"Los nuevos grupos armados de Colombia"

¡Hooola!

Las noticias desde nuestra Colombia querida siguen una tras otra, y cada vez asombrosas. Aquí el mas reciente informe del International Crisis Group que quisiera compartir contigo / con Usted(es), ya que no solo describe de manera profunda la situación actual sino que también viene con recomendaciones para el gobierno y demás autoridades y entidades colombianas, latinoamericanas e internacionales, incluso los gobiernos de los EEUU y de Europa.

Lo que más me preocupa son las cifras ya bien importantes de combatientes en grupos armados (3.000 según las estimas más cautelosas) y el hecho de que el comercio con drogas ilícitas sirve de motor poderosísimo para mantenerlos. Sin que nuestra sociedad llegue a una solución del problema de las drogas como (pero no solo) la coca, nunca se encontrará una salida. Nuestros países ricos y "poderosos" tienen que quitarle la base a este comercio y estas mafias. Yo no veo otra solución que la legalización y la venta legal (aunque muy controlada). Ya tenemos varios ejemplos del buen funcionamiento de tales sistemas (en Suiza, por ejemplo). ¿Cuántos más muertos, cuánta más miseria, cuántos más conflictos armados necesitan los gobiernos de los EEUU y de Europa para aceptar que esa es una solución viable?

Los nuevos grupos armados de Colombia

[International Crisis Group] Informe sobre América Latina N°20
10 mayo 2007

To access the full report in English, please click here.

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 es percibido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca de 32.000 miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia, existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla el gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares, y exigen una respuesta más inmediata e integral por parte del gobierno.

Desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido insistentemente sobre el rearme de unidades paramilitares desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron porque no participaron en las negociaciones entre el gobierno y las AUC, y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales, a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas. Peor aún, existen indicios de que algunos de los nuevos grupos y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en torno al narcotráfico con elementos de los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, el plan del gobierno para la reintegración de los paramilitares desmovilizados ha dejado ver profundas fallas.

Estas señales de alerta se deben tomar en serio, pues en estos momentos existen las condiciones para la continuación o el resurgimiento ya sea de grupos paramilitares como los tradicionales, o de una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales apoyados en el narcotráfico. Los combates militares con las FARC y el más pequeño ELN no cesan, y el tráfico de drogas no ha disminuido. Las cuantiosas sumas de dinero ilícito que produce el narcotráfico ayudan a alimentar el conflicto de varias décadas de duración, afectan la reintegración de los ex combatientes a la sociedad y fomentan la formación y el fortalecimiento de nuevos grupos armados, como sucedió con las AUC y las FARC hace más de un decenio.

Estos nuevos grupos todavía no cuentan con la organización, la cobertura y el poder de las AUC. No se sabe a ciencia cierta cuántos suman, pero incluso el cálculo más bajo –de la policía y la misión de la OEA– de cerca de 3.000 combatientes es preocupante, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil llegan hasta triplicar esta cifra. Algunos de estos grupos, como la Organización Nueva Generación (ONG) en Nariño, han empezado a operar de modo muy similar al de los antiguos bloques de las AUC en la región, realizando, entre otras, operaciones de contrainsurgencia y buscando controlar territorio y población para dominar el negocio del narcotráfico. Otros, como las Águilas Negras en Norte de Santander, son menos visibles, y compiten y colaboran a la vez con redes criminales establecidas en la frontera con Venezuela.

La respuesta del gobierno a esta amenaza ha sido insuficiente, pues se ha limitado a tratarla como un asunto de orden público cuya responsabilidad compete sobre todo a la policía; que ha instituido un plan especial y un “bloque de búsqueda” especial para tratar con lo que denomina genéricamente como “bandas criminales”. Esto no ha impedido, sin embargo, la propagación de los grupos por todo el país. En algunas regiones las fuerzas de seguridad no cooperan unas con otras y su compromiso en la lucha contra los nuevos grupos es bajo. Las instituciones judiciales, en especial la Fiscalía General de la Nación, muchas veces no pueden investigar porque carecen de recursos y no cuentan con la ayuda de las fuerzas de seguridad, pero también porque están intimidadas. El programa de reintegración para ex combatientes está siendo reestructurado con miras a superar problemas serios, pero el tiempo trabaja en su contra.

