"Los nuevos grupos armados de Colombia"

¡Hooola!

Las noticias desde nuestra Colombia querida siguen una tras otra, y cada vez asombrosas. Aquí el mas reciente informe del International Crisis Group que quisiera compartir contigo / con Usted(es), ya que no solo describe de manera profunda la situación actual sino que también viene con recomendaciones para el gobierno y demás autoridades y entidades colombianas, latinoamericanas e internacionales, incluso los gobiernos de los EEUU y de Europa.

Lo que más me preocupa son las cifras ya bien importantes de combatientes en grupos armados (3.000 según las estimas más cautelosas) y el hecho de que el comercio con drogas ilícitas sirve de motor poderosísimo para mantenerlos. Sin que nuestra sociedad llegue a una solución del problema de las drogas como (pero no solo) la coca, nunca se encontrará una salida. Nuestros países ricos y "poderosos" tienen que quitarle la base a este comercio y estas mafias. Yo no veo otra solución que la legalización y la venta legal (aunque muy controlada). Ya tenemos varios ejemplos del buen funcionamiento de tales sistemas (en Suiza, por ejemplo). ¿Cuántos más muertos, cuánta más miseria, cuántos más conflictos armados necesitan los gobiernos de los EEUU y de Europa para aceptar que esa es una solución viable?

Los nuevos grupos armados de Colombia

[International Crisis Group] Informe sobre América Latina N°20
10 mayo 2007

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RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 es percibido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca de 32.000 miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia, existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla el gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares, y exigen una respuesta más inmediata e integral por parte del gobierno.

Desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido insistentemente sobre el rearme de unidades paramilitares desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron porque no participaron en las negociaciones entre el gobierno y las AUC, y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales, a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas. Peor aún, existen indicios de que algunos de los nuevos grupos y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en torno al narcotráfico con elementos de los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, el plan del gobierno para la reintegración de los paramilitares desmovilizados ha dejado ver profundas fallas.

Estas señales de alerta se deben tomar en serio, pues en estos momentos existen las condiciones para la continuación o el resurgimiento ya sea de grupos paramilitares como los tradicionales, o de una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales apoyados en el narcotráfico. Los combates militares con las FARC y el más pequeño ELN no cesan, y el tráfico de drogas no ha disminuido. Las cuantiosas sumas de dinero ilícito que produce el narcotráfico ayudan a alimentar el conflicto de varias décadas de duración, afectan la reintegración de los ex combatientes a la sociedad y fomentan la formación y el fortalecimiento de nuevos grupos armados, como sucedió con las AUC y las FARC hace más de un decenio.

Estos nuevos grupos todavía no cuentan con la organización, la cobertura y el poder de las AUC. No se sabe a ciencia cierta cuántos suman, pero incluso el cálculo más bajo –de la policía y la misión de la OEA– de cerca de 3.000 combatientes es preocupante, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil llegan hasta triplicar esta cifra. Algunos de estos grupos, como la Organización Nueva Generación (ONG) en Nariño, han empezado a operar de modo muy similar al de los antiguos bloques de las AUC en la región, realizando, entre otras, operaciones de contrainsurgencia y buscando controlar territorio y población para dominar el negocio del narcotráfico. Otros, como las Águilas Negras en Norte de Santander, son menos visibles, y compiten y colaboran a la vez con redes criminales establecidas en la frontera con Venezuela.

La respuesta del gobierno a esta amenaza ha sido insuficiente, pues se ha limitado a tratarla como un asunto de orden público cuya responsabilidad compete sobre todo a la policía; que ha instituido un plan especial y un “bloque de búsqueda” especial para tratar con lo que denomina genéricamente como “bandas criminales”. Esto no ha impedido, sin embargo, la propagación de los grupos por todo el país. En algunas regiones las fuerzas de seguridad no cooperan unas con otras y su compromiso en la lucha contra los nuevos grupos es bajo. Las instituciones judiciales, en especial la Fiscalía General de la Nación, muchas veces no pueden investigar porque carecen de recursos y no cuentan con la ayuda de las fuerzas de seguridad, pero también porque están intimidadas. El programa de reintegración para ex combatientes está siendo reestructurado con miras a superar problemas serios, pero el tiempo trabaja en su contra.

Para derrotar a estos grupos y organizaciones criminales emergentes se requiere de una nueva estrategia integral. Es necesario combinar una inteligencia sólida y medidas de orden público más efectivas con medidas de carácter militar, respetando siempre los derechos humanos y complementando estas políticas con un mejoramiento en la forma como se reincorporan los combatientes desmovilizados a la sociedad, lo cual incluye un ambicioso programa nacional de desarrollo e infraestructura rural. Esta estrategia se debe concentrar inicialmente en las regiones en donde el dominio paramilitar ha cesado pero que son objetivo tanto de los nuevos grupos como de las FARC. El mantenimiento de las condiciones de seguridad en estas áreas depende tanto de una presencia policial y militar permanente y efectiva como del suministro de beneficios y servicios económicos tangibles a las comunidades locales.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1. Adoptar una estrategia integral para combatir a los grupos armados emergentes y organizaciones criminales, que incluya:

