Tuesday, March 27, 2007

Territorialidad e identidad tribal de comunidades afrodescendientes en el Curvaradó y Jiguamiandó

¡Hoola!

Aquí les hago seguir un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la territorialidad e identidad tribal de gentes afrodescendientes en el Curvaradó y Jiguamiandó (Colombia). A ver cuánto más tiempo trascurrirá antes de que se implementen las leyes que el estado colombiano ya tiene para proteger a sus comunidades indígenas e afrodescendientes.

¡Hasta pronto!


DeVer 357 – OIT SE PRONUNCIA SOBRE TERRITORIALIDAD E IDENTIDAD TRIBAL DE AFRODESCENDIENTES DEL CURVARADO Y JIGUAMIANDO.


El 23 de marzo de 2007, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la segunda “Observación Individual” de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación con el respeto del convenio 169 en el caso de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó.

El pronunciamiento se produce en momentos en que se persisten las amenazas sobre la población que habita en las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad por parte de estructuras criminales de tipo paramilitar; se destruyen los signos del derecho a la memoria como el Monumento de Crímenes de Lesa Humanidad y la Comisión Etica y persiste una dinámica de extracción y arrasamiento del Territorio por parte de las empresas palmeras, protegidas por fuerza pública y estructuras paramilitares.

Las comunidades han sido profundamente afectadas desde 1996 hasta hoy por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos – más de 113 asesinatos y desapariciones forzadas, 13 desplazamientos forzosos por operaciones militares – paramilitares que permitieron la usurpación de su territorio ancestral y la implementación de la siembra extensiva de la palma aceitera y otros agronegocios, en más de 7000 mil hectáreas de tierras.

El pronunciamiento de la Comisión de Expertos respalda las exigencias de los afrodescendientes a la vida digna y al territorio, trasciende los intereses de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó y Jiguamiandó, y posibilita a al pueblo negro de Colombia cobijarse con esta decisión en la exigencia de sus derechos reconocidos en el Convenio 169.

Las observaciones afianzan la aplicación del Convenio 169 en Colombia y el papel de la OIT en garantizar su plena y efectiva vigencia en relación con la consideración de los afrocolombianos como pueblos tribales, los derechos ancestrales al Territorio y a la Consulta Previa.

En primer lugar, la Comisión de Expertos de la OIT informa que el Gobierno colombiano reconoció que las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó están cobijadas por el Convenio 169, lo que permite a esta instancia solicitar al gobierno confirmar la aplicación del Convenio a “la totalidad de las comunidades afrodescendientes reconocidas por la ley 70 de 1993” .

En segundo lugar, en relación a los trámites de delimitación y deslinde que propone el gobierno en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, la Comisión de Expertos recuerda al Estado que la protección al territorio no se limitar al área titulada sino a todo el territorio que ha venido ocupando la comunidad ancestralmente.

Insiste en que la ocupación ancestral prima sobre cualquier reconocimiento legal: “el Convenio protege no sólo a las tierras sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan, y que, en virtud del Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2…()… Por lo tanto, la Comisión espera que el Gobierno dé plena aplicación a los artículos mencionados en el curso de la delimitación de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades referidas, y solicita la mantenga informada al respecto, en particular sobre la manera en que las comunidades participan en dicho proceso, así como sobre los resultados de las medidas adoptadas para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades”.

En tercer lugar, la Comisión de Expertos insiste en su requerimiento de información sobre las medidas adoptadas para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades.

En efecto, la apropiación de las tierras para la implantación del cultivo extensivo de palma aceitera en el Curvaradó y Jiguamiandó, que ha sido acompañado de violaciones a los derechos humanos y de daños ambientales, ha impedido el regreso de estos pueblos tribales a sus tierras, en violación del artículo 18 del Convenio 169 según el cual el gobierno debe adoptar medidas “contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”.

Y finalmente, la Comisión de Expertos recuerda al gobierno la necesidad de consultar a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, "acerca de los permisos, concesiones o autorizaciones a los que hace referencia así como acerca de aquellos que autoricen realizar proyectos de ganadería, deforestación o extracción de madera, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6, para determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida, tal como lo determina el artículo 15, párrafo 2".

Este aspecto es sustancial en relación con la siembra ilegal de palma y se hace extensivo a la explotación proyectada sobre el cerro Cara de Perro en el Jiguamiandó que afecta a pueblos originarios indígenas y afrodescendientes.

La comisión expresa, también, el conocimiento que tiene de las pretensiones gubernamentales de modificar diferentes artículos de la ley 70 e invita al Gobierno “a desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de reglamentación de la ley núm. 70, independientemente de cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario.” A su vez de manera expresa solicita se le mantenga informada sobre los progresos en la información requerida”.

El pronunciamiento, a su vez, presenta observaciones sobre el caso de los pueblos indígenas Uwas en el que se destaca que: se ha usado repetidamente la fuerza contra el pueblo indígena por parte de las fuerzas militares y policiales del Gobierno». “La Comisión señala que debido a la falta de confianza la asistencia se debería dar a lo largo de un proceso y que una mera reunión no sería suficiente”.

[...]


Bogotá, D.C. Marzo 23 de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Thursday, March 22, 2007

Tráfico de armas con destino a los paramilitares en Colombia -- ya no compraré productos de Chiquita Brands

¡Hooola!
Hoy día quiero compartir un artículo/comentario muy fuerte, bien investigado, que explica en pocos párrafos la situación en el Chocó antioqueño de Colombia y los enlaces entre el gobierno, los paramilitares y las multinacionales.
Me importa conservar la memoria de aquellas masacres -- y de las valientes personas que siguen luchar para la paz, la verdadera justicia y para una economía distinta.



TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A LOS PARAMILITARES EN COLOMBIA – Chiquita Brands

por indycol – Martes, Mar. 20, 2007


“Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores, a las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre habían nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes.”


Ese día, 5 de noviembre de 2001, las personas que circulaban rutinariamente por el puerto de Zungo ubicado en el municipio de Carepa, Urabá Antioqueño, nunca imaginaron que lo que se desembarcaba del gran barco de bandera panameña Otterloo, en una bodega de la filial BANADEX S.A., filial en Colombia de la Transnacional Chiquita Brands, era, no como se decía 23 contenedores cargados de pelotas plásticas, sino 14 contenedores que transportaban tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, destinados a armar los grupos paramilitares, comandados por Vicente y Carlos Castaño, que actuaban en la zona bajo sus ordenes.

El barco procedente de Nicaragua, con supuesto destino a Panamá, desviado a Colombia, cambió en dicha ciudad, 14 de los 23 contenedores inicialmente cargados con pelotas plásticas, por armamento, cuidándose de justificar su transporte mediante documentos de una supuesta compra de armas de la Policía de Panamá a Nicaragua, con el fin de prevenir interceptaciones en aguas internacionales.

Fue así como, con la permisividad de los agentes aduaneros, servidores públicos de la DIAN y representantes legales de BANADEX, entraron aquel día, sin que nadie supuestamente sospechara, las armas con las que se asesinaron a cientos de colombianos, sindicalistas, campesinos, líderes sociales en aquella época.

Seguramente éste no fue el único desembarco, pero quizá sí el más grande, como años después reconoció Carlos Castaño Gil, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconoció públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC [grupo paramilitar más importante de Colombia], fue precisamente la introducción al país del arsenal proveniente de Nicaragua.