Para derrotar a estos grupos y organizaciones criminales emergentes se requiere de una nueva estrategia integral. Es necesario combinar una inteligencia sólida y medidas de orden público más efectivas con medidas de carácter militar, respetando siempre los derechos humanos y complementando estas políticas con un mejoramiento en la forma como se reincorporan los combatientes desmovilizados a la sociedad, lo cual incluye un ambicioso programa nacional de desarrollo e infraestructura rural. Esta estrategia se debe concentrar inicialmente en las regiones en donde el dominio paramilitar ha cesado pero que son objetivo tanto de los nuevos grupos como de las FARC. El mantenimiento de las condiciones de seguridad en estas áreas depende tanto de una presencia policial y militar permanente y efectiva como del suministro de beneficios y servicios económicos tangibles a las comunidades locales.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1. Adoptar una estrategia integral para combatir a los grupos armados emergentes y organizaciones criminales, que incluya:

(a) un mejor trabajo de inteligencia y medidas de orden público más efectivas, como la conformación de “bloques de búsqueda” especiales adicionales, así como una mayor presencia de la policía en todas las regiones afectadas, sobre todo a lo largo de las fronteras;

(b) acción inmediata para confrontar a los grupos emergentes tan pronto como sean detectados por la Defensoría del Pueblo o por la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA);

(c) una acción militar más decidida contra los nuevos grupos armados cuando operan en unidades más grandes que presentan blancos visibles;

(d) fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de justicia, en especial proveyendo a la Fiscalía General de más investigadores, fiscales y sistemas de computación y telecomunicaciones seguros con el fin de investigar los crímenes cometidos por los nuevos grupos armados y organizaciones criminales; y

(e) una mayor cooperación con grupos comunitarios y de la sociedad civil, en especial con los grupos de mujeres, para obtener información sobre sus preocupaciones y prioridades en materia de seguridad.

2. Reducir el riesgo de que los combatientes desmovilizados reanuden sus actividades delictivas o sean reclutados por los nuevos grupos armados ilegales mediante:

(a) la rápida conclusión de la reestructuración del programa para su reintegración a la sociedad, y el mejoramiento de la coordinación de los organismos de orden público con el programa; y

(b) la implementación, con la participación de grupos de mujeres, indígenas, población afrocolombiana y otros grupos vulnerables en las zonas antes dominadas por los paramilitares, de una estrategia de desarrollo y gobernabilidad rural, con el fin de reducir la pobreza local y fortalecer el orden público, la infraestructura económica y los servicios comunitarios.

3. Poner en práctica medidas más efectivas para proteger a los testigos y víctimas que testifiquen en contra de líderes paramilitares de conformidad con la Ley de Justicia y Paz (LJP) e investigar todas las acusaciones de delitos sexuales y de género cometidos por paramilitares que se hayan acogido a la protección de la LJP, pues las sentencias de quienes han sido condenados por estos delitos no se pueden reducir bajo dicha ley.

4. Implementar, como parte del plan del Ministerio del Interior y de Justicia para evitar irregularidades en las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2007, medidas para impedir la interferencia de los nuevos grupos armados y otras organizaciones criminales.

A la policía y las fuerzas armadas:

5. Cooperar de manera estrecha con las instituciones judiciales, en especial con la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, en las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos por miembros de nuevos grupos armados y organizaciones criminales.

6. Buscar en los archivos de inteligencia y en las comunicaciones de los comandos militares todo lo relacionado con los 2.695 paramilitares que esperan obtener sentencias reducidas bajo la LJP, y entregar copias de todos los documentos hallados al fiscal general y al procurador general.

7. Investigar las acusaciones de nexos entre personal de seguridad y los nuevos grupos armados y organizaciones criminales y cortar de inmediato cualquier vínculo que hubiere, suspender a los oficiales implicados y entregar la información al fiscal general y el procurador general.

8. Fortalecer la protección a la población civil, incluyendo líderes sindicales y de grupos de mujeres, y evitar, sobre todo en las operaciones contra los nuevos grupos armados y organizaciones criminales, desplazamientos forzosos y la violación de territorios ancestrales de poblaciones indígenas y afrocolombianas.

Al fiscal general, el procurador general y la Corte Suprema de Justicia:

9. Solicitar al Congreso de la República personal y recursos logísticos adicionales y a la rama ejecutiva más cooperación con el fin de facilitar la investigación, el procesamiento judicial y las condenas bajo la LJP, y juzgar a todos los paramilitares desmovilizados que no hayan confesado, de conformidad con dicha ley, crímenes atroces que luego se les comprueben.

10. Coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) un plan para asegurar que los líderes paramilitares detenidos no tengan acceso sin control a teléfonos celulares y otros sistemas de comunicación que les permitan seguir controlando a sus antiguas tropas o establecer contacto con nuevos grupos emergentes.

