Miércoles, 06 Dec 2006
Por Helda Martínez, IPS (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39535)
El gobierno colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, en una mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y despojo de tierras de minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado de [Colombia].
La producción de combustibles a partir de ciertos cultivos, una alternativa de energía limpia que atrae cada día más interés mundial, en Colombia está teñida por la guerra de más de cuatro décadas y por denuncias de violaciones a los derechos humanos y al ambiente.
En 2008, [Colombia] producirá 645.000 toneladas anuales de biodiésel extraído de la palma aceitera, como resultado de ocho megaproyectos, cuatro de ellos ya en ejecución y el resto en carpeta, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
La producción de biodiésel se sumará a la de etanol, alcohol carburante extraído de la caña de azúcar, que en Colombia se utiliza desde 2005, con cinco plantas en funcionamiento y una producción mensual de 25 millones de litros que surten al suroccidente del país y a Bogotá, confirmó a IPS el ingeniero Johan Martínez, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.
El etanol, cuya combustión emite menos gases nocivos que los derivados del petróleo, ya se utiliza mezclado con la gasolina en una proporción de 10 por ciento, con una perspectiva de llegar a 25 por ciento en un plazo de 20 años. De manera simultánea, se adelantan proyectos para extraer etanol de otros vegetales, yuca, papa y remolacha, cuyo cultivo masivo se realizará en zonas alejadas de selvas y bosques, y por tanto no los pondrán en riesgo, afirma el Ministerio de Agricultura. Mientras, la extensión de plantaciones de palma aceitera es acompañada de críticas crecientes dentro y fuera del país.
En Colombia hay 285.000 hectáreas de cultivos de palma africana, principal cultivo destinado a producción de biocombustibles, afirma Fedepalma. Al iniciar su segundo mandato consecutivo, en agosto de este año, el presidente Álvaro Uribe anunció su propósito de alcanzar en los próximos cuatro años un millón de hectáreas de palma, cuya expansión se ha sostenido desde mediados de los años 60. En 2003 había 118.000 hectáreas del monocultivo. Tres años después, la superficie es más del doble.
La palma se concentra especialmente en inmediaciones de la costa norte y Caribe del país, en los departamentos del Magdalena y Sucre, en la costa del océano Pacífico, departamento del Chocó --el de mayor biodiversidad del país, según el Ministerio de Medio Ambiente-- y en los Llanos del centro-oriente.
"La región de los Llanos es la que más nos preocupa en este momento, pues no tenemos información clara y precisa ", dijo a IPS el investigador Darío Mejía, de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
"En silencio se ha iniciado la compra de grandes extensiones de tierra, han llegado hasta comunidades indígenas, distantes entre ellas, sin posibilidades de comunicación e información, a las que las compañías extranjeras visitan, cuentan maravillas y les hacen firmar documentos sin que ellos conozcan la realidad de los hechos", aseveró. "Las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de sangre y lágrimas de las comunidades negras y campesinas", afirma en el sitio web de la organización no gubernamental Censat - Agua Viva, su directora, Tatiana Roa. "Es la historia de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que proponen los defensores del biodiésel", agrega. En opinión de Mejía, las consecuencias de los monocultivos en general, y de la palma aceitera en particular, son de orden político y cultural.
"Este tipo de megaproyectos aumenta la concentración de la tierra en pocas manos y favorece la continuidad de despojo territorial que han sufrido las comunidades indígenas durante todas las épocas a partir de la llamada conquista española", estimó. Además, "modifican las costumbres de variedad de cultivos que aportan y aseguran producción de alimentos y que favorecen la riqueza natural de la tierra, contrario a las consecuencias de los monocultivos", sostuvo. "Si bien la situación de Chocó es triste e indignante, por lo menos (sus habitantes) ya conocen lo que está pasando, e incluso se han formulado denuncias públicas por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público", sostuvo Mejía.
La gravedad de esas denuncias llevó al Ministerio de Agricultura a crear en abril una unidad de investigación, según la cual "por lo menos 25.000 hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, (que habían sido) adjudicadas por el Estado a comunidades negras, fueron adquiridas por particulares a través de títulos ilegítimos". Esa unidad detectó adquisiciones ilegales en localidades con inmensas riquezas naturales, marcadas en las últimas dos décadas por desplazamiento y muerte, como Jiguamiandó y Curvaradó, en los municipios de Carmen del arién y Belén de Bajirá, en el noroccidental Chocó.
