Monday, November 13, 2006

Nuevo sitio web / New website in support of Sintracarbón and communities

New website in support of Sintracarbon and communities

Most of you are already aware of the North Shore Colombia Solidarity Committee website:
We've also launched a new site (still under construction) specifically to accompany the contract negotiations between the Cerrejon mine and Sintracarbon (the union at the mine) that will begin later this month.
Also check out support for Sintracarbon and the communities on the following site:

Sunday, November 12, 2006

Confrontación armada en el Medio Atrato

SE RECRUDECE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN EL MEDIO ATRATO Y
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS

El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.

El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".

El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.

El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.

Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:

a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.

Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.

Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:

DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.


DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria

-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.

-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.

Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.

Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA

Thursday, November 09, 2006

Acción urgente Curvaradó, Colombia -- carta ejemplar de protesta

La siguiente carta se refiere a repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.

Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:

- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co

- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co

- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822

- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co

- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co

- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co

o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.



(fecha, dirección del/de la remitente)

A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo

Estimados señores, Estimadas señoras

Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.

Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.

En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.

La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.

Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.

En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.

Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,

También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.

Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios

Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.

Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.

De su consideración
(su firma/sello)