investigativos". Los tratos degradantes se sufren es en las entrañas conmocionadas y en los nervios crispados de las víctimas, en los retenes y estaciones donde la dignidad humana es conculcada. Lo que esta respuesta revela no es solo ingenuidad sino que el Comandante no tiene mecanismos para controlar a sus subalternos. Si niega comportamientos tan rutinarios es porque no implementa mecanismo alguno de control de sus súbditos, lo que no lo exime de responsabilidad sino que, por el contrario, su responsabilidad de garante lo convierte en co-autor de los delitos.
Algunas de sus respuestas exigen comentarios más específicos:
- El caso de la detención de Amanda Úsuga en el mes de febrero de este año, constituye no solo una arbitrariedad sino una agresión que sobreabunda en infamia sobre una víctima que ya ha sufrido enormes agresiónes del Estado: su esposo fue asesinado por agentes del Estado, teniendo ella que asumir la carga del sustento de sus hijos. En febrero de 2003 fue detenida injustamente como efecto de un infame montaje que ya está suficientemente esclarecido, obligándola a permanecer cerca de un año en prisión injusta, sin que el Estado haya reparado hasta el momento semejante crimen. En la nueva detención del pasado mes de febrero se atribuyeron mutuamente la responsabilidad la Fiscalía y la Policía, pero hasta ahora no resulta claro cuál institución tuvo la mayor responsabilidad.
- En el caso del asesinato de Francisco Puerta, el 14 de mayo de 2007, nos encontramos con una versión oficial y con otra versión de una persona de la Comunidad. Si hemos privilegiado la versión del miembro de la Comunidad, a pesar de sus debilidades y falta de detalles, es porque una enorme cadena de casos nos ha demostrado que las versiones oficiales son las que resultan más falsas. En efecto, las versiones oficiales de la masacre del 21 de febrero de 2005 contaron incluso con declaraciones del Ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la Comandancia de la Brigada, del Jefe de Fiscalías de Antioquia, que resultaron absolutamente falsas. En los mismos días, los más de cien testigos que recorrieron a pié la zona del crimen pudieron constatar en vivo y en directo que todas las autoridades estaban mintiendo y que incluso los mapas que le estaban suministrando a los medios internacionales de información, eran falsos.
Lo mismo ocurrió con las más recientes ejecuciones de [2005/]2006: las de Arlén Rodrígo Salas (17 noviembre/05), de Edilberto Vásquez (12 enero/06) y de Nelly Johana Durango (3 marzo/06), casos en los cuales la fuerza pública adulteró los escenarios de los crímenes y manipuló los mismos cadáveres para confeccionar versiones falsas de sus muertes; las versiones oficiales fueron desmentidas posteriormente por la misma Fiscalía.
En la actual cadena de revelaciones que acompaña las versiones libres de grandes criminales, como Salvatore Mancuso, se va comprobando que lo que la Comunidad había denunciado desde hace muchos años y que había sido rotundamente negado por todos los órganos del Estado, es afirmado por estos mismos criminales que participaron en los crímenes al lado de los agentes oficiales. Es probable que dentro de unos años, los paramilitares que han acompañado a la fuerza pública en la perpetración de estos centenares de crímenes contra la Comunidad de Paz de San José, revelen ante tribunales nacionales o internacionales los detalles de todos estos horrores.
- En el caso de Don Roberto Monroy, nos queda muy difícil comprobar si lo que allí se afirma en su oficio acerca de la confusión con sus documentos de identidad, es cierto o falso, pero la manera cómo la fuerza pública de la zona ha tratado a Don Roberto es inicua y criminal, desde la vez que intentaron asesinarlo en Las Nieves, la víspera de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (febrero de 2005), hasta las diversas privaciones de su libertad en meses posteriores, en las cuales se revela un tratamiento degradante por su condición de indígena, muestra un racismo abominable en la Policía y el Ejército. Nunca será suficiente nuestra condena moral contra las instituciones del Estado por el ensañamiento contra este humilde trabajador indígena, víctima de tantas y tan degradantes infamias por parte de la fuerza pública, llegando el hostigamiento a obligarlo a un desplazamiento forzado que constituye un nuevo crimen de lesa humanidad.
- Respecto a los saqueos de los bienes de los desplazados y la utilización de sus viviendas para prácticas de prostitución de la fuerza pública, se han puesto en conocimiento del Señor Presidente casos concretos con sus fechas y lugares. Es una lástima que no haya una instancia confiable que ejerza verdadera justicia.
- La destrucción del monumento a las víctimas no puede legitimarse en la construcción de un parque para los niños. La Policía no es dueña del territorio de San José y no puede hacer de él lo que quiera bajo pretexto de estar haciendo "obras sociales". La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario. Es, pues, una presencia que desconoce derechos legítimos y, por lo tanto, violatoria de los mismos. No puede ignorar a la población desplazada y destruir o abusar de lo que ellos construyeron y que algún día, cuando llegue un régimen respetuoso de los derechos humanos, podrá volver a ser utilizado por quienes invirtieron en ello muchos años de su dura existencia. Ninguna excusa, por otra parte, puede ser aceptable, para legitimar agresiones contra la memoria de las víctimas que es sagrada.
- La explicación que usted da allí sobre la presencia del paramilitar alias "Lalo" en el caserío de San José desde el ingreso de la Policía, aduciendo que su hoja de vida en los archivos de la justicia está limpia, parece ignorar que esa es la situación de cerca de 30.000 paramilitares que se beneficiaron de la Ley 782/02. Para nadie es un secreto que los paramilitares no utilizaban su nombre propio ni su documento de identidad mientras perpetraban sus crímenes, claramente apoyados o tolerados por las diversas autoridades del Estado. Ni el Gobierno ni el Congreso podían ignorar que quienes inundaron el país de sangre durante varias décadas tenían un blindaje judicial; por eso la política de desmovilización es comprendida a gran escala como una política de impunidad y de legalización de criminales. Pero eso no borra el hecho de bulto de que alias "Lalo" fue visto durante muchos años por la población de la zona actuando en los grupos más criminales que causaron los más agudos sufrimientos a la población de la región y por eso su sola presencia en el caserío constituye una agresión de grandes proporciones, mucho más cuando su establecimiento comercial es el sitio donde departen Policía y Ejército de manera habitual.
Negar, como allí hace, la ilegalidad de las detenciones de Gildardo Tuberquia y de Braider Úsuga, es algo que va contra toda evidencia. En el caso de Gildardo, privarlo de su libre movilidad y conducirlo al Comando de Policía en Apartadó es un procedimiento que no puede sino llamarse detención, y si se hace por el solo hecho de que le hacía ver a los policías del retén que estaban violando la ley y actuando en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, no hay cómo justificar esa detención de manera legal. En el caso de Braider, cuando se aduce como pretexto de su detención que preguntó si había mucho ejército en la zona, ello pasa de lo ridículo a lo trágico, pues implica ignorar que la presencia del Ejército, sobre todo para los pobladores de San José, ha sido siempre una presencia agresiva y destructiva y no protectiva como debería ser si se respetara la Constitución. Además, la detención ilegal de Braider reveló a las claras que Policía y Ejército actúan todavía en estrecha unidad de acción con los paramilitares, pues la finca a donde lo llevaron ilegalmente en medio de amenazas e intentando desaparecerlo, estaba ocupada por paramilitares y ellos lo sometieron a prolijos interrogatorios.
- La forma como se narra allí el casode Elidio (Nubar) Tuberquia no coincide en nada con lo que muchos integrantes de la Comunidad que eran sus amigos y vecinos percibieron en directo en sus conversaciones con él. En efecto, él acudió muchas veces a la Comunidad para que le ayudara a denunciar la usurpación de su casa por la Policía y a defender sus derechos. En las últimas semanas antes del atentado insistió en que le ayudaran a denunciar los engaños de la Policía, pues sentía nuevamente que no le iban a cumplir. Su intervención enérgica en la reunión que hubo en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, seguida, sólo dos días después, por el atentado (noviembre 13/06), sobre todo teniendo en cuenta su intención manifiesta de denunciar los engaños ante una comisión internacional que iba a visitar la zona en esos días, es lo que lleva a interpretar el atentado como un intento de silenciarlo, ya que es muy difícil aceptar que cuatro hombres armados a escasos metros del caserío de San José, pasaran desapercibidos para Policía y Ejército que en gran número controlan un espacio tan pequeño. Atribuirle las frases que allí se le atribuyen contra la Comunidad de Paz es algo que va en contravía de su discurso habitual sobre la Comunidad. Además, afirmar que él temía que la Comunidad atentara contra su vída es algo inconcebible, toda vez que él conoció muy de cerca las dinámicas de la Comunidad, donde siempre se ha estado impulsando la defensa de la vida, incluso de la vida de aquellos que podrían ser sospechosos de estar colaborando con los agresores de la Comunidad, pues la Comunidad ha estado conformada por víctimas de agresiones contra la vida y por ello aprecia más profundamente el valor de la vida. Hacer ese tipo de afirmaciones y ponerlas en boca de una persona que hoy ya no tiene conciencia, es otra infamia de grandes proporciones contra la Comunidad de Paz.
- Interpretar nuestros derechos de petición como un intento de "desprestigiar a la Policía" es un mecanismo al que nos ha acostumbrado el Estado durante muchas décadas. Los grandes crímenes que han conmovido al país durante todos estos años de la estrategia paramilitar han pretendido blindarse frente a la justicia mediante este recurso, acogido en la mayoría de las veces por las mismas instancias judiciales y disciplinarias del Estado: las denuncias sobre el genocidio de la Unión Patriótica; sobre las desapariciones del Palacio de Justicia y los demás millares de desapariciones forzadas; sobre las grandes masacres y horrrores perpetrados por agentes del Estado, fueron siempre atribuidas a intentos de desprestigio del Estado por parte de sus opositores. Sin embargo, la historia ha ido demostrando que las denuncias eran correctas, a pesar de que los denunciantes fueron estigmatizados durante décadas por los mismos medios masivos de información que hoy se arrepienten de ello.
Finalmente, la negativa a suministrar los nombres de los oficiales, suboficiales y agentes que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es algo incompatible con la Constitución y con el Derecho Internacional. La más elemental filosofía jurídica establece que el servidor público es PÚBLICO y no tiene derecho a clandestinizarse y que su conducta tiene que estar abierta al escrutinio de los ciudadanos, mucho más cuando son sus víctimas. Ocultar la identidad de funcionarios que se supone PÚBLICOS no tiene ningún asidero en la ley y va en contravía también del Derecho Internacional. Encapuchar a los agentes, al más puro estilo paramilitar, es adicionar nuevos mecanismos de impunidad, pero además es impedir que los procedimientos judiciales, tanto los contemplados en el Código de Procedimiento Penal, como en el Estatuto de Roma, puedan tener efecto, ya que, en el primero caso, se utiliza el anonimato de los victimarios para archivar los casos en el término de seis meses, y en el segundo caso, se impide que los casos puedan llenar los requisitos de la denuncia, la cual debe señalar al presunto culpable con su plena identidad. Es lógico que implementar mecanismos de impunidad sea considerado por la Comunidad Internacional como un nuevo Crimen de Lesa Humanidad.
Como cristiano y como sacerdote no puedo dejar de exhortarlo, Señor Coronel Cruz, a que detenga tan cruel persecución contra la Comunidad de Paz de San José; a que piense siquiera un momento en los inmensos sufrimientos que está causando en tanta gente que ya ha sufrido horrores por los crímenes del Estado; a que tenga en consideración que también las poblaciones pobres y desprotegidas tienen una dignidad humana que debemos respetar y no pisotearla tan cruelmente como lo hace la Policía de Urabá. Si usted no cree en Dios, pues la fe en Dios es incompatible con afrentas sistemáticas a nuestros semejantes, le ruego que crea al menos en la Ley y en el Estado de Derecho que dice defender, el cual es absolutamente incompatible con los comportamientos que ha tenido el Estado como tal para con estas poblaciones tan victimizadas.
Le ruego, pues, y le suplico encarecidamente, que cesen la persecución y los atropellos contra la población de San José; que cesen los anuncios continuos de que la Comunidad va a ser exterminada; que cesen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los retenes y empadronamientos ilegales, irrespetuosos y degradantes; el irrespeto por los bienes de los desplazados y por la memoria de las víctimas; la estrecha alianza y unidad de acción con los grupos paramilitares; la compra y envilecimiento de testimonios para servir a la mentira y al terror que continuamente infunden en la población. Se lo suplico en nombre de la Humanidad que se siente moralmente lesionada por tales horrores.
Atentamente,
Javier Giraldo M., S. J.
CC: Presidencia de la República; Ministerio de Defensa; Corte Constitucional; Corte Penal Internacional; Corte Interamericana de Derechos Humanos; comunidades solidarias con la Comunidad de paz de San José de Apartadó.
--
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
Friday, September 21, 2007
Wednesday, September 19, 2007
Colombia: megapuerto carbonífero en Canal del Dique, Cartagena
¡Hooola otra vez!
Hoy quiero compartir contigo, con Usted(es), un artículo del periódico colombiano El Tiempo que me llegó ayer. Es una contribución hacia el debate que tenemos que llevar adelante, el del conflicto de interés entre las industrias de materias primas como el carbón, y el medio ambiental, el turismo, el bienestar de la población local, los derechos humanos.
A ver lo que me dices. :)
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Septiembre 16 de 2007 -
Hoy quiero compartir contigo, con Usted(es), un artículo del periódico colombiano El Tiempo que me llegó ayer. Es una contribución hacia el debate que tenemos que llevar adelante, el del conflicto de interés entre las industrias de materias primas como el carbón, y el medio ambiental, el turismo, el bienestar de la población local, los derechos humanos.