Según la Ley Segunda de 1959, la Cuenca delPacífico es una reserva forestal. Además, la Constitución de 1991 ordenó expedir una norma de reconocimiento de derechos de las comunidades negras sobre tierras ancestrales, y la legislación 70 de 1993 estableció las "tierras comunales de los grupos étnicos" de esa zona.
En 2000, las resoluciones gubernamentales 2801 y 2809 adjudicaron a las comunidades negras terrenos baldíos en Curvaradó y Jiguamiandó, en los que hoy operan empresas dedicadas a cultivos agroindustriales.
La situación originó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de esos derechos de las comunidades. En marzo de 2003, la CIDH accedió a la petición, y en febrero de este año instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Urabá chocoano.
La zona está conformada por 105.000 hectáreas, y sobre 33.000 de ellas se dirime el conflicto entre las comunidades negras, empresas privadas, el Estado y milicias paramilitares ilegales, según el informe del Ministerio de Agricultura. Pese a las constataciones de esa cartera, la ampliación de cultivos de palma aceitera es fomentada por el proyecto de Ley de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en octubre por la Comisión Quinta del Senado. La Cámara de Representantes podría tratarlo en el primer trimestre de 2007.
Acerca de las adquisiciones ilegítimas de tierras, el procurador general Edgardo Maya dijo al semanario El Espectador que son prácticas "ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias a sus derechos territoriales, en varios casos con participación activa de grupos armados al margen de la ley".
IPS procuró con insistencia conocer la opinión de los cultivadores e industriales agrupados en Fedepalma acerca de las denuncias, pero la única respuesta que obtuvo fue el envío de información sobre los beneficios sociales y económicos de la producción de biodiésel que, por otra parte, pueden ser consultados en el sitio web de la entidad.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39535
Wednesday, December 27, 2006
Sunday, December 17, 2006
Costa caribe/Caribbean Coast: Threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders
English translation below.
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON “SINTRACARBON” Personería Jurídica No. 000109 del 18 de enero de 1996
DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL
El sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria del Carbón “Sintracarbón”, ante los últimos hechos ocurridos en el país, y más concretamente en la costa caribe colombiana, a raíz de la coyuntura política de la desmovilización de los grupos paramilitares y del escándalo acontecido en los últimos días, por los vínculos de algunos políticos con estos grupos, a quienes los medios de comunicación han llamado parapolíticos, y los cuales se encuentran investigados en este momento por la Corte suprema de Justicia por la creación de grupos paramilitares y la organización de masacres y desmovilizaciones en la costa caribe colombiana, de forma paralela a estos acontecimientos un grupo que se autodenomina “Las Aguilas Negras” ha venido haciendo circular panfletos donde realizan amenazas de muerte a dirigentes sindicales, estudiantiles, populares y demás compañeros pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores “CUT”.
En días pasados a través de estos panfletos dieron a conocer sus amenazas de muerte a los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera “USO”, y a los líderes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, además de un ultimátum para abandonar la ciudad. El Compañero Rodolfo Vecino, dirigente sindical de la “USO”, fue objeto de un atentado de muerte suponemos que por parte de este grupo paramilitar que se hace llamar las Aguilas Negras, del cual el Compañero afortunadamente salió ileso.
Al compañero Domingo Tovar, dirigente ejecutivo de la Central Unitaria de trabajadores “CUT Nacional” y asesor en este momento de la Comisión Negociadora de “Sintracarbón”, al igual que su familia en el Departamento de Sucre, ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de estos grupos.
En el día de ayer apareció un panfleto en la universidad del Atlántico, con similares características donde se le da un ultimátum para que abandonen la Ciudad de Barranquilla a dirigentes sindicales, estudiantiles y populares, de lo contrario serán asesinados.
Entre estos se encuentran las siguientes organizaciones:
· Miembros de la Federación estudiantil Universitaria. (FEU)
· Dignidad Estudiantil
· Visión Democrática
· Federación Universitaria Nacional (Comisiones) (FUN)
· Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (A.C.E.U)
· SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
Finalmente queremos dar a conocer la manera como finalizan el panfleto este grupo paramilitar:
“El papel no nos alcanza para colocar todos sus nombres y organizaciones que sirven como fachada para hacer su trabajo insurgente, estos hijos de puta, gonorreas, pero ahí están sus principales cabecillas pero todos aquellos vinculados directamente con todo este tipo de personas y organizaciones afíliense a una FUNERARIA”.
