Miércoles, 06 Dec 2006
Por Helda Martínez, IPS (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39535)
El gobierno colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, en una mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y despojo de tierras de minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado de [Colombia].
La producción de combustibles a partir de ciertos cultivos, una alternativa de energía limpia que atrae cada día más interés mundial, en Colombia está teñida por la guerra de más de cuatro décadas y por denuncias de violaciones a los derechos humanos y al ambiente.
En 2008, [Colombia] producirá 645.000 toneladas anuales de biodiésel extraído de la palma aceitera, como resultado de ocho megaproyectos, cuatro de ellos ya en ejecución y el resto en carpeta, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
La producción de biodiésel se sumará a la de etanol, alcohol carburante extraído de la caña de azúcar, que en Colombia se utiliza desde 2005, con cinco plantas en funcionamiento y una producción mensual de 25 millones de litros que surten al suroccidente del país y a Bogotá, confirmó a IPS el ingeniero Johan Martínez, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.
El etanol, cuya combustión emite menos gases nocivos que los derivados del petróleo, ya se utiliza mezclado con la gasolina en una proporción de 10 por ciento, con una perspectiva de llegar a 25 por ciento en un plazo de 20 años. De manera simultánea, se adelantan proyectos para extraer etanol de otros vegetales, yuca, papa y remolacha, cuyo cultivo masivo se realizará en zonas alejadas de selvas y bosques, y por tanto no los pondrán en riesgo, afirma el Ministerio de Agricultura. Mientras, la extensión de plantaciones de palma aceitera es acompañada de críticas crecientes dentro y fuera del país.
En Colombia hay 285.000 hectáreas de cultivos de palma africana, principal cultivo destinado a producción de biocombustibles, afirma Fedepalma. Al iniciar su segundo mandato consecutivo, en agosto de este año, el presidente Álvaro Uribe anunció su propósito de alcanzar en los próximos cuatro años un millón de hectáreas de palma, cuya expansión se ha sostenido desde mediados de los años 60. En 2003 había 118.000 hectáreas del monocultivo. Tres años después, la superficie es más del doble.
La palma se concentra especialmente en inmediaciones de la costa norte y Caribe del país, en los departamentos del Magdalena y Sucre, en la costa del océano Pacífico, departamento del Chocó --el de mayor biodiversidad del país, según el Ministerio de Medio Ambiente-- y en los Llanos del centro-oriente.
"La región de los Llanos es la que más nos preocupa en este momento, pues no tenemos información clara y precisa ", dijo a IPS el investigador Darío Mejía, de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
"En silencio se ha iniciado la compra de grandes extensiones de tierra, han llegado hasta comunidades indígenas, distantes entre ellas, sin posibilidades de comunicación e información, a las que las compañías extranjeras visitan, cuentan maravillas y les hacen firmar documentos sin que ellos conozcan la realidad de los hechos", aseveró. "Las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de sangre y lágrimas de las comunidades negras y campesinas", afirma en el sitio web de la organización no gubernamental Censat - Agua Viva, su directora, Tatiana Roa. "Es la historia de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que proponen los defensores del biodiésel", agrega. En opinión de Mejía, las consecuencias de los monocultivos en general, y de la palma aceitera en particular, son de orden político y cultural.
"Este tipo de megaproyectos aumenta la concentración de la tierra en pocas manos y favorece la continuidad de despojo territorial que han sufrido las comunidades indígenas durante todas las épocas a partir de la llamada conquista española", estimó. Además, "modifican las costumbres de variedad de cultivos que aportan y aseguran producción de alimentos y que favorecen la riqueza natural de la tierra, contrario a las consecuencias de los monocultivos", sostuvo. "Si bien la situación de Chocó es triste e indignante, por lo menos (sus habitantes) ya conocen lo que está pasando, e incluso se han formulado denuncias públicas por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público", sostuvo Mejía.
La gravedad de esas denuncias llevó al Ministerio de Agricultura a crear en abril una unidad de investigación, según la cual "por lo menos 25.000 hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, (que habían sido) adjudicadas por el Estado a comunidades negras, fueron adquiridas por particulares a través de títulos ilegítimos". Esa unidad detectó adquisiciones ilegales en localidades con inmensas riquezas naturales, marcadas en las últimas dos décadas por desplazamiento y muerte, como Jiguamiandó y Curvaradó, en los municipios de Carmen del arién y Belén de Bajirá, en el noroccidental Chocó.
