¡Hoola!
En estos días del Foro Económico Mundial (WEF), la reunión de los poderosos económicos en Davos, Suiza, estoy llena de vergüenza saber que el presidente y el ministro de asuntos exteriores de Colombia están charlando tranquilamente en la ciudad montañosa, un centro turístico de los más costosos del mundo. Mientras tanto, en Colombia, millones de hombres, mujeres y niñ@s al margen de la sociedad siguen a penas sobreviviendo la persecución y el desplazamiento, mucho de ello causado por la codicia que impulsa la gran mayoría de las empresas multinacionales. Algunas de ellas son suizas, una de las peores es Glencore - le otorgamos el "premio" Public Eye Award (enlace: http://www.evb.ch/p25013634.html - inglés).
Aquí un artículo contundente que quería compartir contigo, con Usted(es). El original se puede encontrar, por ejemplo, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62106:
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Silencio frente al terrorismo de Estado en Colombia, estridencia contra las acciones de las insurgencias
Por: Hugo Paternina Espinosa.
Madrid. Enero 19 de 2008.
Apuntes referenciales.
Veo la convocatoria que me hacen llegar vía email para que me sume el día cuatro de febrero a una movilización contra la FARC. No pongo en cuestión que la insurgencia en Colombia comete y ha cometido innumerables y despreciables actos que laceran la dignidad humana. No voy a enunciarlos aquí porque no es preciso seguir ahondando en el horror. Hay cosas que no son defendibles ni ideológica ni política ni éticamente hablando. Dicho lo anterior, lo que si quiero es expresar mi opinión en relación con el texto y el propósito de la convocatoria. Me resulta repugnante que las personas que se auto-consideran "de bien" en Colombia lancen soflamas y cualquier cantidad de epítetos contra las FARC, y, sin embargo, esa misma gente calla y ha callado de modo alevoso y cómplice ante los miles de crímenes cometidos por el paramilitarismo, con la anuencia, y eso podemos decirlo hoy con gran propiedad, del Estado colombiano.
Hoy conocemos por los mismos paramilitares la manera cómo importantes funcionarios del Estado contribuyeron a forjar su industria criminal y a que expandiera dicho fenómeno su corrosivo poder por todo el país, hasta el punto de llegar a permear todos los niveles del Estado y el gobierno. Hemos conocido entre otras muchas cosas, dónde están las fosas comunes, las que se conocen, por supuesto, y a cuantas miles de personas asesinaron y desaparecieron en todo el país, las que han reconocido, pues muchas victimas hoy por hoy no saben qué pasó con su o sus familiares, y tal y como va la cosa no lo sabrán puesto que las audiencias en donde han comparecido los jefes paramilitares y en donde se tenía previsto que contaran toda la verdad, sin ningún genero de duda, dejan la sensación que es más lo que siguen ocultando que lo que aclaran. Y ello para no referirnos que algunos de los familiares de las víctimas que asistieron a las audiencias demandando justicia y verdad terminaron siendo asesinadas [1] .
Por estas víctimas, hay que decirlo, nunca hubo una movilización y la ley de justicia y paz que hoy desarrolla el Gobierno de Uribe para conocer todo lo sucedido parece inexorablemente ahondar más en el ocultamiento que en el esclarecer lo acontecido. Y si alguien se movilizó en alguna ocasión por todas aquellas sonadas masacres y victimas, sin duda, no fueron precisamente las personas que hoy convocan con gran brío esta movilización, a la que se suma y con mucho entusiasmo, no podía ser de otra manera, el Diario el Tiempo.
El Uribismo calla frente a sus propios crímenes.
Para más INRI, hace poco Hernán Veloza [2], más conocido como H.H y quien fuera Jefe Paramilitar del Bloque Bananero y el Bloque Calima (2001) reconoció que en el sólo Urabá mandó a matar entre 1995 y 1996 a más de 1500 personas [3], es decir que, frente a esto las 336 muertes que Salvatore Mancuso reconoció en una de las audiencias en la ciudad de Medellín terminan siendo para muchos de sus acólitos nimias, insignificantes. Cabe decir que, entre los acólitos de Mancuso se encontraban miembros en el ramo de la justicia, en el gremio de ganadero, en la Policía y el ejército, y, por supuesto, en el Congreso de la República. En este organismo llegó a reconocer que al menos el 35% de los Congresistas que lo integran estaban a su disposición. Los hechos han terminado demostrando que las reiteradas denuncias de la oposición y de otros sectores sociales en relación con los vínculos existentes entre políticos y paramilitares eran una monumental realidad y no una invención como al principio se dijo desde el alto gobierno.
El último gran acólito y ello ha trascendido a los medios de comunicación, es Benito Osorio [4], Expresidente de la Fondo de Ganaderos de Córdoba, sobre todo en el periodo de afianzamiento del paramilitarismo en esa región y en Urabá, y quien fuera nombrado por Uribe a finales de diciembre en calidad de gobernador Encargado del paramilitarizado Departamento de Córdoba. Dos semana después de su nombramiento éste personaje y de quien se dice en Córdoba que era uno de los aupantes del paramilitarismo, --- no lo sabía acaso Uribe siendo ganadero y terrateniente en esa zona durante más de tres décadas---, el gobierno ha tenido que pedirle la renuncia, pues se comprobó, pese a haberlo negado, que en los momentos previos a su nombramiento fue a visitar a Salvatore Mancuso en su sitio de reclusión ¿de qué hablaron? ¿ por qué este nombramiento?
Y el tropel no para aquí, pues recientemente el gobierno de Colombia ha reconocido por fin, que, paramilitares y funcionarios del gobierno son los responsables del asesinato de 47 sindicalistas, lo que eleva a 267 los asesinados durante los últimos cincos años, es decir, en pleno mandato de Uribe y de la Seguridad Democrática , lo que convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical como así lo ha reconocido la OIT [5]. Hay que decir que, este reconocimiento es el resultado de la presión [6] que ha realizado el Congreso de los EEUU, de mayoría demócrata, por cierto, y quien le estaba exigiendo a Uribe que esclareciera dichos crímenes si quiere que le sea aprobado el Tratado de Libre Comercio. Es decir que, tuvo que esperarse que el amo del norte y la Unión Europea pidieran responsabilidades para que una parte de la verdad se supiera. Esto llega tarde: todos sabíamos que el Estado y el paramilitarismo en una simbiosis criminal eran y son los responsables de tales crímenes, sólo que poco se había hecho para asumirlo.