Pero fue sólo tres años después, el 15 de mayo de 2004, que la empresa CHIQUITA BRANDS, confesó en su país que había entregado dinero a un grupo terrorista en Colombia, aduciendo que había sido para “(…) proteger a sus empleados en caso de que los pagos no fuesen hechos (…)”, confesión hecha un año luego que Estados Unidos, en cabeza de George [W.] Bush, declarara a las AUC como grupo terrorista, lo que convertía en un crimen respaldar esa clase de organizaciones, y a un mes (14 de abril de 2004) que Cesar Gaviria Trujillo, entonces secretario General de la Organización de Estados Américanos [OEA], presidiera el evento del premio a CHIQUITA BRANDS por “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”, a sabiendas que éste organismo había iniciado su investigación contra CHIQUITA BRANDS, luego que Carlos Castaño admitiera públicamente en el 2002, que su mejor gol había sido introducir el mencionado armamento en Colombia.

Vale la pena recordar en este punto que precisamente Sergio Caramagna, actual delegado de la OEA para el proceso de paz con las AUC, fue una de las personas designadas por Gaviria para adelantar dicha investigación.

Y es precisamente por aquella época, 10 de junio de 2004, y a sabiendas de los cientos de crímenes cometidos por el paramilitarismo en la zona apoyados financieramente por transnacionales como CHIQUITA BRANDS, y la respuesta del entonces Fiscal Luis Camilo Osorio a los medios de comunicación que anunciaba una apertura de investigación, que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” radica un derecho de petición ante el Fiscal General de la Nación, solicitándole informara, si se había abierto una investigación penal en Colombia por el caso.

Para nadie es de extrañar proviniendo de donde proviene, la dilación de la respuesta, que hizo que fuera necesario interponer un año después (Mayo 2 de 2005), una acción de tutela para que se diera respuesta a los interrogantes planteados.

Finalmente y dada la insistencia de los requerimientos, la Fiscalía manifestó en abril de 2006, que en relación con la confesión de CHIQUITA BRANDS de financiamiento a grupos paramilitares, se adelantaba investigación previa 2432, en oficio No 1840 del Gaula Rural de Antioquia, en la cual al parecer la víctima es CHIQUITA BRANDS por el presunto injusto de extorsión.

Ahora bien, CHIQUITA BRANDS no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también los financiaban económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati, y los cuales lo hacían desde 1997, luego de un encuentro entre el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño y el gerente de BANADEX.

Claro es, ya que la presencia paramilitar se consolidó en esta zona a partir de 1994 cuando irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño, fortalecidos con la legalización que les otorgó Alvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, al institucionalizar las famosas Convivir [otro grupo paramilitar] el mismo año a las cuales éste calificaba como entes de beneficio comunitario y de seguridad de la población y que se convertirían en el espacio perfecto para materializar la alianza empresarios, Estado, narcotráfico.

Según investigaciones realizadas por organismos defensores de derechos humanos, en la década de los noventa los municipios con las más altas tasas de homicidios de la región fueron Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa. Es así como en 1993 se registraron 14 masacres para un total de 79 víctimas, en 1994 se presentaron 3 masacres, 46 víctimas, en 1995 se alcanzan mayores cifras, con 15 masacres y 116 víctimas. En 1996 disminuyen a 11 los casos y a 71 víctimas, en 1997 se presentan 7 masacres con 36 y en 1998, dos casos con 15 víctimas. A pesar de que en 1999 y 2000 se registran 5 masacres, las víctimas en el primer año fueron 27 y en el 2000 ascienden a 30. En 2001 se presenta una masacre con 11 víctimas y en 2002, dos con 18.

El municipio más afectado desde 1993 ha sido Apartadó con 20 masacres que dejaron un total de 170 víctimas, seguido por Turbo donde también se han presentado 20 masacres con 120 víctimas. En Carepa se han registrado 6 masacres con 36 víctimas, en Chigorodó 4 con 35, en San Pedro de Urabá 5 masacres con 30 víctimas, en Mutatá 5 con 27 víctimas, en Necoclí 4 con 22 y en Vigía del Fuerte una masacre con 9 víctimas.

Todos estos hechos se desarrollaban entre tanto con la aquiescencia, no sólo del Gobernador en ese entonces del departamento, el actual presidente Uribe Vélez, sino con la del general Rito Alejo del Río, mas conocido como “El Pacificador” quien fue el comandante de la Brigada XVII, con sede en Carepa entre 1995 y 1997 y a quien posteriormente se le abriría una investigación por conformación de grupos paramilitares y otros delitos, la cual fuera precluída por el entonces fiscal Luis Camilo Osorio el 9 de marzo de 2004.

¿Cómo olvidar las aproximadamente 49 víctimas que dejó el paso de paramilitares durante 5 largos días en Mapiripán – Meta – luego que el general Rito Alejo del Río permitiera su paso desde Urabá?

¿Cómo olvidar los cientos de víctimas que dejó a su paso la tan llamada “Operación Génesis” comandada por el general Rito Alejo del Río, so pretexto de combatir un grupo armado fuera de la ley?

Y es que nada de esto es coincidencial. Obedece a que la región de Urabá o “la mejor esquina de América” es un lugar geoestratégico, para que transnacionales se apoderen de una de las mejores tierras del país, para hacer que esa gran masa de nuevos habitantes se conviertan en potenciales compradores de sus productos, para que aquellos a quienes han desplazado de sus tierras se conviertan en obra barata para el capital y así lograr una mayor tasa de ganancia, para que según los planes acordados se convierta esta región en un modelo de intervención militar que se consolide con el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional Andina.

Tuesday, March 20, 2007

Diez años de comunidades de paz en Colombia // TPP -- Tribunal permanente de los pueblos

¡Hoola!

Hoy día quiero compartir contigo, con Usted, un informe que acaba de llegarme desde el Chocó Colombiano, Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica. Léalo y pregúntate si quieres comprar productos de multinacionales explotando a las poblaciones residentes de la selva colombiana...

¡Paz!


DeVer 352

Memoria

ENTRE LA BIODIVERSIDAD, LA DESTRUCCION Y LAS RESISTENCIAS

Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica.


Séptima entrega

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

Por primera vez en la historia de las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, tuvo lugar en una comunidad afrodescendiente del Cacarica, zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, la 32a sesión sobre biodiversidad. 300 personas provenientes de la peregrinación por el Jiguamiandó y el Curvaradó, del Cacarica y de la ciudad de Medellín, después de participar en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre fumigaciones, se unieron el 24 de febrero en el Cacarica.

Jueces de alto peso moral, provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, el Chad (Africa), Chile y Colombia; junto con miembros de la Comisión Ética de México, Brasil, Argentina, España y Chile; así como varias decenas de ciudadanos solidarios de varios países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, junto con miembros de organizaciones campesinas y del movimiento social de Colombia, compartieron una larga jornada por las aguas del Golfo de Urabá y del río Atrato, para llegar finalmente a las Zonas Humanitarias del Cacarica.

Ni el sol, ni la dura jornada de viaje, pudieron menoscabar los ánimos de tanta gente interesada en participar en este evento de especial significación, para todas las comunidades del Bajo Atrato chocoano, que a diez años de la llegada de la violencia paramilitar en la región, auspiciada por los intereses empresariales que hoy se ven ya florecer en los territorios colectivos de las comunidades negras e indígenas, venían dispuestos a celebrar, con los actos de memoria en recuerdo de las víctimas de aquel oscuro mes de febrero de 1997.

Hasta la naturaleza se hizo solidaria ese día, como queriendo aportar su grano de arena en la celebración de estos actos. Un sol que se escondió tras las nubes, hizo la jornada menos pesada. El camino arreglado por la comunidad, convirtió el ingreso en un paseo por este incomparable entorno de biodiversidad en el Darién colombiano. Las maletas más pesadas de los viajeros, fueron transportadas por 9 bestias mulares dispuestas por las comunidades para agilizar las cargas en el camino.