A ver lo que me dices. :)
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Septiembre 16 de 2007 -
Carbón y playa no van
La polémica que ha generado el proyecto de construir un megapuerto carbonífero en la entrada del Canal del Dique en Cartagena no es de poca monta. No solo ha enfrentado los intereses de la industria minera y la hotelera, sino que se ha trasladado al interior del propio Gobierno: el Ministro de Minas y Energía defiende el proyecto como gran generador de divisas y empleos, y el de Transporte concedió, a través de Inco, permiso para un muelle carbonífero en la isla de Barú, en aparente violación del POT de Cartagena, mientras que el Ministro del Ambiente ha dicho que la obra proyectada carece de licencia ambiental y que el permiso de Inco no la remplaza.
En el fondo, la polémica atañe al modelo mismo de desarrollo que adopte el país para los años venideros. La alternativa del turismo, la llamada 'industria sin chimeneas', representa un enorme potencial de desarrollo y empleo en la costa caribe colombiana. El solo proyecto hotelero de Barú (congelado ante la perspectiva del puerto carbonífero) se calcula que traería cerca de 400 mil nuevos turistas al año y generaría 350 millones de dólares anuales en divisas. Por su parte, la boyante industria carbonífera exporta 60 millones de toneladas al año por valor de más de 2.800 millones de dólares anuales, lo que ha convertido el carbón en el segundo rubro de exportación colombiano.
Las posibilidades turísticas del país son infinitas y aún están en pañales, mientras que las reservas probadas y la calidad del carbón colombiano permiten esperar que su exportación se duplique en pocos años y sobrepase la cifra de 5.000 millones de dólares anuales. Ambos son grandes motores de empleo y crecimiento económico, pero la pregunta es qué tan compatibles son cuando se desarrollan en la misma región. El ministro del Ambiente, Juan Lozano, dijo la semana pasada que se ha demostrado que "las vocaciones turísticas son incompatibles con las de exportación de carbón".
* * * *
La amarga experiencia sufrida por el sector turístico de Santa Marta con las empresas carboníferas respalda la afirmación del Minambiente. La contaminación de las playas y la atmósfera por el polvillo del carbón ha sido altamente nociva para el entorno y ya ha producido el cierre de hoteles como el Decamerón. En Cartagena, la perspectiva de un puerto así ha disparado las alarmas de ambientalistas y hoteleros, que advirtieron que "sería devastador para la ciudad y para el turismo".
Los promotores del proyecto, liderado por la multinacional canadiense Coalcorp, en asocio con empresarios nacionales y con apoyos políticos locales y nacionales, aseguran que la moderna tecnología que emplearán garantiza un "transporte limpio-directo" del carbón. La verdad es que no se conocen muchos ejemplos exitosos o "limpios" de desarrollos carboníferos en zonas turísticas de playas blancas y mares azules. El de Santa Marta y sus alrededores ha generado sin duda valiosas divisas para la economía, pero ha resultado desastroso para la vocación turística de la región. Aun en el caso de que se controlara la dispersión del polvillo en el aire, hay que preguntarse por el impacto visual y paisajístico de un gigantesco embarcadero de carbón a pocos kilómetros de Barú y las islas del Rosario.
En la polémica en curso no dejan de sorprender las contradicciones del Gobierno, que está tratando de desmontar los puertos de carbón en inmediaciones de Santa Marta por el problema ambiental y, al mismo tiempo, está apoyando (a través de algunos voceros) la construcción de otro puerto en el área de uno de los más valiosos polos de desarrollo turístico de Cartagena. También llaman la atención las versiones que circulan sobre la forma como fueron adquiridos los terrenos de Barú, las presiones políticas y de otra índole sobre el Concejo de Cartagena, el permiso concedido por Inco y el futuro del POT de la ciudad.
Todas estas cuestiones deberán ser investigadas y aclaradas. Por lo pronto, ya ha sido convocado un gran foro ambiental para realizarse el 3 y el 4 de octubre en Cartagena, y el senador Javier Cáceres anunció un debate sobre el tema en el Congreso. Y aunque la última palabra debe tenerla el Ministerio del Ambiente, también sería deseable que tanto los concejales como las autoridades ambientales locales y los candidatos a la alcaldía de Cartagena se pronunciaran todos sobre un tema tan significativo para el futuro de su ciudad.
* * * *
Aunque el debate apenas comienza y seguramente faltan elementos de juicio, el proyecto carbonífero de Barú suscita profundas inquietudes. Colombia debe aprender de las experiencias internacionales -y de las propias- en una materia que afecta tan directamente el desarrollo de un país y el bienestar de sus habitantes, como es el medio ambiente. Recursos como el carbón se acaban, pero las playas y el mar son eternos. Si los sabemos respetar y conservar.
Parece un despropósito, en este sentido, construir puertos carboníferos precisamente en las dos zonas turísticas más importantes y emblemáticas del país. Habría que hacerlos en otros lugares, donde el impacto sea menor. Aunque les cueste un poco más a las empresas del carbón, que de lo único que no se pueden quejar es de las enormes utilidades que producen.
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Saturday, September 15, 2007
Colombia: llamado urgente de la OFP-Organización Femenina Popular
¡Hooola! Sigue un llamado urgente de la OFP y de muchas otras organizaciones colombianas e internacionales de la sociedad civil para que quedemos vigilantes ante los intentos del gobierno colombiano de crear la ilusión de que ya se desarmaron y se desmovilizaron los paramilitares.
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ACCIÓN URGENTE
Septiembre 13 de 2007
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja denuncia y rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, los señalamientos de que fueron objeto organizaciones pertenecientes a esta Coordinación por parte del jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, Comandante del Bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, quien en su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz acusó a la USO, Credhos, La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la OFP y la ACVC de "actuaciones criminales al servicio del marxismo armado".
Dada la gravedad de estas afirmaciones, las organizaciones y entidades que firmamos este documento, nos permitimos hacer saber ante la opinión pública, lo siguiente:
1. Reafirmamos que el objetivo de nuestro trabajo es crear las condiciones para construir una región en paz, donde se garantice el derecho a la vida digna de todas y todos los pobladores que habitan en nuestro territorio. En consecuencia, todo comportamiento y acción que se oriente hacia el fortalecimiento de la civilidad, la resolución pacífica de los conflictos y el debate político respetuoso es y será apoyado en todo momento. En tal sentido, respetamos el proceso de desmovilización de las AUC y deseamos que sea una contribución seria hacia el logro de la paz regional, a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de acciones violentas.
2. No obstante, rechazamos y criticamos este proceso, cuando se orienta hacia otros propósitos. Tal parece ser lo que está pasando, cuando en las versiones libres de los comandantes de las AUC, se dicen verdades a medias: cuando se trata de justificar los crímenes de lesa humanidad; cuando se ocultan hechos y se ocultan responsables; cuando se ocultan riquezas mal habidas, y con todo ello se pretende mostrar a las AUC como víctimas, y a las víctimas de las atrocidades que ellos cometieron como victimarios. Rechazamos el proceso de desmovilización de las AUC cuando encontramos que en nuestra región se sigue amenazando, extorsionando, robando gasolina, traficando con armas y estupefacientes, y que estos hechos son cometidos por desmovilizados de las AUC. También rechazamos este proceso de desmovilización cuando vemos enormes cantidades de dinero que son utilizadas en algunas campañas políticas, y cuando conocemos de partidos políticos cuyos miembros o cúpulas son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, y siguen ahí, haciendo campaña, y siguen ahí, vendiendo avales. Cuando esto pasa, vemos que el objetivo del proceso de desmovilización de las AUC deja de ser noble para la sociedad y cambia de rumbo, orientándose hacia fines perversos, como buscar que la sociedad del Magdalena Medio premie a los paramilitares en las próximas elecciones de octubre, justifique sus acciones y con ello se abra paso una nueva estructura criminal contra toda persona que no comparta sus fines.
3. Este parece ser el objetivo del señor ‘Julián Bolívar’ en su declaración. Pretende hacer creer a la justicia y a la opinión pública, que nuestras organizaciones que han trabajado por la construcción de un Estado de Derecho, a través de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida digna, son organizaciones que apoyan lo que él llama “el marxismo armado”. Esta afirmación solo pretende desviar a la opinión pública sobre los hechos atroces por ellos cometidos y pasar de agache frente a los crímenes de lesa humanidad que ellos realizaron y que gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas y de nuestras organizaciones no han caído en el olvido. Ellos pretenden perseguirnos políticamente utilizando el poder del Estado, para judicializarnos y evitar de esta manera que haya alguien que defienda los derechos humanos y la vida con dignidad.
Queremos un país en paz, queremos que finalice esta guerra irregular interna, que ha dejado más muertos civiles que muertos combatientes. Queremos que haya garantías para la inversión en nuestra región y garantías para quien trabaja en ella y por ella. Queremos una reconstrucción de nuestra región que ha sido asolada por la guerra irregular, dejando a su paso miles de viudas, de huérfanos(as), de liciados(as), de desplazados(as), de secuestrados(as), de campesinos(as) sin tierra y de falta de empleo. Queremos que el fin de la guerra sea también el fin de las venganzas y las retaliaciones. Queremos que haya adversarios políticos de derecha de centro y de izquierda y que la vida de todos ellos sea respetada, sin importar su ideología, credo, sexo o raza. No queremos que haya venganzas o retaliaciones entre ningún bando. Pero si queremos saber la verdad de lo ocurrido en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, si queremos saber cual fue el rol del Estado, de los funcionarios públicos, de la rama judicial, de la Fuerza Pública y de los dirigentes políticos y económicos, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC y su vínculo con los hechos criminales que aún hoy seguimos registrando en nuestra región. También queremos la justicia y por eso apoyamos como organizaciones sociales el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los funcionarios que con su comportamiento construyen el Estado de Derecho. También queremos la reparación, queremos reconstruir la región, hacer nuestro suelo productivo, frenar la voracidad de las empresas multinacionales, aumentar el empleo, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y consolidar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Por último, queremos construir nuevas relaciones sociales, una nueva sociedad regional, donde no se repitan los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido. Que el poder del dinero, la astucia para los negocios y la búsqueda de la fama, no valgan más que los seres humanos. La vida y la dignidad son los bienes más sagrados que tenemos y no son negociables.
INVITAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO local, regional y nacional y a la COMUNIDAD INTERNACIONAL a considerar con mirada crítica la actual situación del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz; a demandar que la verdad y las garantías de no repetición estén presentes en él y a acompañar a las organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos y la defensa del Magdalena Medio.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra –ACVC-
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-
Organización Femenina Popular –OFP-
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM-
Unión Sindical Obrera –USO-
Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz.
Pastoral de Trabajadores - Diócesis de Barrancabermeja.
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Afrolibertarios
Sinaltrainal
Corporación Nación
Asodesamuba
Sintraelecol
Asorvim
Pax Christi
Movimiento Humanista
Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
Comunidad Internacional:
- Brigadas Internacional de Paz [pbi]
- Equipos Cristianos por la Paz
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ACCIÓN URGENTE
Septiembre 13 de 2007
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja denuncia y rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, los señalamientos de que fueron objeto organizaciones pertenecientes a esta Coordinación por parte del jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, Comandante del Bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, quien en su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz acusó a la USO, Credhos, La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la OFP y la ACVC de "actuaciones criminales al servicio del marxismo armado".
Dada la gravedad de estas afirmaciones, las organizaciones y entidades que firmamos este documento, nos permitimos hacer saber ante la opinión pública, lo siguiente:
1. Reafirmamos que el objetivo de nuestro trabajo es crear las condiciones para construir una región en paz, donde se garantice el derecho a la vida digna de todas y todos los pobladores que habitan en nuestro territorio. En consecuencia, todo comportamiento y acción que se oriente hacia el fortalecimiento de la civilidad, la resolución pacífica de los conflictos y el debate político respetuoso es y será apoyado en todo momento. En tal sentido, respetamos el proceso de desmovilización de las AUC y deseamos que sea una contribución seria hacia el logro de la paz regional, a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de acciones violentas.
2. No obstante, rechazamos y criticamos este proceso, cuando se orienta hacia otros propósitos. Tal parece ser lo que está pasando, cuando en las versiones libres de los comandantes de las AUC, se dicen verdades a medias: cuando se trata de justificar los crímenes de lesa humanidad; cuando se ocultan hechos y se ocultan responsables; cuando se ocultan riquezas mal habidas, y con todo ello se pretende mostrar a las AUC como víctimas, y a las víctimas de las atrocidades que ellos cometieron como victimarios. Rechazamos el proceso de desmovilización de las AUC cuando encontramos que en nuestra región se sigue amenazando, extorsionando, robando gasolina, traficando con armas y estupefacientes, y que estos hechos son cometidos por desmovilizados de las AUC. También rechazamos este proceso de desmovilización cuando vemos enormes cantidades de dinero que son utilizadas en algunas campañas políticas, y cuando conocemos de partidos políticos cuyos miembros o cúpulas son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, y siguen ahí, haciendo campaña, y siguen ahí, vendiendo avales. Cuando esto pasa, vemos que el objetivo del proceso de desmovilización de las AUC deja de ser noble para la sociedad y cambia de rumbo, orientándose hacia fines perversos, como buscar que la sociedad del Magdalena Medio premie a los paramilitares en las próximas elecciones de octubre, justifique sus acciones y con ello se abra paso una nueva estructura criminal contra toda persona que no comparta sus fines.
3. Este parece ser el objetivo del señor ‘Julián Bolívar’ en su declaración. Pretende hacer creer a la justicia y a la opinión pública, que nuestras organizaciones que han trabajado por la construcción de un Estado de Derecho, a través de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida digna, son organizaciones que apoyan lo que él llama “el marxismo armado”. Esta afirmación solo pretende desviar a la opinión pública sobre los hechos atroces por ellos cometidos y pasar de agache frente a los crímenes de lesa humanidad que ellos realizaron y que gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas y de nuestras organizaciones no han caído en el olvido. Ellos pretenden perseguirnos políticamente utilizando el poder del Estado, para judicializarnos y evitar de esta manera que haya alguien que defienda los derechos humanos y la vida con dignidad.
