I 76 CURVARADO Ocupación Empresarial de Territorios Colectivos ENRIQUE PETRO, AMENAZAS AGUILAS NEGRA

Comunicado recibido día 23 de octubre de 2006, 5:49 PM

INFORME 76
Curvaradó-Jiguamiandó

NUEVOS PLANES DE ACTUACION CONTRA ENRIQUE PETRO y ZONAS HUMANITARIAS
OCUPACION EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD DE PETRO
JUDICIALIZACION, AMENAZAS DE PRESION Y DE ATENTADOS

“Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)

RESUMEN

Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.

La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.

Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.

Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.



Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.

Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares.

Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.


SOLICITUDES

• Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co

a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,

b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales,

c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo,

d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios,


• Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co

a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico,

b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso;

c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó.


• A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó.


Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION [Margaret dice: no están en esta página -- porfa contactarme a través de la opción "comentario/comment" para que pueda enlazarl@s con los remitentes de este informe]

Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