Al llegar a la comunidad de El Limón, la presencia de los militares sorprendió a los peregrinos y a los participantes del Tribunal Permanente de los Pueblos. El verde de la biodiversidad amenazado por el verde olivo de los militares asentados en esta comunidad desde mayo del 2003. Militares ociosos bañándose en el río, oyendo música a todo volumen, tranquilamente descansando en cambuches, en hamacas. Los 130 peregrinos pasaron por delante de sus bases al lado del río y de la comunidad de El Limón, y se preguntaron por el papel de los militares en el lugar. ¿Con quién están combatiendo?, ¿qué sentido tiene su presencia? Dentro de la comunidad de El Limón y en varias bases sucesivas por la margen del río, hasta cerca de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, ofrecen la misma imagen. No son pocos. ¿A qué obedece esta presencia masiva?

Finalmente la llegada a la Zona Humanitaria. La acogida, el calor de la gente, la ubicación de tanto visitante, todo ordenado para el tribunal. Los miembros de CAVIDA, conscientes de la importancia de tanta presencia de gente amiga y solidaria, no escatimaron jornadas de trabajo para convertir su Zona Humanitaria en un lugar donde todos se pudieran sentir como en casa.

La noche cae, la gente comparte experiencias de todo tipo, entre pueblos diversos provenientes de todos los confines del planeta.

El 25 de febrero [de 2007], el evento transcurre ágil, dinámico. La agenda se desarrolla. Una vez más, quedan al desnudo las prácticas destructoras de vida, por parte de todo tipo de empresas en todo el país, las madereras deforestando, las [empresas] agro[pecuarias] exportadoras arrancando toda posibilidad de vida beneficiándose con las fumigaciones y los cultivos transgénicos. Todo al servicio del negocio, de la dinámica del mercado global. Todas ellas desplazando, asesinando, desapareciendo con tal de poseer las tierras.

El valor de los testigos, su claridad, las lágrimas que interrumpían la palabra, los rostros de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos, que constituían un grupo importante del auditorio participante, llenaron de profundo sentido al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Un dictamen emotivo, reseñado por los jueces, recoge toda esta vida y resistencia a la muerte, levanta los aplausos de los presentes. Y tras las palabras frías de un dictamen escrito, las palabras más afectuosas de la solidaridad desde los jueces.

De nuevo lo visto, lo escuchado, lo vivido en estos días, de peregrinación y participación del tribunal, hace olvidar a todo el mundo la dureza de la jornada de regreso por las aguas del Atrato y del Golfo de Urabá. Al llegar, cada quién a sus lugares de origen, la gente no vuelve igual. Vuelve cambiada, muchos lo manifestaron.

Para los habitantes de la región, comunidades negras de Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó, Arquía, Urrao; indígenas de Perancho, de Peranchito, de Join Poboor, de los resguardos de Acandí, Murindó, campesinos mestizos de la Balsita en Dabeiba, es un reconocimiento a su lucha y tenacidad. “Para nosotros, que unos jueces de otros países lleguen y digan lo que han dicho, nos da mucha fuerza, nos dice que tenemos la razón, que decimos la verdad”. Y la verdad, libera.

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2007

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Friday, March 16, 2007

Flaco Flow, raperos de paz de Colombia

Sin mas comentario, vayan a este sitio y escuchen unas voces feroces ;) por la paz:

Thursday, March 15, 2007

Colombia: Fiscal acusa a políticos colombianos de reclutar a paramilitares

¡Hooola!

Ahora mismo acabo de encontrar en el sitio web de Radio Caracol -- http://www.caracol.com.co/ -- el artículo siguiente:

"El fiscal acusa a los políticos colombianos de reclutar a los paramilitares
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, aseguró que los políticos colombianos fueron los que pusieron a su servicio a los grupos de autodefensa y no como se cree, que hayan sido los paramilitares quienes hayan buscado apoyo en los dirigentes políticos."

Más informaciones en el sitio web.


Chao, y ¡felicidades a uno de los grandes escritores del mundo, Don Gabriel García Márquez! Gracias por unas obras literarias de pura magia. :)

Colombia: Fiscal acusa a políticos colombianos de reclutar a paramilitares

El fiscal acusa a los políticos colombianos de reclutar a los paramilitares
10:28
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, aseguró que los políticos colombianos fueron los que pusieron a su servicio a los grupos de autodefensa y no como se cree, que hayan sido los paramilitares quienes hayan buscado apoyo en los dirigentes políticos

Tuesday, March 13, 2007

¡Aparece con vida Katherine González Torres!

¡Hoola!
Es con un placer inmenso que comparto contigo, con Ustedes la noticia que acabo de leer en mi buzón-e de que ayer, 12 de marzo de 2007, apareció con vida Katherine Gonzalez Torres.
La denuncia casi mundial tuvo éxito. Gracias a tod@s que escribieron cartas de protesta.
Ahora se trata de protestar contra el hecho mismo de secuestrar a una joven. Más informaciones aquí abajo.
Gracias
M



ACCION URGENTE

Marzo 12 de 2007

APARECE CON VIDA

KATHERINE GONZALEZ TORRES

Su desaparición forzada tuvo razones políticas.

Gracias a Dios y a la denuncia local, regional, nacional e internacional, hoy 12 de marzo de 2007, aparece con vida KATHERINE GONZÁLEZ TORRES, después de 27 días de haber sido desaparecida.

Hacia las 4:00 de la mañana, fue dejada en los alrededores de la Terminal de Transporte de la ciudad de Bucaramanga, con los ojos vendados.

Según el relato que KATHERINE hace a las autoridades en su denuncia, desde el mismo día que se la llevaron la tuvieron en un cuarto oscuro y frío, y la torturaron sicológicamente por medio del terror. Sus captores hablaban de la OFP y del escándalo internacional que se había desatado. Desde hace tres días planeaban la forma de devolverla.

Vendada fue puesta en el piso de un carro y transportada durante varios minutos antes de dejarla cerca del Terminal, donde le dijeron que esperara un buen rato antes de intentar comunicación con su familia. Le advirtieron que no diera parte a la Policía.

Denunciamos la desaparición forzada de KATHERINE GONZÁLEZ TORRES como una agresión directa contra la Organización Femenina Popular. Nos preocupa que el hecho sucedió el 13 de febrero, un día después de haber denunciado desde el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, el intento de desaparición forzada y abuso de autoridad de que fuera víctima el señor ALBERTO PUMAREJO ARIAS, el 9 de febrero de 2007, a manos de miembros encubiertos del Ejército Nacional, del Batallón Caldas en Bucaramanga, el cual desde entonces se encuentra albergado humanitariamente en una de las sedes de la OFP como mecanismo de protección mientras transcurre la investigación.

· Exigimos investigación sobre los hechos y castigo para los responsables

· Exigimos un informe oficial de las acciones emprendidas por las autoridades durante el proceso de investigación, porque según el Vicepresidente Francisco Santos ya tenían pleno conocimiento sobre lo ocurrido con KATHERINE.

· Exigimos resultados en la investigación por el intento de desaparición forzada de que fuera víctima el señor ALBERTO PUMAREJO el 9 de febrero, 4 días antes de la desaparición forzada de KATHERINE.

· Llamamos a la comunidad internacional a mantener su atención sobre estos dos procesos de investigación y a pedir resultados efectivos a las autoridades competentes.

· Llamamos a las organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos a mantener la presión sobre la denuncia y vigencia de los derechos humanos.