Queremos un país en paz, queremos que finalice esta guerra irregular interna, que ha dejado más muertos civiles que muertos combatientes. Queremos que haya garantías para la inversión en nuestra región y garantías para quien trabaja en ella y por ella. Queremos una reconstrucción de nuestra región que ha sido asolada por la guerra irregular, dejando a su paso miles de viudas, de huérfanos(as), de liciados(as), de desplazados(as), de secuestrados(as), de campesinos(as) sin tierra y de falta de empleo. Queremos que el fin de la guerra sea también el fin de las venganzas y las retaliaciones. Queremos que haya adversarios políticos de derecha de centro y de izquierda y que la vida de todos ellos sea respetada, sin importar su ideología, credo, sexo o raza. No queremos que haya venganzas o retaliaciones entre ningún bando. Pero si queremos saber la verdad de lo ocurrido en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, si queremos saber cual fue el rol del Estado, de los funcionarios públicos, de la rama judicial, de la Fuerza Pública y de los dirigentes políticos y económicos, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC y su vínculo con los hechos criminales que aún hoy seguimos registrando en nuestra región. También queremos la justicia y por eso apoyamos como organizaciones sociales el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los funcionarios que con su comportamiento construyen el Estado de Derecho. También queremos la reparación, queremos reconstruir la región, hacer nuestro suelo productivo, frenar la voracidad de las empresas multinacionales, aumentar el empleo, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y consolidar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Por último, queremos construir nuevas relaciones sociales, una nueva sociedad regional, donde no se repitan los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido. Que el poder del dinero, la astucia para los negocios y la búsqueda de la fama, no valgan más que los seres humanos. La vida y la dignidad son los bienes más sagrados que tenemos y no son negociables.
INVITAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO local, regional y nacional y a la COMUNIDAD INTERNACIONAL a considerar con mirada crítica la actual situación del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz; a demandar que la verdad y las garantías de no repetición estén presentes en él y a acompañar a las organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos y la defensa del Magdalena Medio.
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra –ACVC-
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-
Organización Femenina Popular –OFP-
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM-
Unión Sindical Obrera –USO-
Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz.
Pastoral de Trabajadores - Diócesis de Barrancabermeja.
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Afrolibertarios
Sinaltrainal
Corporación Nación
Asodesamuba
Sintraelecol
Asorvim
Pax Christi
Movimiento Humanista
Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja
Comunidad Internacional:
- Brigadas Internacional de Paz [pbi]
- Equipos Cristianos por la Paz
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Thursday, September 13, 2007
Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos
¡Hooola!
Me importa llamar su atención a un sitio web con noticias de personas desplazadas forzadamente dentro de Colombia:
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http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EVOD-76XH4K?OpenDocument
Me importa llamar su atención a un sitio web con noticias de personas desplazadas forzadamente dentro de Colombia:
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http://www.reliefwe
De: Internal Displacement Monitoring Centre
Fecha: 11 Sep 2007
Para que se sepa - Hablan las personas desplazadas en Colombia
Las personas cuyas historias de vida aparecen en este libro son testimonio vivo de lo que es la experiencia del desplazamiento interno. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos –todos civiles– narran la historia de lo que para ellos significó huir de sus casas y dejarlo todo atrás, con pocas perspectivas de retorno. "me marché con la pura ropita", dijo alguno.
[...]
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Tuesday, September 11, 2007
Colombia: comunidades afrodescendientes y la selva amenazadas por monocultivos de agrocombustibles
¡Hooola otra vez!
Hoy te escribo para rogar que te muevas y cliqueas en el enlace de salvalaselva.org para participar en una campaña de protesta contra la destrucción de pueblos enteros y la selva por monocultivos que servirán solo a producir agrocombustibles. Son megaproyectos destruidores y no sostenibles.
Es fácil participar: http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
Escriba al Gobierno colombiano y exija la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes y campesinas y de los pueblos indígenas que están siendo afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala; la detención de la deforestación y la imposición de una moratoria a la expansión futura de la palma aceitera y a su programa de agrocombustibles, que ha provocado la expansión de los monocultivos; y la protección de los derechos sobre la tierra, la soberanía alimentaria y al entorno biodiverso del que dependen las comunidades.
Entra aquí para enviar tu carta al Gobierno colombiano:
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article571
El Gobierno colombiano se está embarcando en la expansión masiva de plantaciones de palma de aceite, de caña de azúcar y de otros monocultivos para producir agrocombustibles y otros productos, a costa de las selvas tropicales, de otros ecosistemas igualmente biodiversos y de la población local. El monocultivo de caña de azúcar se está expandiendo en el Valle del Cauca, mientras cientos de miles de hectáreas están siendo convertidas en plantaciones de palma aceitera en la región del Pacífico, en las llanuras orientales y en el Caribe.
La expansión de la palma de aceite está relacionada con la destrucción a gran escala de bosques tropicales y con graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, departamento del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras, para que estas puedan usurpar tierras que
legalmente pertenecen a las comunidades afro colombianas. Los grupos paramilitares operan con el apoyo de la Brigada 17 del ejército colombiano.
Más de 10 años después de una campaña de violencia, de desplazamientos forzados y de masacres iniciada en 1996, las comunidades afrodescendientes y campesinas han decidido retornar a sus tierras. Pero encontraron que gran parte de su territorio había sido sembrado con palma de aceite sin su consentimiento y a pesar de estar en posesión de los títulos legales. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho nada para proteger a las comunidades y su derecho al territorio.
La expansión de monocultivos para la producción de agrocombustibles, principalmente para biodiesel, está amenazando las vidas, tierras y costumbres de las comunidades afro colombianas, indígenas y campesinas,
no solamente en el Chocó, sino también en Tumaco, Magdalena Medio, Vichada, Meta y las regiones amazónicas. Los proyectos de agrocombustibles ya están siendo implementados en los departamentos de
Cesar Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Casnara, Nariño y Cauca. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 personas son desplazadas cada año en Colombia, completando los 4 millones a lo largo de los 20 últimos años – la segunda tasa de desplazamiento más alta del mundo – con expropiación de más de 6 millones de hectáreas de tierras. La mayoría de los desplazamientos forzosos están provocados por el interés en las tierras, lo que incluye la directiva para la expansión de los monocultivos y otros agro negocios.
De acuerdo a uno de los miembros e CENSAT Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia): “Es la historia silenciosa de la desaparición de los bosques para convertirse en plantaciones. Es la historia de culturas ancestrales convirtiéndose en proletarios de la palma aceitera. Estas voces claman por detener la destrucción propuesta por aquellos que defienden el biodiesel” (http://americas.irc-online.org/am/3962).
Los bosques tropicales del Chocó, que están siendo destruidos por la expansión de la palma de aceite, se encuentran entre los bosques más biodiversos del planeta. Son refugio de entre 7.000 y 8.000 especies,
incluyendo especies endémicas: 2.000 de plantas y 100 de aves.
Escriba al Gobierno colombiano y exija la protección de los derechos de las comunidades afro descendientes y campesinas y de los pueblos indígenas que están siendo afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala; la detención de la deforestación y la imposición de una moratoria a la expansión futura de la palma aceitera y a su programa de agrocombustibles, que ha provocado la expansión de los monocultivos; y la protección de los derechos sobre la tierra, la soberanía alimentaria y al entorno biodiverso del que dependen las comunidades.
Esta alerta de emails es apoyada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia, una organización de Derechos Humanos que ha estado acompañando activamente a las comunidades locales en Curvaradó y
Jiguamiandó, y también por Ecologistas en Acción.
En el seminario “Crisis Global, Derechos Humanos y Agrocombustibles” en Bogotá, en agosto 2007, representantes de organizaciones internacionales visitaron la zona Humanitaria y de Biodiversidad Curvaradó y expresaron su fuerte apoyo a las comunidades locales en contra de la expansión de la palma de aceite, que amenaza sus vidas, costumbres, soberanía alimentaria y medio ambiente. Entre estas organizaciones se encuentran FSPI-La Vía Campesina (Indonesia), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)- La Vía Campesina (República Dominicana), BASE Investigaciones Sociales (Paraguay), Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (México), Biofuelwatch (UK), Movimiento Mundial por los Bosques, Ecologistas en Acción (España), Amazon Watch (USA), y Rainforest Action Network (USA).
Para más información ver: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article571
Para participar en la campaña de protesta: http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
¡Graaacias, en el nombre de las poblaciones afrodescendientes e indígenas de Colombia!
Hoy te escribo para rogar que te muevas y cliqueas en el enlace de salvalaselva.org para participar en una campaña de protesta contra la destrucción de pueblos enteros y la selva por monocultivos que servirán solo a producir agrocombustibles. Son megaproyectos destruidores y no sostenibles.
Es fácil participar: http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
Escriba al Gobierno colombiano y exija la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes y campesinas y de los pueblos indígenas que están siendo afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala; la detención de la deforestación y la imposición de una moratoria a la expansión futura de la palma aceitera y a su programa de agrocombustibles, que ha provocado la expansión de los monocultivos; y la protección de los derechos sobre la tierra, la soberanía alimentaria y al entorno biodiverso del que dependen las comunidades.
Entra aquí para enviar tu carta al Gobierno colombiano:
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article571
El Gobierno colombiano se está embarcando en la expansión masiva de plantaciones de palma de aceite, de caña de azúcar y de otros monocultivos para producir agrocombustibles y otros productos, a costa de las selvas tropicales, de otros ecosistemas igualmente biodiversos y de la población local. El monocultivo de caña de azúcar se está expandiendo en el Valle del Cauca, mientras cientos de miles de hectáreas están siendo convertidas en plantaciones de palma aceitera en la región del Pacífico, en las llanuras orientales y en el Caribe.
La expansión de la palma de aceite está relacionada con la destrucción a gran escala de bosques tropicales y con graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, departamento del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras, para que estas puedan usurpar tierras que
legalmente pertenecen a las comunidades afro colombianas. Los grupos paramilitares operan con el apoyo de la Brigada 17 del ejército colombiano.
Más de 10 años después de una campaña de violencia, de desplazamientos forzados y de masacres iniciada en 1996, las comunidades afrodescendientes y campesinas han decidido retornar a sus tierras. Pero encontraron que gran parte de su territorio había sido sembrado con palma de aceite sin su consentimiento y a pesar de estar en posesión de los títulos legales. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho nada para proteger a las comunidades y su derecho al territorio.
La expansión de monocultivos para la producción de agrocombustibles, principalmente para biodiesel, está amenazando las vidas, tierras y costumbres de las comunidades afro colombianas, indígenas y campesinas,
no solamente en el Chocó, sino también en Tumaco, Magdalena Medio, Vichada, Meta y las regiones amazónicas. Los proyectos de agrocombustibles ya están siendo implementados en los departamentos de
Cesar Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Casnara, Nariño y Cauca. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 personas son desplazadas cada año en Colombia, completando los 4 millones a lo largo de los 20 últimos años – la segunda tasa de desplazamiento más alta del mundo – con expropiación de más de 6 millones de hectáreas de tierras. La mayoría de los desplazamientos forzosos están provocados por el interés en las tierras, lo que incluye la directiva para la expansión de los monocultivos y otros agro negocios.
De acuerdo a uno de los miembros e CENSAT Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia): “Es la historia silenciosa de la desaparición de los bosques para convertirse en plantaciones. Es la historia de culturas ancestrales convirtiéndose en proletarios de la palma aceitera. Estas voces claman por detener la destrucción propuesta por aquellos que defienden el biodiesel” (http://americas.irc-online.org/am/3962).
Los bosques tropicales del Chocó, que están siendo destruidos por la expansión de la palma de aceite, se encuentran entre los bosques más biodiversos del planeta. Son refugio de entre 7.000 y 8.000 especies,
incluyendo especies endémicas: 2.000 de plantas y 100 de aves.
Escriba al Gobierno colombiano y exija la protección de los derechos de las comunidades afro descendientes y campesinas y de los pueblos indígenas que están siendo afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala; la detención de la deforestación y la imposición de una moratoria a la expansión futura de la palma aceitera y a su programa de agrocombustibles, que ha provocado la expansión de los monocultivos; y la protección de los derechos sobre la tierra, la soberanía alimentaria y al entorno biodiverso del que dependen las comunidades.
Esta alerta de emails es apoyada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia, una organización de Derechos Humanos que ha estado acompañando activamente a las comunidades locales en Curvaradó y
Jiguamiandó, y también por Ecologistas en Acción.
En el seminario “Crisis Global, Derechos Humanos y Agrocombustibles” en Bogotá, en agosto 2007, representantes de organizaciones internacionales visitaron la zona Humanitaria y de Biodiversidad Curvaradó y expresaron su fuerte apoyo a las comunidades locales en contra de la expansión de la palma de aceite, que amenaza sus vidas, costumbres, soberanía alimentaria y medio ambiente. Entre estas organizaciones se encuentran FSPI-La Vía Campesina (Indonesia), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)- La Vía Campesina (República Dominicana), BASE Investigaciones Sociales (Paraguay), Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (México), Biofuelwatch (UK), Movimiento Mundial por los Bosques, Ecologistas en Acción (España), Amazon Watch (USA), y Rainforest Action Network (USA).
Para más información ver: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article571
Para participar en la campaña de protesta: http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=203
¡Graaacias, en el nombre de las poblaciones afrodescendientes e indígenas de Colombia!
Friday, September 07, 2007
Colombia: Buenaventura - Paramilitares actúan con impunidad total
Mi compañero PBI me envía otro mensaje preocupante que consta de la actividad totalmente impune de un grupo paramilitar en Buenaventura:
"La constancia histórica es una forma de actuación de varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia. Ya que, aparentemente, nada puede hacerse ante estas salvajadas, por lo menos que quede constancia de lo que ocurre y que nadie, en ningún momento, pueda alegar que desconocía estos hechos.
Somos demasiado pequeños para salvar a ningún pueblo, pero lo suficientemente adultos como para ser capaces de seguir viviendo con el conocimiento de lo que les está ocurriendo. Denunciar y difundir es un gesto solidario. La solidaridad, no lo olvidemos, es la ternura de los pueblos.