Y ello para no hablar de las campañas de limpieza, e incluso, las matanzas que siguen cometiendo los paramilitares después de la desmovilización en importantes ciudades del país. Salvo las centrales obreras, sectores del Polo Democrático y las ONGs de derechos humanos, a propósito consideradas por el Presidente Uribe en distintas ocasiones como áulicas del "terrorismo" y de la guerrilla, ¿quién se le ha movilizado contra estos crímenes?, desde luego no muchos/as de los que saldrán el día cuatro de febrero en una colorida comparsa y en donde se escuchará a la fija: no más secuestros de las FARC --no se mencionarán los que acomete el Estado-- fuera Hugo Chávez de Colombia, Piedad Córdoba vende Patria y, por supuesto, No al Despeje.
Gradiantes diferente frente a la vida y la muerte.
Frente a esto me pregunto, ¿por qué la "gente de bien" que hoy llama a movilizarse contra las FARC no se ha inmutado siquiera a suscribir una comunicación que denuncie todos los desafueros cometidos por el paramilitarismo y el Estado? En Colombia, sin duda, el gobierno y eso que llaman sociedad civil parece que les horroriza sólo un tipo de crímenes cometidos por un tipo de victimario y no los cometidos por todos los victimarios. El día que quienes convocan este tipo de manifestaciones me muestren una convocatoria que ponga en igualdad de condiciones a todas las víctimas y a todos los victimarios, ese día saldré a marchar, pues consideraré que se está atacando a todos los victimarios por igual y dignificando a todas las victima de forma simétrica.
¿Cuántas veces la Corte Interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica ha condenado al Estado colombiano por violación a los derechos humanos y cuántas manifestaciones por tales hechos han convocado "esta gente de bien" que ahora se expresan contra las FARC? No nos equivoquemos, hay que repudiar por principio ético los desafueros de la insurgencia, pero hay que huir de aquellas posturas que desde el Estado y el gobierno usan el dolor de las víctimas de la insurgencia para sacar réditos políticos y limpiar el sucio nombre de un gobierno que cada vez más le cuesta huir del descrédito; también hay que huir y a toda prisa de aquellos sectores de la sociedad civil que denuncian con toda bravura las tropelías de la guerrilla, pero, curiosa y contradictoriamente se quedan calladitos y hasta dan por bueno los horrendos crímenes del paramilitarismo y del Estado mismo.
A contracorriente.
Frente al contenido de la convocatoria, digo, efectivamente: estoy cansado de ver cómo la gran mayoría de los jóvenes en Colombia huyen de la falta de oportunidades; estoy cansado de ver como El Presidente Uribe nombra a amigos y personajes en el alto gobierno, los cuales luego deben renunciar porque se les demuestra relaciones y nexos con el narcoparamilitarismo, sin que asuma ninguna responsabilidad política por ello; estoy cansado de ver cómo las élites que mal gobiernan el país utilizan el patrimonialismo como herramienta para profundizar las diferencias sociales, económicas y políticas ya existentes; estoy cansado de ver cómo las elites en Colombia perdieron cuando han querido hacer la paz y también cuando han querido hacer la guerra; estoy cansado de ver cómo tres millones de desplazados/as, ---la mayoría de ellos/ellas responsabilidad del Estado y los paramilitares-- deambulan por las frías calles de Bogotá o de otras ciudades sin ninguna ayuda por parte del Estado;
Estoy cansado de ver como Ardila Lule, Julio Mario Santo-Domingo y demás representantes de los principales gremios económicos y financieros se llenan, mientras el 68% de la población vive en la miseria; estoy cansado de ver y oír cómo se cierran hospitales y clínicas y de saber que el ejercito se lleva una gran parte del presupuesto general de la nación, sin que la derrota de la insurgencia que una vez se prometió --con tanto candor-- se vea a la vuelta de la esquina como de modo ingenuo pensó y piensa Uribe y la élite que le respalda; estoy cansado que el Presidente Uribe le siga mintiendo al país sobre sus verdaderos nexos y los de sus familiares con el narcoparamilitarismo; estoy cansado de ver cómo Colombia es el corral del gobierno americano; estoy cansado de que me digan de que sin Uribe el país se cae; estoy cansado de que me digan de manera estúpida que la "insurgencia es terrorista" y el Estado y los paramilitares no lo son;
Estoy cansado de que la gente de manera torpe y en coro con el gobierno niegue y sin distancia crítica que en Colombia no hay un conflicto social y político y de que éste urge una solución política, si no que lo que existe es una amenaza terrorista; estoy cansado de la frágil memoria del país que da por buena las masacres de los paramilitares mientras repudia las de la guerrilla; estoy cansado de ver cómo los congresistas --y funcionarios nombrados por Uribe-- empiezan a ser condenados por paramilitarismo y se les condena sólo a ocho años de prisión, o menos, como en el caso del representante a la Cámara por el Departamento de Sucre, Carlos García, o como el del Senador por el Departamento del Atlántico, Dieb Maloof, mientras al señor de ruana le ponen penas inconcebibles por delitos menores.
De igual modo, estoy cansado de ver como los hijos de los políticos y gente con pocos meritos vienen a hacer alarde de haberse ganado becas para venir a estudiar a Europa, justo cuando sus padres podrían financiarles sus estudios y con ello dejar esa oportunidad a quien bien la necesita; estoy cansado de ver y oír que quien critica al gobierno está con él; estoy cansado de ver como Uribe desinstitucionaliza al Estado y acaba con lo poco de democracia que había; estoy cansado de ver como se militariza y narco-paramilitariza la sociedad sin que esa gente de bien se pronuncie con el mismo vigor como ahora pretende hacerlo; por último, estoy cansado de esta elite que mal gobierna a Colombia y por ello deseo que un día la gente se dé cuenta que hay la necesidad de proscribir a aquellos sectores comprometidos con la corrupción, la violencia oficial y todo tipo de desmanes contra los bienes del Estado y la gente más indefensa.
Uribe y Francisco Santos han dicho que Las FARC y las guerrillas son la peor amenaza de la democracia en América Latina y en el hemisferio occidental, me resisto a creer semejante estupidez funcional; la verdadera amenaza para el continente es la pobreza creciente y compleja que crece de la mano del neoliberalismo y de la globalización asimétrica que imponen los países del norte a los del sur y ello lo reconoce hasta el mismo George Soro, de profesión especulador.