Ante todas estas amenazas, intimidaciones, hostigamientos y ultimátum a los dirigentes estudiantiles, populares y sindicales, “SINTRACARBÓN” rechaza de forma enérgica este tipo de amenazas, que violan los derechos fundamentales , la libertad de asociación, la libertad de expresión, y por tal motivo realiza esta denuncia a nivel local, nacional e internacional.
***
STATEMENT TO THE PUBLIC AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY
The Union of National Coal Industry Workers, Sintracarbón, denounces several recent incidents in our country, and in particular on the Caribbean coast, related to the demobilization of the paramilitaries and the scandal unfolding in the last few days regarding the links between high-level political figures--who the press is now calling “para-politicians”--and the paramilitaries. These politicians are under investigation by the Supreme Court for their role in the creation of paramilitary groups and the organization of massacres and demobilizations on the Caribbean coast.
At the same time, a new group calling itself “The Black Eagles” has begun circulating pamphlets threatening union, student, and popular leaders, and other members of the CUT union confederation. In recent days they have delivered death threats against leaders of the oil-workers union USO and student leaders at the University of Cartagena. They have also given them an ultimatum to leave the city.
USO leader Rodolfo Vecino was the target of an assassination attempt which we assume was carried out by the Black Eagles. Fortunately he escaped unharmed.
CUT Executive Board member Domingo Tovar, who is currently participating in the Sintracarbón negotiating committee, and his family in the Sucre department, have been the targets of harassment and threats by these groups.
Yesterday a pamphlet was circulated at the University of the Atlantic, similar to the one threatening union, student, and popular leaders with assassination if they did not leave the city of Barranquilla.
Among the organizations named in yesterday’s pamphlet were:
· Members of the University Students Association (FEU)
· Student Dignity
· Democratic Vision
· National University Federation (FUN)
· Colombian Association of University Students (A.C.E.U.)
· The unions SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
The pamphlet ended with these words:
“There is not enough paper for us to include all of the names and organizations that are serving as a front for their insurgent (i.e., guerrilla) work, these sons of bitches, gonorrheas, but we have listed their main leaders but everyone directly affiliated with these kinds of people and organizations should affiliate to a FUNERAL HOME.”
In the face of these threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders, “SINTRACARBÓN” strongly denounces this type of threat, which violates our fundamental rights, freedom of association, and freedom of expression. We therefore publicize our stand before the local, national, and international communities.
Friday, December 15, 2006 11:45 PM
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON “SINTRACARBON” Personería Jurídica No. 000109 del 18 de enero de 1996
DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL
El sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria del Carbón “Sintracarbón”, ante los últimos hechos ocurridos en el país, y más concretamente en la costa caribe colombiana, a raíz de la coyuntura política de la desmovilización de los grupos paramilitares y del escándalo acontecido en los últimos días, por los vínculos de algunos políticos con estos grupos, a quienes los medios de comunicación han llamado parapolíticos, y los cuales se encuentran investigados en este momento por la Corte suprema de Justicia por la creación de grupos paramilitares y la organización de masacres y desmovilizaciones en la costa caribe colombiana, de forma paralela a estos acontecimientos un grupo que se autodenomina “Las Aguilas Negras” ha venido haciendo circular panfletos donde realizan amenazas de muerte a dirigentes sindicales, estudiantiles, populares y demás compañeros pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores “CUT”.
En días pasados a través de estos panfletos dieron a conocer sus amenazas de muerte a los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera “USO”, y a los líderes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, además de un ultimátum para abandonar la ciudad. El Compañero Rodolfo Vecino, dirigente sindical de la “USO”, fue objeto de un atentado de muerte suponemos que por parte de este grupo paramilitar que se hace llamar las Aguilas Negras, del cual el Compañero afortunadamente salió ileso.
Al compañero Domingo Tovar, dirigente ejecutivo de la Central Unitaria de trabajadores “CUT Nacional” y asesor en este momento de la Comisión Negociadora de “Sintracarbón”, al igual que su familia en el Departamento de Sucre, ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de estos grupos.