Un abrazo,
el miguelo"
INFORME 3 -- BUENAVENTURA
Operaciones paramilitares de "Aguilas Negras" responsables de ASESINATOS y DESAPARACIONES FORZADAS
Cuerpos descuartizados de jóvenes, hombres y mujeres, expuestos al escarnio público o arrojados al mar para evitar su reconocimiento y asegurar la impunidad.
"¡Qué situación! Cuando el agua empieza a desbordarse, de nada sirven montoncitos de barro! ¿Qué hago, entonces? ¿Cerrar los ojos? ¿Huir? Ni cerrar los ojos ni huir: amar."
Monseñor Gerardo Valencia Cano, 23 de Septiembre de 1971.
RESUMEN
ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, joven de 22 años, fue asesinado en la noche del miércoles 8 de agosto [de 2007] por paramilitares en el barrio Alfonso López. Su cuerpo fue sometido a golpizas, torturado y descuartizado en decenas de partes. En bolsas plásticas con piedras en su interior los restos de ALEX fueron arrojados al fondo del mar. Hoy su familia y amigos siguen en su búsqueda, y esperan encontrar sus restos para darle cristiana sepultura.
Este es uno de los casos conocidos de exterminio y de persecución contra los jóvenes.
Ese mismo día otros tres jóvenes fueron asesinados sin que alguien se hubiese pronunciado.
Días después, el 24 de agosto [de 2007], INGRID YAHAIRA SINISTERRA, estudiante de 16 años de edad, fue asesinada por los paramilitares. Dos niñas más en el barrio Muro Yusti fueron desaparecidas. Los restos de INGRID fueron atados durante toda la noche a un poste de energía. A la mañana siguiente el cuerpo sin vida de INGRID fue arrojado al mar, después de abrirle el vientre y sacarle los órganos internos. [ver informe y constancia histórica abajo]
La militarización de la ciudad de Buenaventura en desarrollo de la política de "Seguridad y Estado Comunitario" ha significado una reingeniería de las operaciones paramilitares que han concebido como blanco predilecto de sus acciones las mujeres y hombres jóvenes.
Los barrios populares que se encuentran militarizados son los mismos en que se desata la barbarie paramilitar, que en lo corrido del año arroja la cifra de 25 desapariciones forzadas reconocidas por las propias autoridades locales, aunque sectores sociales afirman que la cifra asciende al centenar de desaparecidos forzadamente.
Mientras los paramilitares actúan abiertamente, a la luz, sin ningún tipo de encubrimiento, mientras la institucionalidad de la fuerza es ciega ante sus criminales actuaciones. Esa ceguera se extiende a los organismos de investigación y de control que no actúan con diligencia, ni siquiera para simular una actuación en derecho.
Allí en Buenaventura el Estado es contra Derecho. Los criminales gozan de absoluta impunidad.
En el trasfondo de esta violencia parainstitucional que compromete la responsabilidad estatal se oculta la miseria y la exclusión en que habitan los afrocolombianos, que alcanza a ser el 70% de la población, en el primer puerto de importaciones y exportaciones de Colombia. Parece que la violencia institucional pretende aleccionar, para luego controlar y desarrollar con absoluta tranquilidad un modelo de desarrollo, que niega los mínimos derechos o los derechos fundamentales a los afrocolombianos que tradicionalmente han allí habitado.
Sobre Buenaventura como lo expresamos en el Informe 1, se proyecta el complejo industrial portuario, que afectará principalmente a los pobladores de los barrios ubicados en el estero El Aguacate, entre otros La Inmaculada, Santa Fe, Miramar, Punta el Este y Santa Cruz. Y el proyecto de Agua Dulce de ampliación portuaria e industrial, que afectará a los afrodescendientes del Bajo Calima. Ambos con aprobación y licencias ambientales. El otro gran proyecto se trata del Delta del Río Dagua, que afectará a los barrios ubicados hacia el estero de San Antonio, entre otros San Francisco, Palo Seco, Juan XXIII, Bellavista, El Olímpico. La mayoría de estos barrios hoy padecen de las acciones de tipo paramilitar.
Ante el terror que se percibe en cada calle de los barrios populares de Buenaventura, ante el silenciamiento de la población y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente, y teñido de sangre y de dolor, urge dejar Constancia al Estado colombiano con:
1. La activación inmediata del sistema de búsqueda de desaparecidos forzados, con un equipo independiente y permanente respecto a la serie de casos que este año se han ejecutado y que se encuentran en el camino de la noche y la niebla. El hallazgo y devolución de los restos de ALEX MAURICIO para su digna sepultura.
2. La desarticulación efectiva de las estructuras paramilitares que se encuentran en la Calle conocida como "Piedras Cantas" ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3, en el barrio Alfonso López, ambos de la Comuna 3 y en la Calle "Pampa Linda" ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar, en muchos casos a pocos metros de guarniciones militares o policiales.
3. El enfrentamiento a las estructuras paramilitares que controlan el abastecimiento de alimentos y el comercio en la plaza principal de Buenaventura, usando el mecanismo del testaferrato, el cobro de vacunas, entre otros. Al igual que en el mercado conocido como „Matías Mulumba‰, ubicado en la entrada del municipio de Buenaventura sobre el cual los paramilitares ejercen control permanente de alimentos, con presencia armada durante el día.
4. La anulación de las medidas preventivas bajo el Decreto 092 del 30 de abril de 2007, por medio del cual se dictan "disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura", con el cual se ha desbordado la ley para retener a menores de edad y jóvenes. Y la expedición de normas específicas que enfrenten las estructuras criminales enquistadas en los barrios populares.
5. La destitución inmediata de las unidades policiales o militares, desde sus altos mandos, que por acción y omisión, comisión por omisión, están posibilitando el exterminio de la población afrocolombiana.
6. El cese inmediato de cualquier proyecto de inversión hasta tanto existan las garantías de participación, de análisis y de discusión de las comunidades negras sobre los mismos y exista un cese real de las operaciones armadas en el puerto.
7. La investigación tendiente a identificar los responsables, los beneficiarios del plan de exterminio sobre la población afrocolombiana como Crímenes de Lesa Humanidad.
[...]
Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2007
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
INFORME [para direcciones, ver fin de este comunicado]
Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2007
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: JOVENES ASESINADOS y DESAPARECIDOS FORZADAMENTE. Cuerpos mutilados, cadáveres expuestos como escarnio público. Restos lanzados al mar. Sevicia y barbarie paramilitar en Buenaventura.
“¡Qué situación! Cuando el agua empieza a desbordarse, de nada sirven montoncitos de barro… ¿Qué hago, entonces? ¿Cerrar los ojos? ¿Huir? Ni cerrar los ojos ni huir: amar.”
Monseñor Gerardo Valencia Cano, 23 de Septiembre de 1971.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la desaparición forzada de los jóvenes ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA y el bárbaro y horrendo asesinato de INGRID YAHAIRA SINISTERRA por parte de “civiles” armados de la estrategia paramilitar que continúan operando con absoluta y pasmosa tranquilidad en medio de la fuerte militarización y aplicación de medidas de seguridad que criminalizan a la juventud en el puerto de Buenaventura.
Nuestra Constancia Histórica ante los atropellos, la desaparición forzada y casi seguro, descuartizamiento de que ha sido objeto ALEX MAURICIO, la inacción institucional para enfrentar las estructuras criminales y lograr el respeto a la vida e integridad personal de ALEX. De acuerdo con versiones recogidas, y dado el tipo de pretensiones de los paramilitares, parece que ALEX fue torturado, descuartizado y sus restos posteriormente, arrojados al fondo del mar. Hoy su familia y amigos continúan en la búsqueda de ALEX.
Nuestra Constancia Histórica ante el crimen de INGRID YAHAIRA SINISTERRA, estudiante de 16 años de edad, asesinada el viernes 24 de agosto, su cadáver expuesto como escarnio público, atado durante toda la noche a un poste de energía y a la mañana siguiente arrojado al mar después de abrirle el vientre y sacarle los órganos internos.
Nuestra Constancia Histórica ante la desaparición forzada de otras dos jóvenes, de quiénes se desconoce su paradero, pero quiénes fueron tomadas por los paramilitares, posteriormente al asesinato de INGRID, y que como consecuencia del terror paramilitar, su familiares han preferido guardar silencio a que la vida familiar corra riesgo. Junto a INGRID YAHAIRA, dos jóvenes mujeres más desaparecidas forzadamente.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante la repudiable actuación criminal que cruza todas las fronteras de la sensibilidad humana, que retrotrae los nuevos mecanismos de la tortura inspirados en las lógicas inquisidoras o de los campos de concentración. El cuerpo humano, que expresa lo femenino, lo masculino es convertido en objeto de sacrilegio y aleccionamiento público, en signo de burla y de terror.
La estrategia paramilitar en el puerto de Buenaventura sobre el pacífico se mantiene a pesar de la supuesta desmovilización y de que en la cárcel se encuentren algunas de las cabezas visibles del paramilitarismo de Bloque Libertador, del Bloque Calima que operaron con la actitud cómplice de la Brigada 3 y que hoy bajo la denominación de “Aguilas Negras” continúan actuando en operaciones sistemáticas de persecución sobre la población juvenil.
Nuestra Censura Moral ante los siguientes hechos de los que dejamos Constancia Histórica.
* Miércoles 8 de agosto, ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA hacia las 8:30 p.m. recibió una llamada telefónica a su casa de habitación en el barrio Lleras de la Comuna 3 de Buenaventura. Terminada la comunicación ALEX se dispuso a salir de la casa, manifestando a sus familiares que no se iba a demorar y que iba a recoger a una persona. ALEX salió de su vivienda en una motocicleta de color blanco y azul que le fue prestada por un amigo.
ALEX estaba vestido de camisa blanca con rayas azules, pantalón jean azul oscuro y zapatos deportivos de color blanco.
Hacia las 9:00 p.m. ALEX fue visto en la motocicleta con un parrillero por el barrio El Firme, sector La Playita.
De acuerdo con decenas de testigos, ALEX fue visto posteriormente hacia las 9:30 p.m., en una calle del barrio Alfonso López, sector La Punta. En el sitio fue tomado por la fuerza por cuatro reconocidos paramilitares vestidos de civil, quienes lo zarandearon, y lo golpearon, tirándolo de un lado a otro. Durante este período de tiempo, al parecer fue torturado y sus victimarios los cortaron en pedazos.
Aproximadamente unos cuarenta minutos después, los cuatro paramilitares fueron vistos cargando tres bolsas de basura de color negro en dirección al mar. Testigos alcanzaron a observar unas zapatillas de color blanco y sangre sobre la superficie plástica. Antes de arrojar las bolsas al mar, los paramilitares llenaron algunas de estas con piedras.
* Jueves 9 de agosto, en horas de la mañana la novia de ALEX recibió una llamada a su celular en la que un hombre sin identificar le manifestó: “sepa que ALEX está muerto”. Igualmente varios vecinos de los barrios informaron de lo sucedido la noche anterior en el barrio Alfonso López.
Hacia el medio día los familiares de ALEX MAURICIO se dirigieron a la sede de la Fiscalía denunciando la desaparición forzada y exigiendo actuar con urgencia. Posteriormente a varios medios de información local y regional los familiares informaron del hecho, así mismo, distribuyeron letreros por toda la ciudad con una foto y el mensaje: “ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, de 22 años de edad, se encuentra desaparecido. Si alguien lo ha visto llame a los siguientes teléfonos”
* Viernes 10 de agosto, en horas de la mañana uno de los hermanos de ALEX recibió una llamada al teléfono celular, donde un hombre sin identificar le advirtió: “dejen de estar buscando”.
Al padre de ALEX MAURICIO también lo llamaron y le dijeron: “deje de estar buscando. Si quiere recuperar a su hijo tiene que darnos dos millones y le decimos dónde quedó su hijo”
“Civiles” armados de la estrategia paramilitares que operan en el barrio Alfonso López afirmaron que “lo que quedó de ALEX lo tienen que buscar en el fondo del mar, por el sector de La Punta”, ubicado a menos de cinco minutos de la calle de Piedras Cantas del barrio El Firme, donde hay presencia permanente de unidades militares adscritas a la Brigada 2 de Infantería de Marina, y a diez minutos de una base de la policía, que funciona en una bodega del barrio Lleras, anteriormente allí funcionaba una gasolinera y un almacenamiento de madera.
Desde el sábado 11 de agosto a la fecha, amigos y conocidos de ALEX MAURICIO han buscado infructuosamente sus restos y han intentado que los pescadores colaboren, pero estos han manifestado “que no pueden hacer nada, porque si realizan algo, los paramilitares tomaran represalias contra ellos”
La motocicleta que usaba ALEX se ha visto siendo usada por los paramilitares en el barrio Alfonso López.
Las autoridades no han realizado acción alguna encaminada al hallazgo de los restos de ALEX MAURICIO, mucho menos a esclarecer los hechos y hallar a los responsables.
* Jueves 16 de agosto en horas de la noche, un grupo de aproximadamente 10 hombres encapuchados ingresó al barrio San Francisco, sector Bajamar. De acuerdo con los testigos, uno de ellos alcanzó a ser reconocido como perteneciente a las unidades de Infantería de Marina. Los encapuchados patrullaron el barrio por varios minutos y posteriormente se retiraron por el mismo lugar de ingreso.
* Viernes 17 de agosto, en horas de la mañana, unidades militares adscritas a la Brigada 2 de Infantería de Marina, llegaron al barrio San Francisco y en varias viviendas preguntaron a los pobladores si habían oído o visto algo raro la noche anterior.
De manera regular casi permanente, la Infantería de Marina está ubicada en el estero de San Antonio a orillas del mar en el barrio San Francisco.
Hacia las 5:00 p.m., familiares y amigos de ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, celebraron una eucaristía en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Lleras. Ceremonia con cuerpo ausente, con la esperanza que algún día puedan recuperar sus restos y darle cristiana sepultura.