Insisto, que por principio ético hay que condenar aquellos actos de la insurgencia que la niegan en los principios y fines que ella dice perseguir. No secundar la marcha que con rabioso sentimiento antifariano y antiinsurgente nos proponen sectores de la sociedad civil y los estamentos del Estado y el Gobierno, no significa que estemos admitiendo actos repudiables como los de Bojayá, Machuca, o la situación, por ejemplo, en la que Claras Rojas tuvo que hacer la gestación de su hijo Emmanuel y la manera como después éste fue separado de la misma.
Ello tampoco quiere decir que no se sienta uno conmovido por lo que tuvo que vivir Consuelo González de Perdomo y lo que viven el resto de las personas secuestradas, no, lo que quiero dejar claro es que no hay que ser instrumento político ni ideológico de nadie y menos de un sector de la sociedad civil que no ha tenido el valor de cuestionar ni denunciar los desafueros del paramilitarismo; y muchos menos, por cierto, del gobierno y del Estado, que solventes muestras ha dado y desde hace mucho tiempo atrás de ser el principal perpetrador de toda suerte de desafueros contra la población civil; unas veces teniendo como victimarios a la Policía y al Ejército de forma directa, u otras apoyando las sañas y el sadismo del narcoparamilitarismo.
Cuando la convocatoria tenga por fin denunciarlos a todos, entonces ese día yo encabezaré la marcha. Por lo pronto marchen contra las FARC, pero les recuerdo, otras familias en Colombia se siente agraviada por el Estado y los paramilitares y seguro que muchos de ustedes no lanzarán una consignas por ellas.
NOTAS:
[1] El caso de Yolanda Izquierdo es sólo uno entre varios casos. Esta líder terminó asesinada en Montería una vez denunció la manera como la Funpazcor, la ONG que Fidel y Carlos Castaño crearon para otorgar Tierras a los campesinos en Córdoba, llegó a denunciar el modo como Sor Teresa, suegra de Mono Leche – quien confesó haber matado a Carlos Castaño--- estaba presionando a los campesinos para que le devolvieran los título de propiedad de dichas tierras. Como dato curioso, Funpazcor siempre estuvo ubicada al Frente del Departamento de Policía en Córdoba y hace unos años (2001) cuando el CTI allanó esta entidad en unas acciones contra los activos del paramilitarismo y contra quienes le apoyaban, encontró que muchos miembros de la Policía Nacional aparecían en la nómina de dicha entidad.
[2] Hernán Veloza después de haber firmado en apariencia la desmovilización en 2001 se volvió a rearmar. Fue detenido en abril de 2007 y en teoría perdería todos los beneficios que le ofrece la ley de Justicia y Paz. Sobre el particular ver la siguiente web. http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/31/internacional/1193806973.html
[3] El paramilitar, sin embargo, que más personas ha confesado haber matado es Jorge Iván Laverde, Alias "el Iguano" o Pedro Frontera, y quien ha reconocido que por los menos 2000 personas murieron por orden suya, 200 de las cuales fueron ejecutada por él. Sobre el particular puede verse el artículo del Diario El Tiempo del 12 de septiembre de 2007. Ver versión digital. http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/home/articulo-web-nota_interior-3720375.html
[4] Sobre el particular puede verse un par en las siguientes paginas un par de artículo que es muy diciente y reafirma mi posición. La Revista Cambio fue el primer medio de comunicación que puso en evidencia lo que estaba pasando con el nombramiento realizado por Uribe. Preciso es anotar que, las primeras denuncias sobre los vínculo entre Benito Osorio y los paramilitares las hizo en el Congreso de la República el hoy senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, en particular, cuando se hizo el debate sobre el paramilitarismo en la Costa (agosto 2003). Ver. Cambio. http://www.cambio.com.co/paiscambio/759/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3922782.html . Ver Revista Semana. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108874
[5] Sobre el particular ver el esclarecedor informe de la Revista Cambio. Viernes 18 de enero de 2008.file:///C:/Documents%20and%20Settings/claudia/Escritorio/SINDICALISTAS1.htm
[6] Colombia está en el centro del interés del Congreso americano de mayoría Demócrata y ello como parte de la puja entre los Republicanos y los Demócratas por el ascenso al poder en las próximas elecciones para la Presidencia. En sectores importantes del Partido Demócrata se está exigiendo al Gobierno de George Bush que Uribe aclare sus vínculos con el narcoparamilitarismo y hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Está investigando las relaciones entre las multinacionales de EEUU y la financiación que las mismas hicieron en su día al paramilitarismo.
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Sunday, January 27, 2008
Wednesday, January 23, 2008
Colombia: Carta al Presidente de la República
¡Hoooola!
Acabo de recibir esta carta abierta publicada en El Espectador (http://www.elespectador.com/elespectador) el sábado pasado, 19 de enero de 2008. Hay que verla en el contexto de la liberación de dos secuestradas ilustres muy recientemente liberadas por las FARC bajo la atención mundial de los medios masivos. ¿Qué hay de casi 300 personas secuestradas más? ¿Quién se esfuerza a liberarlas? Pero también: ¿Qué hay de miles y miles de víctimas del paramilitarismo colombiano? A este problema se dirige la carta de Iván Cepeda Castro, que les transmito con todo mi respeto al valiente autor:
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LA FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, REENVÍA:
Carta al Presidente de la República
Iván Cepeda Castro
(http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20615)
Esta semana dirigí la siguiente carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez:
Sábado, 19 de enero de 2008
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio 'Once de noviembre' de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo 'Águilas Negras'. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
El Espectador, sábado, 19 de enero de 2008
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http://www.elespectador.com/elespectador
Acabo de recibir esta carta abierta publicada en El Espectador (http://www.elespectador.com/elespectador) el sábado pasado, 19 de enero de 2008. Hay que verla en el contexto de la liberación de dos secuestradas ilustres muy recientemente liberadas por las FARC bajo la atención mundial de los medios masivos. ¿Qué hay de casi 300 personas secuestradas más? ¿Quién se esfuerza a liberarlas? Pero también: ¿Qué hay de miles y miles de víctimas del paramilitarismo colombiano? A este problema se dirige la carta de Iván Cepeda Castro, que les transmito con todo mi respeto al valiente autor:
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LA FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, REENVÍA:
Carta al Presidente de la República
Iván Cepeda Castro
(http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20615)
Esta semana dirigí la siguiente carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez:
Sábado, 19 de enero de 2008
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio 'Once de noviembre' de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo 'Águilas Negras'. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
El Espectador, sábado, 19 de enero de 2008
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Monday, January 14, 2008
Colombia, Chocó: San José de Apartadó – Detrás de los medios
¡Hoola!