Según la Ley Segunda de 1959, la Cuenca delPacífico es una reserva forestal. Además, la Constitución de 1991 ordenó expedir una norma de reconocimiento de derechos de las comunidades negras sobre tierras ancestrales, y la legislación 70 de 1993 estableció las "tierras comunales de los grupos étnicos" de esa zona.
En 2000, las resoluciones gubernamentales 2801 y 2809 adjudicaron a las comunidades negras terrenos baldíos en Curvaradó y Jiguamiandó, en los que hoy operan empresas dedicadas a cultivos agroindustriales.
La situación originó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de esos derechos de las comunidades. En marzo de 2003, la CIDH accedió a la petición, y en febrero de este año instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Urabá chocoano.
La zona está conformada por 105.000 hectáreas, y sobre 33.000 de ellas se dirime el conflicto entre las comunidades negras, empresas privadas, el Estado y milicias paramilitares ilegales, según el informe del Ministerio de Agricultura. Pese a las constataciones de esa cartera, la ampliación de cultivos de palma aceitera es fomentada por el proyecto de Ley de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en octubre por la Comisión Quinta del Senado. La Cámara de Representantes podría tratarlo en el primer trimestre de 2007.
Acerca de las adquisiciones ilegítimas de tierras, el procurador general Edgardo Maya dijo al semanario El Espectador que son prácticas "ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias a sus derechos territoriales, en varios casos con participación activa de grupos armados al margen de la ley".
IPS procuró con insistencia conocer la opinión de los cultivadores e industriales agrupados en Fedepalma acerca de las denuncias, pero la única respuesta que obtuvo fue el envío de información sobre los beneficios sociales y económicos de la producción de biodiésel que, por otra parte, pueden ser consultados en el sitio web de la entidad.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39535
Wednesday, December 27, 2006
Sunday, December 17, 2006
Costa caribe/Caribbean Coast: Threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders
English translation below.
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON “SINTRACARBON” Personería Jurídica No. 000109 del 18 de enero de 1996
DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL
El sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria del Carbón “Sintracarbón”, ante los últimos hechos ocurridos en el país, y más concretamente en la costa caribe colombiana, a raíz de la coyuntura política de la desmovilización de los grupos paramilitares y del escándalo acontecido en los últimos días, por los vínculos de algunos políticos con estos grupos, a quienes los medios de comunicación han llamado parapolíticos, y los cuales se encuentran investigados en este momento por la Corte suprema de Justicia por la creación de grupos paramilitares y la organización de masacres y desmovilizaciones en la costa caribe colombiana, de forma paralela a estos acontecimientos un grupo que se autodenomina “Las Aguilas Negras” ha venido haciendo circular panfletos donde realizan amenazas de muerte a dirigentes sindicales, estudiantiles, populares y demás compañeros pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores “CUT”.
En días pasados a través de estos panfletos dieron a conocer sus amenazas de muerte a los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera “USO”, y a los líderes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, además de un ultimátum para abandonar la ciudad. El Compañero Rodolfo Vecino, dirigente sindical de la “USO”, fue objeto de un atentado de muerte suponemos que por parte de este grupo paramilitar que se hace llamar las Aguilas Negras, del cual el Compañero afortunadamente salió ileso.
Al compañero Domingo Tovar, dirigente ejecutivo de la Central Unitaria de trabajadores “CUT Nacional” y asesor en este momento de la Comisión Negociadora de “Sintracarbón”, al igual que su familia en el Departamento de Sucre, ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de estos grupos.
En el día de ayer apareció un panfleto en la universidad del Atlántico, con similares características donde se le da un ultimátum para que abandonen la Ciudad de Barranquilla a dirigentes sindicales, estudiantiles y populares, de lo contrario serán asesinados.