(a) un mejor trabajo de inteligencia y medidas de orden público más efectivas, como la conformación de “bloques de búsqueda” especiales adicionales, así como una mayor presencia de la policía en todas las regiones afectadas, sobre todo a lo largo de las fronteras;

(b) acción inmediata para confrontar a los grupos emergentes tan pronto como sean detectados por la Defensoría del Pueblo o por la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA);

(c) una acción militar más decidida contra los nuevos grupos armados cuando operan en unidades más grandes que presentan blancos visibles;

(d) fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de justicia, en especial proveyendo a la Fiscalía General de más investigadores, fiscales y sistemas de computación y telecomunicaciones seguros con el fin de investigar los crímenes cometidos por los nuevos grupos armados y organizaciones criminales; y

(e) una mayor cooperación con grupos comunitarios y de la sociedad civil, en especial con los grupos de mujeres, para obtener información sobre sus preocupaciones y prioridades en materia de seguridad.

2. Reducir el riesgo de que los combatientes desmovilizados reanuden sus actividades delictivas o sean reclutados por los nuevos grupos armados ilegales mediante:

(a) la rápida conclusión de la reestructuración del programa para su reintegración a la sociedad, y el mejoramiento de la coordinación de los organismos de orden público con el programa; y

(b) la implementación, con la participación de grupos de mujeres, indígenas, población afrocolombiana y otros grupos vulnerables en las zonas antes dominadas por los paramilitares, de una estrategia de desarrollo y gobernabilidad rural, con el fin de reducir la pobreza local y fortalecer el orden público, la infraestructura económica y los servicios comunitarios.

3. Poner en práctica medidas más efectivas para proteger a los testigos y víctimas que testifiquen en contra de líderes paramilitares de conformidad con la Ley de Justicia y Paz (LJP) e investigar todas las acusaciones de delitos sexuales y de género cometidos por paramilitares que se hayan acogido a la protección de la LJP, pues las sentencias de quienes han sido condenados por estos delitos no se pueden reducir bajo dicha ley.

4. Implementar, como parte del plan del Ministerio del Interior y de Justicia para evitar irregularidades en las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2007, medidas para impedir la interferencia de los nuevos grupos armados y otras organizaciones criminales.

A la policía y las fuerzas armadas:

5. Cooperar de manera estrecha con las instituciones judiciales, en especial con la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, en las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos por miembros de nuevos grupos armados y organizaciones criminales.

6. Buscar en los archivos de inteligencia y en las comunicaciones de los comandos militares todo lo relacionado con los 2.695 paramilitares que esperan obtener sentencias reducidas bajo la LJP, y entregar copias de todos los documentos hallados al fiscal general y al procurador general.

7. Investigar las acusaciones de nexos entre personal de seguridad y los nuevos grupos armados y organizaciones criminales y cortar de inmediato cualquier vínculo que hubiere, suspender a los oficiales implicados y entregar la información al fiscal general y el procurador general.

8. Fortalecer la protección a la población civil, incluyendo líderes sindicales y de grupos de mujeres, y evitar, sobre todo en las operaciones contra los nuevos grupos armados y organizaciones criminales, desplazamientos forzosos y la violación de territorios ancestrales de poblaciones indígenas y afrocolombianas.

Al fiscal general, el procurador general y la Corte Suprema de Justicia:

9. Solicitar al Congreso de la República personal y recursos logísticos adicionales y a la rama ejecutiva más cooperación con el fin de facilitar la investigación, el procesamiento judicial y las condenas bajo la LJP, y juzgar a todos los paramilitares desmovilizados que no hayan confesado, de conformidad con dicha ley, crímenes atroces que luego se les comprueben.

10. Coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) un plan para asegurar que los líderes paramilitares detenidos no tengan acceso sin control a teléfonos celulares y otros sistemas de comunicación que les permitan seguir controlando a sus antiguas tropas o establecer contacto con nuevos grupos emergentes.

A la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA):

11. Seguir verificando la reintegración de los combatientes desmovilizados y emitiendo oportunamente alertas tempranas sobre el rearme de grupos paramilitares desmovilizados y el surgimiento de nuevos grupos armados.

A la Unión Europea y la OEA:

12. Preparar misiones de observación, en cooperación con las autoridades colombianas y la sociedad civil, para las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán en octubre de 2007.

Al gobierno de Estados Unidos:

13. Seguir condicionando la ayuda a la policía y las fuerzas armadas colombianas a la suspensión de cualquier vínculo con las organizaciones paramilitares, ampliar estas condiciones de modo que incluyan a los nuevos grupos armados al margen de la ley, y comunicarse, cuando estén preparando certificaciones, con las autoridades judiciales independientes de Colombia, así como con el ejecutivo.

14. Ajustar la ayuda de Estados Unidos a un balance 50/50 entre asistencia militar/policial y asistencia económica, judicial, de desarrollo rural y humanitaria para los desplazados, incluyendo atención especial en áreas rurales y con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de mujeres, indígenas y afrocolombianos.

Bogotá/Bruselas, 10 de mayo de 2007