Tuesday, December 11, 2007

3a Conferencia Internacional sobre Colombia: Declaración de Bogotá, Nov 30, 2007

¡Hoooola!
Por lo que pueda valer, sigue aquí la Declaración de Bogotá de la tercera conferencia internacional sobre Colombia:

A ver si estas lindas palabras y promesas y llamados pueden poner en marcha algunos cambios para mejorar la situación de los más pobres en Colombia (y en otros países -- ya que el narcotráfico, por ejemplo, daña tanto a las poblaciones en los países de cultivo como a miles de individuos en los países de consumo).

Lean, si quieren, la Declaración entera (desde *** hasta *****).

¡Paz!

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DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
Bogotá, 30 de noviembre de 2007

Los días 29 y 30 de noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. D.C., la III Conferencia Internacional sobre Colombia, con el propósito de consolidar el diálogo político y de cooperación entre los países del G-24, la Sociedad Civil y el Gobierno colombiano. La Conferencia fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y del Gobierno colombiano.
Por Colombia participaron, además, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Alto Comisionado para la Paz y el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, quienes presentaron las propuestas del Gobierno Nacional sobre el proceso de fortalecimiento institucional, construcción de la paz y promoción de la convivencia y derechos humanos, la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia para el presente cuatrienio y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 'Estado Comunitario: Desarrollo para todos'.

Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24:
1. Reafirmando las Declaraciones de las conferencias de Londres (2003) y de Cartagena (2005), expresaron su satisfacción por la continuidad y la profundidad alcanzada por el Proceso Londres - Cartagena, experiencia única en el mundo, que ha enmarcado el diálogo tripartito entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional y valoraron la realización de la III Conferencia de Bogotá. Subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron, incluyendo los mecanismos establecidos. Así mismo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación con la sociedad civil y seguir trabajando en esta vía y reconocieron el compromiso de las organizaciones de sociedad civil en el proceso, habiéndose acogido favorablemente los puntos de vista de esas organizaciones como contribución importante a la construcción de la paz.
2. Reafirmaron su respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado. Expresaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr una mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y, de esta manera, garantizar el estado social de derecho y el respeto a los derechos humanos.
3. Respaldaron la lucha contra el terrorismo y las demás actividades asociadas al problema mundial de las drogas que libra el gobierno de Colombia. Reconocieron los esfuerzos en contra de la corrupción asociada al narcotráfico y reiteraron su compromiso con el principio de responsabilidad compartida, que orienta las acciones de la lucha contra el problema mundial de las drogas y el apoyo internacional a Colombia en el combate a este flagelo, que además tiene graves consecuencias sobre el medioambiente y afecta la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades localizadas en las zonas de cultivos ilícitos.
4. Valoraron los esfuerzos y reconocieron los logros del Gobierno colombiano en relación con la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para todos' y en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, cuyas metas han permitido reducir los porcentajes de la población en niveles de extrema pobreza y las inequidades. En este sentido, destacaron el compromiso del Gobierno en el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluyendo el desarrollo sostenible.
5. Recogieron el clamor del pueblo colombiano para el cese definitivo de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales que afecta el disfrute de libertades y derechos de la población. Ratificaron su total apoyo para que se desarrollen diálogos que conduzcan a una solución humanitaria integral y a la paz. Reconocieron el importante aporte de las iniciativas regionales y locales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque diferencial y de reconciliación. En el marco de procesos de diálogo con grupos armados ilegales deben tener un rol fundamental los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.
6. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro, y pongan fin a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Reiteraron su exigencia a estos grupos para que cumplan las recomendaciones correspondientes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Condenaron todo asesinato de personas secuestradas, cuya más visible manifestación ha sido el asesinato de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que murieron estando en el poder de las FARC. Destacaron que los secuestradores son responsables por las vidas y la salud de los secuestrados en su poder y exigieron de manera categórica su liberación inmediata y sin condicionamientos.
7. Destacaron los importantes esfuerzos en la prevención de violaciones en derechos humanos. Reconocieron en particular los avances logrados en el proceso de elaboración concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con amplios sectores de la sociedad civil. Instaron al Gobierno colombiano a desarrollar esfuerzos para comenzar la plena implementación del dicho plan. Valoraron la prórroga del Acuerdo, con mandato pleno, entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y resaltaron los avances y el esfuerzo evidenciado en la aplicación de sus recomendaciones. Así mismo, alentaron a continuar los esfuerzos para obtener resultados a la mayor brevedad posible.
8. Subrayaron el compromiso del Gobierno colombiano en relación con el fortalecimiento de las medidas y programas de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Así mismo, manifestaron su preocupación frente a casos y situaciones de agresiones en perjuicio de estas personas e hicieron un enérgico llamado a los grupos armados ilegales para que respeten sus derechos. Al mismo tiempo, instaron a profundizar las investigaciones dentro de la órbita de la justicia penal civil sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
9. Reconocieron los avances existentes, en relación con la atención y protección de la población desplazada, valorando también las acciones del Estado para mejorar la atención a grupos vulnerables, como la población afrodescendiente e indígena del país, incluyendo las acciones que lleva adelante en forma conjunta y coordinada con los diferentes actores humanitarios tanto nacionales como internacionales. En este contexto destacaron también la contribución de la ONU. No obstante los importantes avances, expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria y el desplazamiento en Colombia, y manifestaron la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta a los desplazados y a los demás grupos vulnerables.
10. Resaltaron la importancia que el Gobierno colombiano ha otorgado a los derechos y la protección de los niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia y su compromiso con la educación formal e informal como un medio para prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11. Manifestaron su preocupación por el aumento de víctimas de minas antipersonales en Colombia y exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente su fabricación y uso. Resaltaron la necesidad de implementar un plan de acción integral que proteja la población civil y asegure el derecho de las víctimas a la rehabilitación integral.
12. Destacaron los esfuerzos y avances del Estado para aplicar la justicia y esclarecer la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y reconocieron la contribución de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad. En este sentido, valoraron los procesos que les han permitido a las víctimas comenzar a reclamar sus derechos, y las respuestas que las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a articular. Señalaron que las víctimas deben tener un rol fundamental en los procesos de verdad, justicia y reparación, como una condición para lograr la paz duradera.
13. Reconocieron el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de las organizaciones de víctimas, reiterando su apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Manifestaron su preocupación frente a las amenazas y agresiones contra líderes de organizaciones de víctimas y solicitaron a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección y asegurar la libre participación y acceso a la información de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
14. Celebraron la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y condenaron a su vez la desaparición forzada resultado de las acciones de grupos armados ilegales , evidenciada a través del descubrimiento de múltiples fosas comunes en varias regiones del país en desarrollo principalmente de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, instan a todas las instituciones involucradas a acelerar la plena implementación de dicho plan y alientan al Gobierno colombiano a brindar todos los recursos necesarios para lograr la identificación de las víctimas de este crimen, de manera sostenible y coordinada.
15. Destacaron la realización de las elecciones regionales y locales del 28 de octubre y los esfuerzos del gobierno colombiano y de la sociedad civil, que contribuyeron a que se evidenciara el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Esto se manifestó en el incremento del voto en las zonas rurales, a pesar de las amenazas y atentados de los grupos armados ilegales para impedir el normal desarrollo del proceso electoral en algunas zonas del país. El pueblo colombiano acudió decididamente a los centros de votación, pudiéndose expresar libremente por sus preferencias políticas, dando lugar a un aumento de la participación electoral. Así mismo expresaron su reconocimiento a la labor de las Misiones de Observación Electoral de la sociedad civil y de la OEA e instaron al Estado colombiano a continuar su accionar contra prácticas irregulares como la compra de votos y procedimientos clientelistas, entre otras, con el fin de afianzar la credibilidad existente en la democracia colombiana.
16. Reconocieron los alcances de los procesos de desarme y desmovilización de personas y grupos armados al margen de la ley, incluyendo el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC- y las desmovilizaciones individuales de miembros de otros grupos armados ilegales. Destacaron el importante papel de la MAPP OEA en el proceso y resaltaron los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para consolidar el proceso de reintegración, subrayando la importancia de incluir a las comunidades receptoras. Expresaron la necesidad de incrementar estos esfuerzos para lograr una reintegración social y económica sostenible. Destacaron el desafío que significa para los procesos de reintegración el surgimiento de bandas criminales emergentes y la permanencia en algunas regiones de otros grupos armados ilegales. Instaron al Gobierno enfrentar esta problemática enérgicamente, fortaleciendo la institucionalidad.
17. Destacaron los avances en el proceso de coordinación de la cooperación internacional y los consensos alcanzados dentro del proceso de consulta de la Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno 2007-2010, en el que participaron la Comunidad Internacional, el Sistema Nacional de Cooperación y representantes de la Sociedad Civil nacional e internacional. Las tres áreas prioritarias de la Estrategia: Objetivos de desarrollo del milenio, Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente, y Reconciliación y gobernabilidad, formarán la base para la alineación de la cooperación que reciba Colombia.
18. Saludaron la adhesión de Colombia a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, y se comprometieron con el establecimiento de procesos y mecanismos que permitan avanzar en sus principios y consoliden los avances en esa materia. Manifestaron su satisfacción con los resultados del Proceso Londres - Cartagena y se comprometieron a seguir cooperando en un espíritu positivo y constructivo, proporcionando los recursos necesarios para financiar los programas de cooperación conjuntamente identificados y adoptados.

MARTIN ANTONIO BALZA
Embajador de la República de Argentina en Colombia

GILLES RIVARD
Vicepresidente para las Américas de la Agencia Canadiense para el Desarrollo

LENA NORDSTROM
Embajadora de Suecia en Colombia

El Gobierno Colombiano firma la actual Declaración en la medida en que participó en su concertación y reconoce los retos y metas que allí se reflejan como objetivos de su gestión.

FRANCISCO SANTOS CALDERON
Vicepresidente de la República de Colombia
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