Entre estos se encuentran las siguientes organizaciones:
· Miembros de la Federación estudiantil Universitaria. (FEU)
· Dignidad Estudiantil
· Visión Democrática
· Federación Universitaria Nacional (Comisiones) (FUN)
· Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (A.C.E.U)
· SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
Finalmente queremos dar a conocer la manera como finalizan el panfleto este grupo paramilitar:
“El papel no nos alcanza para colocar todos sus nombres y organizaciones que sirven como fachada para hacer su trabajo insurgente, estos hijos de puta, gonorreas, pero ahí están sus principales cabecillas pero todos aquellos vinculados directamente con todo este tipo de personas y organizaciones afíliense a una FUNERARIA”.
Ante todas estas amenazas, intimidaciones, hostigamientos y ultimátum a los dirigentes estudiantiles, populares y sindicales, “SINTRACARBÓN” rechaza de forma enérgica este tipo de amenazas, que violan los derechos fundamentales , la libertad de asociación, la libertad de expresión, y por tal motivo realiza esta denuncia a nivel local, nacional e internacional.
***
STATEMENT TO THE PUBLIC AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY
The Union of National Coal Industry Workers, Sintracarbón, denounces several recent incidents in our country, and in particular on the Caribbean coast, related to the demobilization of the paramilitaries and the scandal unfolding in the last few days regarding the links between high-level political figures--who the press is now calling “para-politicians”--and the paramilitaries. These politicians are under investigation by the Supreme Court for their role in the creation of paramilitary groups and the organization of massacres and demobilizations on the Caribbean coast.
At the same time, a new group calling itself “The Black Eagles” has begun circulating pamphlets threatening union, student, and popular leaders, and other members of the CUT union confederation. In recent days they have delivered death threats against leaders of the oil-workers union USO and student leaders at the University of Cartagena. They have also given them an ultimatum to leave the city.
USO leader Rodolfo Vecino was the target of an assassination attempt which we assume was carried out by the Black Eagles. Fortunately he escaped unharmed.
CUT Executive Board member Domingo Tovar, who is currently participating in the Sintracarbón negotiating committee, and his family in the Sucre department, have been the targets of harassment and threats by these groups.
Yesterday a pamphlet was circulated at the University of the Atlantic, similar to the one threatening union, student, and popular leaders with assassination if they did not leave the city of Barranquilla.
Among the organizations named in yesterday’s pamphlet were:
· Members of the University Students Association (FEU)
· Student Dignity
· Democratic Vision
· National University Federation (FUN)
· Colombian Association of University Students (A.C.E.U.)
· The unions SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
The pamphlet ended with these words:
“There is not enough paper for us to include all of the names and organizations that are serving as a front for their insurgent (i.e., guerrilla) work, these sons of bitches, gonorrheas, but we have listed their main leaders but everyone directly affiliated with these kinds of people and organizations should affiliate to a FUNERAL HOME.”
In the face of these threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders, “SINTRACARBÓN” strongly denounces this type of threat, which violates our fundamental rights, freedom of association, and freedom of expression. We therefore publicize our stand before the local, national, and international communities.
Friday, December 15, 2006 11:45 PM
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON “SINTRACARBON” Personería Jurídica No. 000109 del 18 de enero de 1996
DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL
El sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria del Carbón “Sintracarbón”, ante los últimos hechos ocurridos en el país, y más concretamente en la costa caribe colombiana, a raíz de la coyuntura política de la desmovilización de los grupos paramilitares y del escándalo acontecido en los últimos días, por los vínculos de algunos políticos con estos grupos, a quienes los medios de comunicación han llamado parapolíticos, y los cuales se encuentran investigados en este momento por la Corte suprema de Justicia por la creación de grupos paramilitares y la organización de masacres y desmovilizaciones en la costa caribe colombiana, de forma paralela a estos acontecimientos un grupo que se autodenomina “Las Aguilas Negras” ha venido haciendo circular panfletos donde realizan amenazas de muerte a dirigentes sindicales, estudiantiles, populares y demás compañeros pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores “CUT”.
En días pasados a través de estos panfletos dieron a conocer sus amenazas de muerte a los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera “USO”, y a los líderes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, además de un ultimátum para abandonar la ciudad. El Compañero Rodolfo Vecino, dirigente sindical de la “USO”, fue objeto de un atentado de muerte suponemos que por parte de este grupo paramilitar que se hace llamar las Aguilas Negras, del cual el Compañero afortunadamente salió ileso.