* Viernes 24 de agosto, hacia las 3:00 p.m. según testimonios, INGRID YAHAIRA SINISTERRA, de 16 años de edad, estudiante de secundaria y conocida por sus amigos y familiares como “La Tata”, salió del colegio en compañía de una compañera de estudio por el barrio Bajo Firme.
Al llegar a la calle “Ramiro”, INGRID y su compañera fueron abordadas por paramilitares, quienes las obligan a trasladarse a la calle “La Guarapera” del barrio Lleras de la Comuna 3. A la compañera de INGRID la golpean en varias en ocasiones los paramilitares exigiéndole que dijera los nombres de las mujeres de los guerrilleros. Luego de golpearla la dejan ir.
Los paramilitares minutos después se dirigen hacia el barrio Muro Yusti, comuna 2, y de allí sacan por la fuerza a dos niñas, que hasta el momento se encuentran desaparecidas.
En hora de la noche, familiares de INGRID YAHAIRA fueron informados de su muerte en el barrio Lleras. Varios familiares se dirigieron a la calle “La Guarapera” a reclamar a los paramilitares por el cuerpo sin vida de INGRID. Estos respondieron: “esto es para que aprendan a ser novias de guerrilleros, el cadáver va a permanecer toda la noche amarrado a un poste de la energía. Vengan mañana y se la pueden llevar.”
* Sábado 25 de agosto, en horas de la mañana los familiares de INGRID YAHAIRA regresaron a la calle “La Guarapera” para insistir a los paramilitares en la entrega del cadáver.
Al llegar al lugar se encontraron con que al cadáver de INGRID le habían abierto el vientre, sacado los órganos y arrojado al mar.
El mismo día, los familiares lograron rescatar del mar el cadáver de INGRID YAHAIRA.
* Lunes 27 de agosto, familiares y amigos dieron cristiana sepultura a los restos de INGRID YAHAIRA SINISTERRA.
* Martes 28 de agosto desde las 2:00 p.m. aproximadamente, los paramilitares, entre ellos “Pluto”, quien participó en la masacre de los 12 jóvenes ocurrida el 19 de abril de 2005 en el barrio Punta del Este, celebraron abiertamente por la principal calle del barrio Lleras, la libertad de reconocido paramilitar JEFERSON BONILLA GOMEZ, desmovilizado del bloque Calima, conocido como “El Chespi”.
Los paramilitares con gran algarabía celebraron con los pitos de sus motos la libertad de BONILLA. Algunos de ellos expresaron: “estamos felices, salió El Chespi”. “Chespi” había sido detenido por ser uno de los responsables del asesinato de tres personas, ocurrida en el mes de mayo del 2005 en el barrio “F 8” de Buenaventura, además, de la masacre de los 12 jóvenes ocurrida en abril de 2005.
* Miércoles 29 de agosto, en el barrio Punta del Este aparecieron letreros escritos en papel, pegados en varias paredes donde se leía: “guarde a sus hijos buenos que por los malos venimos nosotros. LAS AGUILAS”.
Este día aparecieron tres cadáveres en Buenaventura.
* Jueves 30 de agosto en varios medios masivos de la ciudad de Buenaventura se informó que en los barrios Lleras, Punta del Este, Santa Cruz y La Inmaculada, de la comuna 6 se habían reactivado grupos paramilitares que se identifican como “Aguilas Negras”.
* Lunes 3 de septiembre hasta el día de hoy continúan desaparecidas las dos niñas del barrio Muro Yusti.
Los familiares de las dos jóvenes, consideran que decir los nombres de sus hijas es ponerlas en riesgo a ellas y a toda la familia, han recibido amenazas de muerte, si persisten en la búsqueda de sus hijas.
A la fecha, el cadáver de ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, joven de 22 años asesinado el 8 de agosto en el sector conocido como La Punta del barrio Alfonso López, no ha podido ser recuperado por sus familiares. Su cuerpo, según los testimonios, fue mutilado y arrojado al mar en bolsas de basura. Igualmente, el paradero de las dos estudiantes se desconoce.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las graves consecuencias que la desmovilización paramilitar se ha descubierto como un simulacro para la población afrocolombiana de Buenaventura. Hoy a través del nombre de “Aguilas Negras” han quedado las mismas estructuras criminales con muchos de sus mismos efectivos actuando con la tortura, el trato cruel e inhumano. Se somete el cuerpo de la mujer al escarnio público, su intimidad es profanada, se alecciona a los círculos de familiaridad sometiendo a la familia a la tortura psicológica. Se somete el cuerpo del hombre a los mecanismos tradicionales de los tiros, previa tortura o de la destrucción de su integralidad con el descuartizamiento y el ocultamiento del cuerpo.
El control sobre la población de barrios populares de Buenaventura en forma de terror, es el que coincide con el espíritu del Decreto municipal 092 del 30 de abril del 2007, que criminaliza a los jóvenes. En vez de cualificar las operaciones armadas y de represión sobre las estructuras criminales estas se orientan sobre la población pobre, excluida y con raíces africanas. El Decreto ambienta y legítima, aunque no sea su propósito, la destrucción y la persecución. Se mata con hambre, se mata con desempleo, se mata con la criminalización, se mata con balas.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la responsabilidad en los crímenes en el Estado pues los hechos sucedidos se han desarrolla en medio de la militarización de los barrios marginales. En el estero San Antonio está ubicada una base armada; en las calles del barrio San Francisco patrullan unidades policiales, en ocasiones en la mañana y a veces en la noche con patrullajes a las entradas y salidas del barrio y en una pesquera conocida como “La Hielera”, de donde, según versiones, salen embarques de droga. La presencia de tipo paramilitar se mantiene de manera permanente en la Calle conocida como “Piedras Cantas” ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3 de Buenaventura, igualmente en el barrio Alfonso López, también de la Comuna 3 y en la Calle “Pampa Linda” ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, en el mercado conocido como “Matías Mulumba”, sobre el cual los paramilitares ejercen control permanente de alimentos, con presencia armada durante el día. Situación similar a la que se presenta sobre la Plaza Pública de Buenaventura. La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar y en los alrededores de los mismos barrios, en ocasiones transita las milicias de las guerrilla de las FARC EP sobre las cuales si se actúa y se le confronta militarmente.
Nuestra Censura Moral ante la remozada estrategia paramilitar que se asegura en la impunidad. Las investigaciones a veces ni siquiera se inician con la formalidad requerida, y las pocas que se inician quedan convertidas en papeles húmedos o carcomidos por el paso del tiempo, porque ellas no prosperan en lo absoluto. Y cuando se busca alguna excusa se argumenta que es responsabilidad de los familiares de las víctimas, quiénes, en la mayoría de las ocasiones no vieron, no escucharon ni observaron a los criminales. Se deja de lado la sana razón para dejar de auscultar en los barrios, en las calles, en las casas en donde acampan los criminales, disfrutando del crimen, beneficiándose de los recursos de las drogas con los que compran conciencias, libertades y lealtades.
Ante tanta sangre, ante tanta miseria que clama al cielo, que debería mover los mínimos de nuestra sensibilidad humana y la voluntad estatal para actuar, dejamos Constancia de estos crímenes de Lesa Humanidad y expresamos nuestra Censura Ética pues lo que existe en Buenaventura es un Estado de Hecho.
Los apelamos para que actúen pronto, urgente y eficazmente a fin de posibilitar el derecho a una sepultura digna de los restos de ALEX; a buscar las dos estudiantes que junto con INGRID fueron retenidas y llevadas por los paramilitares con la activación inmediata del sistema de búsqueda de desaparecidos forzados, con un equipo independiente y permanente respecto a la serie de casos que este año se han ejecutado y que se encuentran en el camino de la noche y la niebla.
Los apelamos a que se haga real la formalidad de persecución al paramilitarismo con el enfrentamiento auténtico de la criminalidad, con la desarticulación efectiva de las estructuras paramilitares que se encuentran en la Calle conocida como “Piedras Cantas” ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3, en el barrio Alfonso López, ambos de la Comuna 3 y en la Calle “Pampa Linda” ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar, en muchos casos a pocos metros de guarniciones militares o policiales.
Los apelamos para que enfrenten a las estructuras paramilitares que controlan el abastecimiento de alimentos y el comercio en la plaza principal de Buenaventura y Matías Mulumba, usando el mecanismo del testaferrato, el cobro de vacunas, entre otros; a la anulación de las medidas preventivas bajo el Decreto 092 del 30 de abril de 2007 “Por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura” con el cual se ha desbordado la ley para retener a menores de edad y jóvenes, negando los derechos de los afrocolombianos, negando los pactos y protocolos internacionales suscritos por el Estado colombiano. Y la transformación de este Decreto en actuaciones de fondo sobre las estructuras criminales enquistadas en los barrios populares; la destitución inmediata de las unidades policiales o militares, desde sus altos mandos, que por acción y omisión, comisión por omisión, están posibilitando el exterminio de la población afrocolombiana; el desarrollo de una investigación tendiente a identificar los responsables, los beneficiarios del plan de exterminio sobre la población afrocolombiana como Crímenes de Lesa Humanidad y el cese inmediato de cualquier proyecto de inversión hasta tanto existan las garantías de participación, de análisis y de discusión de las comunidades negras sobre los mismos y exista un cese real de las operaciones armadas en el puerto.
De ustedes depende, que estos abominables crímenes se vuelvan a repetir y queden en la impunidad, con profundo dolor e indignación,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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Algunas direcciones para enviar sus cartas, faxes, correos-e de protesta:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
- Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
- Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
- Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
- Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
"La constancia histórica es una forma de actuación de varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia. Ya que, aparentemente, nada puede hacerse ante estas salvajadas, por lo menos que quede constancia de lo que ocurre y que nadie, en ningún momento, pueda alegar que desconocía estos hechos.
Somos demasiado pequeños para salvar a ningún pueblo, pero lo suficientemente adultos como para ser capaces de seguir viviendo con el conocimiento de lo que les está ocurriendo. Denunciar y difundir es un gesto solidario. La solidaridad, no lo olvidemos, es la ternura de los pueblos.
Un abrazo,
el miguelo"
INFORME 3 -- BUENAVENTURA
Operaciones paramilitares de "Aguilas Negras" responsables de ASESINATOS y DESAPARACIONES FORZADAS
Cuerpos descuartizados de jóvenes, hombres y mujeres, expuestos al escarnio público o arrojados al mar para evitar su reconocimiento y asegurar la impunidad.
"¡Qué situación! Cuando el agua empieza a desbordarse, de nada sirven montoncitos de barro! ¿Qué hago, entonces? ¿Cerrar los ojos? ¿Huir? Ni cerrar los ojos ni huir: amar."
Monseñor Gerardo Valencia Cano, 23 de Septiembre de 1971.
RESUMEN
ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, joven de 22 años, fue asesinado en la noche del miércoles 8 de agosto [de 2007] por paramilitares en el barrio Alfonso López. Su cuerpo fue sometido a golpizas, torturado y descuartizado en decenas de partes. En bolsas plásticas con piedras en su interior los restos de ALEX fueron arrojados al fondo del mar. Hoy su familia y amigos siguen en su búsqueda, y esperan encontrar sus restos para darle cristiana sepultura.
Este es uno de los casos conocidos de exterminio y de persecución contra los jóvenes.
Ese mismo día otros tres jóvenes fueron asesinados sin que alguien se hubiese pronunciado.
Días después, el 24 de agosto [de 2007], INGRID YAHAIRA SINISTERRA, estudiante de 16 años de edad, fue asesinada por los paramilitares. Dos niñas más en el barrio Muro Yusti fueron desaparecidas. Los restos de INGRID fueron atados durante toda la noche a un poste de energía. A la mañana siguiente el cuerpo sin vida de INGRID fue arrojado al mar, después de abrirle el vientre y sacarle los órganos internos. [ver informe y constancia histórica abajo]
La militarización de la ciudad de Buenaventura en desarrollo de la política de "Seguridad y Estado Comunitario" ha significado una reingeniería de las operaciones paramilitares que han concebido como blanco predilecto de sus acciones las mujeres y hombres jóvenes.
Los barrios populares que se encuentran militarizados son los mismos en que se desata la barbarie paramilitar, que en lo corrido del año arroja la cifra de 25 desapariciones forzadas reconocidas por las propias autoridades locales, aunque sectores sociales afirman que la cifra asciende al centenar de desaparecidos forzadamente.
Mientras los paramilitares actúan abiertamente, a la luz, sin ningún tipo de encubrimiento, mientras la institucionalidad de la fuerza es ciega ante sus criminales actuaciones. Esa ceguera se extiende a los organismos de investigación y de control que no actúan con diligencia, ni siquiera para simular una actuación en derecho.
Allí en Buenaventura el Estado es contra Derecho. Los criminales gozan de absoluta impunidad.
En el trasfondo de esta violencia parainstitucional que compromete la responsabilidad estatal se oculta la miseria y la exclusión en que habitan los afrocolombianos, que alcanza a ser el 70% de la población, en el primer puerto de importaciones y exportaciones de Colombia. Parece que la violencia institucional pretende aleccionar, para luego controlar y desarrollar con absoluta tranquilidad un modelo de desarrollo, que niega los mínimos derechos o los derechos fundamentales a los afrocolombianos que tradicionalmente han allí habitado.
Sobre Buenaventura como lo expresamos en el Informe 1, se proyecta el complejo industrial portuario, que afectará principalmente a los pobladores de los barrios ubicados en el estero El Aguacate, entre otros La Inmaculada, Santa Fe, Miramar, Punta el Este y Santa Cruz. Y el proyecto de Agua Dulce de ampliación portuaria e industrial, que afectará a los afrodescendientes del Bajo Calima. Ambos con aprobación y licencias ambientales. El otro gran proyecto se trata del Delta del Río Dagua, que afectará a los barrios ubicados hacia el estero de San Antonio, entre otros San Francisco, Palo Seco, Juan XXIII, Bellavista, El Olímpico. La mayoría de estos barrios hoy padecen de las acciones de tipo paramilitar.