· Agradecemos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales locales, regionales y nacionales y a todas las personas que exigieron ante distintas autoridades colombianas por la aparición de Katherine González, manifestaron su solidaridad con nuestra compañera Sandra Gutiérrez y con la Organización Femenina Popular.

Organización Femenina Popular

Barrancabermeja – Magdalena Medio - Colombia

Friday, March 02, 2007

Desaparición de Katherine González Torres -- Nuevo llamado

¡Hooola!
Acabo de recibir los siguientes llamados de parte de la
OFP – Organización Femenina Popular – de Barrancabermeja,
Magdalena Medio, Colombia. Gracias por asociarse al
llamado y a la carta abierta.
PAZ y FUERZA y PERSEVERANCIA en la búsqueda de una justicia
que merezca ese apodo.
(Véanse también mi primer llamado del viernes,
23 de febrero de 2007.)

***
Voces de Mujeres

Exigimos respuestas sobre el paradero de
Katherine González Torres
la esperamos con vida.

El Vicepresidente Francisco Santos en rueda de prensa,
realizada ayer 28 de febrero [de 2007] en Barrancabermeja,
afirmó conocer todo sobre lo que pasó con
Katherine González Torres.
Mientras las respuestas de las autoridades locales han
sido nulas e incluso han intentado bajarle el perfil
al hecho, para nosotras la desaparición de Katherine no
es un hecho aislado, ni está fuera del contexto político
de Barrancabermeja.
Por su parte, el Gobierno Nacional, en cabeza del
Vicepresidente de la República, Francisco Santos, en
rueda de prensa, llevada a cabo ayer 28 de febrero [de 2007]
en Barrancabermeja, en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis,
manifestó que "sabemos porqué hay aumento de homicidios en
Barrancabermeja, casi el 60% de ellos han sido investigados
y hay capturados, tenemos información sobre los actos
terroristas con granadas, quiénes, qué y por qué. Tenemos
absoluta claridad de qué está pasando sobre el caso de la
hermana de un miembro de la OFP, pero es parte de la reserva
del sumario y no queremos entorpecer la investigación".

Solicitamos
A la comunidad internacional, organizaciones sociales y
defensoras de los derechos humanos locales, regionales y
nacionales continuar con los pronunciamientos ante el
Gobierno Nacional para que entreguen un informe oficial serio
y responsable, con el sentido político real que a ellos como
Institución de investigación oficial del Estado les compete,
sobre el hecho de la desaparición de
Katherine González Torres.

ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
Barrancabermeja - Magdalena Medio - Colombia
Marzo 1° de 2007
***

MANTENEMOS LA ESPERANZA

DEL REGRESO DE

KATHERINE GONZÁLES TORRES

Y LA EXIGENCIA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE SU BÚSQUEDA.


¿QUÉ PASA CON LAS GARANTÍAS A LA VIDA Y

A LOS DERECHOS HUMANOS EN BARRANCABERMEJA?

¿QUIÉN RESPONDE?

Amenazada la vida en Barrancabermeja,

múltiples hechos de violencia se han
registrado en los últimos días
.

Como mecanismo de rechazo a la violación de derechos humanos en Barrancabermeja y en nuestro legítimo derecho a la protesta pacífica, el día 15 de febrero [de 2007] realizamos plantones públicos en la entrada principal de Barrancabermeja para exigir garantías para la vida de sus habitantes y en particular para exigir respuestas sobre el paradero de Katherine González Torres.
La única respuesta por parte de las autoridades civiles fue el reclamo e inconformidad del señor Secretario de Gobierno, Carlos Alberto Orejarena, por la manifestación pacífica en la que según él afectamos “el interés colectivo y pusimos en riesgo el equilibrio entre los derechos humanos”.

Ante tal desproporción, el Espacio de Trabajadoras y trabajadores de derechos Humanos, respondimos con una carta abierta, dirigida al alcalde Edgar Cote Gravino, en la que denunciamos la grave situación que vivimos en Barrancabermeja sin que las autoridades civiles, militares y de policía logren el control y brinden las garantías a las ciudadanas y los ciudadanos.