Con muy buen grado obedesco al llamado de difundir información sobre videos en YouTube sobre la situación en la comunidad de paz de San José de Apartadó en el Chocó colombiano.
¡Paz!
San José de Apartadó / Detrás de los medios
Por el prisma de los medios se filtra la manera cómo vemos y enfrentamos el conflicto social y político que padecemos como sociedad. "Detrás de los Medios" es un reporte del seguimiento al cubrimiento realizado por los medios masivos de comunicación a realidades que atañen, de manera directa, la vida de los procesos comunitarios y de resistencia civil de las comunidades campesinas en Colombia. El primer capítulo de esta serie analiza la manera como fue presentada por los medios audiovisuales la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Difunde y discute este material audiovisual:
- EN YOUTUBE:
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 1de3 10'54" http://youtube.com/watch?v=0T0bi9JCGK0
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 2de3 10'15" http://youtube.com/watch?v=AaPHM66cG94
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 3de3 7'57" http://youtube.com/watch?v=-5aAmrJs2Vo
- EN GOOGLEVIDEO:
Detras de los Medios / San José de Apartadó 29' http://video.google.com/videoplay?docid=-5587464689878279829&q=detras+de+los+medios+site%3Avideo.google.com&total=8&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
VISITA: http://comunicaciones.acantioquia.org
Puedes ver el video completo y leer artículos relacionados:
• La muerte sigue caminando en Urabá
• Los medios y el lenguaje embozado del poder
Una realización del:
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia.
Con muy buen grado obedesco al llamado de difundir información sobre videos en YouTube sobre la situación en la comunidad de paz de San José de Apartadó en el Chocó colombiano.
¡Paz!
San José de Apartadó / Detrás de los medios
Por el prisma de los medios se filtra la manera cómo vemos y enfrentamos el conflicto social y político que padecemos como sociedad. "Detrás de los Medios" es un reporte del seguimiento al cubrimiento realizado por los medios masivos de comunicación a realidades que atañen, de manera directa, la vida de los procesos comunitarios y de resistencia civil de las comunidades campesinas en Colombia. El primer capítulo de esta serie analiza la manera como fue presentada por los medios audiovisuales la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Difunde y discute este material audiovisual:
- EN YOUTUBE:
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 1de3 10'54" http://youtube.com/watch?v=0T0bi9JCGK0
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 2de3 10'15" http://youtube.com/watch?v=AaPHM66cG94
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 3de3 7'57" http://youtube.com/watch?v=-5aAmrJs2Vo
- EN GOOGLEVIDEO:
Detras de los Medios / San José de Apartadó 29' http://video.google.com/videoplay?docid=-5587464689878279829&q=detras+de+los+medios+site%3Avideo.google.com&total=8&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
VISITA: http://comunicacion
Puedes ver el video completo y leer artículos relacionados:
• La muerte sigue caminando en Urabá
• Los medios y el lenguaje embozado del poder
Una realización del:
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia.
ÁREA DE COMUNICACIONES - ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
Wednesday, January 09, 2008
Gobierno colombiano da luz verde a fumigaciones en resguardos indígenas
¡Hooola!
Te deseo, Les deseo un muy feliz año nuevo. Que el año 2008 nos traiga paz, justicia, libertad, buena salud.Acabo de recibir un enlace para un sitio web importante. Quisiera compartir la noticia preocupante contigo, con Ustedes:
El gobierno colombiano da luz verde a fumigaciones en resguardos indígenas
Líderes hablaron con Narco News sobre las amenazas que les presenta la “guerra contra las drogas” en sus territorios
Por Laura Del Castillo MatamorosEspecial para The Narco News Bulletin
22 de diciembre de 2007
Ibagué, Colombia.- En septiembre pasado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se negó a votar la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Argumentó que no podía firmar, porque supuestamente algunas disposiciones de la declaración contradecían el orden jurídico colombiano y los poderes del Estado. Cómo suele suceder en estos casos, ningún ente gubernamental, ni siquiera de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, pudo explicar claramente las extrañas ambigüedades de esta decisión.
[...]
***
Para leer el artículo completo, favor visitarhttp://www.narconews.com/Issue48/articulo2944.html
Tuesday, December 11, 2007
3a Conferencia Internacional sobre Colombia: Declaración de Bogotá, Nov 30, 2007
¡Hoooola!
Por lo que pueda valer, sigue aquí la Declaración de Bogotá de la tercera conferencia internacional sobre Colombia:
A ver si estas lindas palabras y promesas y llamados pueden poner en marcha algunos cambios para mejorar la situación de los más pobres en Colombia (y en otros países -- ya que el narcotráfico, por ejemplo, daña tanto a las poblaciones en los países de cultivo como a miles de individuos en los países de consumo).
Lean, si quieren, la Declaración entera (desde *** hasta *****).
¡Paz!
***
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
Bogotá, 30 de noviembre de 2007
Los días 29 y 30 de noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. D.C., la III Conferencia Internacional sobre Colombia, con el propósito de consolidar el diálogo político y de cooperación entre los países del G-24, la Sociedad Civil y el Gobierno colombiano. La Conferencia fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y del Gobierno colombiano.
Por Colombia participaron, además, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Alto Comisionado para la Paz y el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, quienes presentaron las propuestas del Gobierno Nacional sobre el proceso de fortalecimiento institucional, construcción de la paz y promoción de la convivencia y derechos humanos, la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia para el presente cuatrienio y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 'Estado Comunitario: Desarrollo para todos'.
Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24:
1. Reafirmando las Declaraciones de las conferencias de Londres (2003) y de Cartagena (2005), expresaron su satisfacción por la continuidad y la profundidad alcanzada por el Proceso Londres - Cartagena, experiencia única en el mundo, que ha enmarcado el diálogo tripartito entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional y valoraron la realización de la III Conferencia de Bogotá. Subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron, incluyendo los mecanismos establecidos. Así mismo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación con la sociedad civil y seguir trabajando en esta vía y reconocieron el compromiso de las organizaciones de sociedad civil en el proceso, habiéndose acogido favorablemente los puntos de vista de esas organizaciones como contribución importante a la construcción de la paz.