Ante el terror que se percibe en cada calle de los barrios populares de Buenaventura, ante el silenciamiento de la población y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente, y teñido de sangre y de dolor, urge dejar Constancia al Estado colombiano con:
1. La activación inmediata del sistema de búsqueda de desaparecidos forzados, con un equipo independiente y permanente respecto a la serie de casos que este año se han ejecutado y que se encuentran en el camino de la noche y la niebla. El hallazgo y devolución de los restos de ALEX MAURICIO para su digna sepultura.
2. La desarticulación efectiva de las estructuras paramilitares que se encuentran en la Calle conocida como "Piedras Cantas" ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3, en el barrio Alfonso López, ambos de la Comuna 3 y en la Calle "Pampa Linda" ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar, en muchos casos a pocos metros de guarniciones militares o policiales.
3. El enfrentamiento a las estructuras paramilitares que controlan el abastecimiento de alimentos y el comercio en la plaza principal de Buenaventura, usando el mecanismo del testaferrato, el cobro de vacunas, entre otros. Al igual que en el mercado conocido como „Matías Mulumba‰, ubicado en la entrada del municipio de Buenaventura sobre el cual los paramilitares ejercen control permanente de alimentos, con presencia armada durante el día.
4. La anulación de las medidas preventivas bajo el Decreto 092 del 30 de abril de 2007, por medio del cual se dictan "disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura", con el cual se ha desbordado la ley para retener a menores de edad y jóvenes. Y la expedición de normas específicas que enfrenten las estructuras criminales enquistadas en los barrios populares.
5. La destitución inmediata de las unidades policiales o militares, desde sus altos mandos, que por acción y omisión, comisión por omisión, están posibilitando el exterminio de la población afrocolombiana.
6. El cese inmediato de cualquier proyecto de inversión hasta tanto existan las garantías de participación, de análisis y de discusión de las comunidades negras sobre los mismos y exista un cese real de las operaciones armadas en el puerto.
7. La investigación tendiente a identificar los responsables, los beneficiarios del plan de exterminio sobre la población afrocolombiana como Crímenes de Lesa Humanidad.
[...]
Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2007
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
INFORME [para direcciones, ver fin de este comunicado]
Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2007
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: JOVENES ASESINADOS y DESAPARECIDOS FORZADAMENTE. Cuerpos mutilados, cadáveres expuestos como escarnio público. Restos lanzados al mar. Sevicia y barbarie paramilitar en Buenaventura.
“¡Qué situación! Cuando el agua empieza a desbordarse, de nada sirven montoncitos de barro… ¿Qué hago, entonces? ¿Cerrar los ojos? ¿Huir? Ni cerrar los ojos ni huir: amar.”
Monseñor Gerardo Valencia Cano, 23 de Septiembre de 1971.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la desaparición forzada de los jóvenes ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA y el bárbaro y horrendo asesinato de INGRID YAHAIRA SINISTERRA por parte de “civiles” armados de la estrategia paramilitar que continúan operando con absoluta y pasmosa tranquilidad en medio de la fuerte militarización y aplicación de medidas de seguridad que criminalizan a la juventud en el puerto de Buenaventura.
Nuestra Constancia Histórica ante los atropellos, la desaparición forzada y casi seguro, descuartizamiento de que ha sido objeto ALEX MAURICIO, la inacción institucional para enfrentar las estructuras criminales y lograr el respeto a la vida e integridad personal de ALEX. De acuerdo con versiones recogidas, y dado el tipo de pretensiones de los paramilitares, parece que ALEX fue torturado, descuartizado y sus restos posteriormente, arrojados al fondo del mar. Hoy su familia y amigos continúan en la búsqueda de ALEX.
Nuestra Constancia Histórica ante el crimen de INGRID YAHAIRA SINISTERRA, estudiante de 16 años de edad, asesinada el viernes 24 de agosto, su cadáver expuesto como escarnio público, atado durante toda la noche a un poste de energía y a la mañana siguiente arrojado al mar después de abrirle el vientre y sacarle los órganos internos.
Nuestra Constancia Histórica ante la desaparición forzada de otras dos jóvenes, de quiénes se desconoce su paradero, pero quiénes fueron tomadas por los paramilitares, posteriormente al asesinato de INGRID, y que como consecuencia del terror paramilitar, su familiares han preferido guardar silencio a que la vida familiar corra riesgo. Junto a INGRID YAHAIRA, dos jóvenes mujeres más desaparecidas forzadamente.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante la repudiable actuación criminal que cruza todas las fronteras de la sensibilidad humana, que retrotrae los nuevos mecanismos de la tortura inspirados en las lógicas inquisidoras o de los campos de concentración. El cuerpo humano, que expresa lo femenino, lo masculino es convertido en objeto de sacrilegio y aleccionamiento público, en signo de burla y de terror.
La estrategia paramilitar en el puerto de Buenaventura sobre el pacífico se mantiene a pesar de la supuesta desmovilización y de que en la cárcel se encuentren algunas de las cabezas visibles del paramilitarismo de Bloque Libertador, del Bloque Calima que operaron con la actitud cómplice de la Brigada 3 y que hoy bajo la denominación de “Aguilas Negras” continúan actuando en operaciones sistemáticas de persecución sobre la población juvenil.
Nuestra Censura Moral ante los siguientes hechos de los que dejamos Constancia Histórica.
* Miércoles 8 de agosto, ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA hacia las 8:30 p.m. recibió una llamada telefónica a su casa de habitación en el barrio Lleras de la Comuna 3 de Buenaventura. Terminada la comunicación ALEX se dispuso a salir de la casa, manifestando a sus familiares que no se iba a demorar y que iba a recoger a una persona. ALEX salió de su vivienda en una motocicleta de color blanco y azul que le fue prestada por un amigo.
ALEX estaba vestido de camisa blanca con rayas azules, pantalón jean azul oscuro y zapatos deportivos de color blanco.
Hacia las 9:00 p.m. ALEX fue visto en la motocicleta con un parrillero por el barrio El Firme, sector La Playita.
De acuerdo con decenas de testigos, ALEX fue visto posteriormente hacia las 9:30 p.m., en una calle del barrio Alfonso López, sector La Punta. En el sitio fue tomado por la fuerza por cuatro reconocidos paramilitares vestidos de civil, quienes lo zarandearon, y lo golpearon, tirándolo de un lado a otro. Durante este período de tiempo, al parecer fue torturado y sus victimarios los cortaron en pedazos.
Aproximadamente unos cuarenta minutos después, los cuatro paramilitares fueron vistos cargando tres bolsas de basura de color negro en dirección al mar. Testigos alcanzaron a observar unas zapatillas de color blanco y sangre sobre la superficie plástica. Antes de arrojar las bolsas al mar, los paramilitares llenaron algunas de estas con piedras.
* Jueves 9 de agosto, en horas de la mañana la novia de ALEX recibió una llamada a su celular en la que un hombre sin identificar le manifestó: “sepa que ALEX está muerto”. Igualmente varios vecinos de los barrios informaron de lo sucedido la noche anterior en el barrio Alfonso López.
Hacia el medio día los familiares de ALEX MAURICIO se dirigieron a la sede de la Fiscalía denunciando la desaparición forzada y exigiendo actuar con urgencia. Posteriormente a varios medios de información local y regional los familiares informaron del hecho, así mismo, distribuyeron letreros por toda la ciudad con una foto y el mensaje: “ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, de 22 años de edad, se encuentra desaparecido. Si alguien lo ha visto llame a los siguientes teléfonos”
* Viernes 10 de agosto, en horas de la mañana uno de los hermanos de ALEX recibió una llamada al teléfono celular, donde un hombre sin identificar le advirtió: “dejen de estar buscando”.
Al padre de ALEX MAURICIO también lo llamaron y le dijeron: “deje de estar buscando. Si quiere recuperar a su hijo tiene que darnos dos millones y le decimos dónde quedó su hijo”
“Civiles” armados de la estrategia paramilitares que operan en el barrio Alfonso López afirmaron que “lo que quedó de ALEX lo tienen que buscar en el fondo del mar, por el sector de La Punta”, ubicado a menos de cinco minutos de la calle de Piedras Cantas del barrio El Firme, donde hay presencia permanente de unidades militares adscritas a la Brigada 2 de Infantería de Marina, y a diez minutos de una base de la policía, que funciona en una bodega del barrio Lleras, anteriormente allí funcionaba una gasolinera y un almacenamiento de madera.
Desde el sábado 11 de agosto a la fecha, amigos y conocidos de ALEX MAURICIO han buscado infructuosamente sus restos y han intentado que los pescadores colaboren, pero estos han manifestado “que no pueden hacer nada, porque si realizan algo, los paramilitares tomaran represalias contra ellos”
La motocicleta que usaba ALEX se ha visto siendo usada por los paramilitares en el barrio Alfonso López.
Las autoridades no han realizado acción alguna encaminada al hallazgo de los restos de ALEX MAURICIO, mucho menos a esclarecer los hechos y hallar a los responsables.
* Jueves 16 de agosto en horas de la noche, un grupo de aproximadamente 10 hombres encapuchados ingresó al barrio San Francisco, sector Bajamar. De acuerdo con los testigos, uno de ellos alcanzó a ser reconocido como perteneciente a las unidades de Infantería de Marina. Los encapuchados patrullaron el barrio por varios minutos y posteriormente se retiraron por el mismo lugar de ingreso.
* Viernes 17 de agosto, en horas de la mañana, unidades militares adscritas a la Brigada 2 de Infantería de Marina, llegaron al barrio San Francisco y en varias viviendas preguntaron a los pobladores si habían oído o visto algo raro la noche anterior.
De manera regular casi permanente, la Infantería de Marina está ubicada en el estero de San Antonio a orillas del mar en el barrio San Francisco.
Hacia las 5:00 p.m., familiares y amigos de ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, celebraron una eucaristía en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Lleras. Ceremonia con cuerpo ausente, con la esperanza que algún día puedan recuperar sus restos y darle cristiana sepultura.
* Viernes 24 de agosto, hacia las 3:00 p.m. según testimonios, INGRID YAHAIRA SINISTERRA, de 16 años de edad, estudiante de secundaria y conocida por sus amigos y familiares como “La Tata”, salió del colegio en compañía de una compañera de estudio por el barrio Bajo Firme.
Al llegar a la calle “Ramiro”, INGRID y su compañera fueron abordadas por paramilitares, quienes las obligan a trasladarse a la calle “La Guarapera” del barrio Lleras de la Comuna 3. A la compañera de INGRID la golpean en varias en ocasiones los paramilitares exigiéndole que dijera los nombres de las mujeres de los guerrilleros. Luego de golpearla la dejan ir.
Los paramilitares minutos después se dirigen hacia el barrio Muro Yusti, comuna 2, y de allí sacan por la fuerza a dos niñas, que hasta el momento se encuentran desaparecidas.
En hora de la noche, familiares de INGRID YAHAIRA fueron informados de su muerte en el barrio Lleras. Varios familiares se dirigieron a la calle “La Guarapera” a reclamar a los paramilitares por el cuerpo sin vida de INGRID. Estos respondieron: “esto es para que aprendan a ser novias de guerrilleros, el cadáver va a permanecer toda la noche amarrado a un poste de la energía. Vengan mañana y se la pueden llevar.”
* Sábado 25 de agosto, en horas de la mañana los familiares de INGRID YAHAIRA regresaron a la calle “La Guarapera” para insistir a los paramilitares en la entrega del cadáver.
Al llegar al lugar se encontraron con que al cadáver de INGRID le habían abierto el vientre, sacado los órganos y arrojado al mar.
El mismo día, los familiares lograron rescatar del mar el cadáver de INGRID YAHAIRA.
* Lunes 27 de agosto, familiares y amigos dieron cristiana sepultura a los restos de INGRID YAHAIRA SINISTERRA.
* Martes 28 de agosto desde las 2:00 p.m. aproximadamente, los paramilitares, entre ellos “Pluto”, quien participó en la masacre de los 12 jóvenes ocurrida el 19 de abril de 2005 en el barrio Punta del Este, celebraron abiertamente por la principal calle del barrio Lleras, la libertad de reconocido paramilitar JEFERSON BONILLA GOMEZ, desmovilizado del bloque Calima, conocido como “El Chespi”.
Los paramilitares con gran algarabía celebraron con los pitos de sus motos la libertad de BONILLA. Algunos de ellos expresaron: “estamos felices, salió El Chespi”. “Chespi” había sido detenido por ser uno de los responsables del asesinato de tres personas, ocurrida en el mes de mayo del 2005 en el barrio “F 8” de Buenaventura, además, de la masacre de los 12 jóvenes ocurrida en abril de 2005.
* Miércoles 29 de agosto, en el barrio Punta del Este aparecieron letreros escritos en papel, pegados en varias paredes donde se leía: “guarde a sus hijos buenos que por los malos venimos nosotros. LAS AGUILAS”.
Este día aparecieron tres cadáveres en Buenaventura.
* Jueves 30 de agosto en varios medios masivos de la ciudad de Buenaventura se informó que en los barrios Lleras, Punta del Este, Santa Cruz y La Inmaculada, de la comuna 6 se habían reactivado grupos paramilitares que se identifican como “Aguilas Negras”.
* Lunes 3 de septiembre hasta el día de hoy continúan desaparecidas las dos niñas del barrio Muro Yusti.
Los familiares de las dos jóvenes, consideran que decir los nombres de sus hijas es ponerlas en riesgo a ellas y a toda la familia, han recibido amenazas de muerte, si persisten en la búsqueda de sus hijas.