CARTA ABIERTA

Barrancabermeja, febrero 27 de 2007

Arquitecto
EDGAR COTE GRAVINO
Alcalde Municipal
Barrancabermeja

El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos recibió con agrado su comunicación de fecha 15 de febrero del 2007, en la cual manifiesta su "consternación por la presunta" desaparición de KATHERINE GONZALEZ TORRES.
Sin embargo, ante el reclamo que se nos hace en torno a que en aras de los derechos colectivos, fundamentales, libertad, seguridad de los pobladores y pobladoras, por el acto manifestación pública lesionamos otros derechos de algunos pobladores(as) por un tiempo aproximado de una hora, queremos manifestarle que el mismo Estado en ocasiones se ve avocado a limitar ciertos derechos de segundo nivel, para poder garantizar los derechos colectivos vitales ordenados al bien común. Y además expresa su inconformidad por la "manifestación pacífica" en la que denunciábamos públicamente este hecho.
Expresa que dicho acto afectó el interés colectivo y puso "en riesgo el equilibrio entre los derechos humanos".
Estamos consternados por la falta de medidas por parte de las autoridades de este Municipio, en contra de los hechos de violencia que sí realmente afectan los derechos colectivos de los barranqueños y las barranqueñas que diariamente se ven afectados(as) por estas graves violaciones a los derechos humanos.
En los últimos días se han venido cometiendo crímenes, atentados, desapariciones y amenazas sin que las autoridades hagan nada por evitarlos y el terror y el miedo que pretenden implantar los violentos sí vulnera los más elementales derechos de quienes vivimos en este Municipio.
Es concepto elemental que el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que habitan en el territorio nacional y esto parece olvidarse y desconocerse por quienes deben realizar acciones que tengan esa finalidad.
El orden público se ve vulnerado más por las acciones de los violentos que por la protesta de los ciudadanos(as) que pretendemos llamar la atención sobre la situación.
Es importante decir que en el año 2006 fueron asesinadas, según Medicina Legal, 85 personas, la Defensoría Regional del Magdalena Medio recibió 18 quejas por desaparición y producto de las amenazas que a diario son recibidos por los pobladores y pobladoras de Barrancabermeja han sido expulsados según la página web de Acción Social más de 250 familias aproximadamente 1000 personas.
En el año 2007 continuaron los hechos de violencia:
• El 7 de enero del 2007, asesinados en el barrio Arenal, BEDEL ZABALETA SANCHEZ, alias “Cara de Nariz”, y JAIR OCHOA ACUÑA, jefes militares y políticos de las AUC respectivamente, quienes habían dejado de obedecer órdenes de los que fueron sus superiores y estaban conformando un nuevo grupo armado.
• El 30 de enero del 2007, asesinados los comerciantes, GERMAN DIAZ GOMEZ y CRISTIAN EDUARDO MOGOLLON, en la vía que conduce de Barrancabermeja a Bucaramanga, productores de Pan en el municipio de Lebrija, quienes al parecer no obedecieron la orden de retirarse del comercio de Barrancabermeja y pagar los cuotas extorsivas.
• El 12 de enero del 2007, con una granada atentaron contra la vida de ALONSO GUALDRÒN, supervisor de Ecopetrol; los hechos se presentaron a las 8:30 de la noche en la calle 57 con carrera 20 del barrio Galán.
• El 5 de febrero del 2007, con una granada atentaron contra la vivienda ubicada en la calle 50 No.16-39, segundo piso, contra la oficina de arrendamientos CASA donde a la vez funciona la residencia de la dueña; en el hecho, murió la secretaria, KELLY JOHANA PEREZ, e hirieron a dos personas más, entre ellos un menor de edad, quien murió.
• El 10 de febrero del 2007, Sinaltrainal denuncia una nueva amenaza de parte de los desmovilizados del Magdalena Medio "Águilas Negras" contra la vida de los miembros de este sindicato.
• El 13 de febrero del 2007, fue desaparecida, cuando se dirigía al trabajo, KATHERINE GONZALEZ TORRES, soltera, de 20 años de edad, hermana de SANDRA GUTIERREZ TORRES, integrante del equipo de dirección de la [OFP--]Organización Femenina Popular.
• El 13 de febrero del 2007, se quería atentar contra la vida de ALEXANDRA TORRES MARTÌNEZ, inspectora de Transito y Transporte de Barrancabermeja, con una granada, en la calle 46 entre las carreras 25 y 26 del barrio El Recreo.
• El 17 de febrero del 2007, en la realización del "Gran Encuentro en el Magdalena Medio por la paz, la reconciliación y la vida", promovido por "El Comité Intergremial Mayorías por la Paz de Colombia"; por las calles por donde marcharon, tiraron un panfleto que tiene como fondo un fotografía de antiguos miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos--CREDHOS en la realización de un acto humanitario, señalando el rostro de JORGE GÒMEZ LIZARAZO, ex-Defensor (Regional) del Pueblo Regional Magdalena Medio y precandidato a la alcaldía de la ciudad por el Polo Democrático, con una frase que dice: "Barrancabermeja exige LA VERDAD NO MAS GUERRILLA SEÑOR DEFENSOR".
• El 22 de febrero del 2007, fueron víctimas de un atentado WILLIAM GAMBOA (motorista), CARLOS EDUARDO QUIJANO (trabajador) y una tercera persona, el ingeniero HAIBER MONSALVE SOLANO, quienes laboran para firmas contratistas al servicio de Ecopetrol, cuando se trasladaban por vía fluvial desde la Vereda la Rompida hacia la cabecera municipal después de haber culminado su jornada de trabajo.
• El 23 de febrero del 2007, a las 7:30 p.m. fue asesinado REINALDO ALEXIS ROJAS QUINTERO, de 31 años de edad, cuando se movilizaba en una moto DT-125 Yamaha de su propiedad a la altura del barrio El Refugio, sector oriental, con tres impactos en su cabeza. Era escolta, prestaba igualmente servicios de vigilancia privada y había laborado con algunas empresas del sector.
• El 23 de febrero del 2007, a las 9:00 p.m. fue asesinado OTRO HOMBRE, de 62 años de edad, por impacto de arma de fuego en su costado, en el sector Puerto Nuevo, jurisdicción de Bajo Simacota, fue hallado muerto en la puerta de su casa.
• El 25 de febrero del 2007, a las 5:00 a.m. fue asesinado un presunto reinsertado JUAN DAVID MOSQUERA SILVA, de 29 años de edad, en la Vereda La Independencia, sector nor oriental de Barrancabermeja.
A lo anterior se agrega la presencia de servicios de empresas de vigilancia y de seguridad privada para ganaderos, empresarios que inquietan a los pobladores(as) por la forma como ejercen la seguridad. Es común verlos transitando por las calles, carreteras y trochas en motos de alto cilindraje y armados con changones; varios integrantes de estas empresas realizan retenes en vías públicas y en las Comunas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 a altas horas de la noche se observan patrullajes de estas mismas motocicletas con hombres vestidos de negro y fuertemente armados.
En el barrio Primero de Mayo de la Comuna Cinco existe una academia de formación en seguridad denominada Colombo Latina, que ofrece cursos sobre conocimiento, manejo y uso de armas, introducción a Seguridad privada, escolta-supervisor, vigilancia: básico, avanzado, actualización, utilización de polígono, que alarma a los vecinos(os) porque no saben si se trata de algo legal o ilegal.
Otro hecho que nos alarma es la creación de red de negocios informales que prestan grandes sumas de dinero en la modalidad de "paga diario", a bajos intereses y sin garantías, la única garantía es la vida de los deudores(as); muchas personas se han tenido que ir por no pagar estos préstamos y por las amenazas que reciben contra su vida y sus propiedades.
El panorama anterior además de consternarnos nos alarma y parece que la única respuesta de la autoridad encargada de la seguridad y el orden público es amenazar con represión la protesta que los ciudadanos(as) realizan a través de las organizaciones sociales y gremiales por la inoperancia de las autoridades encargadas de garantizar la vida y los demás derechos de los ciudadanos(as).
Demandamos de las autoridades y especialmente de la Alcaldía Municipal el cumplimiento de sus funciones y el de garantizar el ejercicio de los derechos de los hombres y mujeres que habita en este territorio exigiendo a los organismos de seguridad estrategias para combatir el crimen y los demás hechos cometidos por organizaciones que continúan ejerciendo violencia en el Municipio y ratificamos que seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta por las acciones que atenten contra la vida y los demás derechos de los ciudadanos(as) o que la pongan en riesgo.

ESPACIO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE DERECHOS HUMANOS
• [OFP –-] Organización Femenina Popular
• Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
• Pastoral de Trabajadores -- Diócesis de Barrancabermeja
• Central Unitaria de Trabajadores -- CUT
• ASODESAMUBA
• CREDHOS [-- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos]
• ASORVIM
• Unión Sindical Obrera
• Corporación Nación
• Sinaltrainal

Observadores:
• Brigadas Internacionales de Paz
• Equipos Cristianos por la Paz

Copias:
- Abogado Carlos Alberto Orejarena, Secretario de Gobierno, Barrancabermeja
- Procuraduría Municipal
- Personería Municipal
- Defensoría Regional del Pueblo
- Oficina de Paz y Derechos Humanos
- Gobernación de Santander
- Programa de Vicepresidencia en Derechos Humanos
- Policía Nacional
- Ejército Nacional
[en la carta abierta, las énfasis en grueso son mías]

Thursday, March 01, 2007

TPP Dictamen Audiencia sobre la Biodiversidad

TPP DICTAMEN AUDIENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD

Durante el 25 y 26 de febrero [de 2007] en el marco de la Conmemoración de los 10 años de la "Operación Génesis" sesiono el Tribunal Permanente de los Pueblos [(TPP)] en la Audiencia sobre Biodiversidad y Crimenes de Lesa Humanidad.

Tres jueces, cuatro con-jueces de altas calidades escucharon las diversas pruebas y diversos testigos y víctimas de las empresas Smurfitt - Cartón Colombia, Maderas del Darién- Pizano S.A, Monsanto en medio de la observación de delegaciones de Francia, de Italia, de España, de Gran Bretaña, de Alemania y de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Bolivia y de más de 70 organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas colombianas y 7 de los 25 miembros de la Comisión Etica.

En un escenario selvático, por primera vez, en sus 32 sesiones a nivel mundial se ha realizado esta expresión de Sanción Moral, esfuerzo que coincide con la inhumación de los restos de MARINO LOPEZ, afrodescendiente, víctima de la Operación "Génesis" perpetrada por el General RITO ALEJO DEL RIO ROJAS entre febrero 24 y 27 de 1997. Su crimen y la operación militar que propició el desplazamiento de más de 2.500 personas aún se encuentra en la impunidad, operación armada institucional que empezó a asegurar la destrucción ambiental y la persecución sistemática a indígenas, afrocolombianos, y campesinos mestizos en esta región del país.

Ante más de 327 personas que participaron en el tribunal los jueces leyeron su DICTAMEN el que dejamos en su conocimiento.

Adjuntamos el DICTAMEN del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios en el Cacarica.