2. Reafirmaron su respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado. Expresaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr una mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y, de esta manera, garantizar el estado social de derecho y el respeto a los derechos humanos.
3. Respaldaron la lucha contra el terrorismo y las demás actividades asociadas al problema mundial de las drogas que libra el gobierno de Colombia. Reconocieron los esfuerzos en contra de la corrupción asociada al narcotráfico y reiteraron su compromiso con el principio de responsabilidad compartida, que orienta las acciones de la lucha contra el problema mundial de las drogas y el apoyo internacional a Colombia en el combate a este flagelo, que además tiene graves consecuencias sobre el medioambiente y afecta la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades localizadas en las zonas de cultivos ilícitos.
4. Valoraron los esfuerzos y reconocieron los logros del Gobierno colombiano en relación con la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para todos' y en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, cuyas metas han permitido reducir los porcentajes de la población en niveles de extrema pobreza y las inequidades. En este sentido, destacaron el compromiso del Gobierno en el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluyendo el desarrollo sostenible.
5. Recogieron el clamor del pueblo colombiano para el cese definitivo de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales que afecta el disfrute de libertades y derechos de la población. Ratificaron su total apoyo para que se desarrollen diálogos que conduzcan a una solución humanitaria integral y a la paz. Reconocieron el importante aporte de las iniciativas regionales y locales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque diferencial y de reconciliación. En el marco de procesos de diálogo con grupos armados ilegales deben tener un rol fundamental los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.
6. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro, y pongan fin a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Reiteraron su exigencia a estos grupos para que cumplan las recomendaciones correspondientes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Condenaron todo asesinato de personas secuestradas, cuya más visible manifestación ha sido el asesinato de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que murieron estando en el poder de las FARC. Destacaron que los secuestradores son responsables por las vidas y la salud de los secuestrados en su poder y exigieron de manera categórica su liberación inmediata y sin condicionamientos.
7. Destacaron los importantes esfuerzos en la prevención de violaciones en derechos humanos. Reconocieron en particular los avances logrados en el proceso de elaboración concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con amplios sectores de la sociedad civil. Instaron al Gobierno colombiano a desarrollar esfuerzos para comenzar la plena implementación del dicho plan. Valoraron la prórroga del Acuerdo, con mandato pleno, entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y resaltaron los avances y el esfuerzo evidenciado en la aplicación de sus recomendaciones. Así mismo, alentaron a continuar los esfuerzos para obtener resultados a la mayor brevedad posible.
8. Subrayaron el compromiso del Gobierno colombiano en relación con el fortalecimiento de las medidas y programas de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Así mismo, manifestaron su preocupación frente a casos y situaciones de agresiones en perjuicio de estas personas e hicieron un enérgico llamado a los grupos armados ilegales para que respeten sus derechos. Al mismo tiempo, instaron a profundizar las investigaciones dentro de la órbita de la justicia penal civil sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
9. Reconocieron los avances existentes, en relación con la atención y protección de la población desplazada, valorando también las acciones del Estado para mejorar la atención a grupos vulnerables, como la población afrodescendiente e indígena del país, incluyendo las acciones que lleva adelante en forma conjunta y coordinada con los diferentes actores humanitarios tanto nacionales como internacionales. En este contexto destacaron también la contribución de la ONU. No obstante los importantes avances, expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria y el desplazamiento en Colombia, y manifestaron la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta a los desplazados y a los demás grupos vulnerables.
10. Resaltaron la importancia que el Gobierno colombiano ha otorgado a los derechos y la protección de los niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia y su compromiso con la educación formal e informal como un medio para prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11. Manifestaron su preocupación por el aumento de víctimas de minas antipersonales en Colombia y exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente su fabricación y uso. Resaltaron la necesidad de implementar un plan de acción integral que proteja la población civil y asegure el derecho de las víctimas a la rehabilitación integral.
12. Destacaron los esfuerzos y avances del Estado para aplicar la justicia y esclarecer la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y reconocieron la contribución de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad. En este sentido, valoraron los procesos que les han permitido a las víctimas comenzar a reclamar sus derechos, y las respuestas que las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a articular. Señalaron que las víctimas deben tener un rol fundamental en los procesos de verdad, justicia y reparación, como una condición para lograr la paz duradera.
13. Reconocieron el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de las organizaciones de víctimas, reiterando su apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Manifestaron su preocupación frente a las amenazas y agresiones contra líderes de organizaciones de víctimas y solicitaron a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección y asegurar la libre participación y acceso a la información de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
14. Celebraron la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y condenaron a su vez la desaparición forzada resultado de las acciones de grupos armados ilegales , evidenciada a través del descubrimiento de múltiples fosas comunes en varias regiones del país en desarrollo principalmente de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, instan a todas las instituciones involucradas a acelerar la plena implementación de dicho plan y alientan al Gobierno colombiano a brindar todos los recursos necesarios para lograr la identificación de las víctimas de este crimen, de manera sostenible y coordinada.
15. Destacaron la realización de las elecciones regionales y locales del 28 de octubre y los esfuerzos del gobierno colombiano y de la sociedad civil, que contribuyeron a que se evidenciara el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Esto se manifestó en el incremento del voto en las zonas rurales, a pesar de las amenazas y atentados de los grupos armados ilegales para impedir el normal desarrollo del proceso electoral en algunas zonas del país. El pueblo colombiano acudió decididamente a los centros de votación, pudiéndose expresar libremente por sus preferencias políticas, dando lugar a un aumento de la participación electoral. Así mismo expresaron su reconocimiento a la labor de las Misiones de Observación Electoral de la sociedad civil y de la OEA e instaron al Estado colombiano a continuar su accionar contra prácticas irregulares como la compra de votos y procedimientos clientelistas, entre otras, con el fin de afianzar la credibilidad existente en la democracia colombiana.
16. Reconocieron los alcances de los procesos de desarme y desmovilización de personas y grupos armados al margen de la ley, incluyendo el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC- y las desmovilizaciones individuales de miembros de otros grupos armados ilegales. Destacaron el importante papel de la MAPP OEA en el proceso y resaltaron los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para consolidar el proceso de reintegración, subrayando la importancia de incluir a las comunidades receptoras. Expresaron la necesidad de incrementar estos esfuerzos para lograr una reintegración social y económica sostenible. Destacaron el desafío que significa para los procesos de reintegración el surgimiento de bandas criminales emergentes y la permanencia en algunas regiones de otros grupos armados ilegales. Instaron al Gobierno enfrentar esta problemática enérgicamente, fortaleciendo la institucionalidad.