A la fecha, el cadáver de ALEX MAURICIO ASPRILLA BONILLA, joven de 22 años asesinado el 8 de agosto en el sector conocido como La Punta del barrio Alfonso López, no ha podido ser recuperado por sus familiares. Su cuerpo, según los testimonios, fue mutilado y arrojado al mar en bolsas de basura. Igualmente, el paradero de las dos estudiantes se desconoce.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las graves consecuencias que la desmovilización paramilitar se ha descubierto como un simulacro para la población afrocolombiana de Buenaventura. Hoy a través del nombre de “Aguilas Negras” han quedado las mismas estructuras criminales con muchos de sus mismos efectivos actuando con la tortura, el trato cruel e inhumano. Se somete el cuerpo de la mujer al escarnio público, su intimidad es profanada, se alecciona a los círculos de familiaridad sometiendo a la familia a la tortura psicológica. Se somete el cuerpo del hombre a los mecanismos tradicionales de los tiros, previa tortura o de la destrucción de su integralidad con el descuartizamiento y el ocultamiento del cuerpo.
El control sobre la población de barrios populares de Buenaventura en forma de terror, es el que coincide con el espíritu del Decreto municipal 092 del 30 de abril del 2007, que criminaliza a los jóvenes. En vez de cualificar las operaciones armadas y de represión sobre las estructuras criminales estas se orientan sobre la población pobre, excluida y con raíces africanas. El Decreto ambienta y legítima, aunque no sea su propósito, la destrucción y la persecución. Se mata con hambre, se mata con desempleo, se mata con la criminalización, se mata con balas.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la responsabilidad en los crímenes en el Estado pues los hechos sucedidos se han desarrolla en medio de la militarización de los barrios marginales. En el estero San Antonio está ubicada una base armada; en las calles del barrio San Francisco patrullan unidades policiales, en ocasiones en la mañana y a veces en la noche con patrullajes a las entradas y salidas del barrio y en una pesquera conocida como “La Hielera”, de donde, según versiones, salen embarques de droga. La presencia de tipo paramilitar se mantiene de manera permanente en la Calle conocida como “Piedras Cantas” ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3 de Buenaventura, igualmente en el barrio Alfonso López, también de la Comuna 3 y en la Calle “Pampa Linda” ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, en el mercado conocido como “Matías Mulumba”, sobre el cual los paramilitares ejercen control permanente de alimentos, con presencia armada durante el día. Situación similar a la que se presenta sobre la Plaza Pública de Buenaventura. La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar y en los alrededores de los mismos barrios, en ocasiones transita las milicias de las guerrilla de las FARC EP sobre las cuales si se actúa y se le confronta militarmente.
Nuestra Censura Moral ante la remozada estrategia paramilitar que se asegura en la impunidad. Las investigaciones a veces ni siquiera se inician con la formalidad requerida, y las pocas que se inician quedan convertidas en papeles húmedos o carcomidos por el paso del tiempo, porque ellas no prosperan en lo absoluto. Y cuando se busca alguna excusa se argumenta que es responsabilidad de los familiares de las víctimas, quiénes, en la mayoría de las ocasiones no vieron, no escucharon ni observaron a los criminales. Se deja de lado la sana razón para dejar de auscultar en los barrios, en las calles, en las casas en donde acampan los criminales, disfrutando del crimen, beneficiándose de los recursos de las drogas con los que compran conciencias, libertades y lealtades.
Ante tanta sangre, ante tanta miseria que clama al cielo, que debería mover los mínimos de nuestra sensibilidad humana y la voluntad estatal para actuar, dejamos Constancia de estos crímenes de Lesa Humanidad y expresamos nuestra Censura Ética pues lo que existe en Buenaventura es un Estado de Hecho.
Los apelamos para que actúen pronto, urgente y eficazmente a fin de posibilitar el derecho a una sepultura digna de los restos de ALEX; a buscar las dos estudiantes que junto con INGRID fueron retenidas y llevadas por los paramilitares con la activación inmediata del sistema de búsqueda de desaparecidos forzados, con un equipo independiente y permanente respecto a la serie de casos que este año se han ejecutado y que se encuentran en el camino de la noche y la niebla.
Los apelamos a que se haga real la formalidad de persecución al paramilitarismo con el enfrentamiento auténtico de la criminalidad, con la desarticulación efectiva de las estructuras paramilitares que se encuentran en la Calle conocida como “Piedras Cantas” ubicada en el barrio El Firme de la Comuna 3, en el barrio Alfonso López, ambos de la Comuna 3 y en la Calle “Pampa Linda” ubicada en el barrio Bella Vista de la Comuna 8. Igualmente a la entrada del municipio de Buenaventura, en los barrios Las Palmas, Matías Mulumba, El Ruiz y en el caserío La Gloria ubicada detrás de Matías Mulumba, La presencia paramilitar también está en los barrios El Triunfo, ubicado por la antigua vía al mar, en la Comuna 11, en El Colón, ubicado en la Comuna 10, El Seis de Enero, ubicado detrás del barrio la Independencia de la misma Comuna, y el barrio Vista Hermosa. En las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 hay presencia en casi todos los barrios de estructuras de tipo paramilitar, en muchos casos a pocos metros de guarniciones militares o policiales.
Los apelamos para que enfrenten a las estructuras paramilitares que controlan el abastecimiento de alimentos y el comercio en la plaza principal de Buenaventura y Matías Mulumba, usando el mecanismo del testaferrato, el cobro de vacunas, entre otros; a la anulación de las medidas preventivas bajo el Decreto 092 del 30 de abril de 2007 “Por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura” con el cual se ha desbordado la ley para retener a menores de edad y jóvenes, negando los derechos de los afrocolombianos, negando los pactos y protocolos internacionales suscritos por el Estado colombiano. Y la transformación de este Decreto en actuaciones de fondo sobre las estructuras criminales enquistadas en los barrios populares; la destitución inmediata de las unidades policiales o militares, desde sus altos mandos, que por acción y omisión, comisión por omisión, están posibilitando el exterminio de la población afrocolombiana; el desarrollo de una investigación tendiente a identificar los responsables, los beneficiarios del plan de exterminio sobre la población afrocolombiana como Crímenes de Lesa Humanidad y el cese inmediato de cualquier proyecto de inversión hasta tanto existan las garantías de participación, de análisis y de discusión de las comunidades negras sobre los mismos y exista un cese real de las operaciones armadas en el puerto.
De ustedes depende, que estos abominables crímenes se vuelvan a repetir y queden en la impunidad, con profundo dolor e indignación,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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Algunas direcciones para enviar sus cartas, faxes, correos-e de protesta:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
- Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
- Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
- Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
- Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Colombia: Consecuencias nefastas de la "seguridad democrática"
¡Hooola!
Otra vez quiero compartir contigo / con Usted(es) noticias preocupantes desde Colombia. Otra vez es mi amigo, el miguelo, que me escribe lo siguiente:
"No es masoquismo. Es la realidad que está ocurriendo. Aunque no se pueda hacer nada, por lo menos tenemos el deber ético de saberlo para conservar mínimamente nuestra dignidad como personas. A veces las acciones de protesta caen en el vacío, pero el conocimiento de la realidad nos transforma.
Un abrazo,
el miguelo"
He aquí el informe de la Red de Hermandad y Solidarida Colombia:
***
Saravena, Arauca, 04 de septiembre de 2007
ACCIÓN URGENTE
REINADO DE LA MUERTE PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Con tres nuevos homicidios, culmina una semana violenta en el departamento. En efecto, luego de las muertes reseñadas en nuestra acción anterior, registramos y denunciamos otros hechos de sangre que enlutan familias humildes, acrecentando el dolor y profundizando la crisis humanitaria vivida por los araucanos.
El día 31 de agosto fue asesinado el joven MANUEL HORMIGA MONROY, de aproximadamente 19 años de edad, en el barrio José Vicente del municipio de Saravena, a eso de las 12:00 meridiano. Este muchacho se desempeñaba como conductor de un vehículo tipo taxi, de servicio público, afiliado a la empresa Cootransarare Ltda., y al momento de su muerte se transportaba en el mismo.
En el municipio de Fortul, fueron asesinados los señores LUIS EBERTO DELGADO RODRÍGUEZ y EDINSON DÍAS ACEVEDO; el primero de ellos de 50 años de edad, en la vereda Buenos Aires, el día 02 de septiembre, a las 7:00 de la noche; el segundo, contaba con 25 años de edad, y su homicidio se produjo en la vereda Caño Rojo, el mismo día, aproximadamente a las 12:00 meridiano.
El absoluto desprecio por la vida, los derechos humanos y la dignidad humana, queda evidenciado cuando todo el esfuerzo, capacidad y recursos del Estado, en esta región, una de las más militarizadas del país, que recibe apoyo militar, económico y logístico del imperio yanqui [añado yo: o sean los EEUU], está completamente encaminada a proteger y garantizar la expansión de los intereses económicos transnacionales, representados en los megaproyectos aquí desarrollados.
Todo el aparato judicial y la fuerza pública, tan prestos para la estrategia de judicialización de los dirigentes sociales y comunidad en general, que han llevado a más de 2000 personas a las cárceles, víctimas de montajes judiciales, no funciona frente a la investigación por la muerte de inermes civiles, mucho menos para su prevención.
Exigimos a los organismos de Justicia y Control del Estado, realizar las investigaciones y tomar las acciones pertinentes tendientes a evitar que se vuelvan a presentar atentados contra la vida e integridad de la población.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos del orden nacional e internacional, solicitamos continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa la región.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS "JOEL SIERRA"
NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
redher@redcolombia.org redeuropea@redcolombia.org
www.redcolombia.org
Gracias por haber leído hasta aquí. ¿Lo que puedes hacer tú? Escribir cartas de protesta, correos-e, enviar faxes, por ejemplo pidiendo -- con cortesía -- que se lleve a cabo una investigación legal, imparcial, exhaustiva acerca de los asesinatos mencionados arriba.
¿A quiénes dirigir tu carta? Pues, por ejemplo a los representantes del gobierno de Colombia, a la Embajada Colombiana en tu país, a representantes del ejército colombiano, etc.,
urgiéndoles a:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
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¡Gracias por su intervención en pro de los derechos humanos fundamentales en Colombia! ¡Paz y Justicia!
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Saravena, Arauca, 04 de septiembre de 2007
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REINADO DE LA MUERTE PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Con tres nuevos homicidios, culmina una semana violenta en el departamento. En efecto, luego de las muertes reseñadas en nuestra acción anterior, registramos y denunciamos otros hechos de sangre que enlutan familias humildes, acrecentando el dolor y profundizando la crisis humanitaria vivida por los araucanos.
El día 31 de agosto fue asesinado el joven MANUEL HORMIGA MONROY, de aproximadamente 19 años de edad, en el barrio José Vicente del municipio de Saravena, a eso de las 12:00 meridiano. Este muchacho se desempeñaba como conductor de un vehículo tipo taxi, de servicio público, afiliado a la empresa Cootransarare Ltda., y al momento de su muerte se transportaba en el mismo.
En el municipio de Fortul, fueron asesinados los señores LUIS EBERTO DELGADO RODRÍGUEZ y EDINSON DÍAS ACEVEDO; el primero de ellos de 50 años de edad, en la vereda Buenos Aires, el día 02 de septiembre, a las 7:00 de la noche; el segundo, contaba con 25 años de edad, y su homicidio se produjo en la vereda Caño Rojo, el mismo día, aproximadamente a las 12:00 meridiano.
El absoluto desprecio por la vida, los derechos humanos y la dignidad humana, queda evidenciado cuando todo el esfuerzo, capacidad y recursos del Estado, en esta región, una de las más militarizadas del país, que recibe apoyo militar, económico y logístico del imperio yanqui [añado yo: o sean los EEUU], está completamente encaminada a proteger y garantizar la expansión de los intereses económicos transnacionales, representados en los megaproyectos aquí desarrollados.
Todo el aparato judicial y la fuerza pública, tan prestos para la estrategia de judicialización de los dirigentes sociales y comunidad en general, que han llevado a más de 2000 personas a las cárceles, víctimas de montajes judiciales, no funciona frente a la investigación por la muerte de inermes civiles, mucho menos para su prevención.
Exigimos a los organismos de Justicia y Control del Estado, realizar las investigaciones y tomar las acciones pertinentes tendientes a evitar que se vuelvan a presentar atentados contra la vida e integridad de la población.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos del orden nacional e internacional, solicitamos continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa la región.
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Gracias por haber leído hasta aquí. ¿Lo que puedes hacer tú? Escribir cartas de protesta, correos-e, enviar faxes, por ejemplo pidiendo -- con cortesía -- que se lleve a cabo una investigación legal, imparcial, exhaustiva acerca de los asesinatos mencionados arriba.
¿A quiénes dirigir tu carta? Pues, por ejemplo a los representantes del gobierno de Colombia, a la Embajada Colombiana en tu país, a representantes del ejército colombiano, etc.,
urgiéndoles a:
i. tomar las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los habitantes de las zonas de paz y de las comunidades e individuos que se encuentran en medio del conflicto armado entre el ejército colombiano, los paramilitares (¡no crean las noticias de su desarmamiento!) y la insurgencia;
ii. garantizar investigaciones exhaustivas, no-partidarias y procesos regulares ante tribunales competentes, independientes, justos e imparciales, garantizándoles el respeto de todos sus derechos procesales en toda circunstancia a los familiares de las víctimas de tortura y asesinados;
iii. poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los habitantes de zonas de paz y de tod@s l@s defensores de derechos humanos en Colombia;
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:ii. garantizar investigaciones exhaustivas, no-partidarias y procesos regulares ante tribunales competentes, independientes, justos e imparciales, garantizándoles el respeto de todos sus derechos procesales en toda circunstancia a los familiares de las víctimas de tortura y asesinados;
iii. poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los habitantes de zonas de paz y de tod@s l@s defensores de derechos humanos en Colombia;
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática de Colombia en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
- Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
- Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
- Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
- Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
***
¡Gracias por su intervención en pro de los derechos humanos fundamentales en Colombia! ¡Paz y Justicia!
Asediada Comunidad de Paz de San José de Apartadó
¡Hooola!