Bogotá, D.C Febrero 27 de 2007
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

SESIÓN COLOMBIA

AUDIENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD

DICTAMEN

En continuidad con anteriores audiencias que han examinado el problema de las empresas multinacionales en Colombia, en su actividad de extracción de recursos naturales con apoyo de la fuerza pública colombiana y grupos paramilitares, el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca del río Cacarica en el bajo Atrato chocoano durante los días 25 y 26 de febrero de 2007. La audiencia fue presidida por el jurista argentino Marcelo Ferreira – cátedra libre de derechos humanos de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires – delegado por la presidencia del Tribunal en compañía de los jueces Ricardo Carrere, coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, João Ricardo dos Santos Costa, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia del Brasil y del Foro Mundial de Jueces. Actuaron como conjueces Andebeng Labeu Madeleine Alingue de nacionalidad tchadiana, presidenta de la Corporación Alianza Panafricana de Colombia y experta en cooperación sur-sur; el periodista y escritor colombiano Alfredo Molano, la abogada Francine Damasceno Pinheiro, abogada miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil y maestra en ciencias sociales, y el delegado indígena chileno del pueblo Mapuche, Lorenzo Loncon.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, como continuidad de los tribunales Russel respaldado por la Fundación Lelio Basso, tiene como objeto dar visibilidad y calificar jurídicamente situaciones de violación masiva de derechos fundamentales, que no encuentran respuestas institucionales.

En los días previos, algunos de los jueces recorrieron la región en compañía de un numeroso grupo de observadores nacionales e internacionales para verificar los impactos de la presencia de algunas empresas nacionales y multinacionales en el medio ambiente y la sociedad de la región. Los mentados jueces quieren dejar expresa constancia de que vieron con sus propios ojos el sufrimiento de los seres de esta tierra y la degradación de la naturaleza.

La audiencia tuvo lugar en la semana en que se conmemoraron los 10 años de una expulsión violenta y masiva que destruyó numerosas comunidades de la región obligando a sus habitantes a abandonar sus territorios los cuales fueron luego ocupados por la actividad de empresas transnacionales. Dicho operativo que fue denominado por el ejército colombiano “operación Génesis” estuvo acompañado de numerosos asesinatos. Entre ellos debemos destacar el degollamiento de Marino López Mena a quien luego de cercenarle su cabeza los victimarios jugaron fútbol con ella frente a la comunidad en un acto de escarmiento típico del terrorismo de estado. La clausura se llevó a cabo precisamente en el décimo aniversario de su muerte.

La audiencia se realizó en un asentamiento que se constituyó como zona humanitaria luego del retorno de algunos que fueron violentamente desplazados en 1997 y que han ejercido una heróica resistencia durante varios años decidiendo permanecer en el territorio a pesar de los continuos hostigamientos y amenazas de las fuerzas armadas colombianas y los grupos paramilitares. Asistieron a la audiencia cerca de trescientas personas provenientes de diversas regiones del país donde estas y otras empresas multinacionales han generado daños similares en el medio ambiente apoyándose en grupos paramilitares para el logro de sus objetivos. También participaron delegados de organizaciones solidarias de 17 países de Europa, norte y Suramérica.

Las sesiones de la audiencia se desarrollaron en distintos planos conceptuales, a saber: exposiciones de contexto sobre biodiversidad y biopiratería, palma y biocombustibles, política ambiental y agraria y transgénicos en Colombia.

En otro plano fueron presentadas acusaciones contra varias empresas transnacionales, algunas de las cuales tienen sus filiales en Colombia. Cada acusación fue respaldada por testimonios de personas que han sufrido directamente el impacto de sus actividades y por pruebas documentales presentadas por los acusadores y testigos. El Tribunal procedió a agregar la prueba documental y testimonial, para su presentación a la audiencia final de la sesión Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebrará en julio de 2008.

Así mismo, y en forma previa a la audiencia se desarrolló una preaudiencia en Medellín el día 22 de febrero [2007] sobre fumigaciones y militarización en Colombia cuyas conclusiones fueron presentadas a esta audiencia e hicieron parte de la acusación.


A la empresa SMURFIT KAPA – CARTON DE COLOMBIA, se le acusó por violación de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales. Específicamente por: destrucción de selvas húmedas tropicales, bosques andinos y otros ecosistemas y por destruir el tejido social, medios de producción tradicional y cultural de las comunidades; suprimir y contaminar fuente hídricas; influir la formulación de políticas gubernamentales en el país y presionar a funcionarios del Estado en pro de los intereses de la multinacional; ocultar información relacionada con la empresa y manipular los medios de comunicación tanto a escala regional como nacional; usar falsos postulados, información y publicidad mentirosa para justificar sus actividades y enmascarar los impactos generados; acusar y criminalizar con argumentos falsos a quienes denuncian su accionar incorrecto.

A la empresa MULTIFRUITS S.A., filial de la transnacional norteamericana DELMONTE, se le acusa de práctica del agronegocio ilegal de banano proyectado en 22 mil hectáreas, en el que se incluiría el de caucho y palma en los caseríos de La Balsa, San José, Varsova y Bendito Bocachica; beneficiarse del asentamiento de las estructuras paramilitares en la Balsa desde el 26 de febrero de 1.997, que produjo el desplazamiento de más de 2500 afrocolombianos, el saqueo y destrucción de bienes de supervivencia, y el crimen de MARINO LOPEZ así como la utilización de este sitio como centro de operaciones paramilitares en medio de las cuales torturaron, desaparecieron, ejecutaron a civiles, entre ellos varias de las 85 víctimas de esta comunidad; en donde mantienen el control a través de acciones de presión con la denominación de “Águilas Negras” a pesar del anuncio de su desmovilización en el 2005; se le acusa también de daño ambiental irreparable sobre el ecosistema así como la remoción de tierras para la agroindustria y de fosas comunes de las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad.

A la empresa PIZANO S.A. y su filial MADERAS DEL DARIÉN, se le acusa del uso destructivo en forma mecanizada de los recursos maderables del Cacarica; haber generado un profundo daño en el territorio, los recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianos que habitan las zonas de extracción; beneficiarse de la explotación extensiva de madera, afectando principalmente las formaciones boscosas de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el departamento del Chocó; la explotación indiscriminada de la especie catival (Priora copaifera), que se cataloga como una especie en vía de extinción, y la generación de un agudo impacto sobre la vocación forestal de la selva húmeda tropical, así como del desplazamiento forzoso de más de 2.500 afrocolombianos y mestizos y una tercera parte de los pueblos indígenas de la región luego de la "Operación Génesis" en la que fue evidente la connivencia con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (hoy Bloque Elmer Cárdenas) en la que se perpetraron ametrallamientos contra la población, incendios a sus bienes y cosechas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Al ESTADO COLOMBIANO se le atribuyó responsabilidad por su acción y omisión en los crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo, en todas las manifestaciones que se anotaron cometidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional en colaboración con los grupos paramilitares que se encuentran en la zona así como por mantener en la impunidad cada uno de los delitos cometidos contra las víctimas y por no investigar, juzgar y sancionar en debida forma, a los miembros de la fuerza pública y a los paramilitares que actúan en connivencia.

A la empresa URAPALMA S.A, se le acusó de haber actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal de palma entre 4.000 y 7.000 hectáreas de tierra con una proyección a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas; o
peraciones que fueron posibles gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada “desmovilización” que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la población. Se acusa a la empresa de haber propiciado la violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar la propiedad a favor de sus intereses a través de mecanismos como: celebración de contratos de usufructo, compraventas de mejoras a propietarios, suscripción de falsas actas de compromiso para el aprovechamiento, la conformación de asociaciones campesinas de fachada, el desarrollo de figuras como las llamadas Alianzas Estratégicas para la consecución de recursos de fomento público, la falsificación de documentos públicos y privados, la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos y la figura de la accesión, entre otros.

