COMUNICADO PUBLICO
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.
Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.
Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.
De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.
El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.
En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.
Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS
A LA FUERZA PÚBLICA
* El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
* No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
* Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.
A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN
* Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
* Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
* Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
* Que les respeten su autonomía.
AL MINISTERIO PÚBLICO
* Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
* Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
* Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.
SOLICITAMOS:
La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las víctimas de esta guerra.
Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una víctima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.
Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006 -- Equipo Misionero Vida, Justicia y Paz
Tuesday, October 31, 2006
Friday, October 27, 2006
I 76 CURVARADO Ocupación Empresarial de Territorios Colectivos ENRIQUE PETRO, AMENAZAS AGUILAS NEGRA
Comunicado recibido día 23 de octubre de 2006, 5:49 PM
INFORME 76
Curvaradó-Jiguamiandó
NUEVOS PLANES DE ACTUACION CONTRA ENRIQUE PETRO y ZONAS HUMANITARIAS
OCUPACION EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD DE PETRO
JUDICIALIZACION, AMENAZAS DE PRESION Y DE ATENTADOS
“Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)
RESUMEN
Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.
La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.
Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.
Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.
Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.
Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares.
Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.
SOLICITUDES
• Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales,
c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo,
d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios,
• Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico,
b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso;
c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó.
• A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó.
Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION [Margaret dice: no están en esta página -- porfa contactarme a través de la opción "comentario/comment" para que pueda enlazarl@s con los remitentes de este informe]
Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
INFORME 76
Curvaradó-Jiguamiandó
NUEVOS PLANES DE ACTUACION CONTRA ENRIQUE PETRO y ZONAS HUMANITARIAS
OCUPACION EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD DE PETRO
JUDICIALIZACION, AMENAZAS DE PRESION Y DE ATENTADOS
“Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)
RESUMEN
Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.
La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.
Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.
Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.
Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.
Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares.
Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.
SOLICITUDES
• Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales,
c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo,
d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios,
• Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico,
b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso;
c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó.
• A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó.
Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION [Margaret dice: no están en esta página -- porfa contactarme a través de la opción "comentario/comment" para que pueda enlazarl@s con los remitentes de este informe]
Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Enlaces -- DDHH en Colombia -- en español
ACNUR - El desplazamiento interno en Colombia: www.acnur.org/index.php?id_pag=565
Amig@s de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras resistencias civiles no violentas, en el Estado Español: http://www.acompaz.org
Colombia - Derechos Humanos - Informes: http://www.derechos.org/nizkor/colombia
Colombia Human Rights Network/Red de Derechos Humanos en Colombia: http://colhrnet.igc.org/
Human Rights Watch: http://www.humanrightswatch.org/doc/?t=spanish_americas&c=colomb
Peace Brigades International: http://www.peacebrigades.org/pbi-e.html
Amig@s de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras resistencias civiles no violentas, en el Estado Español: http://www.acompaz.org
Colombia - Derechos Humanos - Informes: http://www.derechos.org/nizkor/colombia
Colombia Human Rights Network/Red de Derechos Humanos en Colombia: http://colhrnet.igc.org/
Human Rights Watch: http://www.humanrightswatch.org/doc/?t=spanish_americas&c=colomb
Peace Brigades International: http://www.peacebrigades.org/pbi-e.html
TERCER ENCUENTRO INTERETNICO, Oct. 20/21, 2006
¡Hooola!
Este blog es una pequeña contribución personal desde Suiza para distribuir informes que me llegan desde Colombia, de muy buena fuente, y que tal vez no se pueden leer en los periódicos 'normales'.
Todo comentario será bienvenido, pero monitoreado por Su Servidora. ¡Graaacias!
Paz
M
COMUNICADO PÚBLICO
TERCER ENCUENTRO INTERETNICO
Comunidad indígena de Isla
Murindó, Antioquia
octubre 20 y 21 de 2006
Durante dos días nos reunimos delegados de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia -OIA-, los Cabildos Mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores OREWA, los Cabildos Mayores de Bojayá, y Carmen del Darien del departamento del chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de Estado, analizamos que:
1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palpa aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darien, la construcción de la carretera Mutatá–Pavarandó-Murindó-Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodecendientes de los municipios de Carmen de Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia).
2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de Estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.
3. En la región continua adelante la consolidación del modelo de Estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.
Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:
· Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.
· Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.
· Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.
· Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.
· Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.
· Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.
· Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.
· Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del Estado, quien hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el Estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.
· Decimos no al proceso de consulta previa porque el Estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.
· Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.
En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico políticas y la formación permanente de nuestras comunidades. Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los diez años de la operación génesis desarrollada por la brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.
Invitamos:
A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.
A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodecendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.
Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.
Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendas y apoyen nuestra propuesta.
22 de octubre de 2006
Comunidad indígena de Isla
Suscribe,
Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía
Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó
Organización Indígena de Antioquia -OIA-
Cabildo Mayor Indígena de Frontino
Cabildo Mayor Indígena de Urrao
Cabildo Mayor Indígena de Murindó
Cabildo Mayor Indígena de Vigía del Fuerte
Asociación de Cabildos Mayores OREWA
Cabildos Mayores Indígenas de Bojayá
Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darien
Comité Todos Unidos Por la Vida de Murindó
Instituciones acompañantes:
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación Jurídica Libertad
Diócesis de Quibdó
Este blog es una pequeña contribución personal desde Suiza para distribuir informes que me llegan desde Colombia, de muy buena fuente, y que tal vez no se pueden leer en los periódicos 'normales'.
Todo comentario será bienvenido, pero monitoreado por Su Servidora. ¡Graaacias!
Paz
M
COMUNICADO PÚBLICO
TERCER ENCUENTRO INTERETNICO
Comunidad indígena de Isla
Murindó, Antioquia
octubre 20 y 21 de 2006
Durante dos días nos reunimos delegados de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia -OIA-, los Cabildos Mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores OREWA, los Cabildos Mayores de Bojayá, y Carmen del Darien del departamento del chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de Estado, analizamos que:
1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palpa aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darien, la construcción de la carretera Mutatá–Pavarandó-Murindó-Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodecendientes de los municipios de Carmen de Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia).
2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de Estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.
3. En la región continua adelante la consolidación del modelo de Estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.
Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:
· Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.
· Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.
· Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.
· Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.
· Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.
· Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.
· Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.
· Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del Estado, quien hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el Estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.
· Decimos no al proceso de consulta previa porque el Estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.
· Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.
En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico políticas y la formación permanente de nuestras comunidades. Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los diez años de la operación génesis desarrollada por la brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.
Invitamos:
A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.
A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodecendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.
Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.
Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendas y apoyen nuestra propuesta.
22 de octubre de 2006
Comunidad indígena de Isla
Suscribe,
Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó
Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía
Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó
Organización Indígena de Antioquia -OIA-
Cabildo Mayor Indígena de Frontino
Cabildo Mayor Indígena de Urrao
Cabildo Mayor Indígena de Murindó
Cabildo Mayor Indígena de Vigía del Fuerte
Asociación de Cabildos Mayores OREWA
Cabildos Mayores Indígenas de Bojayá
Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darien
Comité Todos Unidos Por la Vida de Murindó
Instituciones acompañantes:
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación Jurídica Libertad
Diócesis de Quibdó
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