Al compañero Domingo Tovar, dirigente ejecutivo de la Central Unitaria de trabajadores “CUT Nacional” y asesor en este momento de la Comisión Negociadora de “Sintracarbón”, al igual que su familia en el Departamento de Sucre, ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de estos grupos.
En el día de ayer apareció un panfleto en la universidad del Atlántico, con similares características donde se le da un ultimátum para que abandonen la Ciudad de Barranquilla a dirigentes sindicales, estudiantiles y populares, de lo contrario serán asesinados.
Entre estos se encuentran las siguientes organizaciones:
· Miembros de la Federación estudiantil Universitaria. (FEU)
· Dignidad Estudiantil
· Visión Democrática
· Federación Universitaria Nacional (Comisiones) (FUN)
· Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (A.C.E.U)
· SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
Finalmente queremos dar a conocer la manera como finalizan el panfleto este grupo paramilitar:
“El papel no nos alcanza para colocar todos sus nombres y organizaciones que sirven como fachada para hacer su trabajo insurgente, estos hijos de puta, gonorreas, pero ahí están sus principales cabecillas pero todos aquellos vinculados directamente con todo este tipo de personas y organizaciones afíliense a una FUNERARIA”.
Ante todas estas amenazas, intimidaciones, hostigamientos y ultimátum a los dirigentes estudiantiles, populares y sindicales, “SINTRACARBÓN” rechaza de forma enérgica este tipo de amenazas, que violan los derechos fundamentales , la libertad de asociación, la libertad de expresión, y por tal motivo realiza esta denuncia a nivel local, nacional e internacional.
***
STATEMENT TO THE PUBLIC AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY
The Union of National Coal Industry Workers, Sintracarbón, denounces several recent incidents in our country, and in particular on the Caribbean coast, related to the demobilization of the paramilitaries and the scandal unfolding in the last few days regarding the links between high-level political figures--who the press is now calling “para-politicians”--and the paramilitaries. These politicians are under investigation by the Supreme Court for their role in the creation of paramilitary groups and the organization of massacres and demobilizations on the Caribbean coast.
At the same time, a new group calling itself “The Black Eagles” has begun circulating pamphlets threatening union, student, and popular leaders, and other members of the CUT union confederation. In recent days they have delivered death threats against leaders of the oil-workers union USO and student leaders at the University of Cartagena. They have also given them an ultimatum to leave the city.
USO leader Rodolfo Vecino was the target of an assassination attempt which we assume was carried out by the Black Eagles. Fortunately he escaped unharmed.
CUT Executive Board member Domingo Tovar, who is currently participating in the Sintracarbón negotiating committee, and his family in the Sucre department, have been the targets of harassment and threats by these groups.
Yesterday a pamphlet was circulated at the University of the Atlantic, similar to the one threatening union, student, and popular leaders with assassination if they did not leave the city of Barranquilla.
Among the organizations named in yesterday’s pamphlet were:
· Members of the University Students Association (FEU)
· Student Dignity
· Democratic Vision
· National University Federation (FUN)
· Colombian Association of University Students (A.C.E.U.)
· The unions SINTRAINAL, ANTHOC, ASOJUA, ASPU, SINTRAUNICOL, SINTRAIMAGRA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS POLÍTICOS, SINTRACARBÓN, ADEBA, SIMUSOL, SINTRAHOBICOL, CUT ATLÁNTICO.
The pamphlet ended with these words:
“There is not enough paper for us to include all of the names and organizations that are serving as a front for their insurgent (i.e., guerrilla) work, these sons of bitches, gonorrheas, but we have listed their main leaders but everyone directly affiliated with these kinds of people and organizations should affiliate to a FUNERAL HOME.”
In the face of these threats, intimidations, harassments and ultimatums against student, popular and union leaders, “SINTRACARBÓN” strongly denounces this type of threat, which violates our fundamental rights, freedom of association, and freedom of expression. We therefore publicize our stand before the local, national, and international communities.