A la empresa transnacional MONSANTO se la acusó por suministrar sin sentido ético ni responsabilidad legal el componente "Round-up ultra" para aspersión aérea en el programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato, aplicado desde 1984 y convertido en estrategia principal del "Plan Colombia" implementado conjuntamente por el estado de Colombia y los Estados Unidos de América; por complicidad flagrante y a conciencia en la violación del artículo 14 del Protocolo 1 de Ginebra que prohíbe como método de combate hacer padecer hambre a las personas civiles y atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil como artículos alimenticios, cosechas, ganados, reservas de agua potable y las obras de riego; por vender al gobierno de Colombia con recursos del gobierno de los Estados Unidos sustancias tóxicas frecuentemente utilizadas como arma de guerra, convirtiéndose en cómplice de una guerra química contra la población civil; por violación de normas internacionales que obligan a entes estatales y a sus consorcios privados a proteger y respetar la biodiversidad y el medio ambiente, como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre humedales y la convención 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas; por omisión frente a las consecuencias humanitarias, sociales y territoriales producto de las acciones de fumigaciones aéreas masivas e indiscriminadas que utilizan sustancias producidas por esta transnacional.

A la empresa transnacional DYNCORP se le acusó de
generar guerra e inestabilidad política y de lograr lucro atizando conflictos, y volverlos funcionales a la prestación de sus servicios; beneficiarse del mercenarismo que promueve y propicia el deterioro de las condiciones de vida de la población que padece la militarización; la pérdida de miles de vidas y con ellas el delicado tejido social al que pertenecen; la destrucción de recursos naturales; la pérdida de valores de la humanidad en términos culturales y ecológicos; propiciar graves crisis humanitarias e ignominiosas crisis alimentarias; la pérdida de bienes de la población, la vulneración de la dignidad humana; la destrucción y el dolor. Se le responsabiliza de violaciones a los derechos humanos contra comunidades colombianas y también ecuatorianas que sufren los impactos de su actividad empresarial; todas ellas, graves afrentas contra la humanidad; ejecutar una política deliberada de violación de los derechos humanos, formulada por el gobierno de los Estados Unidos y aceptada por el gobierno de Colombia.

De la biodiversidad:

De las pruebas aportadas al Tribunal se desprende que las políticas promovidas e impuestas por el estado colombiano atentan gravemente contra la biodiversidad agrícola y forestal que fue utilizada sustentablemente durante siglos por las comunidades indígenas afrocolombianas y campesinas.

- El desplazamiento de poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas implican la pérdida de especies y variedades, así como del conocimiento tradicional asociado a las mismas.

- La expulsión de las comunidades tradicionales y la sustitución de la agricultura de subsistencia por monocultivos industriales afectan la soberanía alimentaria local y nacional.

- La aplicación masiva e indiscriminada de herbicidas resulta en la destrucción de bosques y cultivos así como de la fauna asociada.

- La implantación de monocultivos de banano, pinos, eucaliptos, cipreses y palma aceitera sustituyen ecosistemas de enorme biodiversidad por desiertos verdes de una sola especie. La aplicación masiva de plaguicidas en los monocultivos afectan a las pocas especies de fauna que logran sobrevivir en los monocultivos. El paquete de agroquímicos utilizados afecta también a los recursos hídricos lo cual impacta sobre la salud de las poblaciones locales y de la flora y fauna asociada a ríos, arroyos, lagunas y humedales.

El testimonio de una testigo resume claramente la situación al decir: “la palma aceitera está abonada por la sangre de nuestros hermanos, amigos y familiares…” “no tenemos donde trabajar porque el territorio está cubierto de palma.”

El monocultivo industrial de palma y otras especies se presenta así mismo como un método muy efectivo de control del territorio, e indirectamente de control social, merced a la implementación de un modelo globalizado a gran escala.


De la soberanía y autodeterminación de los pueblos:

La práctica comercial de MONSANTO imponiendo el monopolio de sus productos biológicamente modificados viene acarreando la extinción de semillas ancestralmente utilizadas por las poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas. El cultivo de maíz hace parte del complejo cultural de las poblaciones tradicionales y el dominio de las técnicas de producción es una de las expresiones de su identidad en cuanto a pueblos, además de ser un factor que garantiza de su autonomía.

El exterminio de las semillas criollas atenta contra la autonomía de los pueblos tradicionales porque genera dependencia con relación a las culturas económicamente dominantes llevando a esos pueblos a la exclusión social.

La autonomía de los pueblos es una garantía consagrada en el conjunto de normas internacionales de derechos humanos; por tanto está contemplada en el derecho positivo colombiano que lo ratificó. Por ello, el gobierno está obligado a tomar las medidas necesarias para evitar el destierro de su población regional y la extinción gradual de su diversidad cultural.

De los pueblos afrocolombianos e indígenas y las comunidades campesinas.

En las cabeceras de los afluentes y ríos que desembocan en el Atrato se ubican principalmente los pueblos indígenas, afrocolombianas y las comunidades campesinas.

Históricamente, los pobladores de esta región son los pueblos afrocolombianos que escaparon del sistema de esclavitud y como esclavizados libertos llegaron a convivir con los pueblos [indígenas] Kuna, Katio, Embera, Wuanan ubicados en la región de forma ancestral.

En los años [19]50, llegan campesinos desplazados por la violencia de los departamentos andinos y de la costa.

La ocupación del territorio por las comunidades ha permitido el desarrollo de saberes, costumbres, practicas ancestrales que propiciaron el perfeccionamiento de técnicas agrícolas sostenibles preservando y ampliando la biodiversidad local. Asimismo, el sistema de producción generó el equilibrio necesario para establecer unas formas dignas de vida y de convivencia.

Luego, en los anos [19]60 entran los ganaderos desde Antioquia, con la apertura de la carretera Medellín -Turbo.

En los anos [19]90 existe una convergencia de atención geoestratégica en la región determinada por el proyecto de la Carretera Panamericana, los enfrentamientos armados entre las fuerzas de la guerrilla, paramilitares y el Estado, la devolución de la Zona del Canal de Panamá. Asimismo, este cambio coincide con el incremento de las demandas internacionales de madera y banano.

Estos hechos dan lugar a un nuevo modelo de seguridad y política de desarrollo regional que entran en contradicción con las formas tradicionales de las comunidades, y en particular con las formas legales de asociación: resguardos indígenas, comunidades ancestrales afrocolombianas y reservas campesinas.

En el ano 1997, el ejército colombiano con la colaboración de los paramilitares realiza la "Operación Génesis". Allí se bombardean y se ocupa por agua y tierra las poblaciones de las cuencas de los ríos de Salaquí y Cacarica.

Los testigos expusieron al tribunal los horrendos crímenes: mutilaciones, ejecuciones, fusilamientos, torturas, violaciones carnales, desapariciones forzadas. La motosierra fue utilizada como arma de guerra contra seres humanos.

Las poblaciones huyen hacia los montes abandonando sus tierras, sus casas, su ganado, sus bienes. Luego se concentran en la Ciudad de Turbo y algunos se refugien en Panamá. El rompimiento de las familias, el desarraigo, el hambre, la discriminación social, la falta de atención en salud, falta de condiciones de trabajo llevan a la desestructuración social e familiar con la absoluta indiferencia del Estado [colombiano].

Los defensores protectores de la naturaleza y de la biodiversidad terminan hacinados en el estadio de Turbo.