A la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA):

11. Seguir verificando la reintegración de los combatientes desmovilizados y emitiendo oportunamente alertas tempranas sobre el rearme de grupos paramilitares desmovilizados y el surgimiento de nuevos grupos armados.

A la Unión Europea y la OEA:

12. Preparar misiones de observación, en cooperación con las autoridades colombianas y la sociedad civil, para las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán en octubre de 2007.

Al gobierno de Estados Unidos:

13. Seguir condicionando la ayuda a la policía y las fuerzas armadas colombianas a la suspensión de cualquier vínculo con las organizaciones paramilitares, ampliar estas condiciones de modo que incluyan a los nuevos grupos armados al margen de la ley, y comunicarse, cuando estén preparando certificaciones, con las autoridades judiciales independientes de Colombia, así como con el ejecutivo.

14. Ajustar la ayuda de Estados Unidos a un balance 50/50 entre asistencia militar/policial y asistencia económica, judicial, de desarrollo rural y humanitaria para los desplazados, incluyendo atención especial en áreas rurales y con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de mujeres, indígenas y afrocolombianos.

Bogotá/Bruselas, 10 de mayo de 2007

Una mirada hacia el suroriente de Colombia

¡Hoola!

Anoche asistí a una visita-charla de una persona del suroriente de Colombia. Me he quedado asombrada por las informaciones que nos dió P.J.V.B. -- no quiero nombrar a esta persona para no ponerla en mayor peligro del que ya está corriendo.

Aquí algunos de mis apuntes.

Su familia se vio desplazada hacia Medellín, Antioquia. Tiene conocimientos muy de cerca de una organisación social en una región con 1.750.000 habitantes, entre ell@s 138.000 indígenas.
Por causa de escasez de carreteras, la región padece de dificultades de transporte terrestre. Casi todo se transporta o por agua en potrillos (canoas), o en aviones muy incómodos de carga con la gente sentada en bultos de papa; a veces compartiendo el avión con vacas, etc. A veces se viaja a caballo o en mula.
Por lo tanto, es difícil sacar los productos agrícolas de la región. Les resulta más fácil y ventajoso a los campesinos sacar un kilo de coca (ilícita) que un kilo de bananas o papas (legal). También porque los precios de los cultivos lícitos no pagan los costos de producción/transporte.

Por las largas distancias y la localización muy al margen de la atención política de la capital, por el conflicto armado, el tejido social resulta muy frágil. Hay extrema desigualdad social y económica, con un 20 por ciento de la población controlando el 80 por ciento de todos los recursos económicos (territorios, ganado, fincas, cultivos, etc.).
Hay muy poca inversión social para construir carreteras, por ejemplo, o centros de salud, escuelas, etc. El gobierno no les coloca opciones lícitas a los campesinos. No hay duda que ell@s preferirían cultivar pancoger (plátanos, maíz, yuca, arroz, etc.) que la coca.
Otro problema, mas bien reciente, el la siembra de la palma africana. Perjudica a los pequeños campesinos; una de las consecuencias de esas plantaciones inmensas es un mayor número de personas desplazadas.
Hay por lo menos dos comunidades amenazadas de extinción de manera alarmante:
- Los Nukákmaku solo cuentan 350 personas, de quienes 206 son desplazad@s.
- Los Guayaberos, con solo 400 personas.
¡Para sobrevivir, una comunidad étnica necesita por lo menos 100.000 personas!

Contexto conflictivo:
Fuerte presencia de grupos armados legales: unas 22.000 personas, de quienes ca. un 15 por ciento son militares de EEUU (entrenadores, manejo de helicópteros de fumigación, radares de monitoreo de la droga y de otros movimientos), sobre todo en las capitales, en las villas y en las zonas urbanas.
Fuerte presencia de grupos armados ilegales: varios frentes de guerrilla, mayormente en zonas rurales; grupos paramilitares en zonas de mayor conflicto (Meta, Guaviare, parte de Vichada; presencia sospechada en Baupés). Desde que se "
Los que mas sufren son las personas civiles indefensas. Hay mucho temor, p.ej. no se atreven señalar tumbas comunes secretas, pero saben perfectamente donde están. En casi cada familia hay alguien cuyo paradero se desconoce porque la persona ha sido desaparecida. Por ejemplo, en una encuesta reciente, 80 alumnos de un 10° grado de colegio en la zona suroriente conocían a 117 personas desaparecidas. Otro ejemplo: se estima que en la trocha ganadera del Guaviare con 4.000 habitantes, ha habido 600 muertos, y que entre 120.000 habitantes hay 4.000 desaparecidos.
Los registros no son completos; el gobierno no quiere reconocer el gran número de asesinatos, desapariciones y "sencillos" accidentes con artefactos tirados a la basura que luego se encuentran por personas que hacen "reciclaje" para ganarse la vida. Hay frecuentemente tales artefactos que les estallan, causando muertos y mutilaciones horrorosas. El gobierno no otorga las atenciones medicinales necesarias.
Los registros no son completos porque los grupos armados se niegan a entregar cadáveres, de modo que no se pueden sacar cuentas, no se pueden establecer registros, no se puede perseguir a los victimarios. Por lo tanto, sigue la impunidad total.
Los que menos reconocen haber cometido atrocidades y crímenes de lesa humanidad son las fuerzas armadas y públicas, o sea los grupos armados legales.