En el día de ayer apareció un panfleto en la universidad del Atlántico, con similares características donde se le da un ultimátum para que abandonen la Ciudad de Barranquilla a dirigentes sindicales, estudiantiles y populares, de lo contrario serán asesinados.
Entre estos se encuentran las siguientes organizaciones:
· Miembros de la Federación estudiantil Universitaria. (FEU)
· Dignidad Estudiantil
· Visión Democrática
· Federación Universitaria Nacional (Comisiones) (FUN)
· Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (A.C.E.U)
· SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
Finalmente queremos dar a conocer la manera como finalizan el panfleto este grupo paramilitar:
“El papel no nos alcanza para colocar todos sus nombres y organizaciones que sirven como fachada para hacer su trabajo insurgente, estos hijos de puta, gonorreas, pero ahí están sus principales cabecillas pero todos aquellos vinculados directamente con todo este tipo de personas y organizaciones afíliense a una FUNERARIA”.
Ante todas estas amenazas, intimidaciones, hostigamientos y ultimátum a los dirigentes estudiantiles, populares y sindicales, “SINTRACARBÓN” rechaza de forma enérgica este tipo de amenazas, que violan los derechos fundamentales , la libertad de asociación, la libertad de expresión, y por tal motivo realiza esta denuncia a nivel local, nacional e internacional.
***
STATEMENT TO THE PUBLIC AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY
The Union of National Coal Industry Workers, Sintracarbón, denounces several recent incidents in our country, and in particular on the Caribbean coast, related to the demobilization of the paramilitaries and the scandal unfolding in the last few days regarding the links between high-level political figures--who the press is now calling “para-politicians”--and the paramilitaries. These politicians are under investigation by the Supreme Court for their role in the creation of paramilitary groups and the organization of massacres and demobilizations on the Caribbean coast.
At the same time, a new group calling itself “The Black Eagles” has begun circulating pamphlets threatening union, student, and popular leaders, and other members of the CUT union confederation. In recent days they have delivered death threats against leaders of the oil-workers union USO and student leaders at the University of Cartagena. They have also given them an ultimatum to leave the city.
USO leader Rodolfo Vecino was the target of an assassination attempt which we assume was carried out by the Black Eagles. Fortunately he escaped unharmed.
CUT Executive Board member Domingo Tovar, who is currently participating in the Sintracarbón negotiating committee, and his family in the Sucre department, have been the targets of harassment and threats by these groups.
Yesterday a pamphlet was circulated at the University of the Atlantic, similar to the one threatening union, student, and popular leaders with assassination if they did not leave the city of Barranquilla.
Among the organizations named in yesterday’s pamphlet were:
· Members of the University Students Association (FEU)
· Student Dignity
· Democratic Vision
· National University Federation (FUN)
· Colombian Association of University Students (A.C.E.U.)
· The unions SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
The pamphlet ended with these words:
“There is not enough paper for us to include all of the names and organizations that are serving as a front for their insurgent (i.e., guerrilla) work, these sons of bitches, gonorrheas, but we have listed their main leaders but everyone directly affiliated with these kinds of people and organizations should affiliate to a FUNERAL HOME.”
In the face of these threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders, “SINTRACARBÓN” strongly denounces this type of threat, which violates our fundamental rights, freedom of association, and freedom of expression. We therefore publicize our stand before the local, national, and international communities.
Friday, December 15, 2006 11:45 PM
Colombia: Scandal rocks Colombia's leadership
Scandal rocks Colombia's leadership
Evidence of links to death squads imperils progress
BOGOTÁ -- The Colombian government, the recipient of billions of dollars in US aid to fight drugs and a leftist insurgency, is under siege as evidence mounts of links between right-wing death squads and dozens of officials loyal to President Álvaro Uribe.
For the full article, go to http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/14/scandal_rocks_colombias_leadership/
Boston Globe on Colombia/Ecuador -- Coca fumigation
Ecuador faults fumigation of coca crop by Colombia
BUENOS AIRES -- Ecuadoran President-elect Rafael Correa said yesterday Colombia's renewed program to fumigate illegal drug crops on the border was a "hostile act," escalating a diplomatic spat between the South American neighbors.