Friday, December 15, 2006 11:45 PM
Colombia: Scandal rocks Colombia's leadership
Scandal rocks Colombia's leadership
Evidence of links to death squads imperils progress
BOGOTÁ -- The Colombian government, the recipient of billions of dollars in US aid to fight drugs and a leftist insurgency, is under siege as evidence mounts of links between right-wing death squads and dozens of officials loyal to President Álvaro Uribe.
For the full article, go to http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/14/scandal_rocks_colombias_leadership/
Boston Globe on Colombia/Ecuador -- Coca fumigation
Ecuador faults fumigation of coca crop by Colombia
BUENOS AIRES -- Ecuadoran President-elect Rafael Correa said yesterday Colombia's renewed program to fumigate illegal drug crops on the border was a "hostile act," escalating a diplomatic spat between the South American neighbors.
For the full article, go to http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/15/ecuador_faults_fumigation_of_coca_crop_by_colombia/
Monday, November 13, 2006
Nuevo sitio web / New website in support of Sintracarbón and communities
New website in support of Sintracarbon and communities
Most of you are already aware of the North Shore Colombia Solidarity Committee website:
We've also launched a new site (still under construction) specifically to accompany the contract negotiations between the Cerrejon mine and Sintracarbon (the union at the mine) that will begin later this month.
Also check out support for Sintracarbon and the communities on the following site:
Sunday, November 12, 2006
Confrontación armada en el Medio Atrato
SE RECRUDECE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN EL MEDIO ATRATO Y
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.
El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".
El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.
El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.
Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:
a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.
Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:
DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.
DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria
-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.
-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.
Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.
Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA
NUEVAMENTE LAS COMUNIDADES SON LAS MÁS AFECTADAS
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, llama la
atención a la opinión pública regional, nacional e internacional y especialmente a las
instituciones gubernamentales responsables de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la
normatividad humanitaria y los reglamentos internos de los consejos comunitarios, para no permitir se
continúen destruyendo los tejidos familiares, comunitarios y organizativos y se consolide el
genocidio y etnocidio que históricamente se ha venido fraguando en del Departamento del Chocó y
el Atrato Medio Antioqueño.
El 30 de octubre del presente año, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, emitimos un comunicado
público donde advertíamos la grave situación que padecían las comunidades del río Arquía, donde
desde el Martes 24 de octubre del presente año se iniciaron combates entre tropas del batallón
Manosalva Florez, la Infantería de Marina, la IV Brigada y el 34 y 57 frente de las FARC, en los
alrededores de las comunidades de Vegaez, Belén e Isleta presentándose ametrallamientos y bombardeos
alrededor de estas comunidades y según palabras de los comandantes del ejército este operativo es
para "dar cumplimiento de a la orden del presidente de recuperar las zonas bajo el control de la
subversión".
El 16 de agosto de 2006, en otro comunicado alertábamos sobre la grave situación que padecen las
comunidades de los Ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá sin que haya existido
por parte del Estado otra respuesta que operativos militares.
El día 3 de noviembre, en la comunidad de Belén, fue asesinado por guerrilleros de la FARC - EP
que operan en la región, el docente JESÚS ELIAS PEREA QUEJADA, de 48 años de edad natural del Río
Arquía, profesor de la comunidad de Isleta, líder comunitario local y líder Espiritual de la
Iglesia Unión Misionera Evangélica, con 20 años de experiencia educativa, el cual deja a su esposa
con 5 hijos menores de edad.
Además de este hecho se viene agudizando la crisis humanitaria en las comunidades de río
Arquía, son situaciones como:
a) Existe una situación de precariedad en el tema de salud, se han presentado epidemias
colectivas especialmente en niños y ancianos y no existen Centros de salud bien dotados con un
personal calificado.
b) Se han suspendido las actividades escolares debido al desarrollo de los operativos
militares y en algunas comunidades hay ausencia de docentes.
c) No hay servicio de energía en ninguna de las comunidades.
d) Está restringida la movilización tanto a las fincas familiares como la entrada y salida
del río, por prohibiciones de los actores armados.
e) Se ha venido generando un desplazamiento gota a gota.
f) Se continúa con el bloqueo de alimentos, situación que está generando hambre, angustia,
zozobra y preocupación al interior de las comunidades.