Los desplazados siguen manteniendo su deseo de retornar, preservar la Biodiversidad. Apoyados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos hunamos retornan a sus territorios fundando zonas humanitarias de resistencia.

Ahora como comunidades de resistencia exigen el derecho a existir como pueblo, ejercer su cultura, preservar su identidad cultural, sus territorios ancestrales, garantizando la soberanía alimentaría, educación, salud, integridad física entre otros derechos fundamentales.

Valoración de los hechos:

De las pruebas aportadas al tribunal se desprende que las políticas promovidas e impuestas por el estado colombiano evidencian un cuadro generalizado y sistemático de violación de los derechos humanos fundamentales, en el marco de un proceso de brutal reorganización de la sociedad colombiana, merced a la destrucción de sus tejidos sociales, en pro de un proyecto de rediseño económico y social en beneficio de compañías transnacionales.

En este sentido, los hechos relatados a este tribunal, tales como asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, mutilaciones y especialmente el desplazamiento forzoso de miles de personas, constituyen crímenes de lesa humanidad tal como están definidos en las convenciones internacionales.

En efecto, los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra [la] población civil, y esto es precisamente lo que ocurre en la región. Así, los testigos declaran que “entran mochando cabezas, torturando para que ellos puedan quedarse con las tierras y ejercer su macroproyecto”. “Nos dicen que nos vayamos que ellos necesitan la tierra limpia para combatir con la guerrilla pero la guerrilla no está ahí”

La relevancia de esta calificación finca en que los crímenes de lesa humanidad repugnan a la conciencia de la humanidad entera; son inderogables, imperdonables, imprescriptibles, y pueden ser juzgados por cualquier tribunal en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea la época en que hayan sido cometidos. Ningún criminal puede alegar inmunidad frente a ellos, y cualquier criminal puede ser perseguido hasta el fin de sus días y hasta el último confín de la tierra.

Así mismo se verifican rasgos propios de un verdadero genocidio, entendido como actos destinados a la eliminación de un grupo de personas. Tales rasgos son: la metodología de desaparición de personas con ocultamiento de los cadáveres como modo de generar incertidumbre sobre la suerte y el paradero de las víctimas y en definitiva sembrar el terror como método de control social. Lo expuesto se verifica elocuentemente en las declaraciones de una testigo que conmovió al tribunal cuando dijo refiriéndose al pueblo campesino: ”no los matan con balas, pero los matan de otro modo, porque el campesino solo sabe vivir de su tierra”.

Es también propio del genocidio el llamado a una “limpieza” aplicable a seres humanos: una toilette quirúrgica en donde lo sucio o infectado son las personas. Un testigo dice: “los paramilitares decían que iban a hacer limpieza”...”su trabajo era matar”. Cabe resaltar que la responsabilidad por este trabajo sucio (de limpieza) recae en el estado colombiano por permitir y apoyar su accionar.

En este sentido el paramilitarismo ha significado la imposición de la lógica del capital global, y el proceso de negociación que se desarrolla en la actualidad es una legalización encubierta de los crímenes de lesa humanidad y una legitimación de la contrarreforma agraria impuesta por ellos, un camino hacia la impunidad.

El llamado genocidio reorganizador opera hacia el interior de una sociedad ya constituida, un estado nación preexistente, y busca refundar las relaciones sociales, los vínculos, los códigos, la cotidianidad, las mediaciones políticas y en suma el ejercicio concreto del poder en dicha sociedad. El desplazamiento forzado de personas, y el sometimiento de los grupos a condiciones de vida que impliquen su destrucción son actos típicos del crimen de genocidio (crimen de crímenes).

En forma paradójica y brutal el estado colombiano ha dejado grabado para la posteridad el carácter genocida de su plan macabro, con la denominación operativo "Génesis": un proyecto de muerte y miedo es llamado con un nombre bíblico. En efecto, Génesis significa creación, para el caso, creación de algo nuevo previa destrucción del estado de cosas preexistente; reorganización violenta de la sociedad sobre bases nuevas.

En este sentido el Tribunal encontró particularmente ilustrativo el testimonio de un economista que describió elocuentemente el proceso de destrucción de las redes sociales colombianas mediante el asesinato de tres mil sindicalistas, en el marco de un proceso general de reprimarización de la economía como modo de integrarla a la economía mundial.

Este testigo describió el fracaso del proyecto de industrialización colombiano y su sustitución por un proyecto nuevo con características perversas. El retorno a una economía primaria y dependiente basada en la destrucción de la agrodiversidad, el fomento de sectores energéticos y el modelo puramente exportador, con la consecuencia calculada de la reducción de la población rural.

De la Responsabilidad :

De las pruebas aportadas se desprende en forma contundente la responsabilidad de cada una de las empresas acusadas extensiva a sus casas matrices y también del estado colombiano. En este último sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sentada o establecida la responsabilidad de los estados por violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros particulares. El estado parte tiene la obligación de proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, inclusive frente a grupos armados irregulares de cualquier naturaleza.

En cuanto a la responsabilidad de las empresas por crímenes de lesa humanidad, la misma encuentra fundamento en el plano del derecho internacional por cuanto tales crímenes pueden ser cometidos por organizaciones, con el apoyo o connivencia del estado. En este sentido en los juicios para Alemania derivados de los tribunales de Nuremberg se trató la responsabilidad de empresas cómplices con el régimen nazi, esta idea es perfectamente aplicable al caso colombiano y debe ser retomada por el derecho internacional. La discusión sobre la responsabilidad de las empresas no es una creación novedosa sino que tiene bases en el pasado.

Así mismo, la conservación de diversidad biológica también excede el marco de la justicia de los estados e involucra a toda la humanidad. Así, el convenio sobre diversidad biológica ratificado por Colombia establece en su preámbulo que “la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad”, y en su artículo 10 inciso 10 establece que el Estado protegerá la utilización de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales


Por las razones anteriores, invocando la Carta de Argel sobre los Derechos de los Pueblos, luego de constatar la veracidad y contundencia de los testimonios vertidos con apoyo en abundante prueba documental, considerando probadas la totalidad de las acusaciones contra todas y cada una de las empresas como así mismo la responsabilidad del Estado colombiano, y en la convicción de que la violación de sus derechos constituye un atentado contra la conciencia común de la humanidad y concierne a todos los pueblos, el tribunal resuelve:

1. Elevar las acusaciones y la prueba producida a la audiencia final deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia.

2. Comunicar el presente dictamen a las pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos y comunidades campesinas que han sufrido los impactos de la acción destructiva de las transnacionales, y a las organizaciones solidarias con las anteriores, igualmente a los trabajadores, organizaciones académicas y estudiantiles, a la Fiscalía General de la Nación, a las altas cortes y organismos de control de Colombia, redes de comunicación alternativa, medios masivos de información, la Unión Africana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Corte Penal Internacional, a las empresas acusadas, sus casas matrices y los Estados donde tienen sede.

3. Expresar su solidaridad y reconocimiento al dolor de las víctimas.

4. Apoyar vivamente su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral, restablecimiento de los derechos conculcados y la garantía de que los crímenes no se repitan.

Con el ideal de que los pueblos de Colombia tendrán finalmente la paz con justicia social que merecen.

Dado en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca del río Cacarica en el bajo Atrato chocoano el 26 de febrero de 2007.

Marcelo Ferreira

Presidente


Ricardo Carrere João Ricardo dos Santos Costa


Andebeng Labeu Madeleine Alingue

Alfredo Molano

Fracine Damasceno Pinheiro

Lorenzo Loncon.