17. Destacaron los avances en el proceso de coordinación de la cooperación internacional y los consensos alcanzados dentro del proceso de consulta de la Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno 2007-2010, en el que participaron la Comunidad Internacional, el Sistema Nacional de Cooperación y representantes de la Sociedad Civil nacional e internacional. Las tres áreas prioritarias de la Estrategia: Objetivos de desarrollo del milenio, Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente, y Reconciliación y gobernabilidad, formarán la base para la alineación de la cooperación que reciba Colombia.
18. Saludaron la adhesión de Colombia a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, y se comprometieron con el establecimiento de procesos y mecanismos que permitan avanzar en sus principios y consoliden los avances en esa materia. Manifestaron su satisfacción con los resultados del Proceso Londres - Cartagena y se comprometieron a seguir cooperando en un espíritu positivo y constructivo, proporcionando los recursos necesarios para financiar los programas de cooperación conjuntamente identificados y adoptados.
MARTIN ANTONIO BALZA
Embajador de la República de Argentina en Colombia
GILLES RIVARD
Vicepresidente para las Américas de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
LENA NORDSTROM
Embajadora de Suecia en Colombia
El Gobierno Colombiano firma la actual Declaración en la medida en que participó en su concertación y reconoce los retos y metas que allí se reflejan como objetivos de su gestión.
FRANCISCO SANTOS CALDERON
Vicepresidente de la República de Colombia
*****
Por lo que pueda valer, sigue aquí la Declaración de Bogotá de la tercera conferencia internacional sobre Colombia:
A ver si estas lindas palabras y promesas y llamados pueden poner en marcha algunos cambios para mejorar la situación de los más pobres en Colombia (y en otros países -- ya que el narcotráfico, por ejemplo, daña tanto a las poblaciones en los países de cultivo como a miles de individuos en los países de consumo).
Lean, si quieren, la Declaración entera (desde *** hasta *****).
¡Paz!
***
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
Bogotá, 30 de noviembre de 2007
Los días 29 y 30 de noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. D.C., la III Conferencia Internacional sobre Colombia, con el propósito de consolidar el diálogo político y de cooperación entre los países del G-24, la Sociedad Civil y el Gobierno colombiano. La Conferencia fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y del Gobierno colombiano.
Por Colombia participaron, además, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Alto Comisionado para la Paz y el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, quienes presentaron las propuestas del Gobierno Nacional sobre el proceso de fortalecimiento institucional, construcción de la paz y promoción de la convivencia y derechos humanos, la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia para el presente cuatrienio y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 'Estado Comunitario: Desarrollo para todos'.
Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24:
1. Reafirmando las Declaraciones de las conferencias de Londres (2003) y de Cartagena (2005), expresaron su satisfacción por la continuidad y la profundidad alcanzada por el Proceso Londres - Cartagena, experiencia única en el mundo, que ha enmarcado el diálogo tripartito entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional y valoraron la realización de la III Conferencia de Bogotá. Subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron, incluyendo los mecanismos establecidos. Así mismo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación con la sociedad civil y seguir trabajando en esta vía y reconocieron el compromiso de las organizaciones de sociedad civil en el proceso, habiéndose acogido favorablemente los puntos de vista de esas organizaciones como contribución importante a la construcción de la paz.
2. Reafirmaron su respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado. Expresaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr una mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y, de esta manera, garantizar el estado social de derecho y el respeto a los derechos humanos.
3. Respaldaron la lucha contra el terrorismo y las demás actividades asociadas al problema mundial de las drogas que libra el gobierno de Colombia. Reconocieron los esfuerzos en contra de la corrupción asociada al narcotráfico y reiteraron su compromiso con el principio de responsabilidad compartida, que orienta las acciones de la lucha contra el problema mundial de las drogas y el apoyo internacional a Colombia en el combate a este flagelo, que además tiene graves consecuencias sobre el medioambiente y afecta la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades localizadas en las zonas de cultivos ilícitos.
4. Valoraron los esfuerzos y reconocieron los logros del Gobierno colombiano en relación con la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para todos' y en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, cuyas metas han permitido reducir los porcentajes de la población en niveles de extrema pobreza y las inequidades. En este sentido, destacaron el compromiso del Gobierno en el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluyendo el desarrollo sostenible.
5. Recogieron el clamor del pueblo colombiano para el cese definitivo de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales que afecta el disfrute de libertades y derechos de la población. Ratificaron su total apoyo para que se desarrollen diálogos que conduzcan a una solución humanitaria integral y a la paz. Reconocieron el importante aporte de las iniciativas regionales y locales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque diferencial y de reconciliación. En el marco de procesos de diálogo con grupos armados ilegales deben tener un rol fundamental los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.
6. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro, y pongan fin a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Reiteraron su exigencia a estos grupos para que cumplan las recomendaciones correspondientes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Condenaron todo asesinato de personas secuestradas, cuya más visible manifestación ha sido el asesinato de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que murieron estando en el poder de las FARC. Destacaron que los secuestradores son responsables por las vidas y la salud de los secuestrados en su poder y exigieron de manera categórica su liberación inmediata y sin condicionamientos.
7. Destacaron los importantes esfuerzos en la prevención de violaciones en derechos humanos. Reconocieron en particular los avances logrados en el proceso de elaboración concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con amplios sectores de la sociedad civil. Instaron al Gobierno colombiano a desarrollar esfuerzos para comenzar la plena implementación del dicho plan. Valoraron la prórroga del Acuerdo, con mandato pleno, entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y resaltaron los avances y el esfuerzo evidenciado en la aplicación de sus recomendaciones. Así mismo, alentaron a continuar los esfuerzos para obtener resultados a la mayor brevedad posible.
8. Subrayaron el compromiso del Gobierno colombiano en relación con el fortalecimiento de las medidas y programas de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Así mismo, manifestaron su preocupación frente a casos y situaciones de agresiones en perjuicio de estas personas e hicieron un enérgico llamado a los grupos armados ilegales para que respeten sus derechos. Al mismo tiempo, instaron a profundizar las investigaciones dentro de la órbita de la justicia penal civil sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
9. Reconocieron los avances existentes, en relación con la atención y protección de la población desplazada, valorando también las acciones del Estado para mejorar la atención a grupos vulnerables, como la población afrodescendiente e indígena del país, incluyendo las acciones que lleva adelante en forma conjunta y coordinada con los diferentes actores humanitarios tanto nacionales como internacionales. En este contexto destacaron también la contribución de la ONU. No obstante los importantes avances, expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria y el desplazamiento en Colombia, y manifestaron la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta a los desplazados y a los demás grupos vulnerables.