Algunas medidas para mejorar la situación de la población civil:
- Mesa humanitaria del Meta: ahí se examina cómo se puede adelantar una mejora de la población civil de la región.
- algunas organizaciones de víctimas, de desplazados. Más bien débiles.
- organizaciones sociales de la iglesia: tienen buena credibilidad, programas interesantes de fortalecimiento social; de educación, instrucción, formación; de protección de las comunidades indígenas, etc.
Pero es difícil encontrar a quienes quieran liderar organisaciones (eclesiásticas o no) sociales, por ejemplo, porque corren el gran riesgo de verse acusados por todos los caminos de simpatizar con o la guerrilla, o los paracos, o el gobierno; de ser socialistas, comunistas, de la extrema derecha – todo al mismo tiempo. Una situación absurda, peligrosa, difícil, con muchas personas valiosas amenazadas.
También hay una fuerte presencia de eclesiásticos carismáticos que no quieren nada que ver con asuntos de derechos humanos, derechos sociales.

El apoyo internacional es importantísimo para que el gobierno colombiano se vea impulsado a examinar más de cerca lo que está ocurriendo, no solo en Bogotá, pero sobre todo en las regiones marginales del país.

Palma africana: violaciones de derechos humanos

Hoola, no es la primera vez que escribo sobre un tema que me preocupa muchísimo:

Violaciones de derechos humanos relacionadas a la expansión de plantaciones de la palma africana para producir aceite/agrocombustible son comunes y corrientes en Colombia. En este país el Tribunal Permanente de los Pueblos acaba de dar su dictamen condenando a varias empresas palmicultoras responsables de la ocupación ilegal de tierras comunitarias para establecer monocultivos de palma, recurriendo para ello a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de lesa humanidad.

Este es el fallo oficial del Tribunal Permanente de los Pueblos:

"A la empresa URAPALMA S.A, se le acusó de haber actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal de palma entre 4000 y 7000 hectáreas de tierra con una proyección a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas; operaciones que fueron posibles gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada “desmovilización” que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la población.
Se acusa a la empresa [URAPALMA S.A.] de haber propiciado la violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar la propiedad a favor de sus intereses a través de mecanismos como: celebración de contratos de usufructo, compraventas de mejoras a propietarios, suscripción de falsas actas de compromiso para el aprovechamiento, la conformación de asociaciones campesinas de fachada, el desarrollo de figuras como las llamadas Alianzas Estratégicas para la consecución de recursos de fomento público, la falsificación de documentos públicos y privados, la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos y la figura de la accesión, entre otros."


Seguimos luchando contra estos crímenes...

Verdad, justicia, reparación integral...

¡Hoola!

Acabo de recibir el siguiente llamado de parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que quiero compartir contigo, con Ustedes:

Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de los crímenes cometidos por las multinacionales en Colombia

A comienzos del mes de marzo de 2007, por un acuerdo judicial la multinacional Chiquita Brands se vio obligada a pagar US 25 millones por haber financiado grupos paramilitares en Colombia, y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales. Esta semana, un tribunal de Estado Unidos decidió escuchar el testimonio de Edwin Manuel Guzmán, un ex sargento del Ejército Nacional que afirma que la multinacional Drummond ordenó homicidios contra sindicalistas colombianos. Las filiales de Coca-Cola en Colombia encaran diversos procesos judiciales por haber ordenado asesinatos y secuestros contra los miembros del Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentación , Sinaltrainal. Multinacionales del petróleo, de la industria minera y de la explotación agroindustrial, han sido acusadas de graves violaciones de derechos humanos en Colombia que han involucrado a grupos paramilitares.