Si continúan los enfrentamientos y no se realizan acompañamientos oportunos a las comunidades por
parte de las instituciones del Estado, especialmente los organismos de control y las responsables
de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se generará un desplazamiento masivo
de más de 400 familias correspondientes 2.000 personas, de los cuales 800 aproximadamente son
menores de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar se continúe vulnerando los derechos que tienen las
comunidades exigimos lo siguiente:
DE MANERA GENERAL
-- Implementar un Plan de Contingencia para la zona, por parte de la organización y las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
-- Acompañamiento permanente por parte de las instituciones del Estado quienes son
responsables de garantizar los derechos a las personas y satisfacer las necesidades que tienen.
-- Realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la situación que vive el río Arquía,
por parte de la procuraduría y la defensoría en sus instancias regional y nacional.
-- Que los organismos de Naciones Unidas y los no gubernamentales coayuden a visibilizar
la problemática que está viviendo estas comunidades y a exigirle al Estado, mayor inversión
social en las mismas y a los diferentes actores armados el respeto por las normas humanitarias.
DE MANERA ESPECÍFICA
-- A LA FUERZA PÚBLICA:
1. El respeto por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho
Internacional Humanitario.
2. No adelantar sus acciones dentro o en cercanías de las comunidades para evitar dañar sus
bienes, lesionar a las personas, causar desplazamientos y otras consecuencias del conflicto.
3. No presionar las comunidades para dar informaciones que coloquen en peligro vida de sus
miembros.
4. Respetar la autonomía comunitaria
-- A LAS FARC Y OTROS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN.
1. Respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no hacer presencia en las comunidades
ni en cercanías a estas.
2. No presionar a las comunidades para que se involucren con ellos ni tomarlos como escudo
en la confrontación.
3. Respetar la autonomía comunitaria
4. Suspender inmediatamente el asesinato y amenazas a los pobladores de las comunidades.
-- AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Adelantar las acciones pertinentes para hacerle seguimiento a las situaciones que viven
las comunidades.
2. Ejercer el control a las acciones emprendidas por la fuerza pública para que cumplan
con el respeto a la normatividad humanitaria.
3. Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de programas sociales que permitan la
superación y satisfacción de las necesidades que tienen las comunidades.
Si no adelantamos las acciones que sean necesarias para proteger la vida y existencia de las
comunidades del Medio Atrato, sino fortalecemos los lazos de solidaridad en el orden regional,
nacional e internacional estaremos siendo complacientes que se consume y materialicen el genocidio y
etnocidio diseñado para la región, estamos a tiempo de evitarlo y esperamos contar con el apoyo y
solidaridad con nuestras comunidades.
Quibdó - Chocó, noviembre 08 de 2006
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA
Thursday, November 09, 2006
Acción urgente Curvaradó, Colombia -- carta ejemplar de protesta
La siguiente carta se refiere a repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:
- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co
- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822
- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co
- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co
o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.
(fecha, dirección del/de la remitente)
A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo
Estimados señores, Estimadas señoras
Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.
En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.
La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.
Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.
En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.
Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.
Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios
Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.
Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.
De su consideración
(su firma/sello)
Le agradezco enviar su propia version (en plural o en singular, según su caso), completada con fecha y su propia dirección, y con su firma, a las direcciones siguientes:
- Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. FRANCISCO SANTOS
fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
- Ministro del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguin Sardi
Dirección: Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá
Teléfono: +57-1-444 3100 Extensión 1810 ó 1820
Fax: +57-1-560 4630
Email: brodriguez@mij.gov.co
- Ministra de Asuntos Exteriores
Dra. María Consuelo Araújo Castro
Calle 10 No. 5-51 Piso 3, Bogotá
Teléfono: +57-1- 5666652 Directo / +57-1- 566 2008 Centralita
Fax: +57-1- 562 7822
- Defensor del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-46, Bogotá
Teléfono: +57-1- 314 4000 Extensión 2315 ó 2318
Fax: +57-1- 314 4000 Ext. 2246
Email: defensoria@defensoria.org.co
- Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque F, Piso 4, Bogotá
Teléfono: +57-1- 570 2000 Ext. 2003 ó 2004 ó 2019
Fax: +57-1- 570 2000 Ext. 2017
contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
- Señora
Embajadora de Colombia
Dufourstrasse 47
3005 Bern
Fax: +41 31 352 7072
eberna@minrelext.gov.co
o al Embajador/la Embajadora de Colombia en su propio país.