10. Resaltaron la importancia que el Gobierno colombiano ha otorgado a los derechos y la protección de los niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia y su compromiso con la educación formal e informal como un medio para prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11. Manifestaron su preocupación por el aumento de víctimas de minas antipersonales en Colombia y exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente su fabricación y uso. Resaltaron la necesidad de implementar un plan de acción integral que proteja la población civil y asegure el derecho de las víctimas a la rehabilitación integral.
12. Destacaron los esfuerzos y avances del Estado para aplicar la justicia y esclarecer la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y reconocieron la contribución de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad. En este sentido, valoraron los procesos que les han permitido a las víctimas comenzar a reclamar sus derechos, y las respuestas que las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a articular. Señalaron que las víctimas deben tener un rol fundamental en los procesos de verdad, justicia y reparación, como una condición para lograr la paz duradera.
13. Reconocieron el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de las organizaciones de víctimas, reiterando su apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Manifestaron su preocupación frente a las amenazas y agresiones contra líderes de organizaciones de víctimas y solicitaron a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección y asegurar la libre participación y acceso a la información de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
14. Celebraron la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y condenaron a su vez la desaparición forzada resultado de las acciones de grupos armados ilegales , evidenciada a través del descubrimiento de múltiples fosas comunes en varias regiones del país en desarrollo principalmente de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, instan a todas las instituciones involucradas a acelerar la plena implementación de dicho plan y alientan al Gobierno colombiano a brindar todos los recursos necesarios para lograr la identificación de las víctimas de este crimen, de manera sostenible y coordinada.
15. Destacaron la realización de las elecciones regionales y locales del 28 de octubre y los esfuerzos del gobierno colombiano y de la sociedad civil, que contribuyeron a que se evidenciara el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Esto se manifestó en el incremento del voto en las zonas rurales, a pesar de las amenazas y atentados de los grupos armados ilegales para impedir el normal desarrollo del proceso electoral en algunas zonas del país. El pueblo colombiano acudió decididamente a los centros de votación, pudiéndose expresar libremente por sus preferencias políticas, dando lugar a un aumento de la participación electoral. Así mismo expresaron su reconocimiento a la labor de las Misiones de Observación Electoral de la sociedad civil y de la OEA e instaron al Estado colombiano a continuar su accionar contra prácticas irregulares como la compra de votos y procedimientos clientelistas, entre otras, con el fin de afianzar la credibilidad existente en la democracia colombiana.
16. Reconocieron los alcances de los procesos de desarme y desmovilización de personas y grupos armados al margen de la ley, incluyendo el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC- y las desmovilizaciones individuales de miembros de otros grupos armados ilegales. Destacaron el importante papel de la MAPP OEA en el proceso y resaltaron los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para consolidar el proceso de reintegración, subrayando la importancia de incluir a las comunidades receptoras. Expresaron la necesidad de incrementar estos esfuerzos para lograr una reintegración social y económica sostenible. Destacaron el desafío que significa para los procesos de reintegración el surgimiento de bandas criminales emergentes y la permanencia en algunas regiones de otros grupos armados ilegales. Instaron al Gobierno enfrentar esta problemática enérgicamente, fortaleciendo la institucionalidad.
17. Destacaron los avances en el proceso de coordinación de la cooperación internacional y los consensos alcanzados dentro del proceso de consulta de la Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno 2007-2010, en el que participaron la Comunidad Internacional, el Sistema Nacional de Cooperación y representantes de la Sociedad Civil nacional e internacional. Las tres áreas prioritarias de la Estrategia: Objetivos de desarrollo del milenio, Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente, y Reconciliación y gobernabilidad, formarán la base para la alineación de la cooperación que reciba Colombia.
18. Saludaron la adhesión de Colombia a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, y se comprometieron con el establecimiento de procesos y mecanismos que permitan avanzar en sus principios y consoliden los avances en esa materia. Manifestaron su satisfacción con los resultados del Proceso Londres - Cartagena y se comprometieron a seguir cooperando en un espíritu positivo y constructivo, proporcionando los recursos necesarios para financiar los programas de cooperación conjuntamente identificados y adoptados.
MARTIN ANTONIO BALZA
Embajador de la República de Argentina en Colombia
GILLES RIVARD
Vicepresidente para las Américas de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
LENA NORDSTROM
Embajadora de Suecia en Colombia
El Gobierno Colombiano firma la actual Declaración en la medida en que participó en su concertación y reconoce los retos y metas que allí se reflejan como objetivos de su gestión.
FRANCISCO SANTOS CALDERON
Vicepresidente de la República de Colombia
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Monday, December 10, 2007
Agrocombustibles: Debate hoy en Canal del Congreso
Agrocombustibles: un fracaso ambiental y social anunciado.
"¿Cómo es posible que un país que mantiene niveles de inseguridad alimentaria del 60% en sus campos y de cerca del 40% en sus ciudades, se decida utilizar grandes cantidades de agua, tierra, insumos y alimentos para crear combustibles, deteriorando la calidad de vida y del ambiente?", se preguntó el Senador Alexander López.
En el debate, el Senador también denunció la explotación laboral que ejerce la
agroindustria del azúcar y el etanol en el Valle del Cauca y en el Cauca.
Alexánder López
Viernes 7 de diciembre de 2007
En el debate de control político llevado a cabo en el día 5 de diciembre en la comisión VI del Senado de la República y citado por el Senador del Polo Democrático Alexander López y que contó con la participación del ministro de agricultura Andrés Felipe Arias y de la viceministra de la cartera ambiental Claudia Mora Pineda y en el cual se debatió la política del gobierno con respecto a los agrocombustibles, el Senador citante denunció los nocivos efectos económicos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria producto de la promoción institucional de estos procesos agroindustriales, y que solo en el Valle del Cauca reciben del Gobierno Nacional subsidios del orden de 150 millones de dólares al año.
