Acción urgente Curvaradó, Colombia -- carta ejemplar de protesta

La siguiente carta se refiere a repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.

Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:

- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co

- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co

- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822

- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co

- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co

- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co

o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.



(fecha, dirección del/de la remitente)

A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo

Estimados señores, Estimadas señoras

Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.

Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.

En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.

La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.

Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.

En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.

Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,

También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.

Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios

Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.

Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.

De su consideración
(su firma/sello)