Aquí comparto contigo, con Usted(es), algunas informaciones de trasfondo al presente conflicto entre el gobierno de Alvaro Uribe y las comunidades indígenas. Me han llegado de una fuente Bogotana de muy buena fé.
Nos importa dar a conocer lo que sigue, ya que los medios de comunicación "oficiales" no lo hacen.
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[Primer artículo:]
QUE CESEN LAS FALSEDADES SOBRE LA TIERRA INDÍGENA
El gobierno falsea las cifras de la tierra que poseen. Muchas de las áreas que poseen no pueden explotarse. Lo que predomina entre ellos es el minifundio
Declaración del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de octubre de 2008.
Luego de la feroz represión de la que fueron víctimas los indígenas colombianos, y en especial los caucanos, el gobierno nacional se ha dedicado a tergiversar la información en contra de estos compatriotas. Además de relacionarlos con la guerrilla, relación que las autoridades indígenas colombianas han rechazado desde hace años en todos los tonos, el ministro de Agricultura y el propio presidente Álvaro Uribe han salido a desinformar sobre la cantidad de tierras que poseen los indígenas, casi que presentándolos como latifundistas.
La manipulación de la estadística es evidente. Han ocultado que muchas de las tierras que poseen las comunidades indígenas no son cultivables, por ser parques naturales, páramos, desiertos o carecer de las calidades agrológicas adecuadas. Además, han contrastado a los indígenas y a las tierras que poseen con el total de los habitantes del país o los departamentos, cuando deben compararse no con la totalidad sino con los que viven en las zonas rurales.
De las 31.2 millones de hectáreas tituladas a los resguardos indígenas, 24.7 millones (79 por ciento) quedan en la Amazonia y la Orinoquia, territorios que por muchas razones no son parte de la producción agropecuaria del país y en el que habitan apenas 71 mil indígenas, el 5% del total de Colombia. Y como otras muchas tierras están en páramos, desiertos como el de La Guajira y zonas que no son habitables, lo cierto es que los 1.41 millones de indígenas colombianos apenas poseen 3.12 millones de hectáreas de tierras utilizables, lo que da menos de tres hectáreas por persona. La verdad es que los indígenas son el 14.2 por ciento de la población rural del país, pero poseen el 6.8 por ciento de las tierras con vocación agropecuaria del país.
La manipulación sobre las tierras del Cauca también ha sido descarada: Andrés Felipe Arias ha dicho que los 320 mil indígenas son el 26 por ciento de todos los habitantes del Cauca, pero que poseen el 30 por ciento de las tierras, ocultando que representan el 43 por ciento de los caucanos que viven en las áreas rurales, que es con quienes habría que compararlos.
Cualquiera que conozca las zonas indígenas colombianas, tendrá que reconocer que en ellas predominan el minifundio, el desempleo y la pobreza.
La solución del problema indígena colombiano, porque así lo nieguen hay un problema indígena en el país, no puede partir de mentiras. Tiene que empezar por las cifras que en buena medida lo explican. Y que a partir de esos datos se le encuentren salidas, las cuales deben tener también como criterio la existencia de una economía rural de tipo dual: con empresarios y obreros agrícolas con derechos, de una parte, y con campesinos e indígenas, de la otra, de manera que se construya un agro próspero que les sirva a todos los colombianos.
Escuche las intervenciones utilizando los siguientes vínculos:
Con cifras amañadas nuevamente el gobierno les niega los derechos a los indígenas de Colombia
Que el ministro de la Desprotección Social muestre las gestiones tendientes a encontrarle solución al paro de los corteros
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[Segundo artículo:]
¿POR QUÉ QUIEREN EXTERMINAR A LOS INDÍGENAS?
Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 21 de octubre de 2008
En medio de la grave crisis cafetera de la década de los noventa, con ocasión de una de las muchas marchas que se llevaron a cabo, las autoridades civiles y militares de entonces convocaron a un Consejo de Seguridad a los organizadores de la protesta. La principal preocupación policiva era que se sabía que “iban a venir indígenas”. De igual modo, la opinión recuerda el indigno trato que las autoridades de Risaralda, representadas por la presente viceministra de Cultura y una senadora actual de Cambio Radical, le dieron a un paro de la comunidad embera. Fueron maltratados y cercados por sed, hambre y enfermedad y, como ya es hábito, acusados de ser instrumentos de la subversión “para desestabilizar” al establecimiento.