Las organizaciones sindicales de las compañías multinacionales han denunciado públicamente las condiciones laborales que imperan en estas empresas. En muchas de ellas existe personal empleado temporalmente que gana menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario, y que no tiene derecho a sindicalizarse. También han denunciado la persecución y el acoso laboral al que son sometidos los líderes sindicales cuando han emprendido acciones tendientes a organizar a los trabajadores, y a exigir condiciones dignas. A esto se añade que las compañías transnacionales explotan recursos naturales estratégicos para el desarrollo del país, y ejecutan megaproyectos económicos que destruyen la biodiversidad y los sistemas ecológicos.

Como lo demuestran las acciones judiciales en curso, en ocasiones la respuesta de las compañías multinacionales a la acción organizada de los trabajadores ha incluido la contratación de grupos paramilitares para perpetrar crímenes de lesa humanidad. La acción de estos grupos, que han actuado con respaldo de agentes estatales, ha afectado gravemente a los habitantes de los territorios en los que se encuentran los enclaves transnacionales. Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido objeto de masacres, desapariciones forzadas masivas cuyas víctimas han sido enterradas en miles de fosas comunes y cementerios clandestinos, y desplazamientos forzados que han tenido por finalidad el despojo de la tierra y el control paramilitar sobre extensas zonas territoriales.

En consecuencia, no es cierto que estas acciones criminales, y que el apoyo al paramiltarismo, hayan sido ejercidos principalmente para proteger a las empresas de ataques de la guerrilla o de la delincuencia organizada. La justificación que pretenden hacer directivos de las multinacionales de su respaldo al paramilitarismo y de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, es una afrenta adicional a las víctimas y a la soberanía nacional.

Con relación a las atrocidades perpetradas por las multinacionales en el territorio nacional, el Estado colombiano es responsable por haber auspiciado la presencia de estas compañías en el país sin ningún control. De igual modo, por haber creado el marco legal para que asociaciones de seguridad Convivir hayan servido de intermediarias para la organización de campañas de exterminio de sindicalistas. El hecho de que sean tribunales extranjeros los que están produciendo resultados en la investigación de estos crímenes demuestra el grado de impunidad y la ineficiencia de la justicia nacional, que ha permitido que se sigan cometiendo estos delitos atroces, que sus responsables gocen de libertad y de las multimillonarias ganancias que les reportan las pésimas condiciones laborales que mantienen en sus empresas. Igualmente, cabe responsabilidad al Estado colombiano por la actuación o la omisión de miembros de la Fuerza Pública en la creación y fortalecimiento de los grupos paramilitares.

Ante todos estos hechos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado sostiene las siguientes posiciones y exigencias:

• La actuación criminal de las compañías multinacionales que han contratado grupos paramilitares en Colombia, y el hecho de que su actuación se haya producido en total impunidad, es otro argumento más para llamar a la no ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

• Con relación a los crímenes perpetrados por las multinacionales en Colombia en concierto con paramilitares y agentes estatales, se debe esclarecer toda la verdad por parte de los organismos judiciales nacionales y extranjeros acerca de los autores materiales e intelectuales, las circunstancias en las que se han cometido los crímenes, y las ganancias que han sido obtenidas con métodos criminales.

• Los directivos de las compañías multinacionales involucradas deben afrontar su responsabilidad penal, y el Gobierno Nacional está obligado a tramitar la extradición de quienes han planificado y se han beneficiado de estos delitos.

• Las compañías multinacionales deben reparar integralmente no solo a las víctimas directas de estos crímenes. También tendrán que realizar reparaciones integrales de las comunidades a las que ha causado inmenso daño la financiación y el auspicio de los grupos paramilitares.

• Como medida de satisfacción, las empresas multinacionales deben pedir públicamente perdón a las víctimas y a la Nación por el daño causado a través de los métodos que han utilizado para obtener jugosos beneficios económicos en el país.

• Como medida de no repetición, las compañías multinacionales a las que se les pruebe haber ordenado asesinatos y desapariciones forzadas, así como haber auspiciado el paramilitarismo y el tráfico de armas en Colombia, perderán definitivamente su licencia de funcionamiento, y no podrán volver a instalarse en el territorio nacional.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su solidaridad a los trabajadores, a los familiares de las víctimas de las multinacionales, a las organizaciones sindicales que luchan por los derechos de los empleados del capital transnacional en Colombia, y a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que defienden los recursos naturales y la biodiversidad del país ante la explotación de las grandes compañías foráneas.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá D. C., 2 de mayo de 2007