"¿Cómo es posible que un país que mantiene niveles de inseguridad alimentaria del 60% en sus campos y de cerca del 40% en sus ciudades, se decida utilizar grandes cantidades de agua, tierra, insumos y alimentos para crear combustibles, deteriorando la calidad de vida y del ambiente?" Cuestionó el Senador sin encontrar respuestas concluyentes de parte de los funcionarios citados.
El Senador también denunció la explotación laboral que ejerce la agroindustria del azúcar y el etanol en el Valle del Cauca y en el Cauca, y advirtió que "los corteros de caña apenas si alcanzan al salario mínimo, son subcontratados sin que se les respeten los mínimos derechos laborales, y son despedidos y precarizados por este modelo para el que no existen los campesinos sino los grandes negocios de los terratenientes" En este mismo debate fue puesto en circulación un documento falso, que contenía las respuestas a un cuestionario enviado por el senador López al Ministro del Medio Ambiente. El documento fue entregado a los senadores integrantes de la Comisión en papelería del Ministerio y con los nombres de funcionarios de la entidad gubernamental sin ser radicado en la Comisión VI. La Viceministra Mora Pineda señaló que el origen del documento correspondía a un memorando enviado por correo electrónico a su despacho por funcionarios del gremio de los dueños de los ingenios azucareros- Asocaña.
Ante esto el Senador concluyó: "Este acto reprochable reitera la falta de respeto que los grandes gremios económicos tienen frente a las instituciones del país, aún cuando las políticas del Gobierno Nacional han sido tan proclives a sus intereses. Queda un manto de duda sobre la autonomía e independencia del Gobierno Nacional tanto en este suceso como en las decisiones tomadas frente a las políticas económicas agrarias y ambientales del país a favor, esta vez, de los intereses de una exclusiva minoría como lo son los dueños de la agroindustria azucarera y en detrimento de la mayoría de la población".
El debate será retransmitido el día lunes 10 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. por el Canal del Congreso.
Oficina de Prensa/ Senador Alexander López Maya
"¿Cómo es posible que un país que mantiene niveles de inseguridad alimentaria del 60% en sus campos y de cerca del 40% en sus ciudades, se decida utilizar grandes cantidades de agua, tierra, insumos y alimentos para crear combustibles, deteriorando la calidad de vida y del ambiente?", se preguntó el Senador Alexander López.
En el debate, el Senador también denunció la explotación laboral que ejerce la
agroindustria del azúcar y el etanol en el Valle del Cauca y en el Cauca.
Alexánder López
Viernes 7 de diciembre de 2007
En el debate de control político llevado a cabo en el día 5 de diciembre en la comisión VI del Senado de la República y citado por el Senador del Polo Democrático Alexander López y que contó con la participación del ministro de agricultura Andrés Felipe Arias y de la viceministra de la cartera ambiental Claudia Mora Pineda y en el cual se debatió la política del gobierno con respecto a los agrocombustibles, el Senador citante denunció los nocivos efectos económicos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria producto de la promoción institucional de estos procesos agroindustriales, y que solo en el Valle del Cauca reciben del Gobierno Nacional subsidios del orden de 150 millones de dólares al año.
"¿Cómo es posible que un país que mantiene niveles de inseguridad alimentaria del 60% en sus campos y de cerca del 40% en sus ciudades, se decida utilizar grandes cantidades de agua, tierra, insumos y alimentos para crear combustibles, deteriorando la calidad de vida y del ambiente?" Cuestionó el Senador sin encontrar respuestas concluyentes de parte de los funcionarios citados.
El Senador también denunció la explotación laboral que ejerce la agroindustria del azúcar y el etanol en el Valle del Cauca y en el Cauca, y advirtió que "los corteros de caña apenas si alcanzan al salario mínimo, son subcontratados sin que se les respeten los mínimos derechos laborales, y son despedidos y precarizados por este modelo para el que no existen los campesinos sino los grandes negocios de los terratenientes" En este mismo debate fue puesto en circulación un documento falso, que contenía las respuestas a un cuestionario enviado por el senador López al Ministro del Medio Ambiente. El documento fue entregado a los senadores integrantes de la Comisión en papelería del Ministerio y con los nombres de funcionarios de la entidad gubernamental sin ser radicado en la Comisión VI. La Viceministra Mora Pineda señaló que el origen del documento correspondía a un memorando enviado por correo electrónico a su despacho por funcionarios del gremio de los dueños de los ingenios azucareros- Asocaña.
Ante esto el Senador concluyó: "Este acto reprochable reitera la falta de respeto que los grandes gremios económicos tienen frente a las instituciones del país, aún cuando las políticas del Gobierno Nacional han sido tan proclives a sus intereses. Queda un manto de duda sobre la autonomía e independencia del Gobierno Nacional tanto en este suceso como en las decisiones tomadas frente a las políticas económicas agrarias y ambientales del país a favor, esta vez, de los intereses de una exclusiva minoría como lo son los dueños de la agroindustria azucarera y en detrimento de la mayoría de la población".
El debate será retransmitido el día lunes 10 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. por el Canal del Congreso.
Oficina de Prensa/ Senador Alexander López Maya
Thursday, December 06, 2007
Colombia: Acuerdo Humanitario, ¡Ya!
¡Hooola!
Me llega el llamado siguiente a una petición -- si quieres participar, contacte a l@s compañer@s de ASOLATINO (ver dirección-e al final):
*****
COLOMBIA – Acuerdo Humanitario, ¡Ya!
Me llega el llamado siguiente a una petición -- si quieres participar, contacte a l@s compañer@s de ASOLATINO (ver dirección-e al final):
*****
COLOMBIA – Acuerdo Humanitario, ¡Ya!
(Extracto del llamado de los intelectuales y artistas por el intercambio humanitario en Colombia, septiembre 2007).
Valoramos enormemente las gestiones del presidente Hugo Chávez, la senadora Piedad Córdoba, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y los países amigos por el acuerdo humanitario, invocamos la sensatez y la prudencia para la continuidad del mantenimiento de los lazos de hermandad de los pueblos de Colombia y Venezuela, exigimos el intercambio humanitario para la liberación de todos los rehenes en manos de las FARC y los presos politicos colombianos detenidos injustamente, llamamos al diálogo por una solución política negociada al conflicto colombiano.
Asociacion Solidaridad Latinoamericana – www.asolatino.ch
*****
Para pedir folletos de petición y para más informaciones, favor contactar
asolatino[arroba]yahoo[punto]es
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