Estos hechos, repetidos innumerables veces y en casi todas las regiones del país, demuestran una conducta general de las clases dirigentes del país de discriminación y arbitrariedad contra los indígenas colombianos. La máxima muestra de dicha actitud fue el discurso del Presidente Uribe en Quetame el sábado pasado cuando en forma mordaz, impropia de un mandatario, quiso “matonear” ante la opinión, prevalido del poder de los medios oficiales, a las comunidades nasas y paeces que están movilizadas hace una semana por justas razones
A Uribe le parece que los indígenas tienen mucha tierra para ser tan pocos. Sería bueno también hacer la cuenta de sus propiedades conocidas. ¿Es el ciudadano Álvaro Uribe, propietario del latifundio El Ubérrimo en Córdoba, con 2.000 hectáreas en las mejores tierras del valle del río Sinú; socio de la hacienda Guacharacas (de la parte de la ribera derecha del río Nus, Semana, octubre 2007) y con propiedad en el oriente antioqueño, el área rural de mayor valorización del país, el llamado a reclamar equidad? ¿Desconoce el presidente que el problema de la distribución radica en que el 0,4% de los propietarios posee el 65% de la tierra hábil para agricultura y ganadería en Colombia, con predios superiores a 5.000 hectáreas en promedio, y no a la concentración de selvas y tierras inhóspitas en territorios de huitotos, Nukak Maku y koguis de la Sierra Nevada?
Y no sólo eso. ¿Tiene autoridad para reclamar equidad en la tenencia quien ha sido remiso a la recuperación efectiva de las buenas tierras usurpadas por los paramilitares, que acorde con fuentes oficiales pasan de tres y medio millones de hectáreas, y apenas la acción oficial ha redimido menos del 1% de tal monto? Relacionado con ello está precisamente el incumplimiento de los acuerdos firmados con la comunidad Nasa, incluido uno del 13 de septiembre de 2005, por los cuales el Estado se comprometió, según fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a restituir 15.000 hectáreas como compensación de la masacre del Nilo, en diciembre de 1991 donde murieron 20 indígenas, incluidos mujeres y niños.
Las reclamaciones indígenas tienen que ver además con la carencia de más de 400.000 de ellos de tierras aptas para cultivar. También se denuncia el asesinato en la impunidad, en los últimos seis años, de 1.253 indios y el desplazamiento forzado de sus territorios de por lo menos 54.000, lo cual ha puesto a 18 pueblos en riesgo de desaparición. Así mismo, la protesta está exigiendo la consulta masiva y obligatoria que sobre leyes como la Forestal o el Estatuto Rural, acorde con el Convenio 169 de la OIT, debe hacérseles y que ha sido desconocida por el gobierno. Por esa razón se cayó la primera de estas leyes y debe declararse inexequible la segunda, de acuerdo con la Procuraduría.
Contrario a lo que dice la columnista María Isabel Rueda, quien no cumple con la Constitución y la Ley es el Estado respecto a los pueblos indígenas, tienen protección y circunscripción especial por su carácter de minoría étnica. Tal convenio hace parte del bloque de constitucionalidad y Uribe lo sabe y es por eso que ordena comprar “a lo que valga” las tierras exigidas, vale aclarar que no es por magnanimidad.
A los indígenas los quieren exterminar y se les da trato de parias, además [del interés de] desposeerlos de sus territorios y de las riquezas naturales que allí existen, por una razón política: porque con su ejemplo y su Minga enseñan al resto a defender con organización, dignidad y firmeza sus derechos. Un mal ejemplo que puede cundir, muy grave en una dictadura cuyo montaje se va consolidando paulatinamente en Colombia. Son, en últimas, una de las antítesis sociales del proyecto uribista, contraria a él, son un contrafuerte de la Resistencia Civil.
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¡Paz – y justicia social!