Otra vez tengo que compartir contigo, con Usted(es), malas noticias desde el Chocó en nuestra linda Colombia. Me llegó hace dos días de parte de un compañero ex-voluntario de PBI, Brigadas Internacionales de Paz, que conoce personalmente la situación cada día peor de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Se trata de una de varias comunidades que, habiendo optado por quedarse fuera del conflicto armado entre el ejército nacional, los paramilitares y la insurgencia de la izquierda, se ven acusadas de todas partes. ¡Y los asesinos siguen impunes!
¿Cuánto tiempo más se va a tolerar esta situación?
"Un nuevo hecho terrible en la Comunidad de San José. ¿Hasta cuando seguiremos protegiendo a ese gobierno que se presenta como demócrata?
Un abrazo,
el miguelo"
Sigue el informe de la Comunidad de Paz:
***
UNA NUEVA MUERTE EN LA ZONA
Nuestra opción por la vida, por intentar vivir un mundo distinto desde la justicia nos obliga a dejar constancia de los horrores que se siguen viviendo en la zona, creemos que esta voz que queda en la historia permitirá a la humanidad poder juzgar a estos asesinos que han causado terror y muerte sistemática.
- El día 31 de agosto de 2007 ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ, campesino de 19 años, salió de su casa a las 3 p.m a recoger leña, su vivienda está ubicada en la vereda la Miranda (a tres horas de San Josesito). Su hermana se quedó esperándolo en la casa toda la tarde y la noche, ya que no llegó. El día domingo 2 de septiembre fueron avisados de que ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ estaba muerto y se encontraba en el hospital de Apartadó.
La familia fue por su cuerpo con el apoyo de la comunidad el lunes 3 de septiembre, allí fueron interrogados por el CTI quienes le preguntaron a la familia de que bando era ALFONSO y cual era su alias, la familia enérgicamente les respondió que su hermano no era de ningún bando ni tenia alias que era un campesino. El CTI les dijo que la Brigada XVII era quien había entregado el cuerpo de ALFONSO. El médico forense le entregó el cuerpo de ALFONSO a su familia y les dijo que había sido torturado bastante y que su muerte había ocurrido hacia la mañana del sábado 1 de septiembre.
La comunidad pidió a la defensoría nacional indagar a la Brigada sobre la muerte de ALFONSO y la respuesta que tuvieron era que ALFONSO había sido dado de baja. ALFONSO había sido buscado en Caracolí (ubicado a quince minutos de San Josesito en dirección a Apartadó) por los paramilitares el domingo 24 de junio, al no encontrarlo le dejaron razón con una hermana que lo tenían que acabar tarde o temprano.
ALFONSO fue velado y enterrado en la comunidad el 3 de septiembre en la tarde.
Nuevamente un campesino es asesinado y colocado como un guerrillero. ALFONSO no pertenecía a nuestra comunidad, pero sí era un campesino reconocido en la zona. Es la perpetuidad de la barbarie, de la total injusticia y ante la muerte no nos arrodillamos ni guardamos silencio, la vida es nuestra defensa y por ello la humanidad no puede dejar de juzgar algún día esta muerte, esta tortura, que evidencia el exterminio a que se está sometiendo la zona.
De nuevo un campesino es presentado como guerrillero como hicieron con ARLEN y EDILBERTO, miembros de nuestra comunidad y asesinados por el ejército.
El 1 de septiembre, día en que la comunidad recibía el premio de paz de Aquisgran, acción solidaria y de vida de un pueblo hermano, los victimarios le quitaban la vida a ALFONSO.
Esta alegría y tristeza solo nos da la fuerza para seguir resistiendo civilmente y no permitir que la muerte prevalezca sobre la vida. Nuestra mayor solidaridad a su familia, ALFONSO estará con nosotros en nuestro parque de la memoria. No fue de nuestra comunidad, pero su muerte es sangre que nos alienta para seguir trabajando por un mundo donde este horror no siga ocurriendo.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 4 de 2007
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Otra vez tengo que compartir contigo, con Usted(es), malas noticias desde el Chocó en nuestra linda Colombia. Me llegó hace dos días de parte de un compañero ex-voluntario de PBI, Brigadas Internacionales de Paz, que conoce personalmente la situación cada día peor de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Se trata de una de varias comunidades que, habiendo optado por quedarse fuera del conflicto armado entre el ejército nacional, los paramilitares y la insurgencia de la izquierda, se ven acusadas de todas partes. ¡Y los asesinos siguen impunes!
¿Cuánto tiempo más se va a tolerar esta situación?
"Un nuevo hecho terrible en la Comunidad de San José. ¿Hasta cuando seguiremos protegiendo a ese gobierno que se presenta como demócrata?
Un abrazo,
el miguelo"
Sigue el informe de la Comunidad de Paz:
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UNA NUEVA MUERTE EN LA ZONA
Nuestra opción por la vida, por intentar vivir un mundo distinto desde la justicia nos obliga a dejar constancia de los horrores que se siguen viviendo en la zona, creemos que esta voz que queda en la historia permitirá a la humanidad poder juzgar a estos asesinos que han causado terror y muerte sistemática.
- El día 31 de agosto de 2007 ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ, campesino de 19 años, salió de su casa a las 3 p.m a recoger leña, su vivienda está ubicada en la vereda la Miranda (a tres horas de San Josesito). Su hermana se quedó esperándolo en la casa toda la tarde y la noche, ya que no llegó. El día domingo 2 de septiembre fueron avisados de que ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ estaba muerto y se encontraba en el hospital de Apartadó.
La familia fue por su cuerpo con el apoyo de la comunidad el lunes 3 de septiembre, allí fueron interrogados por el CTI quienes le preguntaron a la familia de que bando era ALFONSO y cual era su alias, la familia enérgicamente les respondió que su hermano no era de ningún bando ni tenia alias que era un campesino. El CTI les dijo que la Brigada XVII era quien había entregado el cuerpo de ALFONSO. El médico forense le entregó el cuerpo de ALFONSO a su familia y les dijo que había sido torturado bastante y que su muerte había ocurrido hacia la mañana del sábado 1 de septiembre.
La comunidad pidió a la defensoría nacional indagar a la Brigada sobre la muerte de ALFONSO y la respuesta que tuvieron era que ALFONSO había sido dado de baja. ALFONSO había sido buscado en Caracolí (ubicado a quince minutos de San Josesito en dirección a Apartadó) por los paramilitares el domingo 24 de junio, al no encontrarlo le dejaron razón con una hermana que lo tenían que acabar tarde o temprano.
ALFONSO fue velado y enterrado en la comunidad el 3 de septiembre en la tarde.
Nuevamente un campesino es asesinado y colocado como un guerrillero. ALFONSO no pertenecía a nuestra comunidad, pero sí era un campesino reconocido en la zona. Es la perpetuidad de la barbarie, de la total injusticia y ante la muerte no nos arrodillamos ni guardamos silencio, la vida es nuestra defensa y por ello la humanidad no puede dejar de juzgar algún día esta muerte, esta tortura, que evidencia el exterminio a que se está sometiendo la zona.
De nuevo un campesino es presentado como guerrillero como hicieron con ARLEN y EDILBERTO, miembros de nuestra comunidad y asesinados por el ejército.
El 1 de septiembre, día en que la comunidad recibía el premio de paz de Aquisgran, acción solidaria y de vida de un pueblo hermano, los victimarios le quitaban la vida a ALFONSO.
Esta alegría y tristeza solo nos da la fuerza para seguir resistiendo civilmente y no permitir que la muerte prevalezca sobre la vida. Nuestra mayor solidaridad a su familia, ALFONSO estará con nosotros en nuestro parque de la memoria. No fue de nuestra comunidad, pero su muerte es sangre que nos alienta para seguir trabajando por un mundo donde este horror no siga ocurriendo.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 4 de 2007
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Tuesday, September 04, 2007
Amenazas contra Dirigencia Nacional de la USO
¡Hooola!
Hoy quiero compartir contigo/con Usted(es) un llamado urgente de la Junta Directiva Nacional del sindicato petrolero colombiano, o sea la USO–Unión Sindical Obrera de la Indústria del Petróleo, de fecha del día 1 de septiembre de 2007:
****
ACCION URGENTE: AMENAZADA DIRIGENCIA NACIONAL DE LA USO
BOGOTA, SEPTIEMBRE 1 DE 2007
En Colombia, según Álvaro Uribe, se desmovilizaron los grupos paramilitares, pero lo real es que continúan más activos, desde la cárcel o por fuera de ella.
Cada vez que el gobierno y la administración de ECOPETROL implementan programas de privatización de ECOPETROL, o de entrega de nuestros recursos, se incrementan las amenazas contra el sindicato. Como ahora cuando los trabajadores expresan su rechazo a la decisión de la venta de acciones que se iniciara este 27 de agosto.
[...]
El 17 de Agosto, los compañeros HERNANDO MENESES VELAIDES Secretario de Derechos Humanos de la USO Nacional y el Compañero IVAN CEPEDA CASTRO, líder del Movimiento Nacional de Victimas recibieron un panfleto en el cual se condenaba a muerte a los miembros de organizaciones como la USO y a otras organizaciones sociales y políticas.
[...]
El viernes 31 de Agosto, el compañero RODOLFO VECINO ACEVEDO fue amenazado mediante un correo electrónico [El llamado cita un largo correo-e del que solo voy a citar una pequeña línea: "MALPARIDO TE VAMOS A BAJAR SABEMOS TODOS TUS MOVIMIENTOS."
Ambas amenazas llegaron firmadas por los ya muy conocidos Aguilas Negras.]
Ante la gravedad de estos hechos, la Junta Directiva Nacional y la Comisión de DDHH y PAZ de la USO, al igual que la CUT, se comunicaron con el Ministerio del Interior, el DAS, la Policía Nacional, para que de inmediato se iniciara una investigación sobre las amenazas y se garantizara la vida del compañero RODOLFO VECINO y su familia.
SOLICITUDES Y RESPONSABILIDADES:
• Ante la negligencia de brindar la protección necesaria para ejercer la actividad sindical y social, responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier atentado en contra de la vida de los compañeros RODOLFO VECINO ACEVEDO, HERNANDO MENESES VELAIDES e IVAN CEPEDA CASTRO, sus familia y demás integrantes de la dirigencia sindical de la USO y organizaciones sociales.
• Solicitamos a las organizaciones sociales y sindicales, organismos defensores de DDHH, a pronunciarse en contra de dichas amenazas y desarrollar todas las acciones que respalden la protección de la vida de los compañeros.
• Exigimos al gobierno nacional y a ECOPETROL, se brinden de inmediato todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de RODOLFO VECINO su familia y los demás miembros del sindicato.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS USO
Favor dirigir las ACCIONES URGENTES a los siguientes correos y direcciones:
Presidencia ECOPETROL S.A.:
Dr. Javier Gutierrez Pemberthy
Presidencia de la República:
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
Vicepresidencia de la República:
Dr. Francisco Santos
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
******
Hoy quiero compartir contigo/con Usted(es) un llamado urgente de la Junta Directiva Nacional del sindicato petrolero colombiano, o sea la USO–Unión Sindical Obrera de la Indústria del Petróleo, de fecha del día 1 de septiembre de 2007:
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ACCION URGENTE: AMENAZADA DIRIGENCIA NACIONAL DE LA USO
BOGOTA, SEPTIEMBRE 1 DE 2007
En Colombia, según Álvaro Uribe, se desmovilizaron los grupos paramilitares, pero lo real es que continúan más activos, desde la cárcel o por fuera de ella.
Cada vez que el gobierno y la administración de ECOPETROL implementan programas de privatización de ECOPETROL, o de entrega de nuestros recursos, se incrementan las amenazas contra el sindicato. Como ahora cuando los trabajadores expresan su rechazo a la decisión de la venta de acciones que se iniciara este 27 de agosto.
[...]
El 17 de Agosto, los compañeros HERNANDO MENESES VELAIDES Secretario de Derechos Humanos de la USO Nacional y el Compañero IVAN CEPEDA CASTRO, líder del Movimiento Nacional de Victimas recibieron un panfleto en el cual se condenaba a muerte a los miembros de organizaciones como la USO y a otras organizaciones sociales y políticas.
[...]
El viernes 31 de Agosto, el compañero RODOLFO VECINO ACEVEDO fue amenazado mediante un correo electrónico [El llamado cita un largo correo-e del que solo voy a citar una pequeña línea: "MALPARIDO TE VAMOS A BAJAR SABEMOS TODOS TUS MOVIMIENTOS."
Ambas amenazas llegaron firmadas por los ya muy conocidos Aguilas Negras.]
Ante la gravedad de estos hechos, la Junta Directiva Nacional y la Comisión de DDHH y PAZ de la USO, al igual que la CUT, se comunicaron con el Ministerio del Interior, el DAS, la Policía Nacional, para que de inmediato se iniciara una investigación sobre las amenazas y se garantizara la vida del compañero RODOLFO VECINO y su familia.
SOLICITUDES Y RESPONSABILIDADES:
• Ante la negligencia de brindar la protección necesaria para ejercer la actividad sindical y social, responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier atentado en contra de la vida de los compañeros RODOLFO VECINO ACEVEDO, HERNANDO MENESES VELAIDES e IVAN CEPEDA CASTRO, sus familia y demás integrantes de la dirigencia sindical de la USO y organizaciones sociales.
• Solicitamos a las organizaciones sociales y sindicales, organismos defensores de DDHH, a pronunciarse en contra de dichas amenazas y desarrollar todas las acciones que respalden la protección de la vida de los compañeros.
• Exigimos al gobierno nacional y a ECOPETROL, se brinden de inmediato todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de RODOLFO VECINO su familia y los demás miembros del sindicato.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS USO
Favor dirigir las ACCIONES URGENTES a los siguientes correos y direcciones:
Presidencia ECOPETROL S.A.:
Dr. Javier Gutierrez Pemberthy
Presidencia de la República:
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
Vicepresidencia de la República:
Dr. Francisco Santos
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
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