(fecha, dirección del/de la remitente)
A las Autoridades competentes del Estado Colombiano, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fiscalía General de la Naciín y Defensoría del Pueblo
Estimados señores, Estimadas señoras
Con la presente comunicación queremos hacerles partícipes de nuestra preocupación por los repetidos actos de hostigamiento y amenazas en contra del trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), y de Don Enrique Petro, miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, en su legítimo trabajo por los Derechos Humanos.
Según las informaciones recibidas, el pasado 7 de octubre de una conversación entre varios trabajadores de palma, se conoció el comentario de que a Don Enrique Petro “hay que sacarle a las buenas o a las malas”. Ya en septiembre supimos de otra amenaza según la cual “en este momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con los gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”. Y en agosto, recibimos información sobre una amenaza contra Don Petro así como contra los habitantes de la Zona Humanitaria y sus acompañantes internacionales según la cual las estructuras armadas paramilitares estaban preparando un atentado: “solamente están esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”.
En este contexto nos inquietan las informaciones recibidas sobre movimientos en la vereda Despensa Baja de un grupo de alrededor de 20 personas armadas que se identifican como “Águilas Negras”, a pesar de que un oficial de la Brigada XVII afirmó que tal grupo existe pero no está actuando en esta zona.
La comisión de verificación que visitó el área el pasado 23 de octubre, la cual contó con la participación de representantes regionales del Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo, pudo constatar que la empresa Urapalma estaba realizando trabajos de mantenimiento de los cultivos de la palma africana sembrados en la propiedad de Enrique Petro. Nos llama la atención que las unidades de la XVII Brigada de Ejército que se encontraban cerca del lugar no hicieron nada para impedir esta violación.
Nos preocupa que se continúen dando este tipo de hostigamientos habida cuenta de las medidas de protección de la CIDH que cobijan a los miembros de estas comunidades desde el año 2003 y de los diferentes llamados al gobierno colombiano por parte de destacados miembros de la comunidad internacional, el más reciente emitido por el Representante del Secretario General de NNUU para los Derechos de las Personas Desplazadas, Walter Kälin, tras su visita a Colombia en junio de este año. Nos sorprenden asimismo estos hechos teniendo en cuenta la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación, las recomendaciones lanzadas por la resolución de seguimiento de julio 2006 a la Resolución 039/2005 de la Defensoría Nacional y las Resoluciones de INCODER.
En nuestra labor de seguimiento permanente a la situación de estas comunidades, queremos recordarle que éstas han sido víctimas de múltiples desplazamientos y más de cien crímenes violentos desde el año 1996, y que excepto por los cargos contra uno de los detenidos por la desaparición y posterior asesinato de Orlando Valencia, no se ha conocido de ningún avance en las investigaciones para que haya justicia y reparación a estas comunidades. Sin embargo, nos sorprende que se sigan adelantado casos judiciales en contra de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y el trabajo de las organizaciones acompañantes como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a pesar de los compromisos adquiridos por el Fiscal General de la Nación en enero del presente año respecto al traslado y estudio cercano de varios casos radicados en la fiscalía de Riosucio.
Solicitamos por ello al señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, al señor Ministro del Interior y de la Justicia, Dr. Carlos Holguín, y a la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Dra. María Consuelo Araújo Castro, de actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de Enrique Petro, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
También les pedimos de dar una respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales y de informar al señor Presidente Alvaro Uribe Velez y al Ministro Andres Felipe Arias a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de Enrique Petro y de los habitantes del Territorio Colectivo de Curvaradó.
Por último, señor Vicepresidente y señores Ministros, les solicitamos impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios
Al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran, le pedimos actuar eficazmente en los procesos que se adelantan por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó, y de hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo desarrollo de dicho proceso. También le pedimos informar sobre el resultado de la revisión de los casos contra CIJP y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de la Comisión de Fiscales.
Al Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez Ortiz, le pedimos asegurar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con un apoyo explicito al Defensor Comunitario desde la Defensoría Nacional.
De su consideración
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