For the full article, go to http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/15/ecuador_faults_fumigation_of_coca_crop_by_colombia/
Monday, November 13, 2006
Nuevo sitio web / New website in support of Sintracarbón and communities
New website in support of Sintracarbon and communities
Most of you are already aware of the North Shore Colombia Solidarity Committee website:
We've also launched a new site (still under construction) specifically to accompany the contract negotiations between the Cerrejon mine and Sintracarbon (the union at the mine) that will begin later this month.
Also check out support for Sintracarbon and the communities on the following site:
Sunday, November 12, 2006
Confrontación armada en el Medio Atrato
SE RECRUDECE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN EL MEDIO ATRATO Y
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.
El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".
El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.
El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.
Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:
a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.
Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:
DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.
DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria
-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.
-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.
Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.
Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.
El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".
El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.
El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.
Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:
a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.
Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:
DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.
DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria
-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.
-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.
Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.
Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA
Thursday, November 09, 2006
Acción urgente Curvaradó, Colombia -- carta ejemplar de protesta
La siguiente carta se refiere a repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:
- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co
- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822
- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co
- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co
o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.
(fecha, dirección del/de la remitente)
A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo
Estimados señores, Estimadas señoras
Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.
En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.
La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.
Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.
En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.
Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.
Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios
Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.
Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.
De su consideración
(su firma/sello)
Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:
- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co
- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822
- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co
- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co
o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.
(fecha, dirección del/de la remitente)
A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo
Estimados señores, Estimadas señoras
Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.
En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.
La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.
Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.
En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.
Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.
Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios
Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.
Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.
De su consideración
(su firma/sello)
Tuesday, October 31, 2006
Comunidado sobre la situación que viven las comunidades del río Arquía. Oct. 2006
COMUNICADO PUBLICO
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.
Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.
Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.
De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.
El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.
En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.
Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS
A LA FUERZA PÚBLICA
* El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
* No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
* Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.
A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN
* Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
* Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
* Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
* Que les respeten su autonomía.
AL MINISTERIO PÚBLICO
* Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
* Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
* Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.
SOLICITAMOS:
La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las víctimas de esta guerra.
Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una víctima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.
Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006 -- Equipo Misionero Vida, Justicia y Paz
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.
Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.
Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.
De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.
El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.
En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.
Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS
A LA FUERZA PÚBLICA
* El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
* No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
* Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.
A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN
* Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
* Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
* Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
* Que les respeten su autonomía.
AL MINISTERIO PÚBLICO
* Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
* Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
* Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.
SOLICITAMOS:
La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las víctimas de esta guerra.
Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una víctima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.
Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006 -- Equipo Misionero Vida, Justicia y Paz
Friday, October 27, 2006
I 76 CURVARADO Ocupación Empresarial de Territorios Colectivos ENRIQUE PETRO, AMENAZAS AGUILAS NEGRA
Comunicado recibido día 23 de octubre de 2006, 5:49 PM
INFORME 76
Curvaradó-Jiguamiandó
NUEVOS PLANES DE ACTUACION CONTRA ENRIQUE PETRO y ZONAS HUMANITARIAS
OCUPACION EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD DE PETRO
JUDICIALIZACION, AMENAZAS DE PRESION Y DE ATENTADOS
“Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)
RESUMEN
Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.
La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.
Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.
Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.
Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.
Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares.
Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.
SOLICITUDES
• Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales,
c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo,
d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios,
• Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico,
b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso;
c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó.
• A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó.
Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION [Margaret dice: no están en esta página -- porfa contactarme a través de la opción "comentario/comment" para que pueda enlazarl@s con los remitentes de este informe]
Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
INFORME 76
Curvaradó-Jiguamiandó
NUEVOS PLANES DE ACTUACION CONTRA ENRIQUE PETRO y ZONAS HUMANITARIAS
OCUPACION EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD DE PETRO
JUDICIALIZACION, AMENAZAS DE PRESION Y DE ATENTADOS
“Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)
RESUMEN
Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.
La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.
Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.
Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.
Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.
Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares.
Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.
SOLICITUDES
• Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales,
c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo,
d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios,
• Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico,
b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso;
c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó.
• A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó.
Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION [Margaret dice: no están en esta página -- porfa contactarme a través de la opción "comentario/comment" para que pueda enlazarl@s con los remitentes de este informe]
Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Enlaces -- DDHH en Colombia -- en español
ACNUR - El desplazamiento interno en Colombia: www.acnur.org/index.php?id_pag=565
Amig@s de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras resistencias civiles no violentas, en el Estado Español: http://www.acompaz.org
Colombia - Derechos Humanos - Informes: http://www.derechos.org/nizkor/colombia
Colombia Human Rights Network/Red de Derechos Humanos en Colombia: http://colhrnet.igc.org/
Human Rights Watch: http://www.humanrightswatch.org/doc/?t=spanish_americas&c=colomb
Peace Brigades International: http://www.peacebrigades.org/pbi-e.html
Amig@s de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras resistencias civiles no violentas, en el Estado Español: http://www.acompaz.org
Colombia - Derechos Humanos - Informes: http://www.derechos.org/nizkor/colombia
Colombia Human Rights Network/Red de Derechos Humanos en Colombia: http://colhrnet.igc.org/
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TERCER ENCUENTRO INTERETNICO, Oct. 20/21, 2006
¡Hooola!
Este blog es una pequeña contribución personal desde Suiza para distribuir informes que me llegan desde Colombia, de muy buena fuente, y que tal vez no se pueden leer en los periódicos 'normales'.
Todo comentario será bienvenido, pero monitoreado por Su Servidora. ¡Graaacias!
Paz
M
COMUNICADO PÚBLICO
TERCER ENCUENTRO INTERETNICO
Comunidad indígena de Isla
Murindó, Antioquia
octubre 20 y 21 de 2006
Durante dos días nos reunimos delegados de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia -OIA-, los Cabildos Mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores OREWA, los Cabildos Mayores de Bojayá, y Carmen del Darien del departamento del chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de Estado, analizamos que:
1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palpa aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darien, la construcción de la carretera Mutatá–Pavarandó-Murindó-Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodecendientes de los municipios de Carmen de Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia).
2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de Estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.
3. En la región continua adelante la consolidación del modelo de Estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.
Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:
· Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.
· Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.
· Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.
· Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.
· Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.
· Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.
· Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.
· Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del Estado, quien hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el Estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.
· Decimos no al proceso de consulta previa porque el Estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.
· Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.
En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico políticas y la formación permanente de nuestras comunidades. Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los diez años de la operación génesis desarrollada por la brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.
Invitamos:
A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.
A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodecendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.
Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.
Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendas y apoyen nuestra propuesta.
22 de octubre de 2006
Comunidad indígena de Isla
Suscribe,
Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía
Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó
Organización Indígena de Antioquia -OIA-
Cabildo Mayor Indígena de Frontino
Cabildo Mayor Indígena de Urrao
Cabildo Mayor Indígena de Murindó
Cabildo Mayor Indígena de Vigía del Fuerte
Asociación de Cabildos Mayores OREWA
Cabildos Mayores Indígenas de Bojayá
Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darien
Comité Todos Unidos Por la Vida de Murindó
Instituciones acompañantes:
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación Jurídica Libertad
Diócesis de Quibdó
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TERCER ENCUENTRO INTERETNICO
Comunidad indígena de Isla
Murindó, Antioquia
octubre 20 y 21 de 2006
Durante dos días nos reunimos delegados de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia -OIA-, los Cabildos Mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores OREWA, los Cabildos Mayores de Bojayá, y Carmen del Darien del departamento del chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de Estado, analizamos que:
1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palpa aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darien, la construcción de la carretera Mutatá–Pavarandó-Murindó-Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodecendientes de los municipios de Carmen de Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia).
2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de Estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.
3. En la región continua adelante la consolidación del modelo de Estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.
Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:
· Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.
· Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.
· Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.
· Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.
· Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.
· Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.
· Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.
· Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del Estado, quien hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el Estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.
· Decimos no al proceso de consulta previa porque el Estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.
· Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.
En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico políticas y la formación permanente de nuestras comunidades. Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los diez años de la operación génesis desarrollada por la brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.
Invitamos:
A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.
A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodecendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.
Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.
Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendas y apoyen nuestra propuesta.
22 de octubre de 2006
Comunidad indígena de Isla
Suscribe,
Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía
Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó
Organización Indígena de Antioquia -OIA-
Cabildo Mayor Indígena de Frontino
Cabildo Mayor Indígena de Urrao
Cabildo Mayor Indígena de Murindó
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